El abogado penalista, Ricardo Preda, dejó en claro que la Contraloría General de la República (CGR), tiene facultades constitucionales para pedir la intervención al Poder Ejecutivo, a las municipalidades, cuando existen indicios de hechos punibles, sostenidos en dictámenes elaborados por esta institución.
“El artículo n.° 2 de la ley n.° 317/1994 por lo menos deja sin lugar a dudas de que la Contraloría tiene la facultad de solicitar al Poder Ejecutivo que inicie ese trámite, lo que no quiere decir que esta institución defina que se va a hacer esa intervención o no, ahí va a intervenir el Ministerio del Interior y luego va a necesitar el acuerdo de la Cámara de Diputados", explicó.
En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el abogado recordó que las intervenciones tienen un componente político, dado que la Cámara Baja debe aprobar dicha solicitud, no obstante eso no cambia el hecho de que el ente contralor pueda hacer esa solicitud, independientemente de lo que se resuelva en los otros estamentos.
El artículo n.° 165 de la Constitución Nacional establece que los gobiernos municipales y departamentales pueden ser intervenidos por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Cámara de Diputados, también en casos de solicitud de la Junta Municipal o de desintegración de la misma, la tercera opción es por graves irregularidades con previo dictamen de la Contraloría General de la República.
“La reglamentación de ese artículo, es la ley n.° 317 de 1994 y en su artículo n.° 2 aborda los casos de intervención, que incluyen los hechos señalados directamente por la Contraloría con dictamen y a solicitud de esta, es decir, le da la facultad a la Contraloría de solicitar la intervención, obviamente luego hay otros trámites que se deben seguir, pero de que la Contraloría puede solicitar, sí lo puede", recalcó.
Las aclaraciones de Preda se dan en medio del reciente pedido de la Contraloría, anunciado por el propio contralor Camilo Benítez, a intervenir las municipalidades de Asunción y de Ciudad del Este ante indicios de hechos punibles. Todo esto luego de una investigación llevada a cabo por la mencionada institución y la emisión de dictámenes al respecto.
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