El banco Atlas, propiedad del grupo de los Zuccolillo, está en un proceso de mediación con itti Saeca, quien alega que la entidad ha incurrido en hechos más graves que un incumplimiento del contrato y que la misma está utilizando de una manera distinta a lo pactado el software que provee dicha compañía. La entidad bancaria emitió un comunicado respecto a este tema.
“Banco Atlas niega categóricamente cualquier uso indebido de un sistema informático o la existencia de alguna deuda monetaria a la empresa itti”, expresa en una parte del comunicado, al que posteriormente agrega que el “Banco Atlas ha cumplido a cabalidad el contrato antes citado, no habiendo recibido reclamo alguno a lo largo de 21 años y posee derechos adquiridos que hoy están siendo ilegítimamente cuestionados”.
De acuerdo al escrito difundido por la banca este viernes 4 de abril, no existe una deuda hacia la empresa que les provee el software para sus operaciones ni tampoco un uso indebido del sistema informático. No obstante, el abogado de la firma, Miguel Almada, explicó que el banco de los Zuccolillo está dando un uso diferente a lo pactado contractualmente y advirtió sobre las posibles consecuencias para Atlas, que se traduciría en un resarcimiento multimillonario.
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“El 5 de febrero del año 2004, la entonces Financiera Atlas adquiere por tiempo indefinido un sistema informático de la firma IT Consultores SC, por medio de un contrato que permite al Banco Atlas su uso y modificaciones de acuerdo con sus necesidades mediante la entrega de los programas fuentes”, se expone en el escrito.
Asimismo, recordaron que el caso está en una instancia de mediación y que han sido beneficiados con medidas cautelares para continuar utilizando el sistema, pese a lo que sostiene la empresa de tecnología. Por su parte, Almada afirmó ante Nación Media que para ellos carece de fundamentos el fallo judicial, no obstante, van a respetar la decisión de la justicia.
“El Banco Central del Paraguay ha sido informado de todas las acciones realizadas y acuerdos formalizados hasta el momento en instancia de mediación. Informamos a nuestros clientes que esta situación no afectará la funcionalidad de ninguno de los servicios del banco y reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y las mejores prácticas empresariales”, concluye el comunicado.
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Comisiones del Senado dan luz verde al crédito de la JICA para el Corredor Bioceánico Sur-Oeste
En sesión conjunta, las comisiones de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar; de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, encabezada por el senador Dionisio Amarilla; y de Obras Públicas, presidida por el senador Natalicio Chase, dictaminaron a favor de la aprobación del contrato de préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
El financiamiento permitirá la construcción del Corredor de Integración y Desarrollo Socioeconómico de la Región Sur-Oeste, una obra considerada estratégica para impulsar el desarrollo económico y la conectividad del país.
Para el efecto, invitaron a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien brindó los detalles del alcance del proyecto de Ley que aprueba el Contrato de Préstamo Nº PG-P20, suscrito entre la República del Paraguay y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). El monto de la operación es de hasta 36.380 millones de yenes japoneses (unos USD 286 millones).
Estos recursos serán destinados al financiamiento del Proyecto de Mejoramiento del Corredor de Integración y Desarrollo Socioeconómico de la Región Sur-Oeste, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La propuesta contempla además la ampliación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado por la Ley Nº 7609, remitido por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Durante su exposición, la titular del MOPC Claudia Centurión, explicó que el financiamiento asciende aproximadamente a 286 millones de dólares y será destinado a la construcción del Corredor Bioceánico del Sur-Oeste, una obra de casi 200 kilómetros considerada estratégica para el crecimiento económico y social del país, especialmente para los departamentos de Misiones y Ñeembucú.
Asimismo, destacó que el proyecto fortalecerá la conectividad, impulsará el desarrollo turístico y generará nuevas oportunidades para las comunidades de la zona.
En ese contexto, señaló que Ñeembucú presenta una de las menores tasas de pavimentación del país, por lo que esta infraestructura permitirá mejorar el acceso a oportunidades de desarrollo, integración y crecimiento.
Debate legislativo
Por su parte, la senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión Parlamentaria de Amistad Paraguayo-Japonesa, resaltó que la iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno para ejecutar obras contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, orientadas a la reducción de la pobreza, el desarrollo social, el crecimiento económico inclusivo y una mayor proyección internacional del país.
Durante el debate, la senadora Celeste Amarilla enfatizó la necesidad de que la obra se ejecute con materiales de calidad, conforme a las especificaciones técnicas y bajo una adecuada fiscalización.
A su turno, el senador Dionisio Amarilla destacó la importancia de concretar el proyecto en las condiciones previstas, considerando el impacto que tendrá en el desarrollo de la región.
El senador Pedro Díaz Verón, por su parte, resaltó la importancia de verificar la solvencia técnica y financiera de las empresas adjudicatarias para garantizar la ejecución y culminación del proyecto en tiempo y forma.
Finalmente, el senador Éver Villalba recordó que Ñeembucú es el departamento con menor cantidad de kilómetros de rutas asfaltadas del país. Además, destacó que las características geográficas de la zona, compuesta principalmente por humedales, requieren técnicas constructivas específicas, por lo que este tipo de obras no puede compararse con las ejecutadas sobre suelo firme.
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IPS busca reprogramar su deuda a 10 años para liberar fondos y abastecer sus farmacias
El asesor de la presidencia del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, reveló la estrategia de “alivio financiero” que impulsa la previsional para que el 75 % del presupuesto para medicamentos se pueda pagar en cuotas bancarias de corto plazo. La propuesta de Pereira no es solo desplazar vencimientos en lo inmediato, sino buscar un marco legal que permita reestructurar la deuda a 10 años (con 2 años de gracia) y emitir bonos.
Invitado en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media, señaló que el actual presidente del IPS, el doctor Isaías Fretes, inició una serie de visitas a los distintos centros de atención, acompañado de la gerencia de abastecimiento y logística. Justamente, para empezar a inventariar no solamente las necesidades insatisfechas y la falta de medicamentos, sino también para medir la fuerza laboral médica.
Señaló que, a partir de ahí, están inventariando, incorporando una auditoría médica, acompañando a la auditoría a la administrativa normal como para medir las distintas órdenes de servicio que se solicitan. “El reto va a estar en, primero, saber cuánto tenemos y en base a eso dosificar lo que se necesita y en vez de tener para dos años para ir acortando en base al universo de los más de 500 medicamentos que componen el vademécum”, precisó.
Ganar tiempo
Mencionó que está acompañando esta etapa difícil para poder concretar financieramente todos los pasos que se puedan dar, no solamente para corregir esta situación desplazando vencimientos a fin de ganar tiempo. Pero, aclaró que de ninguna manera tiene que ser un sustituto a una reprogramación integral de la deuda.
Reconoció que la deuda total del IPS asciende a unos USD 1.265 millones (USD 800 millones con bancos y USD 400 millones con proveedoras) y que actualmente solo se cubre el 25 % de las necesidades operativas/medicamentos debido a la asfixia de las cuotas bancarias.
“Ese 25 % que resulta insuficiente, eso se deriva de la concentración en su mayor porcentaje, que es el 75 % restante, en atender las cuotas que el Fondo de Salud tiene con el sector bancario. Como esas deudas provienen de arreglos de deudas anteriores, créditos sindicados, cesiones de crédito de años anteriores, pero que todos son de corto plazo, ese cortoplacismo hace de que las cuotas sean demasiado grandes”, comentó.
Reestructuración parcial
El asesor del IPS aclaró que no se trata de una refinanciación, que se realiza cuando la deuda ya está vencida, y que la institución no se encuentra en incumplimiento de ningún tipo de obligación. La reestructuración parcial “es apenas una medida paliativa para tener un semestre más tranquilo y asegurarle a la gente que no le falte medicamento”, remarcó.
Pereira explicó que ahí recién empieza el verdadero desafío de aprovechar esta situación crítica y establecer un mecanismo legal que le permita al IPS poder tomar una deuda o emitir bonos local, de manera de que se pueda tener una reprogramación de deuda a 10 años, con mínimo 2 años de gracia y con un mecanismo de blindaje.
El asesor señaló que estará trabajando para que el IPS cuente un instrumento legal que contemple sus características de entidad autónoma, autárquica y descentralizada, con el objetivo de que pueda depender de sí misma porque tiene flujos importantes. “También trabajamos en forma simultánea y multifrontal, porque no solamente acá es arreglar la deuda, también tenemos que tomar medidas para aquellos que le deben al IPS, empezando por el Estado”, señaló.
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Cifarma avanza con la cesión de créditos mientras Capaco busca otra alternativa
El Gobierno avanza en conversaciones con la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), para implementar un esquema de cesión de créditos por USD 300 millones, con el objetivo de cancelar parte de la deuda que mantiene con las empresas proveedoras de medicamentos e insumos del sistema público de salud, pasivo que ronda actualmente los USD 1.000 millones.
La propuesta consiste en que las empresas puedan ceder sus derechos de cobro a entidades financieras, obteniendo liquidez inmediata sin tener que esperar los plazos de pago del Estado. Posteriormente, el Gobierno cancelaría esas obligaciones directamente a la entidad que adquirió los créditos.
En conversación con La Nación/Nación Media, el secretario de Cifarma, Luis Ávila, señaló que el gremio considera que esta herramienta financiera representa una alternativa viable para aliviar la situación de las empresas del sector, que desde hace varios años enfrentan importantes retrasos en los pagos por parte del Estado.
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Explicó que el mecanismo permitiría recuperar liquidez, cumplir con proveedores internacionales y mantener el abastecimiento de medicamentos mientras continúa el proceso de regularización de la deuda pública.
No obstante, la propuesta no cuenta con el respaldo de todos los sectores. Desde la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) sostienen que la cesión de créditos o factoraje no constituye una solución adecuada para las empresas constructoras, ya que implica trasladarles el costo financiero de una obligación que corresponde exclusivamente al Estado.
El presidente de Capaco, José Luis Heisecke, explicó a La Nación que, si bien la cesión de créditos es una herramienta financiera válida en determinados escenarios, en este caso obliga a las empresas a aceptar descuentos sobre el valor de las acreencias para obtener liquidez inmediata, absorbiendo pérdidas derivadas de los atrasos en los pagos estatales.
En ese sentido, el gremio constructor insiste en que la salida debe pasar por un cronograma de pagos claro, transparente y sostenible, que contemple tanto la deuda principal como los intereses generados por la mora. Según Heisecke, contar con previsibilidad permitirá a las empresas normalizar su situación financiera, cumplir con proveedores y trabajadores, acceder nuevamente al crédito y reactivar las inversiones. La deuda del gobierno con las constructoras ronda los USD 350 millones, incluyendo el certificado de obras más los intereses acumulados.
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Abogada defensora de Prieto tendría contrato como asesora externa de la comuna de CDE
Una investigación que llevó adelante la organización social “Contraloría Ciudadana” de Ciudad del Este, detectó una nueva irregularidad cometida por el equipo del exintendente destituido y hoy postulante a la presidencia de la República por la oposición, Miguel Prieto.
De acuerdo con los datos recabados por esta organización, la abogada Gilda María Portillo Vera, quien ejerce de defensora de Prieto, tendría un contrato como asesora judicial externa con un salario de G. 11 millones pagados por la comuna local.
Uno de los datos de denuncia penal que están preparando para presentar ante el Ministerio Público, indica que la abogada Portillo Vera, con matrícula 34.243 de la Corte Suprema de Justicia, contratada por la Municipalidad como “asesora externa”, aparentemente estaría cumpliendo únicas funciones para llevar la representación y defensa de Miguel Prieto y otros imputados por hechos de corrupción durante su gestión como jefe comunal, en las varias causas judiciales abiertas.
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Por ahora, la nueva denuncia que hacen pública los miembros de la Contraloría Ciudadana, al confirmar que la abogada Portillo fue contratada como asesora externa de la Municipalidad de Ciudad del Este, con un honorario mensual de 11 millones de guaraníes y no estaría aparentemente llevando ninguna causa que compete al municipio.
Los datos divulgados señalan que la citada abogada no ejerce esa asesoría en la Comuna, y solamente se dedica a defender a Miguel Prieto en todas sus causas judiciales de corrupción que pesan sobre él, y también apareció como representante legal del concejal municipal Sebastián Martínez Insfrán, y varios otros imputados como ser Francisco Raimundo Arrúa Álvarez; Maggi Elizabeth Fariña Almada; Alex Yamal Samhat González; Higinio Ramon Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo todos ellos imputados en las diferentes causas judiciales vinculados al exjefe comunal destituido.
De acuerdo a informes de varios medios de comunicación esteña señalan que el abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciudadana, señaló que la mencionada abogada Portillo Vera, ejerce la actual defensa tanto de Miguel Prieto, como del actual concejal Martínez Insfrán, que están con procesos judiciales por corrupción en la administración municipal.
“La misma administración municipal que fue víctima de esos nefastos personajes, es la que ahora le paga a la abogada Portillo que los defiende. Está contratada desde febrero de este año, y percibe sus salarios provenientes del rubro 145 de los fondos municipales. Cobra honorarios como contratada, fue contratada por Daniel Pereira Mujica, quien en junio renunció al cargo para volver a postularse en las elecciones del 4 de octubre”, expresó.
Enriquez agregó que, si no hay delito, por lo menos es una inmoralidad terrible, estarán analizando con un equipo si presentan una denuncia ante la Superintendencia de Justicia.
La Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del intendente interino Pedro Acuña, se mantiene en silencio y no brinda aclaración alguna sobre el caso.
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