La jueza penal de garantías Cynthia Lovera admitió la imputación, procesó penalmente y fijó para los días 14 y 15 de octubre para la audiencia de imposición de medidas para el presidente y otros tres directivos de Autores Paraguayos y Asociados (APA), tras detectarse un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.990 millones.

En la citada diligencia judicial se conocerán si los procesados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión o si serán derivados a la cárcel de Emboscada. La investigación fiscal revela el presunto uso de facturas falsas y el desvío no autorizado de intereses bancarios en el marco de un programa de regalos navideños; supuestamente, esos pagos habrían sido cobrados en efectivo por otra persona.

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Los agentes fiscales Julio César Ortiz González y Juan Leonardi Guerrero formularon la imputación contra el presidente, el director general, el director financiero y el tesorero de APA por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Los investigados fueron citados a declaración indagatoria para los días 12 y 13 de octubre.

David Herminio Portillo Biancotti, presidente.

Humberto Victorio Rodas Orué, director general.

Juan José María Vidal Bonín, director administrativo y financiero.

Walter Mario Cabrera Martínez, tesorero de la entidad.

En la carpeta fiscal se resalta que el origen del desvío de fondos se habría producido a través de irregularidades en el presupuesto asignado al Programa Jopoi 2025, destinado originalmente a la adquisición de regalos navideños, y en el cual se habría aplicado un sobrecosto en los artículos adquiridos. Asimismo, el juzgado penal de garantías otorgó un plazo de seis meses para la presentación del requerimiento conclusivo.

Igualmente, la magistrada tendrá que definir en la audiencia de imposición de medidas cautelares si se aplican restricciones como la prohibición de salir del país e ingresar a la sede central de APA, la prohibición de comunicarse entre sí y la presentación de una caución real equivalente al millonario perjuicio denunciado.

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En el marco de su visita oficial a los Estados Unidos, el presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo un encuentro con el gerente general de Citibank para América Latina, Julio Figueroa, con el objetivo de repasar la agenda conjunta y los proyectos previstos para Paraguay.

Durante la reunión abordaron sobre el buen desempeño macroeconómico de Paraguay y el enfoque del financiamiento de los próximos años hacia áreas como infraestructura, protección social, salud y el fortalecimiento institucional.

“Avanzamos hacia un país con una economía más fuerte y con más oportunidades. El trabajo coordinado con aliados estratégicos es fundamental para mantener nuestra sostenibilidad fiscal y asegurar el crecimiento económico que beneficie a todos los paraguayos”, afirmó Peña.

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El encuentro entre Peña y Figueroa se concretó tras desplegar una nutrida agenda de carácter político, económico y de seguridad global en el país norteamaricano que incluyó su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 23 de septiembre en la cuidad de Nueva York.

Citibank es la principal subsidiaria bancaria de Citigroup, uno de los conglomerados de servicios financieros más grandes del mundo. Fundada originalmente en 1812 bajo el nombre de City Bank of New York, hoy en día opera como una institución bancaria global que atiende a millones de clientes en más de 160 países. La banca corporativa brinda servicios financieros a grandes corporaciones, gobiernos e instituciones globales en áreas como mercado de capitales, tesorería y comercio exterior.

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El candidato a intendente de Ciudad del Este por la Asociación Nacional Republicana (ANR), Rigoberto “Rigo” Chamorro, movilizó ayer en un gran encuentro a su equipo electoral conformado por delegados, apoderados y miembros de mesa, con la finalidad de coordinar y ajustar acciones para garantizar el retorno de la centenaria agrupación en la segunda localidad más grande del Paraguay.

“Estamos firmes, unidos y listos para el gran día, esta es la tropa que está preparada para la victoria en Ciudad del Este. Son voluntarios que sueñan y que quieren hacer el cambio en nuestra querida ciudad. Yo agarré la bandera del Partido Colorado con mucho entusiasmo con el fin de tumbar la carpa de la corrupción”, afirmó el empresario.

Chamorro indicó: “Yo quiero limpiar nuestra ciudad, la institución municipal que está minada de robos. Ellos (prietismo) desvalijaron nuestra institución y con nuestra plata están haciendo sus campañas políticas a nivel país, pero luego quieren tratarnos a nosotros de coloratas o bandidos”.

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Señaló que, de lograr la victoria en las municipales generales del 4 de octubre, su administración abogará principalmente por la clase trabajadora. “Esta ciudad me dio todo y es por eso que estoy en este proyecto municipal y quiero que Ciudad del Este sea un ejemplo”, manifestó.

Añadió que “con ustedes quiero hacer historia, yo quiero que confíen en mí y en los candidatos a la junta municipal, juntos llevaremos los beneficios a los 44 barrios de Ciudad del Este, ya que varias cosas hacen falta. Quiero pedirles a ustedes que seamos más patriotas, que amemos a nuestro país, a nuestra ciudad y que la limpiemos de la corrupción para nuestros hijos. Les pido de corazón que me acompañen y se que trabajarán, en sus manos está la victoria el 4 de octubre”.

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Ni validando las facturas que la Dirección de Impuestos Tributarios identificó como falsas se puede respaldar la compra de mercaderías por parte de Miguel Prieto en el esquema Tía Chela. En el intento de defender la entrega los involucrados presentaron facturas emitidas por contribuyentes ficticios, con fechas posteriores al acta de recepción de los kits de alimentos y ni validando todo esto los comprobantes alcanzan a justificar la provisión establecida en contrato y por la cual la administración Prieto pagó G. 2.949 millones.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

De forma burda, pero a la vez absurda, el exintendente de Ciu­dad del Este destituido por corrupción, Miguel Prieto intenta zafar del esquema de desvío de fondos más emble­mático del país durante la pandemia, conocido como Tía Chela. Las pruebas documentales que recolectó el Ministerio Público para sentar al exjefe comunal en el banquillo de los acusados por lesión de confianza y aso­ciación criminal, son de fie­rro y demoledoras.

La Fiscalía comprobó que, además del proceso fraguado de una adjudicación por G. 2.949 millones para la provi­sión de 25.000 kits de víveres a una despensita que no tenía las mercaderías ni la capaci­dad financiera, los alimen­tos no fueron distribuidos a los beneficiarios porque el stock no existió y hubo com­pras fueron ficticias.

Maniobraron una compra por urgencia impostergable sin la debida justificación, utilizando a padre e hijo como potenciales oferentes, adjudicaron millonario con­trato a una despensita que no tenía stock de alimentos y ante la evidente inexistencia de la totalidad de las merca­derías, armaron una cadena de compra-venta ficticia para justificar la provisión, según la Fiscalía.

Tía Chela presentó facturas de una treintena de subpro­veedores para justificar su stock. Declaró facturas de compra de mercaderías entre los que incluso figuraban comprobantes expedidos a nombre de otra razón social en el apuro que le generó la justicia. Las facturas de com­pra de stock presentadas por Tía Chela, según el cál­culo del Ministerio Público suman G. 2.628.722.663. Sin embargo, la operación de compra de la Municipalidad de Ciudad del Este fue por G. 2.949.650.000, de entrada, ya había una diferencia de G. 320 millones.

El dato relevante en el combo de facturas de compra que presentó Tía Chela es que no contaba con ingresos oficia­les que pudieran demostrar el financiamiento de las com­pras. “Sus ingresos percibidos no le permitían realizar esa inversión significativa. Con­taba con una sanción de inha­bilitación de cuentas por una entidad bancaria e incluso registraba operaciones moro­sas”, subraya el Ministerio Público en su acusación.

En la cadena de facturas que construyeron fueron identifi­cados contribuyentes ficticios, según los cruzamientos docu­mentales que analizó la Direc­ción Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT). En este esquema tanto Tía Chela como una de sub proveedo­ras, Vanessa (Vanemi) Floren­tín, expareja de Prieto y actual funcionaria de la Municipali­dad de Ciudad del Este, pre­sentaron facturas falsas, se remarca en la mencionada acusación. Según los deta­lles de compr bantes, Vanemi colaboró con 4 facturas fal­sas en el intento de justificar inventario de mercaderías por venta simulada por valor de G. 700 millones que rea­lizó a Tía Chela. Pero, capaz lo más alevoso de la situación sea la desprolijidad en la fabri­cación de facturas para jus­tificar el stock inexistente. Y en este contexto presentaron facturas de compra de merca­derías que son posteriores a la fecha del acta de recepción de los kits firmados por la admi­nistración Prieto.

“Las facturas presentadas por Tía Chela SRL y los subpro­veedores presentan notorias inconsistencias que reflejan operaciones ficticias o inexis­tentes, e incluso se contrapo­nen con las documentaciones institucionales, por las cuales se deja constancia de la recep­ción total de mercaderías los días 27/03/2020 (15.000 kits) y 13/04/2020 (10.000 kits). Esto se debe a que parte de las mercaderías proveídas supuestamente a la comuna, fueron adquiridas con poste­rioridad a las fechas de recep­ción señaladas, ello nos revela una ausencia de stock de mer­caderías y la inexistencia de las mismas, no obstante, a pesar de ello fueron tenidas como recepcionadas por parte de la institución”, refiere la acusación fiscal.

El documento del Ministerio Público remarca que esto “evi­dencia que estas documenta­ciones donde los funcionarios municipales dejan constancia de la recepción de estos kits, no se compadecen con la reali­dad y que fueron redactadas al solo efecto de cubrir la ausen­cia de contraprestación total de lo proveído por la empresa Tía Chela conforme a lo pac­tado en el contrato, firma que debió proveer de 25.000 uni­dades de kits de alimentos, lo cual se traduce en un perjuicio económico a la institución por valor de G. 2.130.036.160 por­que finalmente no se recibie­ron mercaderías de acuerdo a la cantidad establecida con­forme a lo pagado en el con­trato G. 2.949.650.000”.