El presidente paraguayo, Santiago Peña, dio su discurso ante la Asamblea General de la Naciones Unidad (ONU), en Washington, Estados Unidos, en su segunda jornada. El mandatario llevó su fuerte postura de dejar de lado los lindos discursos y pasar a las acciones desde el concierto de las naciones para dar soluciones a los problemas reales de la población.

“El lema de esta asamblea nos interpela, restaurar la confianza, gestionar la transformación y lograr que las Naciones Unidas cumplan para todos, es un lema y lo suscribo con mucho entusiasmo. Pero seamos sinceros queridos amigos, la gente ya no quiere lemas, nuestra gente quiere soluciones para sus problemas”, empezó diciendo Peña ante la Asamblea General de la ONU presidida por el embajador paraguayo Marcelo Scappini Ricciardi.

“No vengo a esta tribuna a recitar frases hermosas, llenas de palabras rimbombantes que no redunden en beneficio de nuestros ciudadanos, vengo a hablar de los problemas concretos y plantear soluciones, vengo hablar de un país que se levantó de la guerra más desgarradora del hemisferio occidental, la Guerra de la Triple Alianza, que enlutó a nada menos a cuatro países hermanos, uno de ellos, el país que yo represento es uno de los países que más crece en el mundo”, agregó seguidamente.

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El presidente Peña mencionó que Paraguay podría tener un aporte importante en las acciones que deban ser tomadas, y que el país llega al concierto de las Naciones con una convicción que no se negocia. “La dignidad de la persona humana debe estar en el centro de cada decisión, por eso defendemos la libertad, la democracia, la soberanía de los Estados, el respeto de los derechos humanos y la solución pacífica de las controversias, por eso reivindicamos la vida humana desde su concepción y reconocemos a la familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad”, apuntó.

En el contexto de las soluciones y el respeto a la dignidad y de derechos humanos, Peña citó la situación de Venezuela, interpelando a los países de la región y del continente que por 25 años observaron lo que ocurría en el país caribeño, sin tomar acciones. En este escenario internacional, dio detalles de su visita a Caracas y sobre su reunión con la presidenta interina Delcy Rodríguez.

“El primer problema que quiero hablarles aquí hoy, es uno que está en mi vecindario, en América Latina, todos lo conocen, se llama Venezuela. No fui a Venezuela a validar un régimen, no fui a validar absolutamente nada, no señores, más bien todo lo contrario, el Paraguay ama la democracia y cree que el pueblo venezolano merece también la democracia”, dictó el presidente paraguayo.

Cuestionó que durante todos estos años “se miró, se habló, pero no se actuó, no hicimos nada, y mientras tanto nuestros hermanos venezolanos sufrían, por eso fui a Venezuela hace unos días, para dar un segundo paso, luego del primero, difícil, pero muy importante paso que significó la caída del dictador Maduro, porque Paraguay puede ser útil para ese segundo paso, el paso de Venezuela hacia una transición democrática y pluralista”.

Ante esta situación, expuso que Paraguay ha abierto un canal de diálogo con las autoridades venezolanas, y está trabajando con acciones por una Venezuela donde el poder radique en el soberano pueblo de Venezuela.

“Queremos una transición con instituciones, con seguridad, con economía y con un pueblo otra vez integrado a la comunidad internacional y en nuestro caso integrado al MERCOSUR. El liderazgo del Paraguay no confunde el diálogo con la indiferencia. Hablar es una forma de acompañar al pueblo venezolano”, apuntó.

El jefe de Estado también se refirió a un conflicto que afecta a mundo, que también requiere de una especial atención de la ONU. “Paraguay observa con profunda preocupación lo que ocurre en el Golfo Pérsico. Cuando el Estrecho de Hormuz se cierra, el precio no lo pagan las potencias o los más ricos. Lo pagan los más desprotegidos, los ciudadanos más vulnerables. La seguridad alimentaria y energética de millones de personas depende de que ese paso siga abierto”, mencionó.

Por esta situación, también hizo “un ferviente llamado al cese inmediato de los ataques, a la plena apertura y libre navegación de Hormuz y de Bab el-Mandeb, y al retorno a las negociaciones, la dignidad humana, queridos amigos, no cambia porque cambiamos de continente, siempre es la misma”.

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El senador liberal Dionisio Amarilla, presidente de la comisión especial de investigación sobre denuncias de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y en el Instituto de Previsión Social (IPS), indicó que el bloque tendrá su primera reunión el jueves a las 9:30 y abordará primeramente las deudas acumuladas en ambas instituciones.

“Nosotros queremos saber cómo en los últimos 5 años se originaron esas deudas, cuántas licitaciones se hicieron, de qué tipo de licitaciones estamos hablando, quiénes fueron los proveedores adjudicados, a qué valores, qué porcentaje de los contratos avanzaron, cómo se seleccionó a quién pagar y a quién no, entre otras cuestiones”, indicó el legislador, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El parlamentario comentó: “Por el camino iremos descubriendo si las actuaciones se han ajustado básicamente a los protocolos de objetividad o si hubieron privilegiados en los cobros, eso todavía no lo podemos adelantar porque no tenemos un ápice de datos todavía”.

Detalló que primeramente indagarán sobre la situación del IPS: “Vamos a consultar sobre las compras, la remuneración del personal en los últimos 6 años, tanto de los directivos como el personal de blanco, sobre las compras, la provisión de servicios, la colocación de fondos, que es últimamente el motivo de conversación hasta en los círculos más íntimos, entre otras cuestiones, y a partir de ahí vamos a construir los escenarios de análisis para poder concluir sobre estas instituciones”.

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Añadió que no solo convocarán a las autoridades de ambos entes de salud, sino también a los representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (Dncp), la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones del Paraguay, entre otros entes y asociaciones.

“Bien clara tenemos la película de lo que tenemos que abordar. En materia de gastos de administración queremos saber sobre los personales que cobran, cuánto cobran, bajo qué concepto y qué cargos, funciones y cargas horarias tienen. Si existen comisionados en ambas instituciones, los motivos”, dijo.

Con relación al personal de blanco solicitarán datos sobre el cargo que ocupan, cuánto perciben, qué otros beneficios perciben y lo mismo para cargos directivos. “En lo que vamos a tener mucha complejidad es en los procesos de adquisiciones, veremos si tienen trazabilidad en el uso de los medicamentos tanto el IPS como Salud Pública, cómo administran sus recursos, por qué acumularon deudas, en qué momento se empezó a acumular”, refirió.

Refirió, además, que la comisión especial de investigación cuenta con un plazo de 180 días para impulsar las indagaciones. “Será un trabajo muy complejo lo que vamos a encarar y se hará una pausa a fin de año por el receso parlamentario”, puntualizó.

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La Cámara de Senadores elaboró el orden del día para la sesión de este miércoles 23 de setiembre. La agenda incluye proyectos relacionados con el Sistema Nacional de Cuidados, el régimen agrario, la seguridad y la protección de infraestructuras críticas, además de solicitudes de pensiones graciables y diversas iniciativas de declaración.

El proyecto de ley “Que crea el Sistema Nacional de Cuidados del Paraguay (SINACUP)”, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa que busca redistribuir entre el Estado, las familias, la comunidad y el sector privado las tareas de atención y asistencia a niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.

Según los proyectistas, la norma se enmarca en el Sistema de Protección Social vigente y responde a compromisos asumidos por el país en distintos foros regionales sobre derechos de las mujeres, además de mandatos constitucionales relativos a la protección de la familia, la niñez, la vejez y las personas con discapacidad.

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El proyecto crea una institucionalidad integrada por el Consejo Nacional de Cuidados —presidido por el Ministerio de la Mujer e integrado por una decena de carteras y organismos públicos—, una Secretaría Ejecutiva de Cuidados y un Comité Consultivo con participación de organizaciones sociales, academia y proveedores privados de servicios.

Entre sus componentes principales figuran los servicios de cuidados, licencias laborales y permisos para conciliar el trabajo con las responsabilidades familiares, subsidios y prestaciones económicas, formación y profesionalización de cuidadores, regulación de estándares de calidad y campañas de comunicación para promover la corresponsabilidad de género.

El financiamiento provendrá del Presupuesto General de la Nación y de aportes departamentales, municipales y privados, y se prevé la creación de un Fondo Especial de Cuidados.

La implementación será gradual: el Consejo deberá instalarse dentro de 60 días desde la promulgación y elaborar, en los 180 días siguientes, el primer Plan de Cuidados.

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Este lunes culminó la última audiencia pública, de una serie que llevó adelante la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, para escuchar a los postulantes para la Defensoría del Pueblo.

Inicialmente se contó con 67 personas inscriptas, de las cuales 5 no concurrieron a la audiencia pública y 2 renunciaron por motivos personales, quedando finalmente 60 postulantes a los cargos de defensor del Pueblo y defensor del Pueblo adjunto.

La actividad se desarrolló en cumplimiento de la Resolución N° 2698, emitida por la Presidencia de la Cámara de Senadores. La resolución establece que el proceso de selección se desarrollará bajo los principios de transparencia, publicidad, igualdad de oportunidades e idoneidad, promoviendo una amplia participación de postulantes.

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En ese contexto, las audiencias públicas realizadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales se llevaron a cabo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 277 de la Constitución Nacional y en concordancia con los artículos 4° y 11 de la Ley N° 631/1995, Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que atribuyen a la Cámara de Senadores la facultad de proponer a la Cámara de Diputados las ternas de candidatos para ambos cargos.

En la fecha se presentaron los últimos postulantes, quienes expusieron sus propuestas ante los legisladores integrantes de la comisión asesora. Los postulantes fueron Alicia Alvarenga Cartaman, Romina Paiva Godoy, Pedro Segovia Caballero, Dionisio Valdéz Brítez, Gregoria Rolón Ferreira, Daysi Benítez Treco, Alexa Arrúa Galván, Rubén Ávila López, Rocío González Galeano, Emiliano Cantero Jacquet, Félix Arístides Duré, Alejandra Barrios Escudero y Nidia Pintos Benítez. En tanto, Jorge Ayala López no se presentó a la audiencia.

Los miembros de esta mesa asesora deberán ahora, evaluar a los 60 postulantes que continúan en carrera. Al respecto, el presidente de esta comisión el senador Javier Zacarías indicó que la comisión analizará los distintos perfiles en la próxima semana.

Posteriormente, se pondrá a consideración del plenario el listado completo de los postulantes y que sea el pleno el que decida la conformación de las respectivas ternas a ser presentadas ante la Cámara de Diputados, quienes tienen la responsabilidad de designar a los próximos defensor del Pueblo y su adjunto.

Asimismo, el legislador destacó la preparación académica de los postulantes, principalmente en el ámbito de los derechos humanos. “Desde el punto de vista técnico, jurídico, son gente muy preparada, instruida, que tiene muchas y varias especializaciones en el ámbito de los derechos humanos. Satisfecho por escucharles, satisfecho por aprender algo y satisfecho porque se animan a venir y porque tienen también fe, esperanza y, por sobre todas las cosas, confianza en el Senado de la Nación”, señaló.

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