Ataques de medios a Peña: “Cruzaron la línea del periodismo a la militancia política”, dicen
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El programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN/Nación Media, fue espacio para del debate sobre la campaña de sabotaje contra el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, impulsado por poderosos medios de comunicación en alianza con políticos de la oposición y disidentes colorados. Los ataques no se limitan contra la administración del economista, sino que también alcanza a su base de sustento político el Partido Colorado y su titular Horacio Cartes.
“Lo que queda claro es que hace rato cruzaron la línea del periodismo a la militancia política. Es normal que los medios de comunicación sean un contralor más del Gobierno en cualquier democracia del mundo, lo que no es normal es que los medios de comunicación y los periodistas de esos medios asuman el rol de la oposición”, refirió el senador Gustavo Leite.
Los ataques sistemáticos son desplegados principalmente por el Grupo Abc y Última Hora, de acuerdo a las denuncias realizadas por el entorno político del mandatario, quienes constantemente alegan que no ejercen el papel de una prensa crítica que señala problemas e impulsan el debate sobre posibles soluciones, sino que falsean con alevosía los hechos de la realidad y permanentemente buscan crear un clima de inestabilidad.
El único objetivo según sus afirmaciones es boicotear la presidencia de Peña y erosionar su legitimidad con la única finalidad de producir la alternancia que tanto desean, sin contar con un proyecto nacional que logre cautivar a los paraguayos.
“Una cosa es contar los hechos y otras demonizarlos. Hay un grupo de la oposición que se levanta y lee lo que quiere Abc y Última Hora, pero hay otros que tienen su propio criterio. De que estos medios tienen una agenda, lo tienen. Yo creo que el Partido Colorado es un impedimento para que los dueños de comunicación sean los verdaderos patrones del Paraguay. Ya son patrones en varios sectores, pero ahora quieren agarrar el poder total”, dijo Leite.
El senador del movimiento Honor Colorado Gustavo Leite junto a su colega el liberal, Líder Amarilla. Foto: Néstor Soto
Entre las campañas colosales de manipulación de la información lanzada por ambos medios días atrás en forma coordinada guarda relación con un supuesto conflicto de intereses cometido por Peña en su anterior vínculo empresarial con ueno Holding. Esta artimaña es acompañada fuertemente por parlamentarios de la oposición y disidentes colorados quienes plantean someter al mandatario a un juicio político.
Sin embargo, Leite manifestó que sí constituye un “hecho asqueroso” de tráfico de influencia y conflicto de intereses las ganancias exponenciales que registraron las empresas de asfalto del exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, durante su periodo de gobierno. Este hecho es totalmente ninguneado por los medios de comunicación que fungen como sus aliados.
“No seguimos la agenda de nadie”
Mientras que su colega del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla, rechazó que la oposición responda a los intereses políticos y económicos de ambos grupos de medios. “De ninguna manera en mi caso particular y creo que de una gran mayoría de la oposición no seguimos la agenda de nadie, nosotros somos la voz de esa expresión de la ciudadanía”, refirió.
El legislador alegó que toman nota de las publicaciones periodísticas debido a la existencia de “hechos concretos”. No obstante, reconoció que el sector político debería abocarse en congeniar sus ideas y elaborar estrategias con miras a las futuras elecciones.
“Debemos producir resultados y que seamos propuesta de solución para lo que se viene en el futuro, en esto tenemos que trabajar. La tarea de los liberales es fortalecer nuestra institución, proponer programas de gobierno que sean superadores y finalmente construir un proyecto político con todos los sectores de la oposición”, comentó.
Amplían imputación contra Peña y más directores de BCP van a prisión
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El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.
La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la ampliación de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expresidente del BCP, por el hecho punible de asociación criminal. También fueron imputados por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser consultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modifica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.
CONTINUIDAD DE OPERACIONES
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria. El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
PRISIÓN PREVENTIVA
Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer viernes. La medida afecta a Marcos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes deberán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.
En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde permanecerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judicial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarrollan las diligencias vinculadas a la causa.
“Hechos determinan la calificación”
FRANCISCO CABRERA - Agente fiscal
El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.
“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.
Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.
NUEVA ADMISIÓN DE JUEZ
El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.
La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.
Gobierno anuncia la reducción del precio de cuatro tipo de combustibles
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La baja se da para el diésel común y las tres naftas, 88, 93 y 97 octanos.
El gobierno del presidente de la República, Pedro Alliana, informó el día de ayer la baja del precio de G. 300 por litro en los combustibles de la petrolera estatal y la reducción del 50 % del impuesto selectivo al consumo (ISC) para el gasoil en lo que resta del año.
El anuncio se dio en conferencia de prensa por parte del presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, y el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme. La baja se da para el diésel común y las tres naftas, 88, 93 y 97 octanos.
“Esto representa una disminución en promedio del 4 % en todos los combustibles, es decir, 300 guaraníes el litro en cada uno de ellos y también esto afecta a nivel nacional”, indicó el titular de la petrolera estatal.
Además de la reducción del costo de naftas, también se anunció la reducción del 50 % al impuesto selectivo al consumo (ISC) para las importaciones del diésel, con el fin de implementar también una baja para este combustible.
“Todos los meses venimos realizando el análisis y el acompañamiento del mercado internacional; la gasolina sufrió un comportamiento a la baja, lo cual ya nos permite trasladar ese beneficio en forma directa a la ciudadanía con un ajuste directo. No así el diésel, es por ello que se tuvo que ajustar la tasa del ISC de manera a poder permitir esta baja”, detalló Wilka.
Explicó además que “el impuesto selectivo al consumo se tocó justamente para permitir al diésel que se pueda realizar un ajuste; si no se tocaba la tasa del ISC, iba a ser difícil llevar adelante una baja”.
Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
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La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
Presunto esquema criminal encabezado por el expresidente Santiago Peña. Foto: Gentileza
El titular de Petropar, William Wilka, anunció que la reducción es del 4 %, lo equivalente a G. 300 por litro para el gasoil común y las naftas. Foto: Archivo
Gobierno anuncia baja de precio de combustibles de Petropar y reducción del 50 % del ISC al diésel
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El gobierno del presidente de la República, Pedro Alliana, informó este viernes la baja de precio de G. 300 por litro en los combustibles de la petrolera estatal y la reducción del 50 % del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para el gasoil en lo que resta del año.El anuncio se dio en conferencia de prensa por parte del presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, y el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme. La baja se da para el diésel común y las tres naftas, 88, 93 y 97 octanos.
“Esto representa una disminución en promedio del 4 % en todos los combustibles, es decir, 300 guaraníes el litro en cada uno de ellos y también esto afecta a nivel nacional”, indicó el titular de la petrolera estatal.
Además de la reducción del costo de naftas, también se anunció la reducción del 50 % al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para las importaciones del diésel, con el fin de implementar también una baja para este combustible.
“Todos los meses venimos realizando el análisis y el acompañamiento del mercado internacional; la gasolina sufrió un comportamiento a la baja, lo cual ya nos permite trasladar ese beneficio en forma directa a la ciudadanía con un ajuste directo. No así el diésel, es por ello que se tuvo que ajustar la tasa del ISC de manera a poder permitir esta baja”, detalló Wilka.
Explicó además que “el impuesto selectivo al consumo se tocó justamente para permitir al diésel que se pueda realizar un ajuste; si no se tocaba la tasa del ISC, iba a ser difícil llevar adelante una baja”.
Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, agregó que se reunieron con representantes de los distintos emblemas para realizar la comunicación sobre las nuevas directivas del Gobierno del presidente Alliana y los mismos acompañaron esta decisión.
“Tuvimos esta mañana reunión con los distintos gremios que son del ecosistema del combustible en Paraguay; les hemos comunicado que esta reducción del impuesto selectivo al consumo no es solamente para Petropar, sino que es para todos los importadores de combustibles, entonces también ellos decidieron acompañar la misma medida, la reducción del diésel y la reducción de las naftas”, sentenció.