Si el Gobierno y el gremio de médicos alcanzan un acuerdo que implique recursos, una de las alternativas sería incorporarlo al Presupuesto General de la Nación 2027, mediante una adenda del Poder Ejecutivo, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Aclaró que las negociaciones recién están comenzando, pero destacó que existe predisposición y apertura al diálogo.

El titular de la Cámara Baja explicó en conferencia de prensa que tras recibir ayer a representantes del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), la Mesa Directiva de Diputados reunió a los líderes de las distintas bancadas para analizar el conflicto. Durante el encuentro se decidió intervenir como mediadores entre los médicos y el Ejecutivo, buscando acercar posiciones.

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Comentó que mientras mantenía una reunión con el presidente de la República Santiago Peña, a la par ya se estaba desarrollando una reunión en el Ministerio de Economía con representantes de los de los gremios médicos, el ministro de Economía Óscar Lovera y la ministra de Salud María Teresa Barán.

Mencionó que existen planteamientos sobre la mesa que fueron propuestos por el Sinamed, que están siendo analizados en este momento, por lo que habrá un diálogo fluido al respecto.

“Hay una primera conversación entre los representantes del Ejecutivo que están bajando sobre la mesa determinados planteamientos, pero la apertura está para generar una conversación con una escucha activa en base a estas circunstancias y también planteados los mecanismos a partir de los cuales pueden ser implementados el acuerdo al que se llegue”, comentó.

Confirmó además, que el presidente Peña manifestó que es una absoluta prioridad de su gestión fortalecer el sistema de salud; por lo que está en pleno conocimiento de las circunstancias que están atravesando los médicos y que llevaron a esta medida de fuerza. Resaltó que el mandatario tiene la mayor predisposición y apertura para el diálogo.

Latorre señaló que el mecanismo en el que podría quedar plasmado el acuerdo, en el momento en que lleguen en ese punto, es a través del Presupuesto General de la Nación.

“Específicamente, una de las posibilidades que manifestó de manera taxativa al presidente Peña, es a través de una adenda del Poder Ejecutivo. Está en el espíritu del presidente Santiago fortalecer el sistema de salud y por supuesto generar mecanismos claros para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud”, remarcó.

No obstante, el diputado Latorre dejó en claro que este es el inicio de un diálogo, atendiendo que hay una medida de fuerza vigente y la Cámara de Diputados tiene la intención de mediar para generar una solución a esta situación.

“Es una situación que tiene dos objetivos fundamentales; el primero la restitución en su máximo potencial de las capacidades del Ministerio de Salud en cuanto a la prestación de servicios de salud para que sean atendidos todos los pacientes, en todas las especialidades. Por otro lado, la contención y la reivindicación de los trabajadores de la salud en este caso a través de su cabeza que ese equipo médico”, acotó.

Enfatizó que el desafío que se tiene ahora es encontrar un punto medio entre la reivindicación que satisfaga al gremio médico y una solución que pueda ser financieramente cumplida por el Ejecutivo.

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El presidente de Diputados, Raúl Latorre, indicó que la cámara asume el rol de mediador activo entre el gremio médico y el Ejecutivo con la finalidad de encontrar respuestas a los reclamos: aumento salarial, la adquisición de mayores insumos y medicamentos, el pago por feriados y el nombramiento de los profesionales contratados.

“A partir de ahora los colegas de los diferentes espacios con representación parlamentaria nos convertimos en mediadores activos buscando vías de solución para este conflicto. Hemos acordado tener un diálogo permanente con los gremios médicos y buscaremos generar el puente de diálogo con los representantes de las carteras afectadas del Ejecutivo”, dijo a los medios de comunicación.

Latorre manifestó: “Si bien está la medida de fuerza, nosotros percibimos por parte del gremio médico una predisposición para generar un acuerdo que plantee con claridad las reivindicaciones de mejoramiento de las condiciones del gremio médico y por supuesto en consecuencia la restauración de la normalidad de los servicios de salud en la brevedad posible”.

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El punto conflicto se centra en la exigencia de un aumento directo de G. 3.000.000 por vínculo, solicitando pasar de los G. 5.000.000 actuales a un total de G. 8.000.000 por cada contrato de 12 horas semanales. Los gremios argumentan que, desde 2012, su poder adquisitivo cayó de 2,8 a 1,7 salarios mínimos.

“Nuestros médicos tienen que sentir que el Estado les valora y que les otorga las mejores condiciones para que ellos puedan desempeñar su trabajo. Vamos a buscar realizar la mediación, dialogar con los diferentes actores a través de la escucha activa para lograr un consenso”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), Rossana Gonzalez, valoró la apertura por parte de los diputados. “Por primera vez nos sentimos escuchados, todas las dudas fueron totalmente aclaradas, entregamos las 4 causales de la huelga que ya se conocen. No estamos cerrados a absolutamente nada, nosotros vamos a barajar las propuestas que nos traigan llevarlas a la asamblea y con los 11.000 médicos decidir continuar o no con la huelga nacional. Ojalá se pueda destrabar la huelga y no tengamos que ir el fin de semana hasta la ciudad de Encarnación”, dijo.

González agregó que por parte de la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, no existió una predisposición para atender sus reclamos. “No se presentó una propuesta real, concreta y escrita con cronogramas. Esta problemática no es solo nuestra, es también para la población, nosotros no quisimos llegar a una huelga nacional. La huelga fue declarada un 12 de junio justamente para no impactar en la población y dar el tiempo suficiente al Ministerio de Salud que nos traiga su planteamiento”, puntualizó.

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“Es algo complejo que no se puede definir de la noche a la mañana”, indicó el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, ante el pedido de aumento salarial proveniente del sector médico. El congresista requirió a sus pares aplicar una “legislación responsable” y evaluar previamente con las autoridades del Poder Ejecutivo la disponibilidad del Estado en materia presupuestaria.

“Yo, en principio, respeto cualquier reclamo de los gremios organizados y más el mío, que es el sector de los médicos, pero, en otra arista, también se encuentra la legislación responsable, debemos ver qué podemos hacer, cómo estamos financieramente”, refirió el parlamentario, este miércoles, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Núñez mencionó a la fallecida exprimera ministra británica Margaret Thatcher (1925-2013), quien refería que “el Estado no tiene otra fuente de financiación que no sea de su propio esfuerzo y si quiere gastar más, solo puede hacerlo pidiendo prestado, de los ahorros del ciudadano o cobrándole más impuestos; y yo le agregaría endeudandose con bonos”.

El parlamentario añadió que “todos nosotros vamos a terminar pagando, no existe el dinero público, solo existe el dinero del contribuyente. Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables, pero estamos dispuestos a escuchar”. El encuentro entre la mesa directiva del Senado y los titulares de los ministerios de Salud Pública (MSPBS) y de Economía y Finanzas (MEF) se encuentra prevista para este jueves a las 9:00.

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Entre los requerimientos de los profesionales de blanco quienes impulsan desde el pasado lunes una huelga nacional, se encuentra la concreción de mejores condiciones laborales en los hospitales, garantías en la provisión medicamentos e insumos básicos, pago de feriados y nombramientos de los contratados.

Sin embargo, el punto conflicto se centra en la exigencia de un aumento directo de G. 3.000.000 por vínculo, solicitando pasar de los G. 5.000.000 actuales a un total de G. 8.000.000 por cada contrato de 12 horas semanales. Los gremios argumentan que, desde 2012, su poder adquisitivo cayó de 2,8 a 1,7 salarios mínimos.

“Por las deudas que tenemos, hasta se está hablando de aumentar el déficit fiscal. Si hacemos esto para conceder los requerimientos del sector médico, estarán también los otros sectores como el docente, es por eso que repito que estamos administrando el dinero de los contribuyentes y mi voto siempre será para cuidar esos fondos”, refirió el titular del Congreso Nacional.

Por otra parte, Núñez echó por tierra el discurso esgrimido desde la oposición referente a que el gobierno del mandatario Santiago Peña y los legisladores del oficialismo terminaron dando la espalda a los médicos. “El sector de la salud para nosotros siempre fue una prioridad, nosotros fuimos la parte principal de la reivindidación de los médicos”, sostuvo al recordar que desde su sector político se impulsó la ley 7.137/2023 que establece una jornada laboral máxima de 12 horas semanales por cada vínculo para los profesionales médicos que trabajan en el sistema público de salud de Paraguay.

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El mandatario Santiago Peña firmó el decreto 6.690 que reglamenta la ley 6.634/2020, que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional, comprendidas por la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz” y el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”.

La ley refiere que las disposiciones establecidas serán de cumplimiento obligatorio para los postulantes, así como también para las autoridades, dependencias y el personal policial que intervengan en dichos procesos. Determina que todos los postulantes recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades de participación, sin discriminación alguna, y el ingreso se determinará exclusivamente en función a las aptitudes, competencias y resultados obtenidos por los postulantes en base a los criterios de evaluación establecidos.

También se hace mención a la objetividad en las decisiones que se adoptarán sobre la base de criterios técnicos, verificables y previamente establecidos, libres de arbitrariedad y la transparencia, y que el proceso se desarrollará con publicidad de las actuaciones y de los resultados, garantizando el acceso a la información conforme a la normativa vigente.

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La reglamentación detalla que la Comandancia de la Policía Nacional, en su carácter de máxima autoridad institucional, tendrá el rol de velar por el debido cumplimiento e implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al proceso de selección y admisión.

Mientras que el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), conforme a las competencias que legalmente le correspondan, será responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar el proceso de selección y admisión para las respectivas unidades académicas de formación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

A la vez, se establece la conformación de un Comité Interinstitucional para la transparencia e igualdad en los procesos de admisión en donde el Ministerio del Interior se desempeñará como coordinador. También indica que la Comandancia de la Policía Nacional será responsable de designar e integrar, para cada unidad académica de formación, una Comisión de Admisión, la cual tendrá a su cargo la conducción del proceso de selección y admisión correspondiente, con las atribuciones y competencias contempladas en el presente Reglamento además de las que le sean asignadas por resolución de la máxima autoridad institucional.

Podrán postularse y concursar para ser admitidos en las unidades académicas de la Policía Nacional, quienes reúnan los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya natural, tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 23 años hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz”.

Tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 26 años, hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”, haber concluido la enseñanza media, tener las condiciones físicas y psíquicas para cumplir con la capacidad funcional u operativa necesarias para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional.

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No poseer tatuajes con contenido simbólico relacionado a grupos criminales, nacionales o extranjeros, o que expresen homofobia, xenofobia, mensajes violentos u ofensivos, hagan apología al consumo de estupefacientes o representen a partidos o movimientos políticos, no haber sido condenado por la comisión de un hecho punible o cuya condena esté en ejecución.

No contar con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, no haber sido dado de baja o excluido de la institución policial, de las Fuerzas Armadas u otras instituciones públicas o privadas afines y no ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependientes.