A días de los comicios municipales generales previstas para el 4 de octubre, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) sufre la fuga de sus dirigentes de base, quienes decidieron apostar por el proyecto de gobierno del aspirante de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Ariel Ojeda.

Los azules mencionaron que tomaron la decisión bajo el argumento de que Ojeda es hoy el candidato con mayor capacidad de gestión, más cercanía con los vecinos y una propuesta más sólida y eficiente para enfrentar los desafíos y zanjar los requerimientos que demandan los pobladores de la ciudad que estuvo bajo la gestión del actual presidente del PLRA, Alcides Riveros.

La decisión fue catalogada como “un hecho político de peso”, teniendo en cuenta que los dirigentes que tomaron la decisión de abandonar la candidatura del liberal Luis Fernando Franco se caracterizan por ser referentes con trayectoria y trabajo territorial.

A la vez, se vuelve un hecho trascendental debido a que los azules optaron por abandonar las diferencias partidarias y priorizar el interés general, ya que para ellos el bienestar de la ciudad está por encima de los colores.

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Estas fugas dentro de la principal nucleación de oposición consolidan una base amplia y plural a favor del proyecto municipal de Ojeda, quien, de acuerdo a los sondeos divulgados en los últimos meses, se coloca como el candidato ganador de las elecciones municipales frente a Franco, quien es catalogado como el candidato del “continuismo” a raíz del férreo apoyo que le otorga Riveros.

Entre los principales dirigentes liberales que decidieron apostar por el candidato de la Lista 1 se encuentran Benito Medina, Bárbara Medina y Stefania Medina, referentes de la familia Medina y de la comunidad de Camba Cuá.

“En estos 11 años cambio mucho Fernando de la Mora y para mal. Realmente los fernandinos no nos merecemos vivir así en una ciudad como ellos la dejaron, tan fea. La municipalidad tiene una deuda de G. 60.000 millones, nunca en la historia Fernando de la Mora debió tanto como ahora, hay funcionarios que no cobran hace 3 o 4 meses sus salarios y esa es una señal del desorden administrativo que hay en esa institución”, refirió Ojeda a la 1020 AM.

El colorado añadió que la gestión liberal llevó a la municipalidad incluso a una “crisis moral”. “Hay que traer el orden, la disciplina, el coraje, la convicción, la pasión y por sobre todas las cosas el amor por la comunidad, cosa que hoy no tienen nuestras autoridades”, sentenció.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Comisaría 10ª de Juan León Mallorquín reportó un hecho de manipulación de dispositivo electrónico de control (tobillera) ocurrido ayer a las 20:30 en un inmueble ubicado sobre la calle Ka’arendy Guazú a 6 kilómetros de la Ruta PY02, lado Monday.

Un hombre con arresto domiciliario se fugó después de desprenderse de su tobillera electrónica. Se trata de Basilio Paredes, de 44 años, quien está procesado por el hecho punible de robo agravado.

El personal policial recibió el aviso de alerta de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), de la Policía Nacional, y los agentes se constituyeron hasta el domicilio donde la persona estaba cumpliendo con el arresto domiciliario y no fue encontrada en la casa.

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El personal de la patrulla fue recibido por Justino Paredes Ojeda, de 48 años, quien, al ser consultado por su hermano Basilio Paredes Ojeda, dijo que al volver de su trabajo ya no lo encontró en la casa y desconoce su paradero. A partir de esa información, los agentes se dispusieron a la búsqueda del fugado y del dispositivo electrónico.

Hasta ahora no fueron localizados, ni la persona fugada ni la tobillera electrónica, confirmó a La Nación/Nación Media el subcomisario Edgar González, jefe de la Comisaría 10ª. Mencionó además que el dispositivo indica como última señal de ubicación una zona de matorrales a unos 160 metros desde la casa donde se encontraba el arrestado, pero hasta ahora no pudo ser encontrada la tobillera.

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Ni validando las facturas que la Dirección de Impuestos Tributarios identificó como falsas se puede respaldar la compra de mercaderías por parte de Miguel Prieto en el esquema Tía Chela. En el intento de defender la entrega los involucrados presentaron facturas emitidas por contribuyentes ficticios, con fechas posteriores al acta de recepción de los kits de alimentos y ni validando todo esto los comprobantes alcanzan a justificar la provisión establecida en contrato y por la cual la administración Prieto pagó G. 2.949 millones.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

De forma burda, pero a la vez absurda, el exintendente de Ciu­dad del Este destituido por corrupción, Miguel Prieto intenta zafar del esquema de desvío de fondos más emble­mático del país durante la pandemia, conocido como Tía Chela. Las pruebas documentales que recolectó el Ministerio Público para sentar al exjefe comunal en el banquillo de los acusados por lesión de confianza y aso­ciación criminal, son de fie­rro y demoledoras.

La Fiscalía comprobó que, además del proceso fraguado de una adjudicación por G. 2.949 millones para la provi­sión de 25.000 kits de víveres a una despensita que no tenía las mercaderías ni la capaci­dad financiera, los alimen­tos no fueron distribuidos a los beneficiarios porque el stock no existió y hubo com­pras fueron ficticias.

Maniobraron una compra por urgencia impostergable sin la debida justificación, utilizando a padre e hijo como potenciales oferentes, adjudicaron millonario con­trato a una despensita que no tenía stock de alimentos y ante la evidente inexistencia de la totalidad de las merca­derías, armaron una cadena de compra-venta ficticia para justificar la provisión, según la Fiscalía.

Tía Chela presentó facturas de una treintena de subpro­veedores para justificar su stock. Declaró facturas de compra de mercaderías entre los que incluso figuraban comprobantes expedidos a nombre de otra razón social en el apuro que le generó la justicia. Las facturas de com­pra de stock presentadas por Tía Chela, según el cál­culo del Ministerio Público suman G. 2.628.722.663. Sin embargo, la operación de compra de la Municipalidad de Ciudad del Este fue por G. 2.949.650.000, de entrada, ya había una diferencia de G. 320 millones.

El dato relevante en el combo de facturas de compra que presentó Tía Chela es que no contaba con ingresos oficia­les que pudieran demostrar el financiamiento de las com­pras. “Sus ingresos percibidos no le permitían realizar esa inversión significativa. Con­taba con una sanción de inha­bilitación de cuentas por una entidad bancaria e incluso registraba operaciones moro­sas”, subraya el Ministerio Público en su acusación.

En la cadena de facturas que construyeron fueron identifi­cados contribuyentes ficticios, según los cruzamientos docu­mentales que analizó la Direc­ción Nacional de Impuestos Tributarios (DNIT). En este esquema tanto Tía Chela como una de sub proveedo­ras, Vanessa (Vanemi) Floren­tín, expareja de Prieto y actual funcionaria de la Municipali­dad de Ciudad del Este, pre­sentaron facturas falsas, se remarca en la mencionada acusación. Según los deta­lles de compr bantes, Vanemi colaboró con 4 facturas fal­sas en el intento de justificar inventario de mercaderías por venta simulada por valor de G. 700 millones que rea­lizó a Tía Chela. Pero, capaz lo más alevoso de la situación sea la desprolijidad en la fabri­cación de facturas para jus­tificar el stock inexistente. Y en este contexto presentaron facturas de compra de merca­derías que son posteriores a la fecha del acta de recepción de los kits firmados por la admi­nistración Prieto.

“Las facturas presentadas por Tía Chela SRL y los subpro­veedores presentan notorias inconsistencias que reflejan operaciones ficticias o inexis­tentes, e incluso se contrapo­nen con las documentaciones institucionales, por las cuales se deja constancia de la recep­ción total de mercaderías los días 27/03/2020 (15.000 kits) y 13/04/2020 (10.000 kits). Esto se debe a que parte de las mercaderías proveídas supuestamente a la comuna, fueron adquiridas con poste­rioridad a las fechas de recep­ción señaladas, ello nos revela una ausencia de stock de mer­caderías y la inexistencia de las mismas, no obstante, a pesar de ello fueron tenidas como recepcionadas por parte de la institución”, refiere la acusación fiscal.

El documento del Ministerio Público remarca que esto “evi­dencia que estas documenta­ciones donde los funcionarios municipales dejan constancia de la recepción de estos kits, no se compadecen con la reali­dad y que fueron redactadas al solo efecto de cubrir la ausen­cia de contraprestación total de lo proveído por la empresa Tía Chela conforme a lo pac­tado en el contrato, firma que debió proveer de 25.000 uni­dades de kits de alimentos, lo cual se traduce en un perjuicio económico a la institución por valor de G. 2.130.036.160 por­que finalmente no se recibie­ron mercaderías de acuerdo a la cantidad establecida con­forme a lo pagado en el con­trato G. 2.949.650.000”.

La exsenadora de Alto Paraná, Georgia “Nani” Arrúa, cuestionó públicamente la declaración de gastos de campaña presentada por Daniel Pereira Mujica, candidato a intendente de Ciudad del Este por el movimiento “Yo Creo” del destituido exintendente Miguel Prieto. La exlegisladora planteó la necesidad de contrastar los montos reportados de manera oficial con el millonario despliegue publicitario que se observa diariamente en las calles, medios de comunicación y redes sociales.

A través de sus plataformas digitales, Arrúa enfatizó que la legislación sobre financiamiento político exige absoluta transparencia en el origen y destino de los fondos. La exparlamentaria sostuvo con firmeza que “la honestidad se demuestra” y remarcó que el verdadero compromiso ético de un aspirante no se mide por discursos, sino comparando las Rendiciones de Cuentas ante la Justicia Electoral con la realidad operativa.

De acuerdo con los datos expuestos por la exsenadora, Pereira Mujica declaró un presupuesto de apenas G. 100 millones para su campaña, compuesto por G. 20 millones en ahorros propios y G. 80 millones atribuidos a donaciones de siete personas cuyos nombres no fueron especificados. En contraposición, remarcó que el candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Rigoberto “Rigo” Chamorro, reportó recursos por G. 950 millones, distribuidos en G. 750 millones de fondos propios y G. 200 millones depositados en el sistema financiero.

“Cuando los números no cierran, ahí está la respuesta a quién nos dice la verdad y quién no”, sentenció Arrúa. La dirigente instó a la ciudadanía a evaluar la coherencia entre el informe presupuestario y el gasto real en mítines, cartelería, pantallas en la vía pública, indumentaria, calcomanías y movilizaciones logísticas en la capital altoparanaense.

El cuestionamiento cobra mayor peso político dado que Pereira Mujica es la figura clave del equipo del exintendente Miguel Prieto, a quien reemplazó interinamente en el cargo tras las elecciones de octubre de 2025 y cuya administración busca dar continuidad. Prieto atraviesa actualmente un juicio oral por supuesta lesión de confianza de G. 2.130 millones en el caso “Tía Chela”, al que se le suma la apertura de un segundo proceso por presunto perjuicio de G. 306 millones en la causa “Tajy”.

En medio de este convulsionado escenario judicial y político, Arrúa puso la lupa sobre el financiamiento de la campaña en la capital del décimo departamento. La exlegisladora dejó abierta la interrogante sobre si las cifras rendidas por la agrupación “Yo Creo” reflejan un sustento real o si ocultan un desfasaje frente al ostensible despliegue territorial.