El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, calificó como decepción a Santiago Peña en las filas del Partido Colorado. El legislador lamentó que con lo sucedido en el caso Ueno Bank y las vinculaciones del expresidente de la República se causó un daño muy grande al país, tanto a ahorristas como las instituciones del Estado.

“Fue una decepción. Podemos ponerle todos los apelativos porque hay un daño tremendo, no solamente a los ahorristas, sino a las instituciones públicas”, expresó el titular legislativo en rueda de prensa este miércoles antes del inicio de la sesión ordinaria del Senado.

Sobre la expulsión de Peña como afiliado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Núñez señaló que fue lo correcto. “Es lo mínimo que se podía hacer, eso lo digo con el dolor en el alma, hay que reconocer y van a ir saliendo más y más cosas. Sí, puedo reiterar, que estamos tres senadores que tuvimos coraje de presentar ese pedido de informe (al BCP sobre Ueno), que ayudó a que esto detone”, remarcó.

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El senador también fue consultado sobre el por qué Peña no está imputado por asociación criminal, mencionó que se debe respetar el trabajo realizado por los fiscales que llevan adelante las investigaciones del caso.

“Si yo adelanto una opinión, eso va ser una interferencia del Poder Legislativo que estoy presidiendo en otro poder, en la tarea que está realizando la Fiscalía y donde vemos a un expresidente que tiene detención, tiene imputación y arresto preventivo. A mí parecer se está haciendo el trabajo y en forma acelerada, por primera vez en la historia del Paraguay vemos a un expresidente privado de su libertad y todos los nexos probables también”, indicó.

Núñez también fue consultado sobre el pedido de juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, bajo el argumento de inacción con otras denuncias realizadas contra el expresidente Peña, y de tener influencia para que el exmandatario no sea imputado por asociación criminal, respondió que se analizarán todas las causales.

“Hay que tener en cuenta que el fiscal general tiene una función, es una especie de gerente administrativo, el caso está a cargo de los fiscales. Es un fiscal general impuesto en un periodo anterior. No depende de mí (el juicio), eso depende la Cámara de Diputados, yo no estoy con el jaque del juicio político a nadie, yo no acompañaría nada hasta tener las pruebas consistentes”, sentenció.

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El Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR), resolvió este 10 de noviembre la expulsión del expresidente de la República, Santiago Peña de las filas del coloradismo. La decisión quedó asentada en la Resolución T.C. N.º 10/2026 y se fundamenta en el juicio político del pasado 6 de noviembre, que lo declaró culpable por mal desempeño de funciones.

Los miembros del Tribunal sostuvieron que Peña incurrió en conductas que vulneraron el Estatuto Partidario y el Código de Ética, además de causar un grave daño al país y a la agrupación política.

La resolución será comunicada a la Junta de Gobierno y al Tribunal Electoral Partidario (TEP) para su registro pertinente. Tras una década de afiliación, Peña queda fuera de las filas de la ANR, según la resolución partidaria.

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Peña se afilió a fines de octubre de 2016, en el marco de una convención colorada y tras estar afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) desde los 17 años de edad.

Su expulsión fue planteada por Carmen Alonso, miembro titular de la Junta de Gobierno, en una nota dirigida a Gustavo Cazal Riego, presidente del Tribunal de Conducta.

En su nota, la extitular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) en el gobierno de Mario Abdo Benítez, mencionó que el “afiliado Santiago Peña Palacios fue electo presidente del Paraguay en representación del Partido Colorado, defraudando esa máxima distinción, generando un daño irreparable a la imagen del país y del partido; poniendo en riesgo la permanencia del Partido Colorado (ANR) en las próximas elecciones generales a llevarse a cabo en el período 2028″.

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La funcionaria habría estado destruyendo documentos relacionados con inversiones bursátiles del expresidente Santiago Peña.

Los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta intervinieron en un pro­cedimiento en Ueno Casa de Bolsa, durante el cual fue detenida Andrea Bení­tez, quien se desempeñaba como jefa de operaciones de la entidad, por su presunta vinculación con el hecho punible de frustración de la ejecución penal.

Según los datos prelimina­res, al momento de la lle­gada de la comitiva fiscal, la funcionaria habría estado destruyendo documentos relacionados con inversio­nes bursátiles del expresi­dente Santiago Peña. Ante esta situación, la agente fiscal Ruth Benítez dispuso su detención en el marco de las diligencias investigativas desarrolladas por el Minis­terio Público en el caso Ueno Bank.

El procedimiento forma parte de las actuaciones fis­cales destinadas a recabar y preservar elementos de inte­rés para el esclarecimiento de los hechos investigados.

La mujer podría ser impu­tada en las próximas horas y se solicitaría su prisión preventiva ante la grave­dad del suceso registrado al momento del ingreso de los fiscales a la mencionada firma.

En caso de que la mujer sea imputada, tendrá que com­parecer ante un juez para la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si la misma estará privada de libertad en la cár­cel de mujeres de Embos­cada o será beneficiada con libertad ambulatoria mien­tras dure el proceso.

El mandatario Pedro Alliana, mediante la jefatura civil de la presidencia de la República, requirió a los ministros, secretarios ejecutivos con rango ministerial y máximas autoridades de entes autónomos, autárquicos, descentralizados, entidades financieras públicas y empresas públicas, quienes conformaron el gabinete del destituido jefe de Estado, Santiago Peña, colocar a disposición sus cargos.

En el documento, que lleva la firma del nuevo jefe de gabinete, Rolando de Barros Barreto Acha, se menciona que la solicitud surge a los efectos de coordinar las acciones del gobierno de manera más eficiente en esta nueva etapa.

“La presente solicitud alcanza únicamente a las altas autoridades que ejercen cargos de confianza en los términos de la ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, es decir, puesto de libre disposición cuya designación y remoción depende de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo, y a las máximas autoridades de los organismos y entidades del Estado que integran el ámbito del Poder Ejecutivo, según el artículo 25 de la ley 7278/2024 que regula la Organización Administrativa del Estado, esto es, aquellas entidades cuyas autoridades son designadas directamente por el presidente de la República, sin intervención de otros organismos constitucionales”, refiere la nota.

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Añade que “quedan fuera de su alcance las autoridades cuya designación o remoción se encuentre sujeta a periodo legal, a acuerdo o a la intervención de otro órgano del Estado, así como aquellas que, conforme a sus respectivas leyes orgánicas, solo pueden ser removidas previa configuración de causales legalmente establecidas”.

Detalla a la vez que la solicitud no implica interrupción alguna de sus funciones, por lo que le agradeceremos prever los recaudos necesarios para asegurar la normal continuidad del funcionamiento institucional, conforme a las disposiciones de la circular PR/GC/2026/05379″.

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