El concejal Ernesto Guerín denunció que la Municipalidad de Ciudad del Este se encuen­tra en un caos administrativo debido a la acción de “brazos caídos” de funcionarios que estarían siendo directamente manejados por el destituido intendente Miguel Prieto. El edil detalló que, en este momento, no se pueden reali­zar gestiones, tampoco funcio­nan los servicios para la ciuda­danía esteña.

“Por culpa de los funcionarios no se puede hacer ninguna ges­tión, y los seguidores de Prieto están siguiendo las instruccio­nes del exintendente, y hacen pagar a sus compañeros los platos rotos. Muchos de los funcionarios ya quieren cobrar, pero por culpa de algunos que están dentro de la Tesorería, no se puede cobrar”, aseveró ayer el edil, en conversación con La Nación/Nación Media.

Además de los servicios institucionales que se deberían otorgar en las oficinas municipales, también denunció que los servicios para la ciudadanía están completamente parados, como limpieza de lugares públicos y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

“La terminal de ómnibus está totalmente abandonada, nadie limpia, nadie cuida, el mercado de abasto está en la misma situación, en todas partes. La ciudad realmente está un desastre, ellos están haciendo que esto sea un desastre, no se recogen más las basuras, no se limpian las plazas, las calles principales. La Policía Municipal de Tránsito no hace su trabajo como debe ser, todos están con brazos caídos”, cuestionó.

Por otra parte, Guerín afirmó que el retraso en el pago de salarios se da por la misma situación. “El interventor (Ramón Ramírez) quiere abonar el 100 % de los salarios a todos los funcionarios municipales, con bonificación, todo lo que corresponde, y no se puede porque la gente de recursos humanos y tesorería hicieron brazos caídos. Ellos mismos se están autoboicoteando para que no se pueda cumplir con el salario”, comentó.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del des­tituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa téc­nica presentó varios inciden­tes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institu­cionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia espe­cializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia pre­liminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputa­ción (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particu­lar, pero hoy en día se sos­tiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución política, judicial, siendo que todas las informacio­nes se basan en elementos de administraciones ante­riores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo”, afirmó ayer Corbeta, en una entre­vista con el canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Deli­tos Económicos y Antico­rrupción detalló que, para la formulación de la imputa­ción, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictáme­nes emitidos por la Contra­loría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a tra­vés de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Muni­cipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encon­traba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presen­tadas en su momento. En este sentido, la primera situación

que nunca se pudo concretar en la investigación es la apli-cación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar u obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evi-tar la aplicación de medidas cautelares que fueron solici-tadas con la imputación del Ministerio Público en julio de 2023”, recordó Corbeta.

El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio de 2024, inmediatamente se presen-taron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del pro-ceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

La estrategia de Miguel Prieto y de sus adherentes es conservar el poder por medio de las alianzas logradas durante su gestión. Al menos tres nombres surgen para que un aliado se mantenga durante tres meses al frente de la administración comunal esteña. Dos de ellos son muy allegados al destituido jefe comunal.

Se trata de Sebastián Martínez (Yo Creo), actual presidente de la Junta Municipal; y la segunda incondicional es Valeria Romero, concejala y actual pareja de Prieto. La que podría romper este “consenso” y la mayoría coyuntural es la liberal María Portillo (PLRA), hermana del exdiputado Carlos Portillo.

La concejala quiere pugnar por la intendencia y no tendría inconvenientes de pasar a negociar con los ediles disidentes, que responden al Partido Colorado. Hoy, la mayoría de 7 concejales contra 5 está a favor de Prieto.

El intendente de la ciudad de Asunción, Óscar Rodríguez, presentó su renuncia al cargo este viernes, a través de una conferencia de prensa en la sede municipal, en la misma jornada en que se entrega el informe final de la intervención de la Municipalidad de Asunción. Ocupó la intendencia en diciembre de 2019, al interinar por la renuncia de Mario Ferreiro, y luego fue electo el 10 de octubre de 2021, en elecciones ordinarias.

Las autoridades de seguridad se encuentran ultimando los detalles para el despliegue de efectivos policiales en el marco del Campeonato Mundial de Rally a realizarse en el departamento de Itapúa, del 28 al 31 de agosto próximo. El viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, destacó que el plan de seguridad en el cual se está trabajando desde hace tres meses está siendo ejecutado con total normalidad.

“Ayer el ministro del Interior, acompañado de toda la cúpula policial, realizó trabajos de verificación sobre el despliegue policial que ya se está ejecutando en el marco del rally. Puedo confirmar que serán desplegados 5.000 policías para dar una cobertura completa al evento”, dijo en conversación con el programa “Así son las cosas”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Corte Suprema de Justicia resolvió destrabar la causa penal contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza y asociación criminal, tras un año de dilaciones procesales impulsadas por su defensa.

En entrevista con Universo 970/Nación Media, el fiscal Silvio Corbeta explicó que la investigación estuvo prácticamente paralizada por una serie de “chicanas sistemáticas” que incluyeron recusaciones, apelaciones cruzadas y acciones de inconstitucionalidad.

Más de 100 agentes ingresaron a la Chacarita a fin de realizar varios allanamientos en busca de delincuentes con órdenes de captura. Se investiga el asesinato de una mujer que resultó víctima colateral de un enfrentamiento a tiros entre pandillas.

El comisario Marcelino Espinoza, director de Investigación de Hechos Punibles, informó que se prevé allanar siete domicilios en busca de sujetos con órdenes de captura por varios hechos punibles y que habrían participado de enfrentamientos entre grupos.

La Policía Nacional reforzó la dotación de personal en el Alto Paraná para garantizar la seguridad tras amenazas de asaltos a entidades bancarias y transportadoras de caudales en la zona.

Miembros de facciones criminales brasileñas estarían articulando los atracos, por lo que las fuerzas del orden están en alerta, confirmó el comisario Feliciano Martínez, director de Policía del Alto Paraná.

El gobernador de Guairá, César Sosa, destacó la unidad que prima dentro del Consejo de Gobernadores tras la renovación de la mesa directiva para el periodo 2025-2026. Señaló que el principal desafío es mantener el diálogo entre los miembros y trabajar de manera conjunta para garantizar beneficios en todos los departamentos del país.

“Tuve el privilegio de contar con la confianza de mis colegas para estar nuevamente al frente de un consejo unido, que trabaje incansablemente en beneficio de todos los departamentos”, expresó Sosa, quien resaltó que la conformación de la mesa fue fruto de consensos.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

Te puede interesar: González Vaesken confirma su precandidatura para pujar por la intendencia de CDE

El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

Lea también: Recuperación de Copaco no es posible solo con ingresos por servicios, dice Stark