Seis de los once excolaboradores del exintendente esteño Miguel Prieto, que están imputados por un presunto desvío de G. 757 millones a través del Consejo Local de Salud durante su gestión comunal, reconocieron los hechos que el Ministerio Público les atribuyen y brindaron una colaboración con la investigación. En otra causa que involucra al líder del partido YoCreo, también tres de sus exfuncionarios aceptaron las denuncias del caso Tajy.

El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para los procesados: Salem Esgaib Zugaib (extesorero), Hugo Benítez Vázquez (exvicepresidente), Lucía Elizabeth Lisboa de Torales (exsecretaria) y Karen Elizabeth González Vergara (exmiembro suplente), quienes formaron parte de la comisión directiva del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.

El exmandatario Nicanor Duarte Frutos desestimó la existencia de un descontento social que se pretende instalar desde la oposición como estrategia de campaña para desgastar al gobierno de Santiago Peña y a la Asociación Nacional Republicana (ANR), con miras a los comicios presidenciales del 2028.

“Dónde está la sintomatología de que estamos en una sociedad alarmada, con un malestar profundo, si no hay estremecimiento del cuerpo social, no hay una convulsión social, no existe un estado de agitación, que son los elementos sintomáticos de una sociedad políticamente en situación de gran malestar”, refirió el expresidente, este miércoles, en una visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM.

Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), se presentó por la mañana de este miércoles ante el Ministerio Público, que ordenó su imputación y pidió la prisión preventiva, pero se abstuvo de declarar. Está imputado al igual que otro extitular de la previsional, Jorge Brítez, y otros siete exfuncionarios por lesión de confianza.

Bataglia se encontraba de viaje en Italia al momento de librarse la imputación, el 4 de agosto pasado, en la causa que investiga un perjuicio patrimonial de 61.000 millones de guaraníes por un presunto desvío de fondos en el que se habría beneficiado a la empresa Neighpart, a través de un contrato con adendas irregulares para instalar quirófanos en el Hospital Central.

Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional detuvieron a Sergio Francia Bernal (25), alias Bada, presumiblemente miembro del Primer Comando Capital (PCC), en un allanamiento llevado a cabo en la madrugada de este miércoles.

El procedimiento se registró en Mariano Roque Alonso, hasta donde llegó una comitiva fiscal-policial y allanó un domicilio ubicado sobre la calle Mariscal Estigarribia entre Jejuí y Lomas Valentinas de dicha ciudad, según reporte de la Policía Nacional.

Cerro Porteño está listo para volver al ruedo en el plano internacional. El “Ciclón”, que si bien arrancó a los tumbos el segundo semestre, ya está enfocado en hacer una nueva historia en Brasil.

El conjunto azulgrana enfrentará este miércoles al Palmeiras, desde las 19:00 en el Nubank Parque, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Las estadísticas están para romperse y Cerro Porteño intentará eliminar por primera vez en el historial a un equipo brasileño en la fase de Octavos de Final de la Copa Libertadores.

El presidente de la República, Santiago Peña, a través del Decreto 6568/26 designó a Javier Eduardo Ramírez Valdez como ministro interino de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) en reemplazo de Jacinto Santa María Ammatuna, quien ayer martes presentó su renuncia al cargo por “motivos particulares y de dignidad personal”.

Funcionario de la Senatur desde el 2007, Ramírez Valdez venía desempeñándose como director general de Gestión Turística de la misma institución. Anteriormente estuvo al frente de la Dirección General de Productos Turísticos y de la Dirección de Prestaciones Turísticas.

“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Seis de los once excolaboradores del exintendente esteño Miguel Prieto, que están imputados por un presunto desvío de G. 757 millones a través del Consejo Local de Salud durante su gestión comunal, reconocieron los hechos que el Ministerio Público les atribuyen y brindaron una colaboración con la investigación. En otra causa que involucra al líder del partido YoCreo, también tres de sus exfuncionarios aceptaron las denuncias del caso Tajy.

El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para los procesados: Salem Esgaib Zugaib (extesorero), Hugo Benítez Vázquez (exvicepresidente), Lucía Elizabeth Lisboa de Torales (exsecretaria) y Karen Elizabeth González Vergara (exmiembro suplente), quienes formaron parte de la comisión directiva del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.

La misma solicitud de salidas alternativas al proceso aplica a Sonia Raquel Barrios Ramírez, directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; y Fredy Guzmán Martínez Báez, proveedor del Consejo de Salud, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

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La acusación contra Miguel Prieto y otros once colaboradores, se da por un presunto perjuicio patrimonial que asciende a G. 757.166.276, este monto corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, por un lado, accedieron o fueron beneficiados por las salidas alternativas los exintegrantes del Consejo Local de Salud, por colaborar en la causa, es decir, admitieron el presunto hecho punible por el cual fueron acusados. Uno de ellos, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, que ya había sido beneficiado con una medida similar. También accedieron a la medida alternativa, el entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud Hugo Benítez Vázquez; y la exsecretaria Lucía Elizabeth Lisboa de Torales.

Los últimos acusados que colaboraron con el MP, son Fredy Guzmán Martinez Baéz, proveedor del Consejo de Salud bajo la administración de Miguel Pireto, en este caso, su empresa denominada SERVMAQ habría sido beneficiada con recursos municipales. Mientras tanto, Sonia Raquel Barrios Ramírez, exdirectora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este habría solicitado a la municipalidad, transferencias a favor del del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, esto entre el 28 de diciembre del 2021 y 30 de diciembre del 2021.

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“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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Otra maniobra fraudulenta de Miguel Prieto mediante una mensura judicial para la ubicación de 2 fincas, conocidas como la ex finca 66. Una misión imposible, cargada de populismo en detrimento de las expectativas de gente vulnerable ya que, la superficie en cuestión se encuentra sobre cientos de otras propiedades con títulos antiguos registrados en la Dirección General de los Registros Públicos.

1- Adjudicación a GEOCAD Consultoría, Topografía y Ambiental

2- Estudio de título, la Municipalidad de Ciudad del Este abonó a la firma GEOCAD Consultoría, Topografía, y Ambiental G. 267.300.000. La Ley N.º 1307/1987 DEL ARANCEL DEL NOTARIO PÚBLICO, en su Artículo 13 dispone: Por el estudio de títulos, el Notario Público fijará sus honorarios convencionalmente, no pudiendo ser inferior a cinco (5) jornales mínimos. Testimonios de escribanos públicos, han referido que el costo del estudio de título de los citados inmuebles no sobrepasaría los cincuenta (50) jornales mínimos, es decir, G. 5.381.350.

3- Amojonamiento con estacas, G. 267.300.000, estimando los 60 vértices de la superficie de mensura, el monto equivale a G. 4.395.000 por cada estaca.

4- Publicación de los edictos de la mensura judicial, G. 267.300.000. Son embargo, factura desmiente monto inflado y que solo consigna pago de G. 585.000.

5- Pago por constitución de juez para inicio de mensura, G. 267.300.000. Sin embargo, una consulta realizada por nuestro medio a juez interviniente confirmó que no existen facturas por este servicio, es decir, presumiblemente salió gratis.

6- Pago por acompañamiento del MOPC Y Serv. Nac. de Catastro, G. 267.300.000.

7- Sin embargo,la oficina competente del Departamento de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas realiza este trámite sin costo, es decir, tasa cero. Mientras que la escala de aranceles por servicio de conocimiento de mensura judicial de Catastro establece el monto de G. 25.000.

Fuente: Contrataciones Públicas, Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este