El diputado Rodrigo Gamarra expresó su respaldo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para la modernización del transporte público, señalando que se trata de una iniciativa largamente esperada por la ciudadanía. En la etapa de oradores, Gamarra valoró que la propuesta forma parte de un paquete más amplio de diez leyes orientadas a la modernización del Estado, el fortalecimiento institucional y la recuperación económica del país.

Durante su intervención, el legislador destacó que el sistema de transporte público “atraviesa su momento más crítico desde todo punto de vista”, con un nivel de insatisfacción generalizado. “Hoy nadie está conforme: el usuario no está conforme, el Estado no está conforme, los empresarios no están conformes con lo que tenemos”, afirmó.

Gamarra explicó que el proyecto del Ejecutivo no es improvisado, sino que es el resultado de un trabajo técnico que involucra a asesores, al Viceministerio de Transporte y a diversas instituciones, con el objetivo de generar un servicio más eficiente, más seguro y que represente un menor costo para los ciudadanos. “Se está pensando en un sistema que beneficie al usuario sin aumentar el pasaje”, recalcó.

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Una de las principales innovaciones contempladas en la iniciativa es la incorporación de buses 100 % eléctricos. El Estado será propietario de los vehículos, que serán entregados en concesión a las empresas prestadoras del servicio, bajo condiciones previamente pactadas a través de una licitación pública.

Entre ellas, el pago de un canon al Estado por la utilización de las unidades. “Esto no significa subsidiar a los transportistas, sino facilitar un modelo más transparente y beneficioso para el pasajero”, precisó el diputado.

Ante las críticas surgidas desde algunos sectores políticos, Gamarra advirtió sobre intentos de distorsionar el alcance del proyecto por intereses partidarios. “Cuando aparecen propuestas innovadoras como esta, siempre surgen los detractores y los oportunistas políticos. Por eso es importante aclarar las cosas”, subrayó.

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Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el legislador Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irregularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.

El diputado denunció que se montó un esquema para desviar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del economista Ramón Ramírez.

“Lo que estamos viendo en el caso de Miguel Prieto no es solamente un episodio de corrupción, es el intento descarado de intentar cubrir un robo a plena luz del día con el silencio cómplice de muchos actores políticos. Dios nos libre si este es el as bajo la manga de la oposición, es preocupante”, afirmó en el espacio de oradores.

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Castellano señaló que, según el informe del interventor, existieron múltiples casos en los que las empresas cobraron incluso antes de que los procesos licitatorios fueran culminados. “Una empresa llegó a cobrar un cheque dos días antes de que se firmara el dictamen. Esto demuestra que todo era un montaje”, sostuvo. También reveló que los proyectos de inversión eran elaborados dentro de la propia municipalidad y presentados como si fueran iniciativas ciudadanas.

El parlamentario hizo énfasis en que el Ministerio Público ya tiene en sus manos la causa de Prieto, además cuenta con elementos probatorios sobre los mismos. “Lo que ahora hace falta es aplicar un poco de celeridad, que se avance, que se investigue y que se juzgue si corresponde”, enfatizó.

De acuerdo a lo expuesto por el diputado, las comisiones vecinales eran utilizadas como intermediarias que en muchos casos ni siquiera administraban los fondos, sino que endosaban cheques a terceros. Señaló que las adjudicaciones eran solo una formalidad, con oferentes que “acertaban los montos exactos” e incluso presentaban cifras idénticas a las previstas por la administración, lo que a su juicio evidencia una falta total de competencia real.

Uno de los casos emblemáticos citados fue el de Tajy Servicios Generales, que recibió al menos seis transferencias por un total de G. 106 millones. La firma presentó ofertas con precios exactamente iguales a los establecidos por la municipalidad, algo que, según Castellano, “refleja una adivinanza perfecta”, lo cual pone en duda la legalidad del proceso.

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El legislador también hizo referencia al entorno cercano al intendente, afirmando que familiares y allegados fueron beneficiados con contratos y adjudicaciones. Mencionó a Robert Florentín, primo de Vanessa Florentín (expareja sentimental de Prieto), ambos vinculados al esquema de compras simuladas de alimentos durante la pandemia.

Robert habría sido el encargado de cobrar cheques y presentar proyectos, mientras que Vanessa figuraba como subproveedora sin contar con los productos que debía entregar a la afamada despensa “Tía Chela”.

“Lo que vimos debería escandalizarnos a todos, pero al parecer algunos actores políticos prefieren mirar hacia otro lado”, lamentó Castellano.

El ministro de la Corte Manuel Ramírez Candía es el preopinante para destrabar, una vez más, el proceso penal que enfrentan los exministros de Mario Abdo Benítez acusados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Igualmente integran la sala penal de la máxima instancia judicial César Diesel y Gustavo Santander.

El expediente está en el gabinete del ministro Ramírez Candia desde el 17 de julio, y una vez que el alto magistrado termine de dar su voto, deberán igualmente votar los dos ministros restantes para poder destrabar el presente proceso penal.

Los exministros Abdo recurrieron a la Corte buscando dejar sin efecto la resolución del tribunal de apelación que confirmó la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera quien decidió estudiar los doce incidentes iniciales del presente caso, pero a raíz de las chicanas no se pudo analizar aún.

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En el presente caso están acusados y con pedido de juicio oral y público debido a que tiene más de 206 elementos probatorios René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, Daniel Farías, Carmen Pereira, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.

En el mes de junio los camaristas María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas han rechazado una chicana más presentada por la defensa de los acusados, pero la defensa de los mismos volvieron a recurrir el caso a la sala penal de la Corte que hoy ya tiene suficientes motivos para poder aplicar una sanción disciplinaria a los abogados y acusados que presentan escritos dilatorios.

Desde abril del 2024 siguen pendientes de estudio y resolución doce chicanas presentadas por la defensa de cada uno de los hoy acusados exministros de Mario Abdo Benítez. Las chicanas deben ser analizadas por la penal de garantía Cynthia Lovera.

El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados.

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El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.