La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.

Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.

La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.

Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.

Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).

Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.

Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.

Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.

Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.

Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.

- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.

- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.

- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.

- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.

- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.

- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.

- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.

Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.

Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.

Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.

Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.

Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.

El abogado Samir Sánchez expuso en redes sociales cómo la administración del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, del partido Yo Creo, estuvo marcada por varios hechos de presunto nepotismo que no solo lo salpican a él, sino también a varios concejales durante su mandato.

En el caso de Prieto, Sánchez señaló que este utilizó sus influencias como autoridad del municipio esteño para incorporar a cuatro primos a la Municipalidad de Ciudad del Este.

Se trata de Martín Vallejos Ferreira, quien ocupó un cargo administrativo en la Dirección de Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejos Balbuena, quien se desempeñó como herrero en obras municipales; Meribed Alonzo Vallejos, quien fue jefa de Impuestos Inmobiliarios, y Sergio David Prieto Figueredo, quien ocupó el cargo de fiscal de obras municipales.

Pero eso no fue todo. Seis concejales municipales también habrían incurrido en la misma práctica, según la denuncia expuesta por Sánchez.

Se trata de Víctor Torales, Valeria Romero, María Ester Portillo, Pedro Acuña Ferreira, Sebastián Martínez y Alision Anisimoff, quienes también habrían beneficiado a familiares.

La destrucción que sufrió Ciudad del Este en estos últimos ocho años es una situación nunca vista. El cambio que prometió Miguel Prieto al ubicarse en la intendencia con la caída de lo que señalaba una hegemo­nía colorada, fue una gran mentira que, sus actos en la municipalidad hicieron tocar fondo a esta ciudad cuyas calles, avenidas, plazas como demás espacios públicos están sumidos en la basura y el deterioro.

La ciudad entera está en la decadencia, esta es una realidad que no se había dado ni en los tiempos de las administraciones más denunciadas en la historia de la ciudad como fue principalmente, la gestión muni­cipal que antecedió a la de Miguel Prieto.

Prieto y sus amigos tomaron la municipa­lidad de Ciudad del Este después de una intervención política impulsada con una maratónica campaña mediática. El obje­tivo, a todas luces siempre fue delegar el poder en la administración a los opositores al partido colorado y lo consiguieron, pero los resultados que dejan luego de esa toma de hace ocho años son deplorables.

La mentira, la desidia y la corrupción se apoderó de Ciudad del Este. Más grave aún es que el estado de terapia intensiva admi­nistrativa y estructural está solapado por una hipocresía mayoritaria de los medios de comunicación que, sin desparpajo se desentienden y hasta intentan blanquear ante la opinión pública al exintendente des­tituido precisamente por actos de corrup­ción. Esta zona fronteriza del país, en gran medida es la antesala del territorio nacio­nal, es la primera impresión para quienes cruzan el puente de la Amistad o arriban de afuera al aeropuerto de Guaraní. Por ello es altamente nocivo para la imagen, el estatus país el semblante de Ciudad del Este que, hoy es noticia a nivel internacional por el basural que la inunda.

La última lluvia que removió las toneladas de basura, entre los que se podía ver monto­nes de desechos peligrosos, objetos cortan­tes, etc. puso ante los ojos del país y de otros países vecinos el estado calamitoso de Ciu­dad del Este. Esto es apenas una parte de este distrito carcomido por la corrupción en toda su extensión.

Las calles de Ciudad del Este están rotas, asfaltos llenos de pozos, pese a que Prieto y sus amigos pagaron miles de millones por una planta asfáltica, insumos de mantenimiento de pavimentos. La zona comercial como varios otros sitios están atascados de basura, chatarras, esto es una bomba de tiempo en una ciudad que moviliza hasta 100.000 perso­nas por día en su área comercial.

Las condiciones mencionadas de la ciudad son producto de la desidia y la corrupción, principalmente. Ocho años del prietismo han representado el mayor asalto a las arcas de municipalidad mediante la admi­nistración fraudulenta que sistematizaron en la institución.

Las maniobradas contrataciones públicas, la desmedida repartija, el perjuicio patri­monial con millonarios pagos sin contra­prestación de los servicios, el nepotismo voraz sin mayor productividad más que la complicidad en los fatos del exintendente y su camarilla de angurrientos, hicieron tocar fondo a Ciudad del Este.

El descaro imperante por mantener el zoquete y seguir manoteando los recursos municipales tienen a toda la gavilla enfo­cada en la reelección del sucesor de Prieto, Daniel Pereira Mujica. El secretario del exintendente, ubicado al frente de la muni­cipalidad en este momento, Pedro Acuña está realizando llamados a contratación a mansalva, con el mismo modus operandi de asegurar millonarios desembolsos en con­cepto de anticipo, en plena campaña elec­toral.

Este sistema de apurar licitaciones, de sacar llamados a mansalva, previa eleccio­nes es habitual por parte de la rosca empo­trada en la municipalidad desde la llegada de Prieto. Están acostumbrados a las rifa­das de la plata de la gente en busca de sos­tener el zoquete, no les importa sacrificar obras, infraestructura, sino liberar fondos.

En este contexto, queda muy pocas espe­ranzas a esta ciudad. La única alternativa es que en las urnas se acabe con el festín y el sufrimiento de un distrito que tiene todo el potencial de ser una zona de desarrollo.

Los resultados de la gestión de quienes están al mando de la comuna están a la vista, la decisión depende de los dueños de casa que son los contribuyentes de Ciudad del Este. La hipocresía que disfraza la mala gestión está en una instancia clave, acabar con la desidia y la corrupción dependerá del poder concedido o retirado mediante las urnas.

El diputado Alejandro Aguilera minimizó el ataque de Miguel Prieto hacia el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, acusándolo de ser responsable de los proceso judiciales con el fin de “sacarlo” de la cancha para las elecciones del 2028. El legislador afirmó que Prieto no tiene el peso político que piensa tener.

“El problema de Prieto no es Alliana, el problema de Prieto es con la justicia y la gente con quien él cometió los hechos que hoy le imputa la justicia. Creo que es de público conocimiento que varios encausados ya han admitido los hechos punibles que cometieron con Prieto y solicitaron medidas procesales”, aseguró en conversación con los medios.

Aguilera también aseguró que Prieto no cuenta con una carrera política destacable, teniendo en cuenta que su único logro electoral hasta el momento fueron elecciones municipales, y ni siquiera llegó a una victoria regional, refiriéndose a la candidatura de Daniel Pereira Mujica para la gobernación de Alto Paraná en el 2023.

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“Prieto tiene dos victorias en Ciudad del Este, le presenta al actual intendente Mujica como candidato a gobernador y pierde en el departamento contra César Landy Torres. Hoy quiere tener trascendencia nacional, tiene trascendencia nacional, pero por los problemas judiciales que tiene, no por las victorias políticas”, refirió el diputado Aguilera.

Por otra parte, señaló que las elecciones municipales será una gran medición del nivel político que pretenden acreditar a Prieto. “No es el monstruo político que quieren instalar, tiene que demostrar, vamos a ver el 4 de octubre a las 6 de la tarde cuando se empiecen los conteos o cuando tengamos los resultados de las municipales cómo le va a su espacio político. Política es resultado, veremos el 4 de octubre cuando termine las votaciones cómo le va a su espacio político”, sentenció.

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