El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que aumentar impuestos como el Impuesto a la Renta Personal (IRP) o el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no es una alternativa viable para cubrir el déficit creciente de la Caja Fiscal, que financia las jubilaciones del sector público.

La postura fue expuesta durante una sesión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. El viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, señaló que las propuestas de algunos sectores, docentes, policías y militares, de elevar impuestos para sostener el sistema no resultan sostenibles en el tiempo.

Al respecto, la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, presentó proyecciones financieras que muestran que el déficit del sistema ya se cubre con impuestos generales y seguirá creciendo si no se aprueba una reforma estructural.

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“Simulamos el impacto de subir impuestos como plantean algunos sectores. En el caso del IRP, la tasa debería subir del 10 % al 48 % en 2025, y luego aumentar cada año hasta llegar al 86 % en 2028”, explicó. En cuanto al IVA, detalló que una suba del 10 % al 14 % permitiría recaudar unos USD 1.144 millones anuales, pero sólo alcanzaría para cubrir el déficit de 2026 y 2027, y apenas una parte del de 2028.

Coronel advirtió que el 100 % del déficit de la Caja Fiscal en 2028 será cubierto con impuestos generales, lo que equivaldrá a unos USD 683 millones, un monto cercano al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Según el MEF, la principal causa del desequilibrio es la ausencia de una edad mínima de jubilación, lo que beneficia principalmente al Magisterio Nacional, docentes universitarios, Fuerzas Militares y Policías.

Con esos USD 683 millones, el Estado podría financiar 10 hospitales de alta complejidad, otorgar pensión al 86 % de los adultos mayores, refaccionar 350 escuelas, pavimentar 3.200 kilómetros de rutas o ejecutar 16.000 hectáreas de alcantarillado sanitario.

El proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo propone establecer una edad mínima gradual de 57 años, con nuevas tasas de sustitución y mayores incentivos para permanecer más tiempo en actividad. También prevé aumentar el aporte obrero-patronal del 16 % al 19 % y sumar un aporte estatal adicional del 3 % como empleador.

Desde el MEF reiteraron que sin cambios estructurales, el sistema seguirá presionando las finanzas públicas y comprometiendo recursos destinados a salud, educación e infraestructura.

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El debate sobre la reforma de la Caja Fiscal se da en un contexto marcado por un déficit creciente y presiones cada vez mayores sobre el presupuesto público.

Para el analista económico Víctor Pavón, el problema ya no admite postergaciones y requiere decisiones estructurales para evitar que el sistema previsional público siga comprometiendo recursos que podrían destinarse a áreas sociales y productivas.

En contacto con La Nación/Nación Media, Pavón expuso que uno de los puntos más críticos es la forma en que hoy se financian los haberes jubilatorios deficitarios. Según explicó, no es sostenible ni justo, que las jubilaciones se paguen con impuestos generales aportados por personas que no forman parte de esos regímenes.

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“Personas privadas terminamos pagando inexorablemente para sostener estas cajas”, cuestionó, remarcando que el impacto es aún más grave para los sectores más pobres del país, que terminan financiando privilegios previsionales a costa de servicios públicos básicos.

En ese sentido, Pavón cuestionó las jubilaciones a edades tempranas dentro de algunos regímenes de la Caja Fiscal. A su criterio, que una persona se jubile a los 50 o 52 años no solo carece de lógica económica, sino que representa un problema moral y financiero.

Explicó que es inmoral porque obliga a otros contribuyentes a pagar beneficios ajenos; antifinanciero, porque ese gasto se cubre vía déficit, y antieconómico, porque el drenaje de recursos no se corrige y se profundiza con el tiempo.

Recordó que el déficit anual ronda los USD 380 millones, una cifra que calificó como conservadora, pero que podría aumentar significativamente en los próximos años si no se introducen cambios.

De las seis cajas que conforman el sistema previsional público, cinco se encuentran en déficit, y algunas presentan niveles críticos. En particular, mencionó que los regímenes de militares, policías y maestros registran desbalances de alrededor del 76 %, 60 % y 50 %, respectivamente, mientras que solo la caja de los funcionarios públicos mantiene un resultado superavitario.

Según el analista, financiar déficits previsionales con impuestos termina afectando el ahorro público y la inversión privada, ya que cuando el Estado absorbe más recursos para sostener la Caja Fiscal, queda menos capital disponible para generar empleo, mejorar salarios y dinamizar la economía.

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En el marco del debate sobre la reforma de la Caja Fiscal, impul­sada por el gobierno del man­datario Santiago Peña, el titular de la Comisión Per­manente del Congreso Nacional, Colym Soroka, instó a los gremios que rechazan el pro­yecto a presentar propues­tas alternativas ante un emi­nente colapso.

“Tienen que entender que debemos buscar una solu­ción al problema, las cajas fiscales ya no aguantan más, tiene un agujero muy grande y rechazar el proyecto no nos ayudará a solucionarlo, eso sería demasiado senci­llo”, sostuvo a los medios de comunicación.

El senador acotó: “Todas las propuestas que hagan serán remitidas a la Cámara de Dipu­tados en donde será tratada previamente. Les decimos a los gremios que hagan sus pro­puestas porque algunos solo vienen agresivos diciendo que no comenzarán por ejemplo las clases, este es un momento de debates, no de discusiones, donde las propuestas deben prevalecer ante las amenazas”.

Las afirmaciones de Soroka surgen ante el rechazo al pro­yecto ejecutivo por parte de algunos sectores, como el de los docentes, donde uno de sus principales representan­tes, el sindicalista Silvio Piris, amenazó con la aplicación del voto castigo en las elec­ciones municipales del pre­sente año, en caso de pros­perar la reforma.

Entre los puntos destacados del proyecto figuran la jubi­lación gradual que irá desde los 57 hasta los 62 años, con incentivos para quienes deci­dan trabajar más tiempo, aumentando la tasa de sus­titución. El aporte subirá del 16 al 19 %. Asimismo, en el proyecto se menciona que el Estado comenzará a aportar de forma proporcional, ini­cialmente con un 3 %.

En la propuesta se cita que se promediarán los aportes de los últimos 5 años para la jubilación. Se establece que no se modifican las edades de jubilación para los médicos y funcionarios administra­tivos del servicio civil. Deta­lla que tampoco se incluye la jubilación parlamentaria.

Desde el Ministerio de Econo­mía y Finanzas, encabezado por Carlos Fernández Valdo­vinos, se informó que en los últimos cinco años, la Caja Fiscal acumuló un déficit de aproximadamente USD 1.380 millones. Mientras que, al cierre de 2025, el balance anual de la Caja Fiscal alcanzó los USD 380 millones. “El minis­tro de Economía se mues­tra muy abierto a escuchar las propuestas de los secto­res, entonces por qué entrar antes de tiempo a los araña­zos, debemos debatir con pro­fundidad esta cuestión porque no hay forma de sostener este modelo”, dijo Soroka.

Tanto policías como militares jubilados plantearon la necesidad de un aporte estatal del 14 %, mientras que el proyecto de reforma contempla únicamente un 3 %.

Los representantes de gre­mios de militares y policías manifestaron su rechazo a la iniciativa, considerando que propone establecer una edad mínima de 57 años para la jubilación de los agentes de las fuerzas públicas. Asimismo, plantean elevar de 15 a 20 años el aporte mínimo requerido para la jubilación del sector militar, y de 10 a 20 años para los agentes policiales.

Tanto policías como militares jubilados plantearon la nece­sidad de un aporte estatal del 14 %, mientras que el proyecto de reforma contempla única­mente un 3 %. En esencia, la propuesta establece una tasa de aporte total del 22 % sobre la remuneración imponible: 19 % a cargo del trabajador y 3 % a cargo del Estado como empleador, figura que hasta ahora no estaba contemplada.

Tras la reunión, el diputado colorado Néstor Castellano señaló que esta propuesta genera preocupación en los sectores afectados, pero que la Comisión Permanente mantendrá sus puertas abier­tas para escuchar sus plan­teamientos. El legislador indicó que buscarán contri­buir al análisis del proyecto, recordando que ya recibieron al sector docente y al de poli­cías y militares.

“Corresponde tomar nota y analizar con los senadores y diputados la pertinencia de las sugerencias realizadas por los sectores afectados con esta reforma de la Caja Fiscal”, manifestó.

Por su parte, la diputada Bet­tina Aguilera expresó que mediante un diálogo respe­tuoso se podrá llegar a un acuerdo con los gremios invo­lucrados, evitando así medi­das de fuerza como el atraso del inicio de clases.

“Es natural que tengan este temor. Lo que queremos garantizar desde la Comi­sión Permanente es que habrá tiempo para seguir anali­zando esta propuesta”, indicó.

Hoy, a partir de las 9:30, está prevista la primera sesión ordinaria de la Comisión Per­manente del Congreso en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores.

Participará como invitado especial el ministro de Eco­nomía y Finanzas, Dr. Car­los Fernández Valdovinos, quien continuará el proceso de socialización del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

Durante la jornada, el titu­lar de la cartera realizará una exposición técnica sobre la iniciativa legislativa, brin­dando detalles sobre sus alcances, fundamentos y objetivos.

También fue invitado el sena­dor Rafael Filizzola, en su carácter de presidente de la Comisión Especial de Inves­tigación de carácter transito­rio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los pagarés”.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que desde este mes de enero entrará en vigencia un incremento del 3,1 % en los haberes de jubilados y pensionados. El ajuste fue aprobado por el Consejo de Administración de la previsional con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre del 2025.

Se detalla que el reajuste tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios. “Desde el instituto se reafirma que este proceso se lleva adelante bajo criterios de responsabilidad, sostenibilidad financiera y transparencia, garantizando el equilibrio del sistema jubilatorio y la protección de los derechos de los asegurados, jubilados y pensionados”, detalla el comunicado lanzado desde la previsional.

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De esta forma se da cumpliendo al reajuste anual previsto. El incremento se aplicará a todos los beneficiarios, por lo que no se establece un monto fijo único, es decir cada jubilado o pensionado recibirá el porcentaje sobre su haber actual.

La institución también puntualiza que el incremento será automático, sin necesidad de realizar trámites adicionales. “El IPS recuerda que toda información oficial relacionada con las jubilaciones y pensiones se encuentran disponibles a través de sus canales institucionales y pone a disposición de la ciudadanía sus oficinas de atención para cualquier consulta adicional”, refiere.

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