El diputado Raúl Aguilera, presidente de la Comisión Especial de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, sostuvo que conforme al informe presentado por el interventor Ramón Ramírez se observan muchos "puntos oscuros" dentro de la administración del intendente suspendido Miguel Prieto. Aun así, espera que junto con sus colegas puedan emitir un dictamen objetivo.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador comentó que para este lunes 18 de agosto está prevista, a las 9:00, la reunión de la comisión especial de la Cámara de Diputados, a fin de iniciar el estudio del informe final remitido por el economista Ramón Ramírez.

“Hay muchos puntos oscuros y negros en la administración de Miguel Prieto; pero, por nuestra parte, vamos a hacer lo que corresponda. Vamos a tomar una decisión objetiva, yo confío mucho en la objetividad de los integrantes de la comisión y finalmente será la decisión de los 80 diputados que resolverá sobre el destino del intendente de Ciudad del Este”, expresó.

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Explicó que la ley no tiene establecido el plazo máximo para el estudio del informe; no obstante, señaló que desde el pasado jueves ya se socializó el informe a todos los miembros de la comisión especial para que lo puedan ir estudiando los volúmenes entregados por el equipo auditor.

“Eso depende de cada miembro, en mi caso, ya estoy leyendo y preparándome al respecto, para poder emitir una opinión el lunes. Realmente, no creo que se alargue mucho su estudio. Acá lo que el lunes se va a decidir, es que, si se dictamina o no ya sobre el informe”, comentó.

Aguilera dijo que será la mayoría lo que decida, si dictamina a favor o no de la destitución del intendente Miguel Prieto, podría salir un dictamen único, como se dio cuando se aprobó la intervención de Asunción; o dictámenes diferentes, a favor y otro en contra, ya sea en mayoría o minoría.

Indicó que esos dictámenes se pondrán a consideración de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, que luego decidirá si pone a consideración del plenario en sesión ordinaria o convoca a una extraordinaria para el efecto.

“El informe es bastante extenso, todavía no lo he podido terminar, pero en lo que ya leí se está corroborando todas las observaciones y denuncias que hizo la Contraloría General de la República. En el uso irregular de más de G. 29.000 millones, que era uso de gasto capital, que se usaron para transferencia de entidades sin fines de lucro, para obras, pero no tenían documentos respaldatorios fue corroborado por el interventor”, puntualizó.

Mencionó que también se corroboró que se usaron más de G. 10.000 millones que fueron transferido al Consejo local de Salud, entre el periodo 2019 y 2022, donde casi G. 6.000 millones no cuentan con respaldo suficiente sobre su uso. Destacó otras denuncias que fueron surgiendo como el caso de la caja paralela, denunciada penalmente por Ramírez ante el Ministerio Público; así como los estados contables que prácticamente no se pueden analizar porque no tienen consistencias.

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La Comisión Especial para el Monitoreo y Control de las Máquinas de Votación presentó este miércoles sus conclusiones y recomendaciones tras evaluar el sistema que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) prevé adquirir para futuros comicios. El presidente de la comisión, el senador Arnaldo Samaniego, informó que el análisis incluyó aspectos técnicos, operativos y de seguridad, así como las implicancias financieras de la operación.

“En cumplimiento de nuestras funciones, evaluamos integralmente las dimensiones técnicas y operativas del sistema de votación electrónica, con el objetivo de verificar su idoneidad para su implementación en los futuros procesos electorales”, declaró Samaniego.

El TSJE estima una inversión de USD 92 millones para la compra de los equipos, monto que incluiría el control total del hardware y software, disponibilidad permanente para auditorías y mayor soberanía tecnológica. En tanto, si se recurriera al arrendamiento, como en años anteriores, se tendría un menor costo inicial y actualización garantizada, aunque conlleva dependencia del proveedor y restricciones de acceso fuera del periodo contractual.

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En cuanto a la idoneidad técnica, la comisión concluyó que el sistema de votación electrónica con boleta única es “una opción tecnológicamente avanzada para modernizar el proceso electoral nacional”, según Samaniego, gracias a su diseño robusto, auditoría física y digital, y funcionamiento sin conexión externa.

Sin embargo, advirtió sobre riesgos como la manipulación mediante dispositivos externos, por lo que instó a adoptar medidas de seguridad alineadas con estándares internacionales, auditorías multipartitas y control permanente.

Entre las recomendaciones, manifestaron la necesidad de la realización de pruebas de penetración y hacking ético antes de la adquisición y previo a cada elección; la inclusión de técnicos de partidos, organizaciones ciudadanas y los parlamentarios en el desarrollo y evolución del software; y la incorporación de restricciones que impidan activar el programa oficial antes de la fecha y hora establecidas por ley.

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Asimismo, propuso que todos los documentos generados por las máquinas, boletines, actas y certificados, incluyan fecha, hora exacta e identificador único impreso, y que se implemente una cadena de custodia para hardware, software y documentos electorales, reforzando así la seguridad y legitimidad de los procesos.

El diputado colorado Miguel Ángel del Puerto señaló durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, que desde el movimiento “Yo Creo” ya no saben cómo tapar el “po pindá” o el “po kare” de su líder, el intendente suspendido Miguel Prieto. Esto, con relación a la denuncia penal presentada por el interventor Ramón Ramírez, que ha encontrado serios indicios de una caja paralela en la administración de la Municipalidad de Ciudad del Este.

Durante su alocución, el diputado Del Puerto señaló que justamente el intendente Prieto ha sido separado del cargo, mientras dura esta intervención, ante la sospecha seria de corrupción denunciada por la Contraloría General de la República.

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Al respecto, el legislador expresó en modo irónico que algunos de sus colegas en el plenario, que son amigos y aliados de Prieto, han minimizado el robo denunciado por el interventor, mediante la caja paralela.

“Para algunos colegas, esto ha sido un vyroreí que Miguel Prieto robe 75 milloncitos cada 24 horas. Es demasiado poco lo robado, entonces hay que perdonarlo, hay que dejar de lado, porque había sido es un robo menor”, sentenció.

Del Puerto cuestionó que cuando se “trata del chancho del propio chiquero”, entonces no es ningún ladrón, ni corrupto, ni po pindá, “solo desvía fondos, es malversación, upéa ichuchivé”, expresó. Lamentó que se busque usar términos más rebuscados, para que la gente no pueda entender que en el fondo son robos de recursos, ya que al final lo robado ha sido muy poco.

“Por eso, yo creo que estamos por buen camino. Hay que apostar a que las instituciones funcionen y que tengamos confianza que van a castigar, sea el corrupto que sea, sea la cantidad que robe. Siempre que sea un robo debe ser castigado y espero que los más de 1.000 millones que el Consejo de Salud local utilizó sin ningún permiso del Ministerio de Salud se pueda corroborar también”, acotó.

A su turno, el diputado Rodrigo Gamarra también se refirió al asunto señalando que en la Municipalidad de Ciudad del Este han montado toda una asociación para saquear y delinquir. Aseguró que no existe un plan para persecución política como busca plantear el equipo de Miguel Prieto.

“Un sistema delictivo, bien aceitado para saquear en familia y con amigos, parientes y hasta empresas fantasmas. Hemos visto como una pequeña empresa de minicarga recibía 400 millones de guaraníes del municipio con el mismo sistema del copetín de Tía Chela durante la pandemia”, indicó.

Remarcó que en este caso no se trata de hacer un juicio de valor político, sino de determinar un juicio de valor jurídico sobre el daño patrimonial que se viene causando a la ciudadanía, en especial a la gente de Ciudad del Este.

“Creo que acá lo que corresponde, antes que venga la sentencia, es que este delincuente de Miguel Prieto, por decoro por lo menos, renuncie, ponga el cargo a disposición y se ponga a disposición de la Justicia como corresponde”, concluyó.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, destacó la importancia de que el crecimiento económico del país se traduzca en mejoras concretas para las familias paraguayas. El legislador volvió a subrayar la necesidad de garantizar que la canasta básica incluya productos accesibles y de calidad e instó al sector empresarial a una actuación con responsabilidad social.

“Los precios han aumentado de manera considerable. Este es un llamado a los empresarios, es un llamado para la conciencia social, para que la prosperidad y el fortalecimiento económico que vive el país lleguen verdaderamente a todos los paraguayos”, expresó este lunes, previo al inicio de la sesión extraordinaria.

Seguidamente, destacó que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo trabajan de manera coordinada para dar respuestas ante la suba de precios. “Es importante que pongamos muchísima atención a esta situación y vamos a trabajar desde la Cámara de Diputados en tal sentido”, sentenció el congresista.

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En otro momento, el presidente Latorre valoró las iniciativas de las empresas que ya han puesto a disposición productos esenciales, como la carne, a un menor precio, teniendo en cuenta coyunturas. “Felicitamos este tipo de iniciativas que tienen un claro contenido de responsabilidad social”, sostuvo.

Por otra parte, el diputado Latorre aseguró que todas las denuncias e informes presentados por los interventores de los municipios afectados serán tratados “con la mayor seriedad”, en la línea de los preceptos constitucionales y el respeto al trabajo de las comisiones correspondientes.

Dijo que la postura será firme en la defensa del patrimonio de los paraguayos, sin importar si los casos corresponden a Asunción, Ciudad del Este o cualquier otra ciudad; “y sin distinción del signo político del intendente”.

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Recordó que el Movimiento Honor Colorado, al que pertenece, mantuvo coherencia en su actuación, votando a favor de las intervenciones tanto de Ciudad del Este como de la capital del país, al considerar que existían causales suficientes.

Destacó que, además de su rol como custodio de la Constitución y promotor de un espacio abierto al debate parlamentario, mantendrá el compromiso de la objetividad mientras dure el proceso.