La Comisión Especial que analizó la auditoría del interventor dictaminó ayer en mayoría en contra del jefe comunal teniendo en cuenta los graves hechos de corrupción durante su administración.

El presidente de la Cámara de Diputa­dos, Raúl Latorre, resolvió ayer convocar una sesión extraordinaria para hoy a fin de tratar la desti­tución o no del intendente Miguel Prieto de la Munici­palidad de Ciudad del Este. “Tras la emisión de los dic­támenes por parte de la Comisión Especial, y aten­diendo a la solicitud de sesión extraordinaria presentada por los diputados firmantes, al haberse reunido el número requerido, hemos convocado a una sesión extraordinaria para el martes 19 de agosto (hoy), a las 10:00, con el fin de tratar el mensaje del Poder Ejecutivo mediante el cual se remite el Informe Final de la intervención realizada en la Municipalidad de Ciu­dad del Este, conforme a lo establecido en la Constitu­ción Nacional y la legislación vigente”, anunció Latorre a través de su cuenta en X.

La Comisión Especial de Intervención de la Munici­palidad de Ciudad del Este, de la Cámara de Diputados, emi­tió ayer dos dictámenes. Uno en mayoría por la destitución del intendente Miguel Prieto, y en minoría en contra de la remoción. Fueron 4 votos a favor de la destitución, 1 en contra y 3 votos indecisos, que son del sector de los libe­rales, tras la presentación del informe final del interventor Ramón Ramírez.

“(La Comisión) recomienda la destitución del intendente Miguel Prieto en mayoría, un voto en contra de la destitu­ción que es del diputado Wal­ter García (del movimiento de Prieto), cuatro votos por la destitución, creo que el dipu­tado Carlos María (López) no está en el país así que no pudo emitir su voto”, explicó el diputado Alejandro Aguilera, presidente de la Comi­sion.

La Comisión está inte­grada por: Alejandro Agui­lera (ANR-Guairá), Jorge Barresi (ANR-San Pedro), Avelino Dávalos (ANR-Caa­zapá), Hugo Meza (ANR-Cor­dillera), Arturo Urbieta (ANR-Concepción), Pas­tor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), Cleto Giménez (PLRA-Canindeyú), Carlos María López (PLRA-Cor­dillera) y Walter García (Yo Creo-Alto Paraná).

El diputado Aguilera señaló que todos los hechos que había señalado la Contralo­ría General de la República (CGR) en la auditoría que había hecho en la Munici­palidad de Ciudad del Este fueron corroborados en este informe final que el interven­tor Ramón Ramírez presentó la semana pasada.

“El mal uso del combusti­ble, las inversiones de capi­tal que fueron a parar en gas­tos corrientes por más de G. 29.000 millones, se descu­brieron cajas paralelas, fun­cionarios municipales que efectivizaron cheques que fueron destinados a comi­siones vecinales, específica­mente hay un cheque de 600 millones de guaraníes que efectivizó un funcionario de la Secretaría de Administra­ción y Finanzas, y otros innu­merables hechos, que cuando se trate estaremos tocando puntillosamente”, apuntó.

Aguilera resaltó que será el cuerpo legislativo el que final­mente deberá decidir la desti­tución o no de Prieto. “Tienen la decisión los 80 diputados. Seguramente, cuando se trate, vamos a confrontar posiciones, para nosotros es clarísimo el informe, así que no hay mucho que discu­tir. Ahora, los defensores del intendente (Prieto) pueden tener una postura política al respecto, pueden decir abso­lutamente todo lo que quie­ran, pero los hechos son con­tundentes”, sentenció.

La destitución de Miguel Prieto del cargo de inten­dente municipal se podrá resolver con 41 votos de los 80 diputados, tal como establece la Constitución Nacional.

El interventor de la Munici­palidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, manifestó que los audios difundidos en redes sociales por presuntos simpatizantes del intendente Miguel Prieto se encuentran manipulados. Confirmó que es su voz en las conversacio­nes privadas, que se habrían sustraído mediante un micró­fono clandestino en su ofi­cina municipal.

“Evidentemente, esos audios son cortados, pueden ser hasta editados. Yo descarto categóricamente de que esté negociando algún cargo“, sostuvo el economista, en una entrevista con la 1020 AM, ratificando que su des­pacho fue violentado, apa­rentemente por funciona­rios prietistas, pocas horas después del atropello de una turba en la sede de la comuna, el jueves pasado.

“Con esto se confirma que había un dispositivo. Desde un principio dije que mi tra­bajo es técnico, transparente y eso se ve reflejado en el informe que puede ser escru­tado, nadie me presiona a que invente cosas. Acá se violentó un espacio municipal, a una institución pública, esta es una actitud mafiosa, se plan­taron micrófonos. Es mi voz, pero se debe tener toda la secuencia”, afirmó.

La diputada Cristina Villalba anunció ayer que en la mañana de hoy, a las 8:00, los integrantes de la bancada del Movimiento Honor Colo­rado estarían tomando una postura sobre los dictáme­nes de la Comisión Especial que recomienda en mayo­ría la destitución del inten­dente Prieto, y en minoría el rechazo. Indicó que de hecho la mayoría de los diputados oficialistas ya adelantaron su postura a favor de la destitu­ción teniendo en cuenta los graves hechos de corrupción detectados en la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Miguel Prieto y la prensa aliada intentan instalar que la intervención se disfrazó de persecución y la filtración de audios lo corrobora. Sin embargo, los audios no comprometen el trabajo de Ramón Ramírez y el intendente no aclara las 12 causales corroboradas.

Un informe conclu­sivo de 212 páginas remitido días atrás al Congreso confirma de manera documentada cada uno de las causales de la intervención que había soli­citado la Contraloría Gene­ral de la República (CGR), ante los serios indicios de perjuicio patrimonial en la administración del opositor Miguel Prieto (Yo Creo).

Los documentos verificados y cruzados entre varias fuen­tes públicas revelan irregu­laridades cometidas con el dinero de los contribuyen­tes esteños como por fondos transferidos por parte del Estado, en este caso royal­tíes y Fonacide.

De entrada, el documento evidencia que del análisis del patrimonio neto de la Municipalidad de Ciudad del Este entre 2019 y 2022 revela un patrón de inesta­bilidad, falta de fiabilidad y graves deficiencias en el con­trol interno. Este periodo ini­ció con una caída importante del patrimonio neto en 2020, como consecuencia de la can­celación de activos y el cas­tigo de saldos de pagos rea­lizados por más de G. 40 mil millones, resultante de una deficiencia en la contabilidad de años anteriores.

Un verdadero festín en el entorno de la intervenida administración de Prieto con el desvío de fondos mediante transferencias a oenegés (comisiones vecinales) seña­lan –paso a paso–, como por ejemplo en 2020 se repartie­ron más de G. 3.000 millones, sin rastros visibles de que la inversión haya favorecido a los vecinos. Burlaron nor­mativas de Contrataciones Públicas usando a los veci­nos que ni siquiera adminis­traron los millonarios fon­dos que fueron al bolsillo de los amigos del exintendente antes de que se adjudicaran los contratos.

Un esquema en el que utiliza­ron kioskos, tiendas de fraza­das, etc., de operadores, ami­gos y familiares de la expareja de Prieto vulneró controles y requisitos indispensables para el buen uso del dinero público.

El primer caso sonado fue el de Tía Chela, una despen­sita que se adjudicó G. 2.949 millones para proveer miles de kilos de mercaderías que no tenía stock y el Ministe­rio Público confirmó un per­juicio que orilla los G. 1.800 millones. Este sistema se aplicó de manera reiterada, según confirmó el interven­tor Ramón Ramírez.

La administración Prieto normalizó maniobras en la adjudicación de contratos “que se extienden desde los aspectos atinentes a la pla­nificación del llamado, la evaluación, la adjudicación e incluso a la ejecución con­tractual, en particular a la recepción de bienes. En con­secuencia, la intervención ha comprobado la causal deter­minada por la Contraloría General de la República en el requerimiento de inter­vención de la Municipalidad de Ciudad del Este”, refiere el documento.

Además del desvío de fon­dos al bolsillo del entorno del intendente aparecieron cobros de impuestos inmo­biliarios que no llegaron a las arcas de la Municipalidad y comprometen la gestión de Meribeb Alfonzo Vallejo, prima de Prieto a quien este ubicó en la institución por su “honestidad y confianza”.

“Se constató que la Munici­palidad de Ciudad del Este transfirió un total de G. 10.515 millones destinados a inversión física, manteni­miento, reparaciones, adqui­sición de

medicamentos e insumos en el Hospital Regional de Ciudad del Este. De dicho monto, G. 5.984 millones se encuentran únicamente respaldados por facturas en concepto de pagos por obras y refacciones que fueron contratadas y ejecutadas en contravención a lo estable­cido en la Ley N.º 2051/2003 y la Ley N.º 1533/2000”. Lo más delicado de este tema es que el equipo interventor identificó irregularidades que guardan relación con la inexistencia de documentos que respalden la ejecución y recepción final de las obras a cargo del Consejo de Salud que había sido administrado por el ahora diputado Walter García, del equipo de Miguel Prieto.

Además, otra hecho anómalo es el voraz consumo de com­bustibles, que se procedía a hacerlo con facturas que con­signan suministros de hasta 87 litros para un recorrido de 50 km, suministros a otras instituciones y empleados que no son de la Municipali­dad sin convenios que justifi­quen estos bonos, entre otros.

Puentes a precios de oro adju­dicados por urgencia, pero solo a los efectos de deroga­ción, ya que se encuentran con meses de atraso en la entrega, la repartija discrecional de subsidios destinados a la población más vulnerable a funcionarios de la Municipa­lidad con millonarios sueldos, y un rosario de irregularida­des confirmadas por los audi­tores dejaron fuera del cargo a Miguel Prieto, el intendente más cuestionado por casos de corrupción del país.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó que, tras la emisión de los dictámenes por parte de la Comisión Especial, que estudió los documentos remitidos por el interventor Ramón Ramírez, además de la solicitud presentada por varios legisladores, se resolvió convocar a una sesión extraordinaria para este martes 19.

De esta forma, la sesión será a las 10:00 y tendrá como punto central “el análisis del mensaje del Poder Ejecutivo, a través del cual se remite el informe final sobre la intervención realizada en la Municipalidad de Ciudad del Este. La convocatoria se da en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Nacional y la legislación vigente”, escribió Latorre en X, donde dio a conocer sobre la convocatoria.

Cabe mencionar que la Comisión Especial de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este emitió dos dictámenes, en uno de ellos y por mayoría de sus miembros recomendaron la destitución del actual intendente suspendido, Miguel Prieto. Está en manos del pleno de la Cámara de Diputados definir el futuro de la comuna esteña.

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La intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este fue realizada tras una denuncia realizada por la Contraloría General de la República, que señaló indicios de irregularidades cometidas por Prieto, entre ellas, adjudicaciones y transferencias sospechosas y un posible perjuicio a las arcas del municipio.

El interventor Ramón Ramírez detectó en la Municipalidad de Ciudad del Este un desvío de más de G. 42.000 millones destinados a obras, así como rendiciones duplicadas, facturas clonadas y millonarios anticipos sin avances reales en proyectos, como la remodelación de plazas.

También halló irregularidades en el uso de combustibles, con cargas injustificadas, además de un manejo indebido de fondos rotatorios utilizados casi en su totalidad para gastos gastronómicos. Asimismo, cuestionó adjudicaciones por más de G. 30.000 millones realizadas días antes de la intervención.

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“Primero hay que mirar lo que hay detrás, es una jugada de mafiosos, violentaron una institución pública, una institución municipal, no les importó destrozar la intendencia, evidentemente eran gente comprometida con el oficialismo municipal”, así inició su conferencia de prensa el interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, tras las denuncias de atropello, robo de equipos informáticos e incluso la instalación de micrófonos en la sede municipal.

Señaló que se suman varias situaciones en este proceso de intervención a la administración de Miguel Prieto, como el atropello, la instalación de micrófonos, incluso amenazas contra su persona.

“Este hecho ahora, el amedrentamiento con el acta notarial, yo tengo amenazas, yo muchas cosas no publiqué tratando de blindar técnicamente y que la discusión no vaya por otro lado, yo recibí amenaza de muerte en mi teléfono, que puse a conocimiento de la Fiscalía”, contó Ramírez.

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Mientras tanto, aseguró que, a sabiendas de la delicadeza y las consecuencias del proceso de fiscalización, se realizó un trabajo detallado y técnico, lo que fue presentado en el informe final, al que calificó como irrefutable.

“El trabajo técnico tuvo presiones de ambos lados, pero garantizo que el resultado fue técnico, en eso, este interventor y este equipo, estamos muy seguros que el dictamen está a toda prueba. Esta situación tiene muchas connotaciones de índole política, en todo momento, siempre la intervención trató de blindarse de ese tema, las presiones venían de ambos lados, nosotros sabíamos y estábamos preparados”, mencionó.

Por otra parte, se refirió a la situación de los funcionarios municipales que abandonaron sus funciones, en su gran mayoría son adherentes de Prieto e incluso fueron los protagonistas de la violenta movilización en la sede municipal al término de la intervención, el pasado 14 de agosto.

“Estamos viendo los temas legales porque todos los funcionarios abandonaron el cargo, no hay ningún funcionario en su puesto, eso es un delito porque ellos no declararon ninguna huelga, la mayoría está por presiones de quienes en unos días van a volver a la administración municipal, pero es una situación irregular, hasta ilegal”, apuntó.

Refirió que, en el caso de una huelga, el mecanismo es de comunicar al Ministerio de Trabajo, lo que tampoco se realizó. “Hoy la ciudadanía está sufriendo, los contribuyentes están sufriendo, los servicios no se están dando, ellos mismos no están pudiendo cobrar sus salarios porque el personal administrativo no está en su lugar de trabajo. No puedo declarar una huelga ilegal porque no existe ninguna huelga, aquí la figura es el abandono de cargo”, dijo el interventor.

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