Sumas multimillonarias blanqueadas a través de gasolineras y colocadas en instituciones financieras: las autoridades brasileñas golpearon ayer jueves al crimen organizado en una megaoperación policial. El gigantesco esquema de fraude y lavado de dinero operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas, según las autoridades.

Los tentáculos de la compleja red penetraron el sector financiero legal. La organización utilizó plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos. La megaoperación es “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta el momento”, escribió en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa. La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024. El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”. La investigación se prolongó durante dos años, dijo en rueda de prensa en Brasilia.

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En total, 1.400 agentes de diversos organismos públicos participan en la operación en el país. La policía cumple órdenes de detención contra 350 personas y empresas en una decena de estados del país, incluidos Sao Paulo y Rio de Janeiro. La institución divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de Sao Paulo, el principal centro financiero de Brasil, que alberga las sedes de numerosas instituciones.

Las investigaciones apuntan que el esquema controlaba un terminal portuario, 1.000 gasolineras, cuatro refinerías y 1.600 camiones, además de un centenar de inmuebles. Las prácticas fraudulentas incluían la venta de combustible adulterado y otra conocida como “surtidor bajo”, por la que los consumidores pagaban por volúmenes inferiores a los que mostraban los surtidores.

Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil “es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”, según el Ministerio Público de Sao Paulo. El metanol, “altamente inflamable y tóxico”, es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, agregó.

Brasil es el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos de Suramérica y el noveno del mundo, según un informe de 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Además, es el segundo mayor productor de biocombustibles del planeta.

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El dinero obtenido con el esquema era colocado en plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) en lugar de en bancos tradicionales, lo que “dificultaba el rastreo de los valores”, según Hacienda. Los indicios apuntan a que los administradores de los fondos involucrados “eran conscientes y contribuían con el esquema”, agregó el fisco.

Una de estas empresas, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, funcionaba como un “banco paralelo” y recibió más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023. Las firmas investigadas implementaron “una contabilidad paralela”, que permitía “transferencias de dinero entre empresas y particulares sin que los beneficiarios finales fueran identificados”, explicó el Ministerio Público de Sao Paulo.

El fisco dijo haber “identificado al menos 40 fondos de inversión controlados” por el PCC, por un monto total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares). Estos fondos eran reinvertidos en el sector de combustibles, en particular en la compra de plantas para producir etanol que luego era vendido en las estaciones de servicio controladas por la organización criminal.

Fuente: AFP.

Sumas multimillonarias blanqueadas a través de gasolineras y colocadas en instituciones financieras: las autoridades brasileñas golpearon el jueves al crimen organizado en una megaoperación policial.

El gigantesco esquema de fraude y lavado de dinero operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas, según las autoridades.

Los tentáculos de la compleja red penetraron el sector financiero legal. La organización utilizó plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos.

La megaoperación es “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta el momento”, escribió en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa. La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024.

El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”. La investigación se prolongó durante dos años, dijo en rueda de prensa en Brasilia.

En total, 1.400 agentes de diversos organismos públicos participan en la operación en el país. La policía cumple órdenes de detención contra 350 personas y empresas en una decena de estados del país, incluidos Sao Paulo y Rio de Janeiro.

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La institución divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de Sao Paulo, el principal centro financiero de Brasil, que alberga las sedes de numerosas instituciones.

Las investigaciones apuntan que el esquema controlaba un terminal portuario, 1.000 gasolineras, cuatro refinerías y 1.600 camiones, además de un centenar de inmuebles.

Las prácticas fraudulentas incluían la venta de combustible adulterado y otra conocida como “surtidor bajo”, por la que los consumidores pagaban por volúmenes inferiores a los que mostraban los surtidores.

Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil “es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”, según el Ministerio Público de Sao Paulo.

El metanol, “altamente inflamable y tóxico”, es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, agregó.

Brasil es el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos de Suramérica y el noveno del mundo, según un informe de 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Además, es el segundo mayor productor de biocombustibles del planeta.

El dinero obtenido con el esquema era colocado en plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) en lugar de bancos tradicionales, lo que “dificultaba el rastreo de los valores”, según Hacienda.

Los indicios apuntan a que los administradores de los fondos involucrados “eran conscientes y contribuían con el esquema”, agregó el fisco.

Una de estas empresas, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, funcionaba como un “banco paralelo” y recibió más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023.

Las firmas investigadas implementaron “una contabilidad paralela”, que permitía “transferencias de dinero entre empresas y particulares sin que los beneficiarios finales fueran identificados”, explicó el Ministerio Público de Sao Paulo.

El fisco dijo haber “identificado al menos 40 fondos de inversión controlados” por el PCC, por un monto total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares).

Estos fondos eran reinvertidos en el sector de combustibles, en particular en la compra de plantas para producir etanol que luego era vendido en las estaciones de servicio controladas por la organización criminal.

• Fuente: AFP

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Altos mandos del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca y de la Oficina del Secretario de Defensa de los Estados Unidos se encuentran en el país desarrollando una intensa agenda de reuniones con autoridades del Gobierno paraguayo, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones (Mitic), así como de la Policía Nacional, entre otros.

A través de sus redes sociales, la Embajada de los Estados Unidos informó que esta visita oficial en Asunción se enmarca en la asociación estratégica con Paraguay, con el fin de intercambiar ideas sobre temas clave como ciberseguridad, crimen organizado y manejo de fronteras, reafirmando el compromiso de fortalecer la cooperación bilateral para una región mas fuerte y segura.

Al respecto, el canciller Rubén Ramírez Lezcano recibió al subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Roosevelt Ditlevson; el subsecretario adjunto de Defensa, Joseph Humire; y el asesor senior de la Secretaría de Defensa del Consejo de Seguridad Nacional, Michael Jensen.

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De acuerdo al informe de la Cancillería, las autoridades dialogaron sobre los principales desafíos que enfrenta la región y coincidieron en la necesidad de continuar trabajando de manera conjunta en áreas estratégicas como la seguridad regional, la lucha contra el lavado de dinero y el combate a los grupos criminales y al narcotráfico.

Asimismo, subrayaron la importancia del trabajo coordinado para la defensa y el fortalecimiento de la democracia en el continente. El informe oficial destaca la participación del viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Ángel Aranda, y del encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Asunción, Robert Alter.

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El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, realizó un análisis sobre el desempeño del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, en materia de seguridad interna durante estos dos años. El comisario general dijo que existe un panorama bastante alentador en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, a la par de destacar la provisión de mayores equipos y la presencia de más efectivos policiales.

“En estos dos años de gobierno vemos un panorama bastante alentador, luchamos permanentemente contra el crimen organizado, contra la delincuencia, que no dan tregua, pero nosotros también como órgano de seguridad interna estamos trabajando, no solo a nivel local, hay una gran interacción y cooperación con las fuerzas del orden a nivel internacional”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Benítez acotó: “Estamos haciendo el mayor y el mejor esfuerzo de dar lo mejor a la ciudadanía, pero aún no estamos satisfechos. Tenemos la mejor predisposición y voluntad, hoy día tenemos mejores herramientas, una buena logística en cuanto a camionetas, motocicletas, chalecos, cartuchos. A esto se suman los 5.000 efectivos policiales que ingresaron el pasado año y para este 2025 se prevé otro 50.000 más. En el transcurso de los 5 años de gobierno se prevé tener unos 25.000 policías, esto es inédito".

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Con relación a los casos de sicariato, Benítez refirió que responden en su mayoría a “disputas por territorio y mercado” entre facciones del crimen organizado, y que “felizmente no hemos visto casos donde se afecte directamente a la ciudadanía de bien”.

Por otra parte, comentó que gran parte de los delitos contra la propiedad, como los casos de hurtos y robos domiciliarios, se encuentran relacionados al consumo de drogas a nivel del microtráfico. “Hemos visto que la mayoría de los que cometen hechos punibles lo hacen bajo los efectos de algún estupefaciente o para cubrir su siguiente dosis. En los últimos tiempo hemos visto que utilizan armas blancas o de fuego”, dijo.

Ante esta situación destacó el plan SUMAR, detallando que se implementa desde hace 3 meses en la ciudad de Asunción y las localidades del departamento Central, con visitas semanales a barrios y un cambio de enfoque: ahora, los consumidores encontrados en la vía pública son derivados a centros médicos y no directamente a comisarías, para tratarlos como pacientes y evitar episodios de autolesión bajo custodia.

“Los resultados medibles lo veremos dentro de poco tiempo. Son tratados como personas enfermas y tratamos de evitar que estas personas se auto flagelen en las comisarías, ya hay una participación directa del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación”, puntualizó.

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