Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Edgar Delgado, de la unidad zonal de Presidente Franco, en medio de sucesivas denuncias por desaparición de adolescentes, planteó la “imperiosa necesidad de una regulación” en el uso de los taxis por aplicativos para el caso de menores de edad. Recordó que solamente están regulados por ordenanzas y no por leyes.

“El abordaje de una regulación del uso de dichas plataformas es imperioso, en especial en relación con adolescentes que utilizan, sin el control de los padres o responsables, en forma solitaria”, señaló el fiscal a La Nación/Nación Media, ante la consulta sobre los frecuentes casos de uso de dichas unidades, por menores cuando dejan sus casas.

Para el fiscal, “en la gran mayoría de hechos penalmente relevantes, en los que son víctimas menores de edad, son utilizadas estas plataformas”. Aclara que “dichas plataformas de trasportes no se encuentran reguladas actualmente por alguna ley, si bien son consideradas legales, son reguladas solamente por algunas ordenanzas municipales”.

“Existen varios casos de adolescentes que habrían abordado estas plataformas sin control alguno y fueron víctimas de explotación sexual, extravíos y otras situaciones de vulnerabilidad, que son las constantes actualmente; esto se puede corroborar con las más de 300 denuncias de menores desaparecidos en lo que va del año”, manifestó el fiscal Edgar Delgado.

En cuanto a cuál sería la medida más acertada, el agente del Ministerio Público dijo que, es necesario que el Estado intervenga, “a pesar de que algunas plataformas ya habilitaron aplicaciones exclusivas que permiten solicitar viajes por parte de adolescentes de entre 14 y 17 años, bajo la supervisión de padres o tutores”.

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“Es necesario que el Estado, como responsable del desarrollo armónico y la protección de los derechos de niños y adolescentes, desarrolle un marco legal para un mejor control del uso de dichos prestadores de servicios”, agregó el fiscal de Franco.

En cuanto a la relevancia del uso de los aplicativos en hechos que involucran a menores de edad, el agente fiscal refirió que “es un elemento fundamental” porque “se debe tener en cuenta que la familia es el primer eslabón de cuidado, los padres o responsables deben ser los primeros custodios de la integridad de sus hijos, luego la sociedad”.

Sigue diciendo el fiscal, “entra a tallar la responsabilidad del conductor de la plataforma, quien debe considerar todos los riesgos y circunstancias a la hora de trasportar un menor de edad”. Por último, menciona al Estado que, en este caso, “debe procurar un marco normativo acorde, a los efectos del uso adecuado de menores de edad de dichas plataformas”.

Un ejemplo de los últimos casos que involucró a una menor de edad y a un taxi por aplicativo, fue el caso de una adolescente que abordó el móvil en el Km 10 Acaray y pidió como destino la costa del río Paraná, en horas de la madrugada. La joven fue rescatada a tiempo del río Paraná, mediante pescadores.

“Esos son los detalles que todo prestador de servicio debe considerar y analizar; el horario de utilización, el lugar o destino solicitado y las condiciones generales (signos de embriaguez, depresión, adicción, etc.) que son indicadores del peligro en que podría encontrarse un menor”.

Por eso “es recomendable dar aviso a las autoridades de dicha situación, a los efectos de brindarles la protección debida”, asegura el fiscal Edgar Delgado.

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La legislación paraguaya actual carece de figuras penales específicas para abordar de manera efectiva la creación y uso malicioso de deepfakes, por ello se propuso una normativa como una respuesta directa ante los riesgos que representan las tecnologías de manipulación de contenido mediante inteligencia artificial (IA), que constituyen “una de las amenazas más sofisticadas y perniciosas de nuestra era”.

El proyecto de ley “que tipifica y sanciona la creación, difusión y uso malicioso de deepfakes y contenido manipulado”, con la intención de enfrentar las amenazas digitales con la creación de videos, audios o imágenes alterados de manera tan realista que resulta prácticamente imposible distinguirlos del contenido auténtico.

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El documento explica que los proyectistas, los diputados Luis Federico Franco Alfaro y Carlos Pereira, identificaron múltiples riesgos para la sociedad paraguaya, incluyendo el daño al honor y la reputación, fraudes y estafas mediante suplantación de identidad, extorsión y chantaje, manipulación de la opinión pública especialmente en períodos electorales, y la potencial desestabilización de la seguridad nacional.

El proyecto establece penas privativas de libertad de 2 a 8 años para quienes creen o difundan deepfakes sin consentimiento y con intención de engañar o perjudicar. Las sanciones aumentan a 3 a 10 años para el uso malicioso que incluya suplantación de identidad, difamación, extorsión, fraude o manipulación de procesos electorales.

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La propuesta contempla el aumento de penas en un tercio cuando los delitos involucren menores de edad, funcionarios públicos, contenido sexual, afectación a la seguridad nacional, o cuando se utilicen para acoso escolar con consecuencias psicológicas. La ley no penaliza la creación de deepfakes con fines artísticos, educativos, humorísticos o satíricos, siempre que se indique claramente que se trata de contenido no real y se cuente con la autorización correspondiente.

El proyecto también establece que los proveedores de servicios digitales deberán retirar contenido ilícito en un plazo de 24 horas, una vez notificados, bajo riesgo de multas de hasta 1.000 jornales mínimos y posible suspensión de operaciones. Más allá de las sanciones, el proyecto propone un enfoque preventivo mediante campañas de alfabetización digital a cargo del Estado, fortalecimiento de capacidades de investigación forense digital, y la creación de una mesa de trabajo interinstitucional permanente.

El Banco Central del Paraguay (BCP) apunta a mejorar el mercado de pagos del país, que actualmente consideran que está “fraccionado” e incluso con actores que tienen dominancia en el rubro. De acuerdo con Liana Caballero, miembro del Directorio del BCP, la normativa busca que la banca matriz se constituya como ente regulador para velar por la competencia y la interoperabilidad. El proyecto de ley ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores.

Caballero explicó que el espíritu del proyecto de ley de Sistema Nacional de Pagos del BCP no busca otra cosa que impulsar el mercado de pagos nacional con una conciliación de los actores del rubro para garantizar interoperabilidad, interconexión y tasas competitivas tanto para los usuarios como para los empresarios.

“El mercado de pagos es un mercado fraccionado. Hay diferentes actores que no conversan entre sí, y hay ciertos actores que tienen dominancia de mercado y no permiten que ingresen otros competidores. Lo que nosotros buscamos con esa ley es consolidar al Banco Central como un regulador que pueda velar por la competencia, por la interconexión, por la interoperabilidad”, afirmó este sábado a la 1080 AM.

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En otro momento, respondió a los cuestionamientos de sectores como la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y otros gremios que señalaron una falta de socialización, además de supuestas “facultades excesivas” para el BCP con el artículo 4 del proyecto de Ley que establece las atribuciones de la banca matriz como autoridad de aplicación.

Caballero negó que el borrador del proyecto de ley que fue socializado no haya incluido el artículo en discusión, pero reconoció que fue “mejorado” y que fue enviado al Congreso Nacional a través del Ministerio de Economía y Finanzas ya que el BCP no tiene facultad de hacerlo directamente, según comentó Caballero.

“El análisis que hicieron tanto en el Ministerio de Economía como en la Presidencia yo valoro muchísimo y es impecable. Los mejores profesionales están ahí. Entonces se mejoró la redacción, eso es cierto. Pero también es cierto que la Asoban recibió un correo con acuse de recibo el 6 de mayo”, afirmó.

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El diputado Hugo Meza, señaló que ante los últimos casos que conmocionaron a la sociedad por hechos delictivos cometidos por menores de edad, debe haber un abordaje mucho más profundo que solo aumentar las penas. El legislador se refirió al proyecto de ley que aumenta las penas privativas a menores, que ya cuenta con media sanción del Senado.

“En principio me gustaría analizar, estudiar los alcances del proyecto de ley que tiene media sanción, estoy convencido de que la sola penalización de los delitos de los menores de edad o de lo que comenten los menores de edad no va a solucionar el problema de fondo. Nosotros tenemos un problema raíz que significa que el tejido social está descompuesto”, manifestó en conversación con la 1020 AM.

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Refirió que existe un grave problema en la sociedad, se perdió la autoridad sobre los jóvenes, desde el seno familiar y eso se está trasladando hacia las autoridades. “Nosotros tenemos una generación de cristal con pocos valores, entonces yo creo que tiene que haber un abordaje completo para poder recuperar devuelta el tejido social, no creo que 15, 20 o 30 años, o una cadena perpetua que me parece mucho más extremo aún, sea la solución que necesita nuestro país. Es uno de los factores que puede ayudar a disuadir, claro que sí, pero no es todo”, cuestionó.

Mientras tanto, indicó que hay que mirar y buscar otras alternativas que dé una solución en la que la sociedad también esté involucrada, teniendo en cuenta que el sistema penitenciario también debe ser mejorado, y no puede ser considerado como una de las únicas opciones.

“Tenemos un sistema carcelario que no significa absolutamente una reinserción social. Nosotros necesitamos una reforma profunda del sistema penitenciario, de la educación misma de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y tener devuelta esa contención social, de los tejidos sociales que están perdidos en nuestro país”, mencionó.

Finalmente, sostuvo que, “hay que estudiar mucho más profundo, nosotros lo que tenemos es un concurso de quien presenta más penas, y rayando el populismo, porque no aborda absolutamente en lo general, nosotros necesitamos algo integral de protección social para que estas penas, para que estos delitos, no vuelvan a ocurrir en nuestro país”.

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