Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.

“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.

Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.

Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.

Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.

Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.

“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.

En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.

Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.

La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.

En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.

Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?

La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.

“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.

Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.

Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.

Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.

Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.

Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.

Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.

Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.

La administración tributaria y el sector bancario conformarán un equipo técnico y tecnológico para desarrollar una plataforma que permita intercambiar información tributaria y bancaria de manera específica y bajo autorización de los contribuyentes.

Fortalecimiento conjunto. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el sistema bancario avanzan en el desarrollo de un mecanismo de intercambio de información que permitirá facilitar el acceso a determinados datos tributarios y bancarios, con autorización previa de los clientes.

El anuncio fue realizado por el director nacional de la DNIT, Óscar Orué, durante la segunda Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban)

Orué explicó que ambas partes conformarán un equipo técnico y tecnológico encargado de trabajar en el desarrollo del sistema, con la expectativa de que pueda estar disponible a mediados del próximo año. La herramienta permitirá que las entidades financieras puedan acceder a información tributaria de sus clientes y que, a su vez, la DNIT pueda consultar determinados datos bancarios para fortalecer sus procesos de control.

El director de la DNIT aclaró que el mecanismo no implicará un acceso irrestricto a la información de los contribuyentes. El alcance estará limitado a determinadas declaraciones y registros, entre ellos las declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA), estados financieros, facturación de empresas, impuesto a la renta empresarial (IRE) e impuesto a la renta personal (IRP).

Autorización con firma electrónica. Para acceder a estos datos será indispensable la autorización expresa del cliente. Según explicó Orué, cada banco deberá gestionar este consentimiento con sus clientes y posteriormente presentar la autorización ante la DNIT mediante la firma electrónica correspondiente. De esta manera, las entidades podrán consultar y descargar las declaraciones juradas habilitadas.

El sistema apunta principalmente a facilitar los procesos de evaluación de clientes que requieran acceder a productos financieros, como créditos. Sobre el punto, Orué señaló que todavía no se cuenta con una estimación de cuántos contribuyentes podrían otorgar esta autorización, pero remarcó que el acceso estará condicionado al consentimiento de cada cliente.

En entrevista con “La caja negra”, el jefe de Estado dijo que la aceleración de la economía paraguaya posibilitará la generación de esa cifra; prometió también un déficit fiscal de 1,5 %.

El presidente Santiago Peña afirmó que Para­guay podría superar la meta de 500.000 nuevos puestos de trabajo, al desta­car la aceleración que, según sostuvo, viene registrando la economía y su impacto cre­ciente sobre el mercado labo­ral. Al mismo tiempo, ase­guró que su administración apunta a dejar encaminadas las cuentas fiscales para que en 2028 el déficit se ubique en torno al 1,5 % del producto interno bruto (PIB).

En una entrevista exclu­siva con el programa “La caja negra”, que conduce el periodista Jorge Torres por Unicanal, Peña sostuvo que la evolución de la economía permite mirar con optimismo la generación de empleo. Recordó que al inicio de su gobierno el crecimiento era más lento, pero que posterior­mente se produjo una acele­ración. “Cuando iniciamos el gobierno en 2023, durante el primer semestre, la econo­mía crecía muy despacio, pero vimos una aceleración impor­tante en la segunda mitad de 2023”, señaló.

En ese sentido, mencionó que la economía creció cerca del 6 % en 2023, alrededor del 5 % en 2024 y casi 7 % en 2025. Para el mandatario, esta dinámica también comenzó a reflejarse en el mercado labo­ral. “Hubo un proceso de ace­leración y, con él, también se fue acelerando la generación de nuevos empleos y ocupa­ciones en los últimos trimes­tres”, afirmó.

Peña consideró que el pro­ceso todavía tiene margen para continuar. “Creemos que todavía estamos lejos de llegar a un punto de esta­bilización; esto va a seguir creciendo en los próxi­mos años”, sostuvo. Ante la consulta sobre la meta de 500.000 puestos de trabajo, fue incluso más optimista: “Creo que vamos a superar esa cifra”.

El presidente vinculó esta perspectiva con las condi­ciones que busca dejar ins­taladas para los próximos años. Afirmó que el siguiente período presidencial podría recoger los frutos de las polí­ticas implementadas durante su administración. “Vemos que el próximo período pre­sidencial será un período de mucha cosecha de lo que nosotros hemos sembrado”, manifestó.

En paralelo, Peña puso énfa­sis en el proceso de ordena­miento de las cuentas públi­cas. Explicó que la reducción del déficit está vinculada tam­bién al pago de obligaciones acumuladas con proveedo­res y a un mayor control sobre nuevos compromisos presu­puestarios.

“Ahora estamos cerrando el grifo”, afirmó, al referirse a los mecanismos que permi­tían comprometer recursos para ejercicios futuros y que, según explicó, contribuye­ron a acumular obligaciones. El mandatario señaló que el déficit de 2026 y 2027 toda­vía estará condicionado por el proceso de cancelación de esas deudas, pero proyectó que en 2028 llegará al 1,5 % del PIB.

Peña defendió además una mirada flexible sobre la regla fiscal, considerando que Paraguay necesita pre­servar espacio para la inver­sión y que el nivel adecuado de déficit depende del com­portamiento de la economía. “La ecuación es mucho más compleja”, sostuvo, y señaló que organismos como el FMI, el Banco Mundial y las cali­ficadoras observan tanto las decisiones técnicas como las políticas.

Finalmente, planteó la res­ponsabilidad fiscal como uno de los principales compromi­sos de su gestión. “Si hay algo en lo que yo no puedo fraca­sar es en la gestión financiera y fiscal del Estado”, afirmó. Así, el mensaje presidencial combina dos objetivos para los próximos años: sostener la expansión económica para acelerar la creación de empleo y, al mismo tiempo, reducir gradualmente el déficit hasta alcanzar una posición fiscal más ordenada en 2028.

El presidente de la República ratificó su pleno respaldo a la can­didatura de Pedro Alliana como opción para la Presidencia y des­cartó que el actual ministro de Industria, Marco Riquelme, forme parte de sus preferencias para la carrera electoral. Con esta defi­nición, dejó clara su posición dentro del escenario de candidatu­ras que toma forma en el oficialismo colorado. “Pedro es un gran compañero y yo estoy convencido de que va a ser un gran pre­sidente para el Paraguay y los paraguayos”, aseguró Peña para resaltar los atributos como político y como funcionario público, donde fue gobernador, diputado y hasta presidente de la ANR.

Al tiempo de destacar el rol de Riquelme dentro del gabinete, y de su ascendencia política ya que su abuelo Blas N. Riquelme fue presidente del partido, el mandatario dejó en claro su preferen­cia. “El proyecto para el 2028 es un proyecto que lo lidera y lo encabeza Pedro Alliana”, sentenció.

El presidente de la República aseguró que la negociación sigue y lo que se busca es convertir Itaipú en motor de desarrollo.

En la entrevista con “La caja negra”, el presidente San­tiago Peña planteó ampliar la mirada sobre Itaipú más allá de la discusión por la tarifa, con el objetivo de convertir la energía paraguaya en un motor de desarrollo, inver­sión y nuevas oportunidades. “No podemos limitar nuestra visión solamente al Anexo C”, sostuvo. El mandatario señaló que la negociación con Brasil continúa en un marco de diá­logo, aunque existen diferen­cias en varios puntos del tra­tado. “No se trata solamente de vender la energía más barata o más cara. Se trata de definir qué inversiones y qué progreso podemos generar para ambos países a partir de Itaipú”, afirmó.

Peña sostuvo que la discusión debe incorporar otros aspec­tos, como inversiones, infraes­tructura y la navegación, ade­más de la revisión del Anexo C. En ese sentido, planteó una perspectiva de largo plazo y destacó la necesidad de pen­sar qué legado dejarán ambos países a partir del aprovecha­miento de la hidroeléctrica.

“¿Qué vamos a hacer nosotros para que dentro de 50 años hablen de nosotros?”, se pre­guntó, al explicar que esa fue una de las cuestiones que plan­teó al presidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva.

El jefe de Estado también vin­culó el futuro de Itaipú con las nuevas tecnologías y sostuvo que Paraguay debe aprovechar su disponibilidad de energía para atraer inversiones y gene­rar nuevas industrias. “Que­remos que esa energía sea un motor de desarrollo, y la inte­ligencia artificial va a jugar un rol determinante”, afirmó.

En los primeros sietes meses del 2026, la Itaipú Binacional transfirió USD 275 millones al Estado paraguayo en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), recursos establecidos en el Anexo C del Tratado, representando un importante aporte para el financiamiento de obras y proyectos que están en marcha.De acuerdo al reporte de la Dirección Financiera de la Entidad, entre enero y julio, el Tesoro paraguayo recibió USD 154 millones en concepto de royalties y USD 77 millones que corresponden a la compensación por cesión de energía.Por su parte, la ANDE percibió USD 44 millones por resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital.En julio, Itaipu realizó transferencias por USD 36 millones al Paraguay, de los cuales, USD 22 millones correspondieron a royalties, USD 12 millones a compensación por cesión de energía y USD 1,7 millones destinados a la ANDE en concepto de resarcimiento.Con este último desembolso, las transferencias realizadas al Estado paraguayo alcanzaron USD 1.497 millones desde agosto de 2023 hasta julio de 2026

Los recursos provenientes de los royalties tienen como destino el financiamiento de gastos contemplados en el Presupuesto General de la Nación (PGN), ejecutadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinada a gobernaciones y municipios para la ejecución de obras y proyectos.