Seis de los once excolaboradores del exintendente esteño Miguel Prieto, que están imputados por un presunto desvío de G. 757 millones a través del Consejo Local de Salud durante su gestión comunal, reconocieron los hechos que el Ministerio Público les atribuyen y brindaron una colaboración con la investigación. En otra causa que involucra al líder del partido YoCreo, también tres de sus exfuncionarios aceptaron las denuncias del caso Tajy.

El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para los procesados: Salem Esgaib Zugaib (extesorero), Hugo Benítez Vázquez (exvicepresidente), Lucía Elizabeth Lisboa de Torales (exsecretaria) y Karen Elizabeth González Vergara (exmiembro suplente), quienes formaron parte de la comisión directiva del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.

El exmandatario Nicanor Duarte Frutos desestimó la existencia de un descontento social que se pretende instalar desde la oposición como estrategia de campaña para desgastar al gobierno de Santiago Peña y a la Asociación Nacional Republicana (ANR), con miras a los comicios presidenciales del 2028.

“Dónde está la sintomatología de que estamos en una sociedad alarmada, con un malestar profundo, si no hay estremecimiento del cuerpo social, no hay una convulsión social, no existe un estado de agitación, que son los elementos sintomáticos de una sociedad políticamente en situación de gran malestar”, refirió el expresidente, este miércoles, en una visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM.

Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), se presentó por la mañana de este miércoles ante el Ministerio Público, que ordenó su imputación y pidió la prisión preventiva, pero se abstuvo de declarar. Está imputado al igual que otro extitular de la previsional, Jorge Brítez, y otros siete exfuncionarios por lesión de confianza.

Bataglia se encontraba de viaje en Italia al momento de librarse la imputación, el 4 de agosto pasado, en la causa que investiga un perjuicio patrimonial de 61.000 millones de guaraníes por un presunto desvío de fondos en el que se habría beneficiado a la empresa Neighpart, a través de un contrato con adendas irregulares para instalar quirófanos en el Hospital Central.

Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional detuvieron a Sergio Francia Bernal (25), alias Bada, presumiblemente miembro del Primer Comando Capital (PCC), en un allanamiento llevado a cabo en la madrugada de este miércoles.

El procedimiento se registró en Mariano Roque Alonso, hasta donde llegó una comitiva fiscal-policial y allanó un domicilio ubicado sobre la calle Mariscal Estigarribia entre Jejuí y Lomas Valentinas de dicha ciudad, según reporte de la Policía Nacional.

Cerro Porteño está listo para volver al ruedo en el plano internacional. El “Ciclón”, que si bien arrancó a los tumbos el segundo semestre, ya está enfocado en hacer una nueva historia en Brasil.

El conjunto azulgrana enfrentará este miércoles al Palmeiras, desde las 19:00 en el Nubank Parque, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Las estadísticas están para romperse y Cerro Porteño intentará eliminar por primera vez en el historial a un equipo brasileño en la fase de Octavos de Final de la Copa Libertadores.

El presidente de la República, Santiago Peña, a través del Decreto 6568/26 designó a Javier Eduardo Ramírez Valdez como ministro interino de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) en reemplazo de Jacinto Santa María Ammatuna, quien ayer martes presentó su renuncia al cargo por “motivos particulares y de dignidad personal”.

Funcionario de la Senatur desde el 2007, Ramírez Valdez venía desempeñándose como director general de Gestión Turística de la misma institución. Anteriormente estuvo al frente de la Dirección General de Productos Turísticos y de la Dirección de Prestaciones Turísticas.

“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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La defensa del imputado recusó sin fundamentos a dos integrantes de la Cámara Especializada en Delitos Económicos.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar las recusaciones promovidas por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y confirmó la com­petencia de los camaristas Paublino Escobar Garay y Camilo Torres Leguizamón para continuar interviniendo en el proceso penal que inves­tiga presuntas irregularida­des en la ejecución del fallido proyecto metrobús.

La decisión fue adoptada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos, quienes concluyeron que los planteamientos pre­sentados por la defensa care­cían de fundamentos lega­les suficientes para apartar a los integrantes de la Cámara Especializada en Delitos Eco­nómicos. Con esta resolución, el máximo tribunal despeja uno de los principales obstá­culos que mantenían demo­rado el análisis de la causa en segunda instancia.

Las recusaciones fueron pro­movidas por el abogado Fede­rico Huttemann, represen­tante legal de Wiens, quien solicitó el apartamiento de los camaristas Paublino Escobar Garay y Camilo Torres Leguizamón. Según la resolución de la Corte, los argumentos expuestos no reunían los requisitos pre­vistos por la legislación para justificar la separación de los magistrados del conoci­miento del expediente.

Con esta estrategia proce­sal, la defensa buscaba dejar momentáneamente sin inte­gración a la Cámara de Apela­ciones encargada de estudiar el caso, lo que habría gene­rado una postergación en la resolución de los recursos pendientes y, en consecuen­cia, un retraso en el avance del proceso penal.

La causa contra el exminis­tro se inició el pasado 13 de febrero, cuando los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti formularon imputación en su contra por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas, atribu­yéndole responsabilidad en calidad de autor por supues­tas irregularidades vincu­ladas al proyecto metrobús durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones.

El requerimiento fiscal fue recibido por el Juzgado Penal de Garantías a cargo del magistrado Humberto Otazú el 4 de marzo. Sin embargo, cinco días des­pués la defensa presentó una serie de incidentes procesales cuestionando la validez de la admisión de la imputación, recursos que quedaron pen­dientes de resolución.

Tras el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, el expe­diente volverá a manos de la Cámara Especializada en Deli­tos Económicos, integrada por los camaristas Camilo Torres, Paublino Escobar y José Wal­dir Servín, quienes deberán pronunciarse sobre la legali­dad de la admisión de la impu­tación y permitir que la inves­tigación continúe conforme a las etapas previstas en el pro­ceso penal.

Paraguay dejó de ser el bochornoso país blanco de noticias por casos de narcotráfico. Este gobierno recuperó la cara de nuestro país con el firme combate al crimen organizado que se instaló y se fortaleció durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Los decomisos de grandes toneladas de cocaína en puertos internacionales deja­ron de sacudir al Paraguay ante el mundo. Sin duda, el Estado cuenta con las herra­mientas para combatir al flagelo del crimen organizado, pero la ausencia de la volun­tad política, como ocurrió en los 5 años del gobierno anterior permitió proliferar el ilí­cito a grandes escalas, con una connivencia sin precedentes por parte de altas autorida­des con capos del negocio ilícito.

Hay que decirlo, el gobierno de Mario Abdo incineró la imagen del país ante la comuni­dad internacional. Fuimos noticia cons­tante de incautaciones de cientos toneladas de cocaína en puertos europeos como Ham­burgo, Bélgica, España y en otros a nivel regional como los decomisos en Brasil, Uruguay, etc., que dejaban al descubierto el nulo control en Paraguay, producto de una mezcla de desidia y complicidad guberna­mental.

Las cifras que movió el ilícito fue extraordi­nario. Estudios realizados por entendidos estimaban el auge de la narcoexportación durante el gobierno Abdo, consolidó un negocio que desde el 2020 hizo circular en negro unos USD 25.000 millones.

El daño a la imagen país y a la estructura misma del Estado fue enorme. La confianza se desmoronó complemente para la ciuda­danía, mientras la logística narco se forta­lecía aprovechando facilidades que se con­cedieron alevosamente como la liberación de los controles en los puertos.

Una dejadez que parecía más que una alianza desnaturalizó el Estado en los tiempos de Abdo y eso no se puede olvi­dar ni dejar atrás solo porque pasaron los años. Hasta los ministros de su gobierno aparecieron como amigos de capos narco, recibiendo favores de quienes estaban investigados en grandes operativos anti­narcóticos.

Esta situación ha sido revertida por el actual gobierno. Precisamente, el presi­dente de la República asumió esta realidad en su último informe y de manera contun­dente refirió que, “Paraguay dejó de ser el corredor de la cocaína de Latinoamérica”.

El mandatario explicó detalladamente el trabajo de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad) que volvió a realizar contro­les estrictos, mecanismos de inteligencia operativa, uso de tecnología y la coopera­ción internacional, que se habían debilitado durante la gestión anterior. “Desde princi­pios de este gobierno hasta la fecha, no se ha registrado ninguna incautación de cocaína en Europa asociada a envíos desde Para­guay”, puntualizó el jefe de Estado.

Como nunca, la Senad hizo incautacio­nes que batieron récord. Los números que socializó el presidente indican que solo en el último año la institución antinarcó­tica realizó 8.947 operativos que generaron USD 212 millones de perjuicio al negocio narco. Si ahora se pudo hacer estos trabajos, por qué antes no, es la pregunta que queda picando.

Paraguay cuenta con profesionales de alto perfil en sus organismos de seguridad. De hecho, personal de inteligencia alerta­ron al gobierno de Abdo, es decir al mismo Abdo Benítez de la llegada del narco Sebas­tián Marset y proveyeron información del esquema, la logística que iban instalando con los depósitos de acopio de cocaína en el Chaco de cocaína que ingresaban desde Bolivia y la complicidad de empresarios en los puertos de salida del país.

Los equipos de inteligencia tenían iden­tificado pistas, depósitos en el Chaco y en las inmediaciones de los centros portua­rios. Sin embargo, los brazos caídos desde el gobierno de Abdo permitieron el afianza­miento del ilícito.

El oscuro periodo que vivió el país durante el gobierno de Abdo no debe volver a repe­tirse jamás. Si la actual administración estatal avanzó con el combate al narcotrá­fico y otros problemas no existen argumen­tos para retroceder.

Los logros de este gobierno son muy impor­tantes en el combate al crimen organizado y la recuperación de la confianza en el país, pero los desafíos siguen siendo grandes. Sos­tener un territorio libre de estas actividades ilícitas exige un continuo esfuerzo por parte del Estado, ese es el camino si realmente aspiramos el desarrollo y el bienestar.