Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 1º de la Ley N° 7626/2025, norma que forma parte de una larga cadena de reformas al régimen tributario municipal en materia de Impuesto a la Patente de Rodados.

Específicamente se busca modificar el artículo 22 de la mencionada legislación para garantizar que se mantenga un tratamiento diferenciado a favor de las motocicletas de hasta 300cc de cilindrada.

Los proyectistas alegan que es el medio de transporte más utilizado por trabajadores, estudiantes y familias de menores recursos en todo el país.

El texto original del proyecto establece que el impuesto a la patente de rodados se calculará sobre el 0,3 % del valor imponible que determine la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), aplicable a las municipalidades de 1ª, 2ª y 3ª categoría, incluida la Municipalidad de Asunción.

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Agrega el articulo señalado, que ese monto irá disminuyendo un 5 % cada año en concepto de depreciación, hasta llegar a los diez años de antigüedad del vehículo, momento en el que el valor quedaría fijo.

Como excepción a ese cálculo porcentual —y aquí viene la modificación— el proyecto dispone que las motocicletas de hasta 300cc paguen un monto fijo equivalente a medio jornal mínimo legal diario para actividades diversas no especificadas, cifra que fija el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess).

Son firmantes del documento los diputados liberales Carlos Pereira, Pedro Gómez y Cleto Giménez, y los colorados Luis González Vaesken y Rubén Roussillón.

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El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, acusó a la oposición de imponer el “cuoteo político” para la conformación de la terna de candidatos a la Contraloría General de la República (CGR), que será remitida a la Cámara de Diputados para la elección. Agregó a la vez que requerirá a la plenaria del Senado que la integración de la lista de aspirantes sea tratada luego del 15 de agosto.

“En periodos anteriores donde siempre la mayoría tuvieron los partidos de la oposición, las ternas para la Contraloría lo hicieron ellos y tuvieron contralores de su sector cuyas gestiones no fueron buenas por denuncias de corrupción, algunos se fueron presos por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza”, refirió Núñez a los medios de comunicación.

El parlamentario acotó: “¿Por qué los opositores no plantean nomás ya directamente modificar la ley que rige a la Contraloría y vayamos directamente al cuoteo? Con esto ellos dicen sí al cuoteo político y no a la idoneidad y la preparación técnica“.

Las afirmaciones de Núñez surgieron ante la decisión del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en solicitar a los candidatos a contralor que se encuentren identificados con la centenaria agrupación y otros partidos de oposición a retirar sus postulaciones. Semanas atrás, el parlamentario había detallado cronológicamente los casos de excontralores de extracción opositora que terminaron ante la Justicia. Citó por ejemplo al liberal Daniel Fretes Ventre, quien ocupó el cargo durante los años 1995 al 2000.

Fretes Ventre enfrentó a la Justicia tras comprobarse la creación de un esquema financiero destinado al blanqueo de capitales. En 2006, un tribunal lo condenó a 12 años de cárcel y a una multa millonaria tras tipificar sus actos como lavado de dinero y asociación criminal, bajo la premisa de haber organizado una maquinaria estructurada para el lavado de activos. No obstante, años más tarde, la causa dio un giro definitivo cuando la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo y lo absolvió.

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También había mencionado el caso de Óscar Rubén Velázquez Gadea, quien contaba con la adhesión de legisladores liberales y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). La gestión de Velázquez Gadea colapsó institucional y judicialmente tras revelarse graves irregularidades administrativas en el manejo de planillas y salarios públicos. Fue procesado y hallado culpable por el delito de lesión de confianza en el marco del caso conocido como “la secretaria vip”. El proceso culminó formalmente en 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia que lo condenó a 4 años de pena privativa de libertad.

Núñez también recordó el caso de José Enrique García Ávalos, quien gozaba del respaldo de los congresistas pertenecientes al tercer espacio. El mismo debió responder penalmente por su actuación en el polémico caso Ivesur, enfrentando cargos por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado, además de ser investigado en paralelo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En 2023 recibió una condena judicial de primera instancia, la cual fue ratificada y confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2024, cerrando de este modo su ciclo institucional con un fallo condenatorio firme. Con relación a la propuesta que realizará al pleno del Senado para que la conformación de la terna se realice luego del 15 de agosto, Núñez afirmó que “yo voy a pedir a los colegas que nos tomemos el tiempo y pasar la primera quincena de agosto, es una potestad que tiene la presidencia”, puntualizó.

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Continuando con el proceso de selección de los postulantes a los cargos de contralor y subcontralor general de la República, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, prosiguió este lunes las audiencias públicas, en las que recibieron a nueve candidatos para exponer sus propuestas y respondieron las consultas de los legisladores.

En la ocasión, se presentaron los postulantes Julián Fernando Domínguez, Luis Enrique Franco Bobadilla, Darío Araujo Prieto, Fernando Jhoni Báez Santacruz, Julio Mendoza Aquino, Liz Torres Laconich, Ariel Edmundo Gallardo Espínola, Angélica Ortiz y Jorge Miguel Ayala López. En tanto, Jacqueline Manuela Ramírez de Méndez no asistió a la audiencia.

En sus exposiciones, los postulantes coincidieron en la necesidad de fortalecer el rol de la Contraloría General de la República mediante una gestión más eficiente, transparente y orientada a la prevención. Entre los principales ejes planteados se destacaron el fortalecimiento del control preventivo, la modernización de los procesos de fiscalización, la optimización de los mecanismos de auditoría y un mayor acompañamiento a las instituciones públicas para prevenir irregularidades en la administración de los recursos del Estado.

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Asimismo, varios candidatos hicieron énfasis en la incorporación de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para mejorar los procesos de control, la transparencia en la gestión pública, el fortalecimiento de la credibilidad institucional y el diseño de mecanismos que contribuyan a una mayor eficiencia en la formulación y seguimiento de las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.

Al término de las exposiciones, el presidente de la comisión, senador Javier Zacarías Irún, valoró el nivel técnico de los postulantes y destacó que las propuestas presentadas constituirán un importante insumo para fortalecer el marco normativo de la Contraloría General de la República.

El legislador señaló que los aportes recogidos durante las audiencias permitirán impulsar, desde el Congreso Nacional, las modificaciones legales necesarias para dotar al órgano contralor de mayores herramientas que fortalezcan el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, resaltó el compromiso demostrado por los candidatos durante el proceso de evaluación. “Estamos escuchando atentamente cada exposición y tomando nota de los principales aportes. Más allá del desafío que representará seleccionar las ternas, todos los postulantes han demostrado una sólida preparación técnica y han realizado valiosos planteamientos que pueden contribuir al fortalecimiento de la Contraloría General de la República”, expresó el senador.

Por su parte, el director de la Comisión de Asuntos Constitucionales, abogado Humberto Fernández, informó que aún resta un grupo de postulantes por comparecer y que la convocatoria para la siguiente audiencia será definida entre este jueves o el próximo lunes.

Explicó que la comisión se encuentra recopilando la documentación y los antecedentes requeridos a los postulantes, entre ellos la actualización de sus legajos y las certificaciones de no haber sido objeto de sanciones o sumarios administrativos, en el caso de quienes se desempeñan o se hayan desempeñado en la función pública.

Una vez concluidas las audiencias públicas, la Comisión de Asuntos Constitucionales realizará una reunión ampliada para evaluar los antecedentes y las exposiciones de los postulantes, con el propósito de conformar las ternas que serán elevadas al Pleno de la Cámara de Senadores.

Cabe recordar que el mandato del actual contralor general, Camilo Benítez, y del subcontralor general, Augusto Paiva, culmina el 1 de noviembre de 2026. En ese marco, la comisión desarrolla el proceso de selección de candidatos que integrarán las ternas para la designación de las nuevas autoridades de la Contraloría General de la República.

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El presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Santiago Brizuela, destacó el cumplimiento de la Ley n.º 7524/25 de Financiamiento Político que en su Artículo n.º 66 establece que cada partido, movimiento o alianza deberá remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el balance de ingresos y gastos de campaña electoral.

La fecha tope de presentación de las declaraciones de los ingresos y gastos de campaña por cada candidato y movimiento vence este lunes 20 de julio. “Nosotros ya terminamos esa tarea de recibir y de traspasar a la Justicia Electoral lo que nos corresponde. Ahora ya es todo lo que es financiamiento político con miras a las elecciones municipales”, señaló a La Nación/Nación Media.

Aclaró que internamente no se realiza ningún análisis, sino que el procedimiento consiste en la recepción y remisión de las declaraciones a la Justicia Electoral.

El doctor Brizuela mencionó que la legislación prevé que los tribunales de conducta tienen que hacerse cargo de aplicar las sanciones en caso de incumplimiento, en cada partido.

Sin embargo, consideró “inaplicable” ese punto de la normativa. “Porque el Tribunal de Conducta no tiene funciones competentes ni coercitivas porque no son organismos públicos. Si bien los partidos políticos están regidos por el derecho público en parte, no dejan de ser organismos privados. Es decir, con qué fuerza un Tribunal de Conducta le va a obligar a alguien a pagar la multa. No tiene esa potestad”, expresó.

Sobre el punto, el titular del TEP del Partido Colorado cuestionó que “la ley no es operativa”. “Eso debería trasladarse a la Justicia Electoral en todo caso para que a través de la Fiscalía Electoral se impulse la acción de cobro de multas”, refirió.

Aseguró que desde el Partido Colorado se hace todo el trámite y se comunica, así como estipula la ley. Explicó que a los movimientos que incumplieron la ley se les impidió el reconocimiento de personería en esta ocasión.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encabezado por Jorge Bogarín, informaron que para las elecciones municipales generales del 4 de octubre correrá la aplicación de sanciones por parte de la institución a partidos políticos que no rindan cuentas sobre los ingresos y gastos de campaña de sus

candidatos a intendentes y concejales. “Hay que tener en cuenta que las sanciones por incumplimiento en las elecciones internas municipales estuvieron a cargo de los órganos disciplinarios partidarios y ahí el TSJE no tuvo intervención en cuanto a las sanciones”, indicó a la 1140 AM el director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz.

Señaló también que “en este proceso para las elecciones municipales generales que se está iniciando, sí el Tribunal Electoral hace un control estricto del grado de cumplimiento y sanciona con una quita al subsidio electoral que le pudiera corresponder a la organización política por el grado del incumplimiento de sus candidatos tanto para las intendencias como para las concejalías. Las sanciones son aplicadas a las organizaciones políticas y no a los candidatos conforme a lo que establece la Ley de Financiamiento Político”.

Para las municipales generales, más de 19.000 aspirantes titulares y suplentes deberán presentar sus declaraciones de ingresos y gastos de campaña. “Revisar todas las documentaciones lleva bastante tiempo y este trabajo es realizado de manera conjunta con la Contraloría General de la República”, indicó.