El tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos, Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dio continuidad este lunes al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El tribunal definió sobre los incidentes planteados tanto por el Ministerio Público, parte acusadora, como de la defensa de Prieto y los demás acusados en el caso conocido como Tía Chela.

La acusación es por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales con la distribución de kits de alimentos en época de la pandemia, por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando Prieto era intendente.

Uno de los incidentes planteados por la Fiscalía es una nota del 28 de marzo del 2020, que ya se encontraba en la carpeta fiscal, en este caso se presentó el pedido de solicitar informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), sobre el cambio de productos incluidos en el kit de alimentos.

“El tribunal, al haber constatado la existencia de la referida nota, que ya obraba en la carpeta fiscal, no se configura en la circunstancia de hecho nuevo invocado por el Ministerio Público como fundamento de su petición. En consecuencia corresponde rechazar la inclusión de los informes solicitados”, fue la respuesta del tribunal.

Agrega que, “no obstante, si en el transcurso del debate el Tribunal considera necesario de contar con algunos de los dichos informes, pueda disponer la solicitud de los mismos conforme a las facultades que le confiere el artículo 394 del Código Procesal Penal, como medida de mejor proveer”.

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El tribunal también se expidió sobre el pedido de incluir la declaración testifical del director de la DNCP, Agustín Encina. “Debe señalarse que la prueba testimonial tiene por objeto incorporar al juicio el conocimiento que una persona posee respecto a hechos o circunstancias que ha percibido y que guarda relación con el objeto del proceso. Este tribunal advierte que el Ministerio Público no señaló concretamente hecho u objeto del presente juicio había conocido el señor Agustín Encina, ni que el mismo haya tenido intervención directa en las circunstancias fácticas contenidas de la acusación”, mencionan.

Mientras tanto, el tribunal señala que “al fundamentar su pedido el Ministerio Público sostuvo que su declaración resulta necesaria por tratarse de un testigo calificado y experto que podría responder consultas sobre la pertinencia de la nota del 28 de marzo del 2020 sobre su regularidad o irregularidad y explicar si resulta factible ese tipo de procedimientos en materia de contrataciones públicas. Se rechaza dicha incidencia”.

Sobre la inclusión probatoria de 28 enlaces o links correspondientes a publicaciones realizadas en redes sociales que habían sido ofrecidas durante la audiencia preliminar y que no habían sido admitidas por el juzgado penal de Garantías, correspondientes a publicaciones y registros audiovisuales vinculados, entre otros aspectos con la adquisición, preparación y entrega de los kits de alimentos y publicaciones de medios periodísticos, el tribunal considera que corresponde diferir sobre su resolución.

La defensa dividió la solicitud en dos grupos, el primer grupo cuatro personas, “se sustentó en hechos nuevos señalando que dichas personas fueron localizadas pocos días antes del inicio del juicio, las mismas se encuentran individualizadas entre las 25 personas mencionadas en el informe y sus declaraciones permitirían establecer si se recibieron los kits de alimentos, si las firmas obrantes en las planillas les pertenece, y dónde residía al momento de los hechos, así como confrontar tales circunstancias con el contenido del informe”.

Por lo que el tribunal definió que “sus testimonios pueden resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos y para la elaboración del elemento probatorio, razón por la cual corresponde admitirlos”. De igual manera admitió los 56 testigos, ofrecidos por la defensa en un segundo grupo, que no fueron admitidos por el juzgado penal de Garantías, fueron seleccionados de una nómina de 126 personas, afectadas a la preparación y distribución y entrega de los kits de alimentos en distintos.

“Será durante el debate del juicio cuando podrá determinarse si resulta necesaria la declaración de los testigos admitidos, pudiendo prescindirse de aquellos cuyos testimonios resulten repetitivos o sobreabundante”, definió el tribunal.

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Por otra parte, el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa, de utilizar las redes sociales del exintendente para la transmisión del juicio, argumentando que los canales institucionales de la Corte y los diferentes medios de comunicación ya están transmitiendo cumpliendo el principio de publicidad.

En la mañana de este lunes se reanudo el juicio oral al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en la causa conocida como Tía Chela.

El exjefe comunal esteño enfrenta juicio oral y público por lesión de confianza y asociación cri­minal tras el presunto des­vío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales. Este proceso representa un paso crucial para el Ministerio Público, que busca una sentencia conde­natoria ejemplar ante la gra­vedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del Este.

En el Día Internacional de Cooperación Policial, el comisario Carlos Dure, jefe del Comando Tripartito, destacó hoy los resultados alcanzados con la operación Conexión Armadillo que permitió la captura de personas ligadas a organizaciones criminales.

“La operación Armadillo es una articulación realizada con la Policía Federal de Brasil, específicamente de la Policía de San Pablo, con relación a la búsqueda de personas con captura vinculadas a organizaciones criminales, principalmente al Comando Vermelho”, expresó este lunes en conferencia de prensa.

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) dio a conocer su informe de gestión actualizado a julio, en el cual se puede apreciar el gran incremento en los desembolsos realizados, especialmente en dólares. Sobre el total, el sector de la vivienda sigue teniendo la mayor participación.

Acumulados, al cierre del séptimo mes del ejercicio, los desembolsos alcanzaron G. 2,4 billones, ante los G. 1,68 billones del mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento del 42 %.

A punto de cumplirse seis años del secuestro del exvicepresidente Óscar Denis por parte del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), su hija Lorena volvió a pedir el apoyo de la ciudadanía. La familia reiteró su llamado a los miembros de la banda armada para que aporten datos que permitan dar con su paradero.

“A dos días de cumplirse 6 años, es mucho tiempo para una familia y es mucho tiempo para que el Estado no nos de una respuesta definitiva. Creo que es el momento que usen todas las herramientas para buscar y encontrar a estos tres paraguayos que siguen secuestrados. Mi papá, en dos días se cumplen 6 años de su secuestro, pero las familias de Edelio (Morínigo) y de Félix (Urbieta) están hace años buscando a sus seres queridos”, señaló Lorena a Unicanal.

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2027 fue remitido al Congreso Nacional y sus números son públicos. Al respecto, el economista Jorge Garicoche valoró el documento considerando que aporta mayor sinceridad, sobre todo en lo que hace al déficit fiscal, que rondaría el 3,9 %; sin embargo alertó sobre un posible dólar bajo y sus implicancias en los ingresos.

El profesional conversó con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media y explicó que, de acuerdo con sus proyecciones, y de otras fuentes consultadas, el dólar estará en torno a los G. 6.200 el próximo año, cifra inferior a los G. 6.450 consignada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El director del Hospital Nacional de Itauguá, Miguel Ferreira, detalló que el exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, se encuentra con pronóstico reservado tras ser hallado ayer domingo inconscientemente en su lugar de reclusión en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, localizada en el barrio Tacumbú de Asunción.

“Hugo Javier está con un cuadro muy delicado, con pronóstico reservado, está intubado, con asistencia mecánica respiratoria y los métodos auxiliares del diagnóstico nos dirá cuál será la terapéutica definitiva para él”, expresó Ferreira este lunes a los medios de comunicación.

“La salud es prioridad para el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña”, dijo la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, quien abogó al gremio médico del sector público por una mayor flexibilidad en las negociaciones que son encaradas en el marco del reclamo de un reajuste salarial generalizado.

“Yo confío en que los negociadores de la huelga en la mesa que abrirá el Ministerio del Trabajo tendrán la suficiente luz para entender lo que proponemos. En su época hubo negociaciones con los docentes y cualquier tipo de incremento fue progresivo, pero lo que no queremos es que esto tenga un efecto arrastre, porque se empezará a pedir y ahí el Estado puede llegar a complicarse”, afirmó la secretaria de Estado al programa “Cara o cruz” de Unicanal.

La defensa de Prieto insistió que declaren más de 50 testigos, situación que ya fue rechazada en la audiencia preliminar y confirmada inclusive en la cámara de apelación.

Con una nueva acusa­ción por corrupción relacionada a un per­juicio patrimonial millonario, este lunes sigue el primer jui­cio oral contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por un mega­negociado en la compra de kits de alimento que ocasionó G. 2.130 millones a la comuna esteña en el caso conocido como Tía Chela.

La audiencia oral seguirá con la contestación de los inciden­tes de los acusados por parte del Ministerio Púbico. Luego se presentarán los alegatos inicia­les de la Fiscalía donde se ten­drá que sostener la acusación y describir los hechos irregula­res del presente proceso penal.

Días atrás la defensa de Prieto insistió que declaren más de 50 testigos, situación que ya fue rechazada en la audiencia pre­liminar y confirmada inclusive en la cámara de apelación.

El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto fue acu­sado por lesión de confianza por un perjuicio de G. 757 millones. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes finan­ciadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná. De acuerdo con la investigación fiscal, Prieto habría ordenado diez transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inver­sión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.

Estas transferencias fue­ron ordenadas por la inten­dencia municipal mediante resoluciones emitidas por el entonces jefe comunal. Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin con­tar con los dictámenes per­tinentes que certificaran la ejecución efectiva de los tra­bajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los mecanis­mos legales previstos.

Asimismo, Prieto deberá afrontar un segundo juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en el denominado Caso Tajy, donde se investiga un daño patrimonial superior a los G. 300 millones. La elevación de esta causa fue resuelta por el juez penal de Garantías Humberto Otazú.

La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este analiza una nueva denuncia por presunto daño patrimonial en la administración del exintendente Miguel Prieto, que está comenzando a salir a la luz gracias al reclamo de los ciudadanos. En este caso tiene que ver con el proyecto de construcción de cinco “Plazas Vivas”, o “plaza modelos”, que fue adjudicado por el exintendente poco antes de que sea destituido del cargo y ejecutado por sus sucesores aliados.

Al respecto, el abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana, explicó que en el contrato que figura en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con ID 445444, realizado por la Unidad de Contratación de Ciudad del Este por sistema de Adjudicación de lotes, es por un monto total de 20.607.545.199 guaraníes, fue adjudicado en junio del año 2025 debiendo haber culminado en 180 días o a fines de diciembre del 2025, pero recién este año se inauguraron 2 de las 5 plazas previstas.

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Indicó que hicieron un análisis preliminar del contrato y detectaron que los precios cuestionados en varios ítems tienen diferencias de hasta 526 % frente a referencias de mercado y elementos que no fueron ejecutados, porque no se encuentran en las plazas ya inauguradas.

Sánchez explicó que la licitación para la construcción de las plazas fue adjudicada durante la administración de Miguel Prieto, mientras que la ejecución y los pagos se desarrollaron durante las gestiones posteriores en la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Estamos notando un daño patrimonial severo, porque más o menos se está calculando, con relación al tema de mediciones, para ser contundente, pero los precios que se encontraron, viendo el contrato, que solamente figura la descripción del ítem y el precio global, pero no figura cantidad de metros cuadrados, ni la dimensión, no hay ningún elemento que en este caso pueda corroborarse con el precio que figura en el documento”, explicó.

Mencionó que desde Contraloría Ciudadana analizan los documentos y se prepara una denuncia por presunto daño patrimonial, que será presentada ya posterior a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, porque no quieren que este tema sea utilizado como supuesto ataque electoral.

“Estamos preparando la denuncia para presentar ante la Fiscalía; vamos a esperar que termine este proceso electoral, para que no digan que es supuestamente una cuestión electoral. Aclaro, nosotros en la Contraloría Ciudadana no tenemos ningún vínculo ni político, ni mucho menos electoral con ninguno de los gobiernos”, precisó.

Mencionó que en la organización están personas afiliadas al Partido Colorado, al Partido Liberal; incluso gente de Patria Querida, Cruzada Nacional y otros que fueron aliados de Miguel Prieto en su momento, pero luego tomaron distancias al observar las graves irregularidades de su gestión.

El abogado Sánchez, explicó que luego de recibir los reclamos de los vecinos de los barrios donde se están proyectando estas plazas, comenzaron a revisar los documentos del contrato y comparar los precios de mercado.

Tomando solo el caso del Parque Viva del barrio Pablo Rojas, encontraron que al solicitar un presupuesto de una empresa china proveedora del parquecito o juegos infantiles con tobogán gigante, similar al que fue colocado en esta plaza, el presupuesto que dispuso Prieto para la compra de este parque y juego infantil de procedencia china fue por un monto de 532.643.760 guaraníes.

“Cuando hicimos las consultas el presupuesto que me pasaron fue de más o menos 85 millones de guaraníes, que ya incluye mano de obra y colocación. Incluso, el que me pasaron fue más grande que ese parque que está en el Pablo Rojas. Pero ellos hicieron en este caso que el costo sea de 532 millones de guaraníes, una verdadera locura”, cuestionó.

Otra de las cuestiones que llamó la atención al momento de analizar el contrato, es que figuran varios ítems que debían ser ejecutados o entregados, pero que al observar en las plazas no se encuentran esos elementos presupuestados.

“Por ejemplo, ítem 76, dice: colocación de carrusel en el parquecito, presupuesto G. 7.108.200, pero no existe el carrusel, la famosa calesita. También dice: mesada y bancos de hormigón armado; pero en el lugar no existe ninguna mesada de hormigón armado; pero, sin embargo, se pagó también, que figura en el contrato firmado que deberían entregarse y no se entregó”, acotó.

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