• Fotos: Pánfilo Leguizamón

En esta edición del programa “Expresso”, del canal GEN/Nación Media, Augusto dos Santos conversa con la socióloga argentina Florencia Prego, quien desarrolla una investigación sobre el Paraguay contemporáneo y las huellas institucionales del estronismo. Su trabajo se centra en figuras constitucionales como la prohibición de la reelección presidencial, el juicio político y el estado de excepción, mecanismos concebidos en la transición democrática para limitar el abuso de poder, pero que con el tiempo terminaron utilizándose en el marco de las disputas políticas.

–¿Cómo empezó tu relación con la historia del Paraguay?

–Yo integro un equipo de investigación que nos dedicamos a los estudios sociales latinoamericanos. Generalmente hacemos muchos estudios comparados. La riqueza, la perspectiva que tenemos justamente se centra en eso, en poder hacer esos análisis que trabajen dos a tres casos o más. Y mi directora, la doctora Lorena Soler, ella es una paraguayóloga, como le decimos, hace muchos años estudia Paraguay. Yo me empecé a interesar, a tener algunas preocupaciones o empecé a hacerme algunas preguntas que siempre giraron en torno a la dictadura y el autoritarismo. Encontré en Paraguay un caso muy singular, porque me parece que las características que tuvo el estronismo, con esas especificidades, con esas singularidades y particularidades, lo hacen un caso muy interesante para tratar de aplicar, o que me servían a mí para pensar los problemas que yo tenía en la cabeza.

–¿Qué encontrás de la dictadura de Stroessner que te parecen resaltantes?

–Lo que me resulta muy desafiante para pensar el estronismo es pensarlo más allá de una dictadura, es decir, efectivamente fue una dictadura, pero creo que tiene una vuelta más que nos permite complejizar, que es pensarlo como un régimen autoritario. El estronismo supo combinar, más allá de la coincidencia temporal que tuvo con las dictaduras del Cono Sur, que fueron tardías en relación al estronismo, ¿no? Se dan en otro contexto. Para mí, la singularidad que tiene el estronismo es la combinación entre lo que fue una dictadura, que tuvo un sistema represivo, que rigió el estado de sitio de forma permanente prácticamente, con lógicas y dinámicas de la democracia liberal. Es decir, había instituciones, había elecciones con proscripciones políticas, elecciones restringidas. Es decir, cómo se respetó esa fachada de la democracia liberal. Entonces, lo que me resultó siempre muy interesante del estronismo es que permitía poner sobre la mesa el debate de que puede existir la legalidad sin democracia. Y es también lo que a mí me permite explicar o empezar a problematizar lo que trabajo posteriormente, que es la transición y la reforma a la Constitución, y cómo se empiezan a pensar los mecanismos para tratar de controlar o evitar la repetición de un régimen como el Stroessner.

–¿La constituyente del 92 que fue en términos de dejar ostensible el borrón y cuenta nueva?

–Decir que fue el borrón y cuenta nueva puede ser y no ser al mismo tiempo. Porque la transición y la reforma a la Constitución no es que parte de una tabla rasa. La Constitución del 92 le viene a responder al estronismo. Es el pacto democrático por excelencia en Paraguay. Una constitución que, sin duda alguna, creo que tuvo elementos muy positivos y que era realmente necesaria para la transición a la democracia. No había democracia posible si no se reformaba esa Constitución en Paraguay. Podemos discutir que una cosa es la norma y otra cosa es la aplicación, ¿no?

–No recuerdo qué porcentaje, pero era una mayoría de hombres del Partido Colorado que pertenecían al estronismo sentados en una constituyente para cambiar los aires de la dictadura a la democracia, ¿no?

–Era una constituyente amplia, ¿no? Pero ahí hay dos cosas que me interesa resaltar. La transición en Paraguay se enmarca en un proceso de transición hacia la democracia en América Latina en general, ¿no? En el marco de lo que se dice esta tercera ola. Un poco más tarde y tiene una singularidad cuando se piensan las transiciones en América Latina. En Argentina fue la guerra de Malvinas detonó, en otras fueron transiciones más pactadas, el poder civil con los militares. En Paraguay la singularidad es que el Partido Colorado, que fue el partido por excelencia del estronismo, continúe es la marca distintiva de la transición para pensarlo en términos comparativos. Ahí creo que está un poco la clave, pensar esta continuidad, ¿no? En esta idea de transición algunos hablan de transición inverosímil.

–¿Cuáles son te parece las instituciones más nítidas que hacían de cazafantasmas contra la dictadura que se instalan con la constituyente, a citar en primer lugar la no reelección?

–Yo creo que la constituyente del 92 viene a intentar resolver el problema de la concentración del poder en el Ejecutivo. Esta idea de tratar de construir mecanismos constitucionales o herramientas constitucionales que controlen o eviten las extralimitaciones por parte del Poder Ejecutivo, que resuelvan la concentración de poder, la descentralización de ese poder, etc. Y en este intento por resolver ese desequilibrio heredado de la Constitución del 67 se acabó generando, creo yo, un desequilibrio, en este caso a favor del Poder Legislativo, ¿no? Y ahí aparece una figura que analizo, la del juicio político, que expone un poco esta situación. La Constitución buscó crear mecanismos constitucionales para limitar al Poder Ejecutivo, pero después esos mecanismos, desde la transición en adelante, cuando empezaron a aplicarse, en realidad empezaron a ser utilizados por las élites político-partidarias para resolver los conflictos políticos como un elemento de competencia. Y el juicio político es tal vez el caso o el elemento más gráfico de todo eso.

–Hay un paquete de hechos que instala la constituyente y que terminan siendo herramientas de pelea política, ¿no?

–Una de las figuras que me parecen claves para pensar la transición y la posibilidad de consolidación de la democracia en Paraguay, y para entender los límites a la hora de pensar cómo se puede estabilizar o no un sistema político, es la reelección presidencial. Esta idea de prohibir la reelección presidencial pensando que esa era como la garantía para evitar la repetición de gobiernos autoritarios en un país donde la concentración y centralización del poder, el autoritarismo, las lógicas y las dinámicas autoritarias son de larga duración. Cuando uno ve los momentos en que se intentó reformar o poner en discusión mínimamente, eso generó crisis política, sobre todo en el 2017. Es una fibra muy sensible para la sociedad paraguaya la reelección presidencial.

–¿Cuáles son los ejes de tu investigación?

–Yo analizo en mi investigación tres mecanismos constitucionales. La prohibición de la reelección presidencial, el juicio político y el estado de excepción. ¿Por qué tomo estas tres figuras? Porque creo que vienen a responder y a reponer ese pasado estronista. La reelección presidencial, por todo lo que ya conversamos; el juicio político, que en la Constitución del 67 no podía aplicarse al presidente, y el estado de excepción, porque el estado de excepción viene a responder al estado de sitio estronista, ¿no? Y el estado de sitio estronista, como figura constitucional que podía aplicarlo principalmente o exclusivamente el Poder Ejecutivo, con el estado de excepción de la reforma y de la transición a la democracia también se introduce el mecanismo del control parlamentario, y eso me lleva nuevamente a pensar ese nuevo equilibrio o desequilibrio que propone la Constitución del 92.

–El tema de seguridad fue el que menos estuvo en el ojo de la tormenta probablemente.

–Yo tomo por una cuestión de recorte temporal desde el 92 al 2017, es decir, desde la reforma hasta la crisis política por la enmienda. En ese período el estado de excepción se declaró en cuatro oportunidades, dos bajo el gobierno de (Luis Ángel) González Macchi y dos bajo el gobierno de Fernando Lugo. ¿Qué advierto ahí? Si uno ve el primer estado de excepción que se declara en el Paraguay democrático fue en el año 2000 ante esa intentona golpista que fue sofocada muy fácilmente en ese momento y repudiada también. Se declara en un momento podríamos decir para garantizar el orden. Mientras que tanto en 2010 como en 2011 en realidad ahí el estado de excepción empieza a funcionar más como una figura y si vemos cómo termina el caso de Fernando Lugo con su destitución, para resolver o intentar resolver conflictos sociales de otra envergadura. Estamos hablando sobre todo del año 2010 y 2011, donde el conflicto campesino era muy complejo, sobre todo en la zona norte del país. Y eso no se puede desligar de cómo terminó después Fernando Lugo. Es decir, yo creo que, en su caso, el estado de excepción sirvió para ir erosionando esa legitimidad del gobierno de Lugo o de su misma figura, ¿no?, tanto para afuera como para adentro de su propia base social.

–El tema de la prohibición de la reelección no refleja algún tipo de inseguridad al respecto de cómo podemos ser dueños de nuestro propio destino, digamos. Eso de decir que si tenemos esta institución podemos reelegir mal.

–Bueno, esas son dinámicas que nos exceden completamente. Cómo votan y quién gane después se verá. Para mí el desafío está en pensar la aplicación y los usos políticos de las cosas. Después los desenlaces son los desenlaces y los resultados son los resultados, que también hay que pensar las condiciones que posibilitaron o que llevan a esos resultados.

–¿Te parece que también hay un debilitamiento del debate político?

–Yo creo hay un decaimiento. Creo que también está muy vinculado, y acá me vuelvo un poco a mi patria chica, a una situación de hartazgo, cansancio, donde se empezó a poner de moda la idea de la apoliticidad. No hay nada más político que decir “soy apolítico”. Todos somos políticos y, en todo caso, no cumplimos la función del político, pero cualquier intervención es una intervención política. Decir “no soy político, pero estos son la casta”. Bueno, ahí hay un posicionamiento claro respecto a un debate político ideológico, sin duda alguna. Pero sí creo que hay como una cosa más generalizada donde la política está pensada en una dimensión peyorativa y está este distanciamiento.

–¿Estudiaste algo sobre las nuevas generaciones y la dictadura? Hay chicos que ya no tienen una memoria del dolor, ¿no?

–Claro, está cada vez más lejos. En Argentina se cumplieron 50 años de la última dictadura cívico-militar. El gran desafío es que la democracia necesariamente requiere de memoria histórica consolidada, porque la democracia existe como tal, como forma, porque va vamos y votamos, pero son democracias cada vez más débiles o con improntas cada vez más autoritarias.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, aclaró que las obras de refacción de oficinas pertenecientes a la Cámara de Senadores no demandarán la contratación de nuevos funcionarios. El reacondicionamiento del edificio demanda la suma de USD 459.870 donados por Taiwán.

“La administración de estos fondos corre por cuenta del gobierno de Taiwán a través de su embajada. Independientemente de eso, nosotros igual solicitamos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que se publique todo el proceso de licitación”, comentó a los medios de comunicación.

Señaló que el reacondicionamiento durará 7 meses. Entre las áreas intervenidas figuran 18 oficinas para comisiones permanentes, 4 oficinas administrativas para la Dirección de Patrimonio, áreas de depósitos, archivos, espacios de apoyo para las bancadas y dependencias institucionales.

“Esto para nada implica la contratación de más funcionarios, todo el monto del presupuesto general de la nación se utilizará para el funcionamiento del Congreso Nacional y del Senado, pero en este caso estamos hablando de una cooperación no reembolsable”, puntualizó.

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Mientras que el director de mantenimiento del Legislativo, Sebastián Romero, comentó que la intervención se ejecutará en sectores de planta baja y parte del primer piso del edificio. Agregó que, como parte del proceso, se ha previsto un esquema de arrendamiento temporal de un inmueble con un costo mensual estimado de G. 63.000.000, que permitirá la reubicación de las oficinas afectadas durante la remodelación.

El objetivo principal del proyecto, según detalló, es lograr una reorganización integral de la infraestructura edilicia. Agregó que la refacción contempla la habilitación de tres salas de reuniones completamente equipadas, con mayor capacidad que las actuales y con tecnología moderna para el desarrollo de audiencias públicas y reuniones de comisiones.

Estas salas contarán con sistemas audiovisuales, micrófonos, conectividad para reuniones virtuales, pantallas interactivas, acceso a internet vía wifi y equipamiento tecnológico que permitirá el desarrollo de sesiones presenciales y telemáticas.

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Con el objetivo de frenar la “extorsión” que sufren madres y padres ante la negativa de viaje de sus hijos por parte de progenitores ausentes, la Cámara de Senadores analiza un proyecto de ley que busca simplificar los trámites burocráticos de autorización de salida al exterior.

La iniciativa es impulsada por la senadora Lizarella Valiente; propone la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo que ante el incumplimiento del deber del cuidado y alimentario sea causal suficiente para que un juez prescinda de la venia del progenitor deudor, eliminando así barreras burocráticas que afectan el interés superior del niño.

La parlamentaria se puso en contacto con La Nación/Nación Media, a raíz de una publicación de LNPop, en la cual abordaba una discusión en redes sociales, a raíz de la dificultad que estaba pasando la actriz paraguaya Diana Frutos sobre el permiso de viaje para su hija. Hubo un planteamiento general de aplicar en Paraguay la “Ley Cazzu” (legislación vigente en México, inspirada en los conflictos entre la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli “Cazzu” y Christian Nodal por los permisos de su hija Inti).

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Ante este planteamiento, la senadora Valiente informó que en el Senado está en estudio un proyecto de ley, presentado el 19 de marzo de este año; plantea la modificación del artículo 100 de la ley 1680 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Con el propósito central de agilizar y simplificar el trámite de autorización de viaje al exterior de los menores de edad, cuando exista la falta del deber de cuidado y alimentación por parte de uno de los progenitores.

Señaló que su propuesta es diferente a la Ley Cazzu, no tiene sesgos feministas ni ideológicos, que incluso fue muy criticada tanto en Argentina como en México. Explicó que la norma aplica por igual a padres o madres que ostenten la convivencia y sufran el incumplimiento por parte del otro.

La senadora Valiente destacó que la propuesta surge de una inquietud de la sociedad civil, mencionando específicamente la iniciativa de la ciudadana y artista Nadia Portillo, quien planteó la necesidad de una reglamentación más ágil para proteger a los niños que quedan “rehenes” de las disputas entre sus padres.

“Nuestra propuesta tiene la finalidad de modificar y simplificar el trámite de autorización de viajes al exterior de los menores, eliminando obstáculos burocráticos cuando existan las faltas del deber del cuidado de uno de los progenitores o el incumplimiento del deber alimentario. Puesto que se buscaría eliminar la necesidad de solicitar la autorización judicial del progenitor cuando se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios (Redam)”, explicó.

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La parlamentaria señaló que cuando uno de los progenitores, sea este papá o mamá, esté inscripto en el Redam, perdería automáticamente la facultad de negar la venia de viaje a su hijo menor. Indicó que, de ese modo, se evitará que la firma del permiso sea utilizada como “moneda de cambio” o herramienta de extorsión frente a denuncias por prestación alimentaria.

Argumenta que la patria potestad conlleva deberes (afectivos y económicos); si no se cumplen dichos deberes, no se pueden ejercer los derechos (como el de restringir el viaje del hijo). “El progenitor que no cumple con su deber tampoco debería tener el derecho que le otorga la patria potestad. Muchos niños quedan sin viajar por riñas de papá y mamá; el niño no tiene por qué pagar las consecuencias”, acotó.

Mencionó que la propuesta ya se encuentra en estudio en las comisiones de Legislación; Asuntos Constitucionales; Equidad y Género; así como en la comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, la cual preside; y espera que para la próxima semana un dictamen con el parecer técnico del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA). La senadora estima que el proyecto podría ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores en un plazo aproximado de 15 días.

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El presidente del Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Gustavo Bernal, señaló que la institución partidaria registra 40.000 candidaturas para las elecciones internas y está entrando en la fase final con el 92 % en la ejecución del cronograma electoral, que se desarrolla a nivel nacional y en Argentina, España y Estados Unidos.

“Estamos llegando ya al 92% de la ejecución del cronograma. Estamos entrando ya en la última etapa, que es la acreditación de la integración de los miembros de mesa, apoderados, veedores. En relación a los preparativos de las elecciones en diferentes lugares del país, e incluso en el exterior que tenemos cargos partidarios, se está llevando con toda tranquilidad y normalidad la preparación de los útiles electorales”, explicó Bernal, este sábado, en conversación con La Nación/Nación Media.

Señaló que están llevando con normalidad un despliegue masivo a nivel nacional e internacional para la preparación de útiles electorales y coordinación de locales de votación. Destacó el apoyo técnico y logístico del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) mediante un convenio de cooperación.

“Estamos con toda la coordinación de los locales con la seguridad, los preparativos, con todo lo que hace al desarrollo de lo que es una elección, que implica un despliegue bastante grande y enorme a nivel nacional y a nivel exterior ya que se elegirán autoridades partidarias en Estados Unidos, Argentina y España, teniendo en cuenta los cargos partidarios que tenemos entre los países.

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El titular del TEI destacó que para estas elecciones internas cuentan con un masivo volumen de participación electoral con más de 40.000 electores entre precandidaturas y candidaturas para cargos partidarios y municipales, lo que obliga un despliegue de los cargos partidarios tanto a nivel nacional y exterior. Mientras que tienen habilitados para votar a más de 1.500.000 afiliados para estas internas partidarias simultáneas.

El doctor Bernal explicó que el TEI no gestiona fondos de forma directa, ni posee cuentas bancarias propias. Mencionó que los recursos económicos y materiales son provistos directamente por el Directorio del partido.

“Nosotros no manejamos recursos económicos, solicitamos al Directorio que nos facilita todos los útiles o materiales que se requieran. Además, gracias al convenio firmado entre el TSJE y este Tribunal Electoral partidario, nos ha facilitado la logística y la estructura técnica en todo lo que hace al desarrollo de la misma”, acotó

El presidente del TEI invitó a la ciudadanía en general, en especial a los afiliados del partido, a que puedan usufructuar de este derecho de elegir a las autoridades municipales como partidarias. Aseguró que desde el TEI les darán todas las garantías plenas del derecho tanto a los ciudadanos, como a los candidatos, de lo que se va a desarrollar en estas elecciones con total responsabilidad y transparencia defendiendo la voluntad popular.

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