Los senadores decidieron incluir como moción de preferencia dentro de 15 días el estudio de dos propuestas relacionadas con la trama conocida como “mafia de los pagarés”. Uno de los proyectos estipula un nuevo marco legal en favor de las víctimas y el otro propone la creación de juzgados de paz sin afectación presupuestaria.

Ambos fueron remitidos al Poder Legislativo por iniciativa de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El pedido de tratamiento fue hecho por el senador Rafael Filizzola, quien ejerce la presidencia de la comisión especial que investiga el esquema mafioso.

La primera propuesta apunta a aliviar la congestión en los tribunales de la capital, mejorar la administración de Justicia y redistribuir la carga sin generar un nuevo impacto presupuestario, según la exposición de motivos.

Mientras que el segundo proyecto establece un régimen obligatorio de depósito judicial de pagarés y otros títulos de crédito en procesos civiles. Su finalidad se centra en garantizar la trazabilidad, evitar su circulación indebida y asegurar la cadena de custodia. También propone que, una vez cancelada la deuda, el documento original sea devuelto al deudor.

Asimismo, se comunicó respecto a los avances obtenidos por la Comisión Especial Antimafia de Pagarés. El bloque sigue brindando orientación a las víctimas, coordinando con instituciones del Estado y dando seguimiento a denuncias concretas

Según los datos brin­dados por autorida­des del Ministerio de Educación, actualmente la proyección de nuevos estu­diantes matriculados en Paraguay llegaría a 50.000 este año; a esto se suma el hecho de que existen cerca de 40.000 argentinos en el sistema escolar paraguayo, marcando así un hito histó­rico de participación escolar en nuestro país.

En conversación con el pro­grama “Arriba hoy”, emi­tido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el ministro de Educación, Luis Ramírez, mencionó que estas cifras positivas se deben en gran parte a los proyectos de mejora educa­tiva que se están desarro­llando desde el Gobierno, los cuales brindan mejores condiciones para todos los estudiantes.

“Muchos niños volvieron a la escuela; hay muchas insti­tuciones donde la participa­ción era del 50 % y hoy día la participación en esas escue­las está entre el 96 y 98 %. Entonces, hay que recono­cer que el proyecto Hambre Cero, además de todo lo que se está haciendo, ha generado una dinámica muy atractiva para que los chicos vuelvan”, remarcó el ministro de Edu­cación.

Así también, reconoció que estas cifras ponen en pers­pectiva los desafíos de conti­nuar trabajando de manera sostenida en proyectos enfocados en los niños y en su crecimiento integral, ya que finalmente la diferen­cia se centra en la calidad del aprendizaje que se les está brindando.

“Nunca en la historia se ha dado un número como este. Por ejemplo, en Itapúa, los estudiantes que antes acu­dían a la Argentina ahora se quedan en territorio para­guayo y están esperando incluso a argentinos que ven­gan a las escuelas paraguayas. Estamos en un número de casi 40.000 alumnos provenien­tes de Argentina”, remarcó el ministro Ramírez.

Los senadores decidieron incluir como moción de preferencia dentro de 15 días el estudio de dos propuestas relacionadas con la trama conocida como “mafia de los pagarés”. Uno de los proyectos estipula un nuevo marco legal en favor de las víctimas y el otro propone la creación de juzgados de paz sin afectación presupuestaria.

Ambos fueron remitidos al Poder Legislativo por iniciativa de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El pedido de tratamiento fue hecho por el senador Rafael Filizzola, quien ejerce la presidencia de la comisión especial que investiga el esquema mafioso.

La primera propuesta apunta a aliviar la congestión en los tribunales de la capital, mejorar la administración de Justicia y redistribuir la carga sin generar un nuevo impacto presupuestario, según la exposición de motivos.

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Mientras que el segundo proyecto establece un régimen obligatorio de depósito judicial de pagarés y otros títulos de crédito en procesos civiles. Su finalidad se centra en garantizar la trazabilidad, evitar su circulación indebida y asegurar la cadena de custodia. También propone que, una vez cancelada la deuda, el documento original sea devuelto al deudor.

Asimismo, se comunicó respecto a los avances obtenidos por la Comisión Especial Antimafia de Pagarés. El bloque sigue brindando orientación a las víctimas, coordinando con instituciones del Estado y dando seguimiento a denuncias concretas.

Los miembros de la comisión ya mantuvieron encuentros con autoridades del Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio Público. Por otra parte, el defensor general Javier Esquivel se comprometió a agilizar la atención a las personas afectadas por el esquema mafioso y establecer un instructivo para reducir barreras burocráticas en todas las sedes.

Mientras que la fiscal adjunta, Soledad Machuca, informó que la Fiscalía impulsa investigaciones penales por el esquema delictivo, con imputaciones ya presentadas a la par de investigar a empresas que ejecutan pagarés de manera irregular.

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La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria para este viernes 23 de mayo, las 9:30 a fin de discutir el veto total del Ejecutivo al derecho a la pensión de las personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad social, según la resolución N.º 3056.

Al respecto, el diputado Hugo Mesa explicó que en Mesa directiva se resolvió convocar a extraordinaria con un solo punto del día, que guarda relación con el veto del Ejecutivo a la pensión para las personas con discapacidad.

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“Este es un proyecto de ley que justamente hemos impulsado nosotros para poder otorgarle a las personas con discapacidad una pensión”, explicó el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Agregó que actualmente este sector de la población no está considerado dentro de un programa social específico. “Apenas son un apéndice desde el programa Tekoporá, que administra el Ministerio de Desarrollo Social.

Explicó que dentro de este programa Tekoporá se estableció un apartado para las personas con discapacidad y pero no es un programa independiente, donde los beneficiarios reciben una suma de al rededor G. 180.000 cada dos meses.

“Esta propuesta que impulsamos con los colegas le da un poco de dignidad a tanta gente que necesita. Lastimosamente, le asesoraron mal al presidente de la República diciendo que este proyecto alcanzaba más de 160 millones de dólares; pero en realidad solo alcanza 8.5 millones de dólares, para un número de 11.000 personas con discapacidad severa”, acotó.

Destacó que existe un grupo de colegas que están interesados en rechazar el veto del Ejecutivo, a fin de otorgarle la media pensión del 25 %, a fin de que puedan cobrar de forma mensual que es mucho más de lo que actualmente están percibiendo cada dos meses.

“Creo que llegó el momento de dignificar a las personas con discapacidad que lastimosamente no están pudiendo valerse por sí mismo. Estamos trabajando en los números para lograr el rechazo del veto, estamos conversando con varios compañeros yo ya he solicitado la liberación del voto en mi bancada y mi partido porque yo voy a ratificarme en la sanción del proyecto original y de como se ha trabajado esta Ley tan importante a favor de ellos”, precisó.

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