El dirigente político de Alto Paraná, Iván Airaldi, denunció ayer que la nómina de operado­res políticos del Partido Libe­ral Radical Auténtico (PLRA), instalados en la Municipalidad de Ciudad del Este por el inten­dente Miguel Prieto, trepó de 242 a 730.

Anunció que en los próximos días presentará una denun­cia ante el Ministerio Público contra el dirigente opositor por nepotismo. “En la nómina de funcionarios de enero figu­raban 242 liberales, pero esta cifra trepó tras verificar la nómina de funcionarios de marzo, que llegó a 730”, sostuvo en una entrevista con el dia­rio La Nación/Nación Media. Airaldi afirmó que los recursos económicos de la municipali­dad esteña son utilizados por Prieto para asegurar respaldo político para su brazo derecho Daniel Pereira Mujica, precan­didato de su movimiento Yo Creo para la intendencia.

Mediante la prebenda, Prieto también busca asegurar apoyo a su proyecto presidencial rumbo a las elecciones genera­les de 2028. “Todos son hurre­ros, fruto del acuerdo con algu­nos sectores liberales en el este del país. Estos liberales son de los movimientos de Óscar Gon­zález Drakeford, Carlos Porti­llo y Manuel Trinidad”, refirió.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

A las 15:00 aproximadamente se incendió un local comercial de venta de piscinas ubicado en el Km 4 de Ciudad del Este, sobre la Ruta PY07. Se quemó el 90% de los productos en venta (piscinas) y también un camión pequeño, de acuerdo al reporte de la comisaría del barrio Pablo Rojas.

El incendio del local fue a consecuencia de la quema de un pastizal en un predio baldío contiguo. Intervinieron bomberos voluntarios de diferentes bases de Ciudad del Este, que pudieron evitar que el fuego llegara a las oficinas administrativas.

El fuego destruyó un camión de la marca Mercedes Benz, color blanco, y diez piscinas de material plástico que se encontraban en exhibición en el local comercial, propiedad de José Hortolam Junior (36), de nacionalidad brasileña.

Agentes policiales indicaron que encontraron un baldío ardiendo en llamas, que se propagó al local cercano y quemo parte del camión y las piscinas de diferentes tamaños.

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El propietario del local dijo estar muy molesto porque es la segunda vez que les ocurre exactamente lo mismo, pero aquella vez pudieron darse cuenta del fuego mucho antes y fue poco el daño, pero esta vez, el perjuicio es millonario.

De acuerdo a datos recabados de algunos de los bomberos, la víctima mencionó que esta vez no dejará en vano la acción criminal y presentará la denuncia.

La quema de basuras está prohibida, pero las municipalidades del área metropolitana, zona de mayor cantidad de quemas, no toman acciones efectivas para disminuir el alto incumplimiento de la prohibición, como lo es en Ciudad del Este.

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Miembros del consejo administrativo del Instituto José P. Guggiari (IJPG), dependiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), remitie­ron al Directorio partidario y autoridades parlamenta­rias el informe de auditoría financiera en el que cons­tatan una malversación de fondos por más de G. 1.389 millones, sin justificación sobre su uso.

Para comprender mejor sobre el informe de audi­toría, La Nación/Nación Media, conversó con la directora de Capacitacio­nes que integra el Consejo de Administración del IJPG, Rebeca Sosa, quien dijo que efectivamente constataron el millonario gasto de los recursos que debían estar destinados exclusivamente a capacitaciones y no están sustentados con documen­tos, ni órdenes de pagos o compras expedidos por las autoridades del consejo administrativo.

Indicó que esperan que este informe sea analizado en la brevedad por el Directorio. Igualmente, no descartan que se presente una denun­cia contra Hugo Fleitas por ser el principal responsable del uso de de los recursos destinados exclusivamente a capacitación.

Refiere en el balance que se debe exigir la devolución de unos G. 170 millones a cuenta de “Créditos a Rendir por Marlene Orué”, que son deudas pendientes a cobrar que no cuentan con docu­mentaciones respaldatorias.

“No se han encontrado las documentaciones de esas erogaciones de los recursos del Instituto José P. Gug­giari con órdenes de pagos, resoluciones, actas, ni nin­guna otra documentación que respalde el gasto de más de G. 1.300 millones. Son las observaciones que hicimos en el informe, conforme al periodo del ejercicio fiscal 2023-2024”, explicó.

Mencionó además que detec­taron el pago de honorarios a personas particulares que no hacen a la naturaleza jurí­dica del instituto que está destinado a brindar capaci­taciones, cursos, talleres, así como llevar adelante inves­tigaciones; que son las áreas en las que se pueden utili­zar los fondos destinados al IJPG, que es un instituto técnico superior reconocido por el Ministerio de Educa­ción y Ciencias con malla curricular habilitada.

“Los pagos de honorarios que se ha registrado han sido por servicios personales y gratifi­caciones que no cuentan con el respaldo debido, sobre qué funciones realizaron estas personas dentro del insti­tuto. Hay faltas administra­tivas graves que no se pueden entender y lo que buscamos es esclarecer más que nada”, precisó.

Explicó que cualquier pago que realice el IJPG debe ser autorizado por la autoridad máxima que es el consejo rec­tor. Mencionó que llamó ade­más la atención el pago por combustibles y hospedajes que juntos, suman más de G. 154 millones, los que igual­mente no cuentan con docu­mentación respaldatoria que justifique que se destinaron para llevar adelante algún tipo de cursos o capacitación.

“No contamos nosotros con los cortes administrativos que hicimos, los cursos que se hayan hecho y que res­palden el uso de esos fondos. Todas las actividades que se lleven a cabo deben estar res­paldadas con la naturaleza jurídica del Instituto José P. Guggiari”, acotó.

Miembros del consejo administrativo del Instituto José P. Guggiari (IJPG), dependiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), remitieron al Directorio partidario y autoridades parlamentarias el informe de auditoría financiera en el que constatan una malversación de fondos por más de G. 1.389 millones, sin justificación sobre su uso.

Para comprender mejor sobre el informe de auditoría, La Nación/Nación Media, conversó con la directora de Capacitaciones que integra el Consejo de Administración del IJPG, Rebeca Sosa, quien dijo que efectivamente constataron el millonario gasto de los recursos que debían estar destinados exclusivamente a capacitaciones y no están sustentados con documentos, ni órdenes de pagos o compras expedidos por las autoridades del consejo administrativo.

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Indicó que esperan que este informe sea analizado en la brevedad por el Directorio. Igualmente, no descartan que se presente una denuncia contra Hugo Fleitas por ser el principal responsable del uso de de los recursos destinados exclusivamente a capacitación.

Refiere en el balance que se debe exigir la devolución de unos G. 170 millones a cuenta de “Créditos a Rendir por Marlene Orué”, que son deudas pendientes a cobrar que no cuentan con documentaciones respaldatorias.

“No se han encontrado las documentaciones de esas erogaciones de los recursos del Instituto José P. Guggiari con órdenes de pagos, resoluciones, actas, ni ninguna otra documentación que respalde el gasto de más de G. 1.300 millones. Son las observaciones que hicimos en el informe, conforme al periodo del ejercicio fiscal 2023-2024”, explicó.

Mencionó además que detectaron el pago de honorarios a personas particulares que no hacen a la naturaleza jurídica del instituto que está destinado a brindar capacitaciones, cursos, talleres, así como llevar adelante investigaciones; que son las áreas en las que se pueden utilizar los fondos destinados al IJPG, que es un instituto técnico superior reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias con malla curricular habilitada.

“Los pagos de honorarios que se ha registrado han sido por servicios personales y gratificaciones que no cuentan con el respaldo debido, sobre qué funciones realizaron estas personas dentro del instituto. Hay faltas administrativas graves que no se pueden entender y lo que buscamos es esclarecer más que nada”, precisó.

Explicó que cualquier pago que realice el IJPG debe ser autorizado por la autoridad máxima que es el consejo rector. Mencionó que llamó además la atención el pago por combustibles y hospedajes que juntos, suman más de G. 154 millones, los que igualmente no cuentan con documentación respaldatoria que justifique que se destinaron para llevar adelante algún tipo de cursos o capacitación.

“No contamos nosotros con los cortes administrativos que hicimos, los cursos que se hayan hecho y que respalden el uso de esos fondos. Todas las actividades que se lleven a cabo deben estar respaldadas con la naturaleza jurídica del Instituto José P. Guggiari”, acotó.

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