El senador José Oviedo se refirió al planteamiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), consistente en la realización de una cumbre de poderes con la finalidad de impulsar una nueva ley de financiamiento político con miras a las futuras elecciones. El dirigente opositor consideró que la propuesta debe ser extendida a los partidos y movimientos con representantes en el Congreso Nacional.
En una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, el legislador indicó que impulsar una reforma integral de la normativa amerita una participación amplia para elaborar un “texto consensuado y aprobado por ley”.
No obstante, señaló que la norma del financiamiento político no es el único tema electoral que debe ser abordado en una cumbre de poderes. “Nosotros por ejemplo tenemos una lista de modificaciones que queremos hacer, apuntando principalmente a la transparencia y la trazabilidad”, remarcó.
Oviedo recordó que junto a su colega Rubén Velázquez había presentado el proyecto de ley que modifica y amplía varios artículos de la Ley 834/96, con la finalidad de incluir la identificación biométrica para garantizar la integridad del proceso electoral. Mediante la iniciativa presentada en agosto del pasado año se apunta a evitar el voto doble y el voto en nombre de fallecidos y ciudadanos que se encuentran en el extranjero.
“También es necesario un mejor control de las máquinas de votación, tener acceso al código fuente por parte de los equipos técnicos de cada partido para un mejor control. Esperamos que nuestro pedido sea tenido en cuenta, debemos cuidar el voto, la expresión de la voluntad popular”, dijo.
La intención del organismo electoral es concretar una reforma integral de la Ley de financiamiento político, que tiene como objetivo evitar el uso del dinero sucio en las campañas electorales. Desde el TSJE también señalan que la cumbre de poderes debe contar con la participación de las autoridades del Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Antecedentes
La normativa que regula el financiamiento político fue promulgada en febrero del 2020. Establece que los candidatos a elecciones municipales y generales deben presentar sus declaraciones de ingresos y egresos al iniciar y finalizar sus campañas. También se incluye a la Secretaría de Prevención del Lavado (Seprelad) para el control del dinero utilizado en las campañas políticas.