En el marco de sus recientes encuentros bilaterales con mandatarios latinoamericanos, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, hizo un llamado formal a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá y Bolivia para sumarse a una nueva iniciativa de diplomacia y seguridad denominada los Acuerdos de Isaac.

El anuncio se produjo tras una serie de reuniones de alto nivel en las que el jefe de Gobierno israelí buscó consolidar una alianza estratégica regional orientada a la cooperación económica, la innovación tecnológica y la defensa común frente a las amenazas trasnacionales.

La propuesta busca replicar y extender el marco de integración bilateral en América Latina, promoviendo acuerdos de asociación en materia de desarrollo tecnológico, intercambio comercial y mecanismos de seguridad compartida. Durante las conversaciones, la representación israelí enfatizó que las actividades de Irán y sus organizaciones aliadas no representan una amenaza exclusiva para Oriente Medio, sino que han tenido proyección operativa previa en suelo sudamericano, justificando la creación de un “eje de países libres”.

El primer ministro instó a los líderes de la región a respaldar la iniciativa promovida por Estados Unidos para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), calificada por el Ejecutivo israelí como una institución “corrupta” y sesgada. Se destacó el apoyo brindado por estas naciones en foros multilaterales, reconociendo el alineamiento de sus actuales administraciones con la postura de Israel en el escenario global.

La iniciativa refleja un giro estratégico en la diplomacia de Israel hacia América Latina, priorizando la creación de bloques de cooperación con gobiernos afines en la región. Al vincular la seguridad del Cono Sur y Centroamérica con el escenario de Oriente Medio, la propuesta busca contrarrestar la presencia de actores como Irán y reforzar el posicionamiento geopolítico del país en la arena internacional.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, mantuvo encuentros bilaterales con autoridades de Trinidad y Tobago y Arabia Saudita, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las conversaciones abordaron mecanismos para fortalecer el diálogo político y ampliar la cooperación económica y comercial.

El primer encuentro de la jornada fue con el ministro de Estado para Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita, Adel Ahmed Al-Jubeir, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Durante el encuentro bilateral, ambas autoridades abordaron la profundización de la integración entre ambos países, con miras a fortalecer los lazos bilaterales. Se discutió una posible cooperación en materia de transporte aéreo de cargas.

Además, dialogaron sobre la cooperación tanto en el ámbito comercial como en el económico, así como sobre la participación de Paraguay en la Expo 2030, a realizarse en la ciudad de Riad, capital del Reino de Arabia Saudita.

Por otra parte, el canciller Ramírez Lezcano, junto al ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos de Caricom de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, mantuvieron igualmente una revisión de la agenda bilateral.

La reunión fue propicia para suscribir un memorándum de entendimiento sobre el establecimiento de un mecanismo de consultas políticas, como plataforma para facilitar el diálogo periódico entre ambos países.

Debido a que la Procuraduría General de la República en representación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no fue notificada, el Tribunal de Apelación Penal Especializado anuló la condena dictada en procedimiento abreviado contra Khalil Ahmad Hijazi y la suspensión del proceso para Laila Khalil Hijazi. Fue una resolución en mayoría de los camaristas Arnaldo Fleitas, Paublino Escobar y Camilo Torres, quienes anularon la resolución dictada el 29 de mayo del 2024, por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.

En la audiencia preliminar, el magistrado Otazú había condenado mediante procedimiento abreviado a Khalil Ahmad Hijazi, Zulma Damiana Fernández de Hijazi, Hussein Ghaleb Hijazi, Víctor Javier Espinoza Ríos, Juan Carlos Sorazabal Rodríguez y Hamze Ali Hijazi a la pena de dos años de prisión, pero con la suspensión de la ejecución de la condena. Ante esta sentencia con la salida procesal los condenados debían abonar la suma de G. 400 millones cada uno como reparación del daño social.

También, en la misma audiencia preliminar, el juez concedió la suspensión condicional del procedimiento a Laila Hijazi donde también debía reparar el daño.

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Los citados más arriba habían sido imputados por delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos, por lo que la fiscala María Estefanía González les acusó y solicitó la apertura a juicio oral, pero en la preliminar, se allanó al procedimiento abreviado. Según la Fiscalía se habrían usado facturas con valores inferiores a los reales para importar principalmente productos electrónicos.

De esta manera, las operaciones declaradas fueron por unos USD 79,9 millones, cuando el valor real habría ascendido a aproximadamente USD 132,2 millones, con una diferencia superior a USD 52,5 millones a favor del fisco. Sin embargo, con la medida dictada a favor de los procesados, la diferencia ni siquiera se acerca a lo que los mismos debían abonar como reparación del daño social.

Es así que el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, apeló la resolución con el argumento de que, como víctimas del hecho punible, no habían sido notificados de la audiencia preliminar, lo que les impidió participar de la importante diligencia.

Igualmente, el entonces procurador general de la República, Marco Aurelio González, durante la tramitación de la causa, cuestionó la resolución ya que la preliminar se realizó sin representantes de la Procuraduría General.

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Un tribunal de Argentina condenó este jueves a 20 años de prisión a la exmonja Kumiko Kosaka por abusos sexuales contra niños sordos en un instituto religioso en la provincia de Mendoza, al oeste del país.

Kosaka había sido absuelta en 2023 por los crímenes sexuales cometidos contra niños en el Instituto Próvolo, en la ciudad de Luján de Cuyo, entre 2005 y 2016, pero en agosto la Corte Suprema provincial revocó la absolución y encomendó a otro tribunal que dictara sentencia.

La exreligiosa de 51 años, que dejó los hábitos cuando iniciaron las denuncias, fue condenada por dos hechos de abuso sexual en calidad de partícipe y en otros tres como autora.

Vestida con un jean y una camiseta, Kosaka asistió a los tribunales acompañada solo por su abogado, observó la AFP.

Tras la sentencia permanecerá en libertad, ya que tiene pendientes recursos de apelación presentados previamente. Sin embargo, el tribunal dispuso la prohibición de que salga del país y de la provincia de Mendoza, donde debe fijar domicilio.

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“Se está haciendo una reparación de un daño muy grande”, dijo a la prensa el fiscal Alejandro Iturbide, quien había solicitado que la exmonja fuera condenada a 22 años.

Por su parte, Ariel Lizarraga, padre de una de las víctimas, se dijo satisfecho de “haber llegado al punto final” luego de 10 años de litigio.

“Con todos los altibajos que tuvimos, hemos llegado a encontrar la justicia que veníamos buscando para mi hija y para todas las víctimas del caso Próvolo”, dijo a la AFP.

En el juicio que se sustanció en 2019 habían sido condenados los sacerdotes Horacio Corbacho (a 45 años de prisión) y el italiano Nicola Corradi (a 42 años y medio, fallecido en 2021) por abuso de niños sordos de entre cuatro y 17 años. También el jardinero Armando Gómez (a 18 años) y el exmonaguillo Jorge Bordón (a 10).

En ese proceso, Kosaka y otras ocho mujeres habían sido absueltas, aunque la decisión sobre la japonesa criada en Argentina luego fue revertida.

Fuente: AFP

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Luego de deliberar por más de tres horas, el Tribunal de Sentencia emitió su veredicto en el caso del exsenador Hernán Rivas, estableciendo una condena de 8 años de prisión. La Fiscalía había solicitado una condena de 12 años de cárcel, porque concluyó que su título de abogado es falso.

En la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, argumentó que las evidencias expuestas por la Fiscalía demostraron que Rivas carecía de un historial académico de correspondencia y una condición profesional inexistente, según pudieron comprobar en el juicio oral.

Las juezas María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo votaron por 8 años de cárcel y el juez Juan Carlos Zárate votó en disidencia considerando que la pena en este caso debía ser de 14 años. En tanto se mantienen las medidas correspondientes a la libertad hasta tanto quede firme y ejecutoriada la condena.

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Los integrantes del tribunal de sentencia llegaron a la conclusión de que Hernán David Rivas es el responsable de los hechos punibles de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada.

Asimismo, sostuvo que durante el juicio oral quedó probado que no existe documentación académica que respalde el certificado de estudios y el título presentados por Rivas para acreditar su condición de abogado y obtener su matrícula ante la Corte Suprema de Justicia.

“Estamos ante lo que podemos denominar un alumno fantasma, una persona cuyo supuesto paso por la carrera de Derecho no dejó ni un solo rastro académico, administrativo o contable”, explicó la presidenta del Tribunal, María Fernanda García de Zúñiga.

Del mismo modo, los magistrados concluyeron, “más allá de toda duda razonable”, que Rivas no realizó ni aprobó el trabajo final requerido para obtener el título de abogado. Respecto a los testigos que afirmaron haberlo visto cursar la carrera en Ciudad del Este, señalaron que sus declaraciones fueron contradictorias.

“Una carrera universitaria no se hace en un papel, se cursa en un lugar durante años”, sostuvo García de Zúñiga, al referirse a la falta de elementos que acrediten que Rivas haya cursado efectivamente la carrera.

Para calificar los hechos como especialmente graves, el Tribunal remarcó que las consecuencias de la falsedad trascendieron la utilización de una condición de abogado que no le correspondía, ya que Rivas llegó a integrar un órgano constitucional encargado de juzgar a magistrados, fiscales y defensores públicos.

En sus alegatos finales, el Ministerio Público decidió avanzar con un proceso de investigación a siete personas que se presentaron como testigos de la defensa, incluidos la universidad que emitió el documento falso, por presuntas declaraciones falsas ante el tribunal.

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