El presidente del Senado, Basilio Núñez, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio, creada para indagar los hechos vinculados a la red delictiva conocida como la “Mafia de los pagarés”. Durante la sesión de conformación, se eligió como presidente de la Comisión al senador Rafael Filizzola; como vicepresidente a Mario Varela; y como relatora a Blanca Ovelar.

La Comisión también está integrada por los senadores José Oviedo, Carlos Núñez, Ignacio Iramain, Édgar López, así como por las senadoras Lizarella Valiente y Esperanza Martínez. Tras la conformación, el senador Filizzola anunció que las reuniones se realizarán los lunes a las 12:00. Además, indicó que ya se han establecido algunas prioridades de trabajo, previamente discutidas en coordinación con diversas instituciones.

“Seguiremos recibiendo denuncias de las víctimas, las cuales serán derivadas a los organismos competentes, como el Ministerio Público y la Defensa Pública. Buscamos brindar respuestas concretas y resolver la mayor cantidad posible de casos”, afirmó el senador.

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También adelantó que solicitarán a la Corte Suprema de Justicia un informe sobre las medidas adoptadas frente a esta problemática. “Sabemos que ya existen acciones vía Acordadas. Además, evaluaremos proyectos de ley para garantizar una mayor trazabilidad de los pagarés y evitar su uso indebido, así como iniciativas que busquen proteger a los jubilados de embargos, entre otras propuestas”, añadió.

Finalmente, Filizzola advirtió que el abordaje de la situación será complejo, dado que cada caso requiere un análisis individual. “No podemos intervenir directamente en los procesos judiciales, pero sí podemos coordinar con la Defensa Pública. La solución más efectiva y urgente es que el Poder Judicial tome medidas firmes ante los casos con irregularidades”, concluyó.

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El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, manifestó que apuntan a modificar la normativa que trata sobre la jubilación de los funcionarios públicos, de modo a impedir que se produzcan embargos. Esta iniciativa nace a partir del caso de la “mafia de los pagarés”, del cual se desprenden miles de denuncias por juicios irregulares.

“Los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) tienen su jubilación blindada, también los jubilados del sector legislativo, pero los jubilados del sector público no tienen esa protección, entonces lo que solicitamos es esa modificación y con eso vamos a darle la seguridad de que no se van a poder embargar las jubilaciones”, explicó.

En contacto con el programa “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el defensor señaló que con la modificación a la ley 2345/03, se prohibirán los embargos a los jubilados y pensionados del sector público, salvo que se traten de casos de prestaciones alimentarias. La iniciativa ya fue presentada ante la presidencia del Congreso.

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El defensor manifestó que a la par de esta propuesta legislativa, se están emprendiendo otras acciones de modo a delimitar el grado de afectación real por la “mafia de los pagarés”. La institución ha puesto a disposición de la ciudadanía un formulario en el cual solicitan datos para identificar qué juzgados estuvieron involucrados, qué montos y personas afectadas.

“Es una información que hoy no tenemos, en días más vamos a tener y vamos a empezar a trabajar de modo a poder decir con certeza si pertenece al grupo de pagaré con problemas o es un proceso normal y que por picardía quieren adherirse a este grupo para parar los embargos. Vamos a ir entregando semanalmente los informes para ir parando estos embargos, no va a ser algo rápido, pero tenemos que movernos”, enfatizó.

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La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores llevó adelante una mesa técnica para analizar el proyecto de ley de “La brecha digital y el acceso a internet como un Derecho Humano”. A esta mesa de trabajo, que estuvo encabezada por el director de la comisión, Víctor Hugo Benítez, asistieron representantes de diversas instituciones del Estado.

Al término de la reunión, el funcionario de la Cámara Alta, explicó que este proyecto plantea el acceso universal al derecho de internet, que en la actualidad, la tecnología y el acceso a internet se han vuelto una necesidad imperante.

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Indicó que este proyecto de ley identifica una brecha importante en comunidades que están muy alejadas, que las hace quedar en una situación más vulnerable y postergada.

“Esta falta de conexión a internet hace que las personas tengan dificultades para acceder a otros derechos. Por eso, el proyecto de ley plantea el acceso universal a internet, y esto conlleva un análisis profundo por parte del Estado”, expresó.

Mencionó que este proyecto es bastante incisivo, porque obliga al Estado primero a pensar en la infraestructura que se necesita de la red para poder tener acceso a internet a nivel nacional.

“Es una deuda que actualmente tenemos como Estado, y que por sobre todas las cosas va ser muy importante para todo lo que sea programas educativos, mallas curriculares, acceso a salud, a información, así como a seguridad. Entre otros temas, los avances tecnológicos están exigiéndonos este estudio como Estado”, expresó.

Señaló que este es un proyecto que viene de una propuesta que igualmente se está analizando a nivel de Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y que las instituciones del Estado como el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) han planteado sus informes técnicos, así como sus dificultades para la implementación.

“Sin duda, es un proyecto desafiante e importante que el Estado paraguayo cada vez más va tener que discutir y contar con una política, así como una normativa legal como la que se plantea ahora con el estudio de este proyecto”, precisó.

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Desde la presidencia de la comisión especial de carácter transitorio que investiga los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, informaron que como primera medida convocarán a las autoridades del Ministerio Público, teniendo en cuenta la existencia de un total de 70 imputados.

Refieren que es fundamental el trabajo del órgano extrapoder con la finalidad de que las denuncias no queden impunes. A la vez se plantea citar a los representantes del Ministerio de la Defensa Pública, teniendo en cuenta que el Congreso Nacional no puede inmiscuirse en casos judiciales concretos.

En la lista de las convocatorias también figuran representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con quienes buscarán intercambiar informaciones que contribuyan al proceso de investigación.

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También se citará al gremio de los abogados. Entre los indagados se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes aplicaron demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso para estafar a cientos de trabajadores.

Detallaron que la urgencia radica en lograr el levantamiento de los embargos e impulsar una propuesta legislativa para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir. En los próximos días se dará a conocer los días y horarios establecidos para concretar los encuentros con las diversas autoridades a ser convocadas

Ayer lunes, el Senado designó a los miembros de la citada comisión. El bloque está conformado por los colorados Mario Varela, Carlos Núñez, Blanca Ovelar, Juan Afara, Lizarella Valiente y Norma Aquino. Asimismo integrarán la comisión especial los opositores Rafael Filizzola, Edgar López, Éver Villalba, Esperanza Martínez, José Oviedo e Ignacio Iramain.

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