El proyecto fue entregado al presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, como parte del trabajo coordinado con la Defensa Pública. Foto: Gentileza
Mafia de pagarés: plantean ante el Senado la inembargabilidad de jubilaciones y pensiones
Compartir en redes
El titular de la Defensoría del Pueblo, Rafael Ávila Macke, presentó este martes a la Cámara de Senadores el anteproyecto de ley que propone la modificación de la normativa 2345/03 con el fin de resguardar a los jubilados y funcionarios públicos víctimas de la mafia de los pagarés y evitar futuros abusos que afecten su patrimonio.
La iniciativa plantea la inembargabilidad de las jubilaciones y pensiones del sector público, salvo por obligaciones alimentarias. El documento fue entregado al presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, como parte del trabajo coordinado con la Defensa Pública.
“Es un paso concreto en defensa de los derechos fundamentales de quienes han sido injustamente despojados”, sostuvo el abogado a los medios de comunicación.
Desde la institución refieren que de sancionarse la propuesta en el Legislativo y promulgarse en el Ejecutivo beneficiaría a sectores como la administración pública, el magisterio nacional, los docentes de universidades nacionales, los magistrados judiciales, los empleados gráficos del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Antecedentes
La Cámara de Senadores había aprobado días atrás la creación de una comisión especial de carácter transitorio para investigar los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, causa que derivó en la imputación de 63 personas el pasado 21 de marzo.
Entre los indagados se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes aplicaron demandas ejecutorias sobre supuestas deudas promovidas mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso para estafar a cientos de trabajadores.
En audiencia pública, once postulantes presentaron sus propuestas para la Defensoría del Pueblo
Compartir en redes
Las audiencias públicas para postulantes a la Defensoría Pública prosiguieron este jueves en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores y a instancias de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública.
Durante la jornada, once participantes presentaron sus perfiles, principales propuestas y ejes de trabajo.
Expusieron sus proyectos: Eusebio Junior Villanueva, Marta María Verónica Nogués Vargas, Claudia Patricia Sanabria y Silvia Juana Santander Florentín.
También defendieron sus postulaciones: Carlos Arza Melgarejo, Francisco Bogado Ferreira, Fulvio Bernardo Llano Goitia, Roberto Fabio Ozuna Ruiz y Claudia Jessica Mosqueira Céspedes.
Las exposiciones siguieron con los candidatos Edgar Eligio Villalba Riquelme y María Antonia Araujo Florentín. En tanto, Emiliano Gaspar Cantero Jacquet no se presentó a la audiencia.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías destacó la participación de Eusebio Junior Villanueva, a quien presentó como líder juvenil del Pueblo Guaná y postulante a uno de los cargos en concurso.
En ese contexto, resaltó la importancia de la participación de los pueblos indígenas en los espacios institucionales, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional.
Sedeco pide vetar la ley recientemente sancionada de restitución de pagarés
Compartir en redes
La ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, confirmó que pidió el veto total a la recientemente sancionada ley de devolución de pagarés. La alta funcionaria manifestó que ya se había emitido un dictamen desfavorable, por la redacción de la normativa.
La pasada semana, el pleno de la Cámara de Senadores aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que establece la restitución de los pagarés una vez extinguida la obligación y dispone un régimen sancionador. En ese marco, se contempla un régimen punitivo cuya aplicación estará a cargo de la Sedeco con una multa equivalente al 20 % del valor del pagaré en caso de incumplimiento de la obligación de restitución.
Sobre el punto, Irún confirmó endiálogo con la 1080 AM que a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), vínculo con el Poder Ejecutivo, solicitó un veto total a la ley sancionada, por diversos motivos. Entre estos, mencionó que de hecho la institución a su cargo ya implementa sanciones a quienes no cumplen con la devolución de los papeles cancelados. Detalló que el decreto reglamentario del ente establece los rangos de multa de entre 50 hasta 10.000 jornales, dependiendo de ciertos factores.
Amplía el campo de acción
De acuerdo con lo señalado por la ministra, la ley en cuestión amplía las facultades de la Sedeco, incluso pudiendo entrar a dirimir cuestiones entre particulares. “Somos una institución administrativa cuando hay una relación de consumo”, aclaró.
Apuntó también a la esfera judicial, afirmando que el ente “no se puede superponer a la esfera judicial”. Dejó en claro que, si bien la iniciativa fue pensada por el escándalo de la “mafia de los pagarés”, no se puede avalar una ley mal redactada.
Proceso de audiencias públicas para elección del defensor del Pueblo durará un mes
Compartir en redes
El senador Javier Zacarías Irún informó que el proceso de audiencias públicas para elección de defensor del Pueblo que arrancó hoy se extenderá aproximadamente por un mes, antes de elevar los nombres al pleno.
“Iniciamos el proceso para la elección de ternas para la Defensoría del Pueblo y Defensoría del Pueblo Adjunta. Son más de 50 participantes, vamos a ir haciendo como lo hicimos también para las ternas de contralor, más o menos diez por semana”, señaló el senador colorado en diálogo con medios de comunicación.
Explicó que las audiencias se desarrollarán los lunes y jueves y estima que en tres semanas concluirán las convocatorias y en un mes, ya será elevada la terna a plenaria.
“En treinta días para poner a consideración del pleno nuestro dictamen como Comisión de Asuntos Constitucionales, ahí se definen las ternas para defensor del Pueblo y defensor del Pueblo Adjunto. Vamos a elegir los mejores técnicamente hablando”, aseguró.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales afirmó que los postulantes deben tener “una característica más que especial porque constitucionalmente el defensor del Pueblo es el que cuida el cumplimiento de los derechos humanos”.
Dijo que “aparte de la capacidad y la idoneidad” los postulantes deberán tener “mucha ética, mucha moral para poder ocupar ese cargo”.
Este lunes vence el plazo para postularse a la Defensoría del Pueblo
Compartir en redes
Mañana lunes 10 de agosto fenece el plazo para postularse ante la Cámara de Senadores para el cargo de defensor general del Pueblo, en reemplazo de Rafael Ávila, cuyo mandato vence el próximo 10 de noviembre. Actualmente ya son 22 los aspirantes.
Los mismos también pujan por ocupar la defensoría adjunta. Una vez concluida la etapa de postulaciones, se avanzará con las audiencias públicas para luego seguir con el proceso de evaluación para la conformación de las ternas de candidatos.
El defensor del Pueblo es nombrado por mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por la Cámara de Senadores. Dura cinco años en sus funciones, coincidente con el período del Congreso Nacional y podrá ser reelecto.
De conformidad con el artículo 278 de la Constitución Nacional, quienes aspiren al cargo de defensor del Pueblo deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser diputado. Esta exigencia también se aplica para el cargo de defensor del Pueblo Adjunto, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley n.° 631/1995.
La Carta Magna refiere que para ser elegido defensor del Pueblo se requiere la nacionalidad paraguaya, ser mayor de veinticinco años de edad y estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
El defensor del Pueblo goza de inamovilidad y solo cesa en sus funciones por las siguientes causas: renuncia, presentada ante la Cámara de Diputados; expiración de mandato; muerte o incapacidad de hecho sobreviniente declarada por la Corte Suprema de Justicia; haber cumplido la edad de 75 años; y juicio político en los términos establecidos por la Constitución Nacional.
La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución N.º 2698 que estipula que el proceso de selección se desarrollará bajo los principios de transparencia, publicidad, igualdad de oportunidades e idoneidad, promoviendo una amplia participación de postulantes.