Miembros de la comisión especial de carácter transitorio para investigar los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, acudieron hasta el Ministerio de Defensa Pública, con el fin de exponer una serie de dificultades que atraviesan las víctimas para acceder al servicio de defensa legal.
Entre los principales obstáculos que fueron expuestos al defensor general, Javier de Jesús Esquivel González y al defensor adjunto civil, Edgar Ríos, se encuentra el hecho de que las víctimas del interior del país deban trasladarse hasta la ciudad de Asunción, incluso en los casos donde enfrentan embargos en varios juzgados, ubicados en diferentes ciudades y alejados entre sí.
Para acceder a la representación legal gratuita, las víctimas deben acudir presencialmente a cada una de las sedes de Defensoría, presentar dos testigos con sus respectivas cédulas autenticadas en cada juicio y, en muchos casos, se les exige certificados de vida y residencia, requisitos considerados innecesarios por los parlamentarios.
Otro punto mencionado fue que se exige a las víctimas del esquema fraudulento gestionar por sí mismas copias de los expedientes, lo cual representa una carga adicional.
Además, los miembros de la comisión especial del Senado informaron que se detectaron casos en que se les niega la asistencia bajo el argumento de que el servicio solo está destinado a personas de escasos recursos, desconociendo que muchas de las víctimas, a pesar de contar con un salario, tienen embargado más del 50 % de sus salarios.
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Los senadores informaron al Ministerio de Defensa Pública, que uno de estos casos fue relatado por una víctima atendida en la localidad de Yuty, departamento de Caazapá, donde se les habría informado que al ser asalariada no califican para recibir representación.
Durante el encuentro también se remarcó que existen defensores que solo reconocen el esquema de la mafia de los pagarés en los juzgados de Paz, pese a que existen denuncias documentadas en juzgados de Justicia Letrada y de Primera Instancia.
Los parlamentarios Rafael Filizzola, José Oviedo e Ignacio Iramaín expresaron su preocupación por el desconocimiento que aún persiste en algunas sedes de la Defensa Pública respecto al alcance de las funciones de la comisión especial, así como por críticas realizadas por funcionarios de esa institución por el involucramiento del Senado en este tema, incluso en presencia de víctimas acompañadas por funcionarios de la cámara.
Ante todas estas observaciones, la Defensoría Pública asumió el compromiso de establecer un instructivo para destrabar las barreras burocráticas y mejorar la atención a las víctimas en todas sus sedes, igualmente mantener el diálogo y el intercambio de información.