El juez penal de garantía de Pedro Juan Caballero, Juan Martín Areco, imprimió trámite de oposición al pedido de desestimación que solicitaron los agentes fiscales Celso Morales, Christian Ortiz y Luis Said en relación a la investigación sobre la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, ocurrida en la madrugada del 19 de agosto del año pasado, en un allanamiento fiscal.
Con la presente resolución judicial, será el fiscal general del Estado quien defina si dictamina a favor de la desestimación o recomienda al juzgado penal de garantía seguir con la presente investigación fiscal.
En su resolución, el magistrado Areco sostiene que “me mantengo en mi oposición, conforme a los fundamentos del A.I. N° 218 de fecha 13 de marzo del 2025, en consecuencia y de conformidad a lo que dispone el artículo 314 del Código Procesal Penal, párrafo segundo, que dice disponer la remisión nuevamente de las actuaciones al Ministerio Publico, para que el fiscal general del Estado peticione nuevamente o ratifique lo actuado por los fiscales inferiores, por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución”, según la determinación adoptada por el magistrado Areco.
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De acuerdo a los hechos, el fallecimiento del diputado se registró el pasado 19 de agosto del 2024, a las 3:00, durante un allanamiento encabezado por el Ministerio Público, acompañados por los agentes de la Policía Nacional y los asistentes fiscales.
De acuerdo al Ministerio Público se determinó que los intervinientes que estuvieron en el hecho son los agentes policiales Pablo Torales y Carlos García. Este último fue el que disparó los tiros mortales contra el legislador. Conforme con la conclusión de los fiscales, el hecho se produjo en defensa propia, ya que el diputado también había disparado contra los intervinientes, por lo que habría existido una causa de justificación.
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Expresidente del BCP estará recluido en la Agrupación Especializada por 15 días
En el marco de la imposición de medidas, el juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó este que el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, guardara reclusión por 15 días en la sede de la Agrupación Especializada.
“Pasará a guardar reclusión primera por un periodo de 15 días en la Agrupación Especializada y el juzgado está oficiando también en este momento al Ministerio de Justicia, para recabar información sobre un establecimiento donde se pueda resguardar la integridad de esta persona”, comentó a los medios de comunicación.
Otazú acotó: “Hay que tener en cuenta que el señor Carvallo, en el ejercicio de la banca central del Paraguay, había formulado la denuncia contra los exdirectivos de ueno bank quienes se encuentran en la expenitenciaria de Tacumbú; entonces debe prevalecer la prudencia en este tipo de casos. Debemos guardar la integridad”.
El magistrado indicó también que “vamos a aguardar la respuesta del Ministerio de Justicia para que luego sea trasladado a una institución dependiente del mismo”.
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Respecto a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “yo calculo que a partir de ahora, en un tiempo no muy extenso, tomaré una resolución. Carvallo se abstuvo de declarar, pero sus abogados defensores sí hicieron los fundamentos y los planteamientos que el juzgado ha considerado, pero ya hemos tomado la decisión”, mencionó.
Carvallo imputado por tres hechos punibles
Carvallo fue imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.
El órgano extrapoder investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de ueno bank, así como su anterior vinculación con la financiera ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, de acuerdo a la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.
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Peña seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva. Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
Antecedentes
La imputación contra Peña, quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
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Itaipú formula denuncia penal por afectación de sus fondos y de FPTI-PY en ueno bank
Itaipú Binacional formalizó la presentación de una denuncia penal en calidad de víctima ante los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank S.A., así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.
La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Oscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la Directora Jurídica Ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda. En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.
Tipificación penal y conexidad de causas
La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).
Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso. Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.
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Nómina de directivos denunciados
La denuncia de la entidad binacional se dirige inicialmente contra integrantes del directorio y síndicos de ueno bank S.A. individualizados por la Fiscalía en el acta de imputación del pasado 4 de noviembre de 2026:
1. Federico Miguel Vázquez Villasanti (Integrante del Directorio)
2. Juan Manuel Gustale (Integrante del Directorio)
3. Julio Daniel Rey Fernández (Integrante del Directorio)
4. Diana Leticia Mongelos González (Integrante del Directorio)
5. Marian Torres Rubiani (Integrante del Directorio)
6. Alejandro Gómez Abente (Integrante del Directorio)
7. Diego Fernando Duarte Schussmuller (Integrante del Directorio)
8. Miguel Ángel Almada Frutos (Síndico)
La representación jurídica aclaró que la nómina no limita las investigaciones respecto a otros directivos de sociedades vinculadas, beneficiarios finales, funcionarios, auditores o clasificadores que hubieren intervenido en la captación, ocultamiento o desvío de los fondos.
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Caso ueno bank: Senave denuncia a directivos por presunto perjuicio de G. 40.000 millones
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra siete directivos de ueno bank, en el marco de la crisis financiera que derivó en el procedimiento de resolución de la entidad dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP).
La presentación fue realizada el 5 de noviembre de 2026 por Juan Fernando Lebrón González, director general de Asuntos Jurídicos del Senave, por instrucciones del presidente de la institución, Luis Ramiro Samaniego Montiel.
Según consta en el documento, la institución pública mantenía G. 40.000 millones depositados en ueno bank, distribuidos en una caja de ahorro a la vista y un depósito a plazo fijo, cada uno por G. 20.000 millones.
La denuncia solicita investigar presuntos hechos punibles relacionados con la administración de los recursos depositados y las irregularidades detectadas en la entidad bancaria.
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¿Contra quiénes se presentó la denuncia?
El Senave identificó a siete personas vinculadas con la administración de ueno bank:
- Federico Miguel Vázquez Villasanti.
- Juan Manuel Gustale Cardoni.
- Julio Daniel Rey Fernández.
- Diana Leticia Mongelós González.
- Mariana Isabel Torres Rubiani.
- Miguel Ángel Almada Frutos.
- Diego Fernando Duarte Schussmuller.
- Alejandro Gómez Abente.
La denuncia también fue formulada contra otras autoridades o personas vinculadas con el banco o sus sociedades relacionadas cuya eventual responsabilidad pudiera surgir durante la investigación. En el escrito, los representantes legales del Senave solicitaron investigar los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, estafa, conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situaciones de crisis, sin descartar la posible existencia de otros delitos.
El documento pide al Ministerio Público iniciar las diligencias correspondientes y formular imputaciones en caso de reunir los elementos necesarios.
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Daño patrimonial
En su presentación, la institución argumenta que decidió depositar los recursos tomando en consideración la información financiera y las condiciones de solvencia que presentaba ueno bank en ese momento.
El escrito señala que las irregularidades detectadas posteriormente por el Banco Central habrían comprometido los fondos institucionales. “Los hechos anteriormente indicados demuestran un evidente daño patrimonial al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas”, sostiene la denuncia.
El Senave considera que la verdadera situación financiera del banco no habría sido comunicada oportunamente, circunstancia que, según su planteamiento, habría influido en las decisiones de inversión. Estas afirmaciones constituyen los fundamentos de la denuncia y deberán ser verificadas por el Ministerio Público.
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Cómo fueron depositados los G. 40.000 millones
El documento detalla que la colocación de recursos se realizó en dos etapas. En noviembre de 2025, mediante la Resolución Senave N.º 598, se autorizó la apertura de una caja de ahorro a la vista en ueno bank.
Posteriormente, en marzo de 2026, la institución aprobó una nueva colocación de recursos a plazo fijo. La denuncia señala que previamente se efectuó una evaluación comparativa de tres entidades bancarias, considerando criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad.
El análisis contempló la distribución de G. 60.000 millones entre las tres, con una asignación de G. 20.000 millones para cada una en depósitos a plazo fijo. De esta manera, los G. 40.000 millones denunciados por el Senave corresponden a la suma mantenida en ueno bank mediante dos modalidades de depósito.
Piden investigar posibles responsabilidades
En el apartado de peticiones, el Senave solicita a la Fiscalía admitir la denuncia, iniciar la investigación penal y realizar las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes. También requiere que, en caso de reunirse elementos suficientes, se formulen imputaciones y posteriormente se promueva la acusación contra quienes resulten responsables.
Esta denuncia suma un nuevo frente de investigación al caso ueno bank y pone nuevamente bajo la lupa el destino de los recursos públicos depositados en la entidad financiera, mientras continúa el proceso para recuperar los fondos de los ahorristas y las instituciones afectadas.