El director de Financiamiento de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, indicó que la medida cautelar presentada por una empresa en el marco del proceso de licitación de las máquinas de votación, ya estaría siendo definida la próxima semana.

Una empresa había presentado la medida cautelar ante el Tribunal de Cuentas, que la hizo lugar; esta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por lo que el proceso se encuentra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Creemos nosotros que, si esta cuestión se soluciona en el transcurso de la próxima semana, y estamos confiados que va ser así, porque actualmente esta medida cautelar está en estudio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tenemos conocimiento que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas contestó inmediatamente el traslado que se corrió con respecto a la medida cautelar”, indicó en entrevista al programa Cara o Cruz.

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Detalló que también ya se corrió traslado a la parte actora, y esta contestación ya se estaría dando la próxima semana para responder. “A partir de ahí creemos nosotros en la celeridad que van a imprimir los miembros de la Corte que integran esta Sala Penal”, refirió el alto funcionario electoral.

Por otra parte, mencionó que, a raíz de esto, el proceso licitatorio se encuentra parado. “Fuimos superando y salvando cada una de las etapas, cada una de las observaciones y creímos nosotros que ya estábamos encaminados como para la apertura de sobres, de la recepción de sobres que tuvimos y después de esto teníamos que pasar ya a la verificación técnica de las máquinas de votación y posterior recomendación del Comité de Evaluación al máximo órgano electoral”, manifestó.

Actualmente, el proceso está parado en la etapa de evaluación cualitativa de los documentos presentados por las empresas, una vez que se destrabe en la Sala Penal se debe pasar a la revisión técnica, donde cada empresa presentó cinco muestras de las máquinas que pretenden ofrecer.

“Nosotros tenemos que hacer pruebas de funcionalidad, es decir, pruebas de votación, si la batería resiste, tenemos que ver todo lo relacionado al secreto del voto, de que el voto no pueda ser tasable, que es algo muy importante y a todos los requisitos de la Constitución Nacional y las leyes”, sentenció.

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El diputado José Rodríguez presentó ante la Cámara Baja un proyecto de ley que plantea la creación de una cuenta única en el Banco Nacional de Fomento (BNF) para destinar los recursos provenientes de las salidas alternativas al proceso penal establecidas en el Código Procesal Penal.

Según la propuesta, esta cuenta sería habilitada exclusivamente para recibir los montos que fiscales y jueces determinan como medidas reparatorias o donaciones dentro del marco de los procesos penales, actualmente dirigidos a diversas entidades. El objetivo es centralizar estos fondos para lograr una administración más eficiente y transparente.

El legislador explicó que la implementación se haría inicialmente en Asunción, Central y las cabeceras departamentales del país. Las compras previstas con los recursos recaudados se realizarían bajo la modalidad de excepción, buscando agilizar los procesos de adquisición.

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Rodríguez indicó que la cuenta sería administrada por el Banco Nacional de Fomento, con controles del Congreso Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los fondos recaudados serían distribuidos en cuatro ejes.

Un 25 % se destinaría al fortalecimiento de programas deportivos barriales y actividades extracurriculares en instituciones educativas. La Secretaría Nacional de Deportes estaría a cargo de la ejecución de estos recursos, con el propósito de dotar a niños y jóvenes de materiales como pelotas, redes y otros elementos deportivos.

Otro 25 % sería asignado a la compra de combustibles y mantenimiento de motocicletas del grupo Lince. “Normalmente el combustible es insuficiente”, señaló el diputado. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) recibiría el 25 % para destinar a la reparación de escuelas y centros educativos públicos.

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Por último, el Ministerio de Salud también será beneficiado con un 25% de los recursos que deberán ser destinados al Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones. La iniciativa será estudiada en varias comisiones, entre ellas, Asuntos Constitucionales, Legislación, de Presupuesto, entre otras.

El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, estima que todavía se tiene un ajustado plazo para cumplir con el calendario previsto para la adquisición de las máquinas de votación, proceso que en este momento está paralizado por una medida cautelar presentada por una empresa que no está en competencia. Caso contrario, la demora para este año obligaría a renegociar el presupuesto no ejecutado para este compra.

“Teniendo en cuenta lo último que sabemos, que es la suspensión decretada por una medida cautelar, con respecto a los plazos estamos justos, pero creo que vamos a llegar”, dijo el funcionario, este miércoles, en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El proceso está trabado por una medida cautelar decretada por el Tribunal de Cuentas, segunda sala, a pedido de una empresa que protestó por un requisito de antigüedad en la provisión del servicio ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, la firma estuvo ausente del trámite convocado por la Justicia Electoral.

El funcionario electoral, explicó que la Sala Penal es el órgano o la instancia competente para entender el grado de apelación, que es en el momento, ya que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) apeló la medida cautelar resuelta u ordenada por el Tribunal de Cuentas, entonces esto sube a la Sala Penal y es esta instancia la que debe resolver. Este incidente, debe ser resuelto en la brevedad, de acuerdo al director electoral.

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“Para nosotros tiene que ser lo antes posible, ahora mismo estamos trabados en la verificación documental, pasado esto tenemos que trabajar en la verificación técnica de las muestras que presentaron. Cada empresa presentó cinco máquinas y tenemos que hacer las pruebas técnicas de esas máquinas, eso nos va a llevar una semana, una semana y media”, indicó Ruiz Díaz.

Posteriormente, el informe elaborado tras esta etapa, debe ser remitido al Comité de Evaluación, que volverá a evaluar y establecer qué empresas pasan a la segunda etapa, que es la apertura del sobre económico, y “eso lleva otra vez su tiempo”. Luego queda la etapa de la adjudicación de la empresa seleccionada para proveer las máquinas.

“Tenemos la etapa de adjudicación, donde se pueden presentar otra vez protestas, tenemos la firma de contrato y, a partir de ahí, se da la orden para la producción de máquinas de votación. Entonces, para nosotros también estos plazos que estamos perdiendo son los que nos van a faltar al final. Si recibimos las máquinas en el país, para noviembre o diciembre, estamos bien”, sentenció.

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El diputado y presidente de la Comisión de Legislación, Jorge Ávalos Mariño, se mostró a favor de aumentar las penas para adolescentes que cometan delitos graves. No obstante, aclaró que la problemática requiere un análisis integral debido a su complejidad.

“El problema es mucho más complejo que un simple aumento de las penas, pero en principio estoy de acuerdo. Aclaro que no solucionará la problemática, se necesita de un análisis integral desde el punto de vista de la educación, prevención“, dijo a la 1140 AM.

Las afirmaciones de Ávalos Mariño surgieron tras la media sanción de la Cámara de Senadores a la iniciativa que aumenta de 8 a 15 años la pena máxima para adolescentes que cometan delitos graves. El proyecto de ley deberá ser tratado próximamente en Diputados.

“Por algo se debe empezar, esto tiene que ser el punto de partida, pero insisto que es un tema complejo, tiene muchas aristas y debe ser encarado en todos sus aspectos para tener un resultado deseado. El proyecto que se llegue a sancionar en el Congreso Nacional, debe ser abarcativo, en donde se incluya todos los hechos punibles que son considerados graves. En Diputados vamos a analizar con detenimiento, profundidad y responsabilidad", comentó.

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El proyecto de ley surgió tras los crímenes que tuvieron por víctimas a un trabajador delivery en el barrio San Francisco de la ciudad de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez,en la localidad de Coronel Oviedo (Caaguazú), en que están sindicados menores de edad como presuntos autores.

Actualmente, el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.

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