El quiebre de la primera cadena de islas (especialmente a través de Taiwán) es el verdadero “punto de no retorno” geopolítico y militar en Asia Oriental, con gran posibilidad de expandirse al resto del mundo.

• Por Juan Carlos Dos Santos G.
• Editor y columnista internacional
• Fotos Gentileza

Con una China Popu­lar tomando el con­trol del territorio de la actual República de China (Taiwán), ya no estaríamos hablando de una super­potencia contenida en sus mares adyacentes, sino de una con proyección global apuntando al dominio eco­nómico, comercial, militar e incluso cultural de la región del Pacífico.

Para Beijing, la primera cadena de islas es actual­mente una soga al cuello impuesta por Occidente desde la Guerra Fría. Si esa cadena se rompe por Taiwán, el objetivo de Xi Jinping cam­bia de la defensa perimetral a la proyección ofensiva total.

Actualmente, los subma­rinos nucleares chinos son fácilmente detectables por­que tienen que cruzar cana­les estrechos y poco profun­dos controlados por EE. UU. y sus aliados (como el estre­cho de Miyako en Japón o el canal de Bashi en Filipinas). Con el territorio taiwanés bajo su control, la costa este de la isla ofrece fosas oceá­nicas profundas inmedia­tas. Los submarinos chinos podrían salir directamente al Pacífico sin ser detecta­dos, amenazando al territo­rio continental de EE. UU. aportando una disuasión nuclear extra.

El comercio de energía y bie­nes de Japón y Corea del Sur pasaría a estar bajo la “llave” de Beijing. Xi Jinping obten­dría un poder de control económico absoluto sobre la región.

Si la primera cadena cae, la segunda cadena de islas se con­vierte automáticamente en la nueva línea de frente, aunque la situación ya no será la misma que la actual nunca más.

Esta cadena geográfica corre en paralelo unos 1.500 a 2.000 kilómetros más al este. Está integrada princi­palmente por las islas Oga­sawara y Volcano (Japón), siendo este el extremo norte de la cadena.

El corazón logístico y militar de esta cadena lo componen las islas Marianas (Guam y Saipán - EE. UU.), Palau, un estado asociado con EE. UU., siendo el norte de Indonesia, el extremo sur de esta línea geográfica, tan difusa como estratégica.

Hacia allí apuntaría la pre­sión china. El proyecto de la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN, por sus siglas en inglés) sería empu­jar desde la primera hasta la segunda cadena, usando misi­les hipersónicos (hay uno al que denominaron el Asesino de Guam) y sus nuevos portaa­viones para mantener a EE. UU. fuera del mar de Filipinas.

En este escenario hipoté­tico, el rol de EE. UU. sufre una metamorfosis forzada y pasa del estado de conten­ción actual al del repliegue forzoso, pues ya no podría usar a Taiwán como un tapón defensivo.

La isla de Guam pasaría de ser una base de apoyo de retaguardia, como lo es hoy, para convertirse en la pri­mera línea de fuego expuesta. EE. UU. se vería obligado a dispersar sus fuerzas en la Micronesia profunda y el norte de Australia para evitar que un solo ataque con misi­les destruya su flota.

Vale recordar que todas estas perspectivas son supuestas a partir de una hipotética ane­xión de la actual República de China (Taiwán), ya sea por acuerdos políticos o por la fuerza.

Llegado a esta situación, no importa si sucede mañana o dentro de 50 años, todos se preguntarán lo mismo: Was­hington ¿no pudo o no quiso salvar a Taiwán?, ¿realmente irá a una guerra nuclear por proteger Tokio o Manila? Esto forzaría a EE. UU. a renegociar sus tratados desde una posición de debilidad.

El impacto para los aliados de la primera cadena que que­den “en pie” sería asfixiante, pero para Japón sería una amenaza existencial.

Filipinas quedaría flan­queada por el norte (Taiwán controlado por China) y por el oeste (el mar de la China Meridional militarizado). Manila perdería por com­pleto el control de su zona económica exclusiva y se vería obligada a someterse a una neutralidad forzada bajo la órbita de Beijing, debido a la imposibilidad de que EE. UU. la defienda de manera efectiva.

Pude observar, durante mi estadía en Okinawa y luego de escuchar las exposiciones de algunos altos jefes milita­res de las Fuerzas de Autode­fensa, cómo la defensa japo­nesa está hoy obsesivamente volcada hacia el suroeste (las islas Nansei/Ryukyu). Si Tai­wán cae, esa estrategia que­daría obsoleta.

La prefectura de Okinawa y la base aérea estadounidense de Kadena, la más grande que EE. UU. posee fuera de su territorio continental, que­darían a tiro de piedra de un Taiwán militarizado.

El 90 % de la energía que consume Japón pasa por las aguas que rodean a la isla de Taiwán y si China controla ese espacio, puede cortar los suministros vitales de Japón con un bloqueo silencioso, sin disparar un solo misil contra territorio nipón.

Al perder la garantía de segu­ridad absoluta de EE. UU., Japón se enfrentaría al debate más traumático de su historia moderna: rom­per su constitución paci­fista por completo y evaluar el desarrollo de su propio arsenal nuclear para disua­dir a China, transformando el balance de poder global.

La caída de la primera cadena de islas no es un evento geográfico; es el fin del orden internacional lide­rado por EE. UU. en el Pací­fico desde 1945. Si Taiwán es la puerta, la segunda cadena es la última muralla antes de que el Pacífico se convierta en un lago compartido obli­gatoriamente con Beijing. Por eso Taiwán dista mucho de ser solo un deseo de uni­ficación de China Popular o el anhelo de los semiconduc­tores. Hay muchísimo más en juego.

El Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), suscribió un contrato con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para la ejecución del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en Villa Hayes, convenio bilateral que permitirá garantizar un suministro más seguro, eficiente y sostenible.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, señaló que la firma del contrato representa la concreción de un proyecto largamente impulsado y una oportunidad para saldar una deuda histórica con la localidad de Villa Hayes.

“Mediante este proyecto se contará con una inversión alrededor de USD 17 millones, se garantizará el acceso a una de las necesidades más básicas de la población contribuyendo a una mejor calidad de vida de las familias, beneficiando a más de 50.000 personas", precisó.

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La representante residente de JICA en Paraguay, Chika Takahatake, enfatizó que esta iniciativa contempla la puesta en funcionamiento de componentes fundamentales como la captación de agua, una moderna planta potabilizadora, una línea aductora y sistemas avanzados de monitoreo que permitirán una operación eficiente y sostenible.

“Esto impactará de manera positiva y contribuirá al desarrollo sostenible de Villa Hayes”, afirmó Takahatake, que a su vez será fundamental para el desarrollo de la capital de departamento de Presidente Hayes.

Es de señalar que el emprendimiento contempla la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) con capacidad para producir 12.000 metros cúbicos por día, una aductora de agua cruda de aproximadamente 1,1 kilómetros y la incorporación de tecnología para optimizar el monitoreo y la operación del sistema, que permitirán responder a la demanda creciente de la ciudad.

“Estas mejoras permitirán aumentar la capacidad de producción y tratamiento de agua, mejorar la continuidad del servicio y responder con mayor eficiencia a la creciente demanda de la ciudad", resaltó Centurión.

La obra es financiada mediante una donación del Gobierno del Japón, canalizada a través de JICA, por un monto de 1.936 millones de yenes japoneses, conforme a lo establecido en la Ley N.º 6994/2022.

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El proyecto impulsado por el gobierno de Santiago Peña que plantea la fusión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) quedó sancionado en el Congreso Nacional a través del mecanismo de la sanción ficta o automática.

La propuesta será remitida al Ejecutivo para su promulgación o veto. La iniciativa tenía como plazo constitucional límite para su tratamiento en el Legislativo el 31 de mayo y debía ser analizada de vuelta por el Senado, luego de haber sufrido modificaciones por Diputados. Mediante la fusión de ambas institucio

nes estatales se apunta a optimizar gastos y centralizar la asistencia y protección consular, así como potenciar la capacidad operativa y eliminar la redundancia de funciones.

Con este proyecto, que forma parte del proceso de reorganización institucional, se impulsa dentro de la Cancillería la creación del Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales, una dependencia que contará con autonomía financiera y administrativa para ejecutar sus funciones.

Mediante esta propuesta, la Cancillería podrá promover programas de retorno voluntario, elaborar programas de registros de connacionales en el extranjero, coordinar asistencia para la reinserción laboral y social de quienes regresen al país, así como articular acciones con organismos internacionales, a través de sus embajadas y consulados.

El proyecto impulsado por el gobierno de Santiago Peña que plantea la fusión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) quedó sancionado en el Congreso Nacional a través del mecanismo de la sanción ficta o automática. La propuesta será remitida al Ejecutivo para su promulgación o veto.

La iniciativa tenía como plazo constitucional límite para su tratamiento en el Legislativo el 31 de mayo y debía ser analizada de vuelta por el Senado, luego de haber sufrido modificaciones por Diputados. Mediante la fusión de ambas instituciones estatales se apunta a optimizar gastos y centralizar la asistencia y protección consular, así como potenciar la capacidad operativa y eliminar la redundancia de funciones.

Con este proyecto, que forma parte del proceso de reorganización institucional, se impulsa dentro de la Cancillería la creación del Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales, una dependencia que contará con autonomía financiera y administrativa para ejecutar sus funciones.

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Mediante esta propuesta, la Cancillería podrá promover programas de retorno voluntario, elaborar programas de registros de connacionales en el extranjero, coordinar asistencia para la reinserción laboral y social de quienes regresen al país, así como articular acciones con organismos internacionales, a través de sus embajadas y consulados. Igualmente, cuenta con atribuciones específicas para asistir a compatriotas víctimas de trata de personas, violencia o situaciones de riesgo en otros países.

También se contempla la transferencia total de los activos de la secretaría a la Cancillería como bienes muebles, bienes inmuebles, recursos financieros, documentación institucional y programas en ejecución.

Además, permite a la Cancillería asumir competencias más amplias como diseñar y fiscalizar políticas de repatriación, coordinar la asistencia de paraguayos retornados y negociar acuerdos internacionales vinculados a la migración y retorno. Otra facultad será llevar los registros de paraguayos residentes en el exterior, coordinar programas de reasentamiento, gestionar asistencia a connacionales en situación de vulnerabilidad y expedir certificados de repatriación para acceder a beneficios legales.

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A la vez, estipula que todos los funcionarios permanentes de la Secretaría de Repatriados pasarán a integrar automáticamente el plantel de la Cancillería, garantizando la antigüedad, los derechos laborales adquiridos, los aportes jubilatorios y la continuidad administrativa de los cargos.

Sin embargo, no pasarán a formar parte del escalafón diplomático y consular, por lo que seguirán rigiéndose a la normativa aplicable a los funcionarios públicos de la administración central y no por el régimen especial de la carrera diplomática.

Los funcionarios contratados de dicha secretaría que quedará extinta mantendrán la vigencia de sus contratos bajo las condiciones establecidas hasta su vencimiento. En caso de promulgarse el proyecto de ley quedará erradicado el cargo de secretario ejecutivo de la Secretaría de Repatriados.

Por otra parte, la propuesta mantiene los incentivos destinado a fomentar el retorno de connacionales que hayan residido en el exterior durante al menos dos años consecutivos. El proyecto detalla que quienes cumplan con este requisito podrán ingresar al país, por única vez y libres de tributos.

Con relación al menaje de hogar, se establece hasta un valor equivalente a 850 jornales mínimo diarios, para herramientas y maquinarias de trabajo se estipula hasta un valor de 3.000 jornales mínimos diarios mientras que para los vehículos utilitarios se establece hasta 1.700 jornales mínimos diarios, siempre que tenga al menos 3 años de uso.

El proyecto de ley estipula que estos bienes no podrán ser vendidos, transferidos, ni cedidos durante un periodo de 3 años y en caso de incumplimiento, deberán abonar los impuestos correspondientes y podrán aplicarse sanciones por defraudación fiscal.