El senador Derlis Maidana se refirió a la propuesta del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), consistente en la realización de una cumbre de poderes con la finalidad de impulsar una nueva ley de financiamiento político con miras a las futuras elecciones. El legislador considera urgente concretar una normativa que permita un proceso electoral más participativo y equitativo.

“Según manifestó el director financiero del TSJE, a ellos les es muy difícil aplicar eficientemente la ley por la cantidad de disposiciones legales vigentes que están dispersas. Partiendo de esta justificación y teniendo en cuenta que en la Cumbre anterior se estableció la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción donde esta ley es una de las más importantes; considero que es muy válida la propuesta“, indicó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

La intención del organismo electoral es concretar una reforma integral de la Ley de financiamiento político, que tiene como objetivo evitar el uso del dinero sucio en las campañas electorales. Desde el TSJE también refieren que la cumbre de poderes debe contar con la participación de las autoridades del Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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“Después de tantos casos que atentan a la credibilidad principalmente de los políticos qué representamos a la ciudadanía es fundamental proporcionar todas las herramientas legales que quienes aplican las leyes deben tener para hacer efectivo el Control del Financiamiento Político esto permitirá un proceso electoral más participativo y equitativo, donde más candidatos se animen a participar y por supuesto garantizará más transparencia”, puntualizó Maidana.

La normativa que regula el financiamiento político fue promulgada en febrero del 2020. Establece que los candidatos a elecciones municipales y generales deben presentar sus declaraciones de ingresos y egresos al iniciar y finalizar sus campañas. También se incluye a la Secretaría de Prevención del Lavado (Seprelad) para el control del dinero utilizado en las campañas políticas.