El mandatario Santiago Peña firmó el decreto n.° 3749/2025, que reglamenta el artículo 1 de la ley n.° 7027/2022, que aumenta el pago de recompensa por el otorgamiento de información sobre el paradero de los secuestrados: el suboficial Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el exvicepresidente de la República y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis.
La resolución presidencial detalla que la nueva suma establecida es de G. 7.000 millones. Se establece además que las informaciones podrán provenir de cualquier fuente, sin restricción de origen, pero excluye a funcionarios públicos que desempeñen funciones en las instituciones directamente vinculadas a la seguridad y la justicia, así como a los integrantes civiles, policiales o militares de las fuerzas públicas, ni a sus parientes hasta el quinto grado de consanguinidad.
Agrega que la identidad de la fuente permanecerá estrictamente reservada por razones de seguridad del informante y a fin de preservar la confidencialidad de la información.
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Igualmente, en la reglamentación se advierte que los datos falsos se denunciarán ante el Ministerio Público. La reglamentación fue a requerimiento del Ministerio del Interior e indica que el pago será en “concepto de gastos reservados”, de recompensa por información útil, respecto al paradero de los secuestrados por grupos criminales.
En la reglamentación se menciona que la autorización para el pago de la recompensa será competencia exclusiva de la cartera del Ministerio del Interior, que podrá disponer pagos parciales o totales, en función de la calidad de la información proporcionada y de los resultados obtenidos.
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Madre denuncia pedido de dinero a cambio de información por paradero de su hijo
La madre de Thiago Lucas Recalde conocido como “Dylan”, de 13 años de edad, quien está desaparecido, denunció públicamente que recibió mensajes en los que le pedían dinero a cambio de recibir información sobre su hijo. Las autoridades deben tomar conocimiento de este grave hecho e investigar el autor responsable del envío de los mensajes.
El niño desapareció el pasado 5 de junio, a las 13:00, y desde esa fecha está con paradero desconocido. De acuerdo a los primeros datos, por última vez se lo vio en la zona de San Lorenzo.
De acuerdo a lo referido por la madre del niño desaparecido, una parte del mensaje textualmente amenaza: “Quieres ver cortándole la cabeza a tu Hijo”. También dicen los mensajes que “si no van acatar mis órdenes, vamos a hacer plata con los órganos de tu hijo”.
Se insta a la ciudadanía a informar a cualquier comisaría si tienen alguna novedad sobre el niño Thiago Recalde, de 13 años de edad.
Bruno Alexander
Se produjo el peor desenlace en la búsqueda del adolescente Bruno Alexander Soler, de 16 años. Fue hallado su cuerpo en el río Paraná, hacia el lado brasileño. Su padres confirmaron que se trata del hijo desaparecido, desde el 2 de junio.
Esto fue manifestado a La Nación/Nación Media, por el comandante del Área Naval del Este, el capitán Marcos Rivas Rojas. “El cuerpo iba flotando aguas abajo, un pescador lo llevó hacia la costa brasileña; el personal de la Armada Paraguaya que estaba haciendo la búsqueda, tuvo la notificación”, refirió el comandante Rivas.
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Caso Urbieta: autorizan extraer datos de teléfonos de Lourdes Teresita Ramos
El juez Osmar Legal autorizó la extracción de datos de los teléfonos celulares pertenecientes a Lourdes Teresita Ramos, miembro del grupo criminal Ejército del Mariscal López (EML).
La mujer es investigada por tener participación directa con el grupo que secuestró al ganadero Félix Urbieta. El procedimiento de extracción será concretado tras la solicitud de los fiscales Pablo René Zárate y Lorenzo Lezcano.
La extracción estará a cargo de Jorge Sebastián Riquelme Salinas, perito del Laboratorio Forense del Ministerio Público. El magistrado dispuso que todo lo que no esté directamente relacionado con la investigación deberá mantenerse en estricta reserva.
La mujer fue capturada el pasado mes de febrero por los integrantes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), en la compañía Salinas Cué.
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Antecedentes
El secuestro de Urbieta fue perpetrado en el año 2016 en la estancia San Francisco de Belén Cué, en el distrito de Horqueta, Concepción. La primera prueba de vida se dio 15 días después del plagio y siguieron apareciendo solo hasta febrero del año 2017.
Los criminales habían enviado siete cartas y cinco videos. A partir de que no se pudo cumplir a tiempo con la entrega del dinero para la liberación, consistente inicialmente en USD 500.000, se perdió el contacto con los criminales. Entre las pruebas que recibieron sus familiares se encuentra una carta escrita por Urbieta. El grupo EML es una fracción desprendida del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
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Gobierno lanzó fuerte campaña de responsabilidad contra el abuso sexual infantil
Con el lema “No todo es lo que parece” el Gobierno de Paraguay lanzó la campaña #TodosSomosResponsables 2025, que apunta a la prevención, detección temprana y denuncia del abuso sexual infantil y adolescente, atendiendo a que el 95 % de los abusos sexuales en niñas, niños y adolescentes se dan en el círculo de confianza.
En ese contexto, el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, enfatizó que en esta guerra no tenemos armas de fuego, en esta guerra nuestras armas son el diálogo, creerle y escucharle al niño y darle información en un tema tan sensible.
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Exhortó a todos los operadores de Justicia para que caiga todo el rigor de la ley sobre quien ose tocar y abusar sexualmente de un niño, niña o adolescente.
“Estos son los temas que tenemos que instalar como sociedad, ocuparnos como familia y como Estado, depende de cada uno de nosotros, estamos trabajando en un diálogo constante con la Corte Suprema de Justicia (…) todos juntos somos parte de esto”, añadió.
El presidente de la República, Santiago Peña, señaló que se trata de una causa que debe unir a la nación en torno a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
“Este año nos interpela con una reflexión muy profunda, que no todo es lo que parece, un lema que nos invita a abrir los ojos, a estar atentos, ser guardianes de nuestros niños, pero sobre todo, a ser intransigentes ante este crimen. Nos invita a mirar más allá de las apariencias, a estar atentos a las señales”, expresó.
Mencionó que la campaña es una herramienta fundamental en la ardua tarea de prevenir el flagelo del abuso sexual infantil.
“Hoy la gente se anima a denunciar, la sociedad está más alerta, está más sensibilizada y actúa más, pero todavía tenemos muchísimo que hacer, porque mientras haya un solo niño, una sola niña, un adolescente que sea víctima de este flagelo, no vamos a estar conformes, vamos a tener tolerancia cero ante esto que es totalmente inaceptable”, exteriorizó.
Ampliar el alcance de la campaña
En ese contexto, el mandatario destacó la importancia de dar visibilidad a las denuncias relacionadas a esta problemática y, ante todo, apostar de manera decidida por la educación de los más pequeños, así como de la sociedad en su conjunto.
Igualmente, hizo hincapié en la necesidad de ampliar el alcance, es decir, llegar a cada rincón del país, involucrar a cada actor del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, “entre todos hacer muchísimo más”.
El presidente anunció que desde las instituciones públicas seguirán sumando esfuerzos en esta lucha, sin embargo, remarcó que la clave para tener éxito es entender que es una causa nacional, que exige la unidad de todos los actores sociales.
Por otro lado, el jefe de Estado reafirmó el compromiso inquebrantable con la protección de los niños, niñas y adolescentes, alegando que todos juntos con determinación, podemos construir un futuro en el que cada niño, niña y adolescente pueda crecer libre de miedo y de violencia.
“La protección de la infancia y la adolescencia es una prioridad para el Gobierno del Paraguay, seremos inflexibles ante cualquier hecho que dañe a nuestros pequeños, estamos firmemente comprometidos en fortalecer la política pública y a trabajar incansablemente para erradicar toda forma de violencia contra nuestros niños, no vamos a tolerar que sus vidas sean empañadas por el abuso y la explotación (…) sé que si trabajamos juntos así como lo estamos haciendo ahora, pero si somos capaces de unir todavía más a la sociedad paraguaya, lo vamos alcanzar”, sentenció.
Amaru y Arami llegarán a 296 escuelas
Durante el acto, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, presentó a Arami y Amaru, que, con una guía de prevención complementaria, serán implementados en 296 instituciones educativas del país.
Ramírez reiteró el compromiso de las escuelas como agentes de cambio en las diversas comunidades educativas.
“Estos muñecos acompañarán la labor educativa como una poderosa herramienta pedagógica para abordar de forma clara, respetuosa y adaptada a la edad, un tema que vulnera los derechos de nuestros niños y adolescentes", precisó.
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Extraditado de Paraguay, testaferro de Marset se declaró culpable ante la justicia de EE. UU.
El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 44 años, considerado como testaferro de Sebastián Marset Cabrera, en el rol de blanqueador de dinero transnacional del narcotráfico, se declaró culpable ante la justicia estadounidense, reportó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, a través del portal del Departamento de Justicia, el 21 de mayo. Santoro fue extraditado desde Paraguay en julio de 2024.
En este marco, el Gobierno norteamericano anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) por información que conduzca al arresto o condena de Marset, que se suma a la recompensa de 100.000 dólares en Bolivia, anunciada en 2023.
El narcotraficante uruguayo también es sospechado de haber ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y las autoridades de Estados Unidos manifestaron la posibilidad de que se encuentre actualmente prófugo en Venezuela. Su esposa, Gianina García Troche, fue extraditada de España a Paraguay, el pasado 21 de mayo, y fue recluida en la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción.
Este último anuncio fue realizado por Erik S. Siebert, fiscal dederal para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), en una coordinación entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.
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Blanqueador de dinero
Santoro se declaró culpable de una conspiración para lavar dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico. El acusado era un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en un auto de procesamiento abierto esta semana, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con valor millonario desde Sudamérica a Europa. Santoro se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.
Marset presuntamente lideraba una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína, incluyendo hasta diez toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente a Europa. La organización Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros lugares.
Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía indicar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.
Santoro utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.
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Amenazas violentas
Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. Santoro blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se apropió de un porcentaje del dinero ilícito que blanqueaba.
En enero de 2021, se adeudaba a Marset presuntamente más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios policiales en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo del caso.
Operación “Recuperemos América”
“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluyendo su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de la violencia, o sobre su paradero, a contactar a la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov”, señala el informe del Departamento de Justicia en su portal oficial.
Esta investigación forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.
Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos e información judicial relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER, buscando el caso n.° 1:23-cr-143.