El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se une a una iniciativa estadounidense sobre la declaración conjunta de respaldo al Gobierno democrático de Bolivia, difundida el 23 de junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está respaldada por un total de 16 países, en que se manifiesta la preocupación por los últimos bloqueos en la nación andina, dentro de un intento de debilitar su democracia.

El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de Paraguay, los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá y Perú.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”, señala el documento.

Continúa: “Una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechaza la disposición del gobierno al diálogo y ha mantenido bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros artículos de primera necesidad. Estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo derechos fundamentales”.

“Asimismo, se han registrado muertes de civiles bolivianos como consecuencia de las restricciones a la libre circulación en las vías, que les han impedido acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. Por otra parte, manifestantes han causado lesiones a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, agrega.

Puntualiza también el respaldo “al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia”.

“Defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región, y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno democrático del presidente Paz y con el pueblo de Bolivia”, concluye.

En una entrevista con la agencia AFP, ayer martes, el expresidente Evo Morales insinuó sobre la posibilidad de “una guerra civil” al acusar al gobierno de Rodrigo paz por su “política neoliberal”, que en noviembre pasado puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda. El exmandatario, en su refugio en la región selvática del Chapare donde permanece fugitivo, ordenó que se levanten los bloqueos tras decretarse el estado de excepción, el sábado pasado, para emplear las fuerzas armadas para despejar los cortes que generaban un desabastecimiento de alimentos y medicinas.

“No me voy a rendir”, dijo Morales, días después de que el gobierno amenazara con intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba (centro), para capturarlo. “El que negocia su sobrevivencia no es digno”, agregó. La entrevista tuvo lugar en el poblado de Lauca Eñe, tras atravesar varios puestos de control para llegar hasta Morales.

Decenas de seguidores del dirigente cocalero permanecían en los alrededores de su refugio, algunos provistos de armas rústicas. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura por un supuesto caso de trata de menor, que él niega y denuncia como “persecución” política.

Pregunta: ¿Cuál es su balance de las últimas semanas de protestas?

Respuesta: Es una sublevación contra el modelo neoliberal y el estado colonial. Y el resultado es un gobierno sin autoridad. Para mí, esto va a continuar. Esta “mentirocracia” causa mucha reacción del pueblo boliviano.

P: ¿El fin de los bloqueos es un triunfo del gobierno?

R: El gobierno se salvó por prebendas (a sectores) que negociaron a puertas cerradas. Solo quedaban bloqueos aquí en el Trópico de Cochabamba, que tiene mucha disciplina. Declaramos un cuarto intermedio (una pausa), pero no negociamos.

P: ¿Cree que el gobierno va a intervenir en el Chapare?

R: No hay motivo para intervenir, no hay bloqueos. Saben que aquí va a haber problemas, estamos bien organizados. Saben que compañeros se van a defender, nos van a defender. Nosotros no queremos que haya muertos, heridos.

P: ¿Qué hará si intenta hacerlo?

R: Con toda esta política neoliberal y estado colonial, están forzando que haya una guerra civil. El que negocia su sobrevivencia no es digno. Yo nunca negocié. Defender la hoja de coca es defender la soberanía, la dignidad del pueblo. La guerra de la coca es mucho más que la guerra por agua o por gas. Cualquier intervención militar, policial, (los campesinos) van a resistir.

P: ¿Qué responde a la acusación de supuesta trata de menor?

R: Proceso inventado. No encuentran nada de narcotráfico, de corrupción. Es un tema totalmente político. Como Evo no es corrupto, ni está ligado al narcotráfico, tratan de usar el tema de ‘pedófilo’. A la gente le causa risa.

P: ¿Qué vislumbra para los próximos meses en Bolivia?

R: Si no se resuelve el tema estructural, que es el tema económico, en cualquier momento cualquier sector se va a movilizar. Si no hay plan de cómo reactivar la economía estatal, entonces seguirá habiendo levantamiento y convulsión.

P: ¿Apoya el pedido de renuncia del presidente Paz?

R: Se ha generalizado ese pedido. Yo dije que tal vez una salida política constitucional sea convocar a elecciones. Pero nunca hemos pedido la renuncia. Aquí es evitar que se privatice la luz, el agua, la telecomunicación, los recursos naturales, la salud, la educación. Ese es el pedido.

Con información de AFP.

A pedido de la senadora Lilian Samaniego fue aprobada este miércoles la postergación por 8 días el tratamiento del proyecto de ley conocido como “divorcio exprés” en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. La propuesta “que modifica el artículo 5 de la Ley n.° 45/91 ‘que establece el divorcio vincular del matrimonio” obtuvo ayer un dictamen de aprobación con modificaciones de una comisión asesora. En la sesión anterior ya se había postergado por una semana para consensuar modificaciones.

Una sesión conjunta de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, con las comisiones de Equidad y Género; y de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, emitieron el dictamen que establece que los cónyuges podrán solicitar conjuntamente al juez el divorcio vincular sin patrocinio de abogado, siempre que exista mutuo consentimiento entre las partes.

Asimismo, las comisiones introdujeron modificaciones relacionadas con las audiencias judiciales, proponiendo que ambas se realicen el mismo día. La primera tendrá como finalidad procurar la reconciliación de los cónyuges y, de no lograrse, se llevará a cabo inmediatamente una segunda audiencia para que las partes ratifiquen su decisión de divorciarse.

“En lo relativo a las audiencias, se establece que haya dos: la primera, en la que el juez convoca a los cónyuges de manera conjunta para procurar la reconciliación matrimonial; y, si esta no se produce, inmediatamente se realiza una segunda audiencia en la que ambos ratifican su decisión de disolver el vínculo matrimonial. Estas audiencias se proponen fijarlas en un solo día”, puntualizó el senador Maidana, y explicó que la exoneración del patrocinio de un abogado se aplicará únicamente en los casos de divorcio por mutuo consentimiento y que, para ello, también se impulsará una modificación al Código de Organización Judicial.

La legisladora Lilian Samaniego explicó anteriormente que “la intención de este proyecto es que las personas que ya no mantienen una vida matrimonial puedan disolver el vínculo de común acuerdo, siempre que no tengan bienes ni otras cuestiones pendientes. Está pensado especialmente para la gente humilde, que muchas veces no cuentan con recursos financieros para afrontar un proceso judicial”.

La proyectista explicó que el procedimiento previsto contempla que ambos cónyuges comparezcan ante un juez para manifestar su voluntad de divorciarse de común acuerdo, quien verificará que no existan hijos menores ni bienes gananciales sujetos a división. Precisó que, en aquellos casos donde sí existan hijos, bienes o desacuerdos entre las partes, continuará siendo necesaria la intervención de abogados y el procedimiento judicial correspondiente.

El presidente del Congreso Nacional y titular del Senado, Basilio Núñez, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, celebraron ayer martes sendas reuniones con el presidente de la República, Santiago Peña, al tiempo en que se dio a conocer la convocatoria del Poder Legislativo para recibir el informe anual de gestión presidencial, el miércoles 1 de julio, a las 19:45 horas, en la sala de sesiones del Congreso Nacional.

“Me reuní con Basilio Núñez, presidente del Congreso Nacional, para repasar las acciones que impulsamos de forma coordinada con el Poder Legislativo. Seguimos trabajando en conjunto, siempre apostando al desarrollo del país”, compartió Peña, en redes sociales, sobre el encuentro con el legislador que encabeza la Cámara de Senadores.

En tanto, sobre el diálogo con el diputado, comentó: “Mantuve una reunión de trabajo con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, para evaluar el avance de las iniciativas que impulsamos en conjunto. Nuestro esfuerzo diario está enfocado en dar respuestas concretas y seguir construyendo un mejor futuro para cada familia paraguaya”.

Latorre también aludió a esta cita en sus redes: “Mantuvimos una reunión con el presidente Santiago Peña para abordar la agenda legislativa y avanzar en los proyectos que el Paraguay necesita. Seguiremos trabajando con responsabilidad y compromiso para transformar el crecimiento del país en más oportunidades y bienestar para todos los paraguayos”.

La convocatoria para la sesión solemne para recibir el informe anual del presidente de la República se oficializó mediante la Resolución n.º 310 de la Presidencia del Congreso, en estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 202, numeral 15, y el artículo 238, numeral 8, de la Constitución Nacional. La ceremonia reunirá a senadores, diputados, altas autoridades en general e invitados especiales.

En la ocasión, el pleno del Congreso escuchará el mensaje del jefe de Estado acerca de la situación general de la República, los resultados de las acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo durante el último año y las proyecciones gubernamentales. La Carta Magna establece como una atribución del Congreso Nacional recibir este informe anual.

Comisiones de la Cámara Alta brindaron dictamen favorable al préstamo de USD 75 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Mejoramiento de la Conectividad Rural, que busca mejorar la conectividad de comunidades rurales.

Las comisiones de Hacienda y Presupuesto, y de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado del Senado fueron las que brindaron su aprobación para que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reciba el dinero, de manera a ejecutar posteriormente los trabajos. Tras el análisis correspondiente, las comisiones recomendaron la aprobación del proyecto, por lo que el siguiente paso será el tratamiento en sesión de la Cámara Alta.

El plan contempla 123,79 kilómetros de pavimentación asfáltica y tratamiento superficial doble, además de la construcción de puentes que totalizan 315 metros lineales. También incluyen sistemas de drenaje, medidas de control de erosión, protección de taludes y mantenimiento de los caminos durante cuatro años, de acuerdo a lo reportado por la cartera de Obras. Se espera que dichos trabajos impacten positivamente en comunidades de Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá, Caaguazú, Itapúa, San Pedro y Concepción. El uso del dinero está previsto en el presente ejercicio.

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Sobre las labores proyectadas, la ministra Claudia Centurión destacó que los tramos incluidos fueron identificados a partir de un trabajo directo con las comunidades beneficiadas y responden a demandas históricas de la población.

“Estos caminos son el resultado de una población organizada, de comisiones pro caminos que durante años impulsaron estas obras. Son pedidos históricos que hoy se convierten en proyectos concretos”, destacó.

Afirmó además que el impacto de estas intervenciones trasciende el ámbito vial y repercute directamente en la calidad de vida de las personas. “No solamente apostamos al productor. Apostamos por las familias, por los ciudadanos, por los niños y por las madres embarazadas. Estos caminos representan acceso a la salud, a la educación y a oportunidades para miles de paraguayos”, resaltó.

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