El senador Derlis Maidana, responsabilizó al gobierno de Mario Abdo Benítez, de dejar un perjuicio más a la ciudadanía, en este caso con la decisión de parar las obras de la mega obra del Metrobús, que debió ser una gran opción de transporte público para la capital y el Área Metropolitana. Esto también tuvo un importante efecto en el Estado, pagar por una sanción ante el incumplimiento del contrato.
“Considero que realmente la ciudadanía se vio nuevamente afectada por malas decisiones. Si el Gobierno anterior hubiera buscado alternativas viables para continuar el proyecto, el Paraguay no se hubiera visto con la responsabilidad de pagar la sanción impuesta por el laudo arbitral y hoy hubiéramos tenido una alternativa eficiente para el transporte público”, señaló en entrevista para La Nación/Nación Media.
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El parlamentario cuestionó que el gobierno anterior tuvo dictámenes y condiciones de seguir con la obra, sin embargo, hizo caso omiso a todos estos elementos y decidió parar la obra, afectando a millones de compatriotas.
“Hoy la Justicia habla y dice que no hubo daño patrimonial alguno, el ministro Jiménez Gaona actuó bien en su rol de administrador público, pagando las certificaciones como correspondía, se entregó el 18,5 % de la obra, se hicieron los pagos, hubo un dictamen que instaba al gobierno anterior a proseguir con la obra, sin embargo, hicieron caso omiso a ello y a la necesidad de más de un millón de paraguayos”, señaló Maidana.
Mientras tanto, apuntó a un revanchismo político, y no una decisión tomada en bases sólidas. “Las obras de desarrollo no son obras personales, debemos dejar esa miopía de: esta es obra de este o aquel y simplemente impulsar obras de desarrollo que beneficien a la ciudadanía sin importar quien las hizo”, apuntó.
Ratificó, que fue “una gran irresponsabilidad suspender la obra y una pena haber tenido en las manos la solución del trasporte público y que no se haya podido concretar por una miopía política, pero debemos mirar adelante y ver una solución urgente para el trasporte público”.
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Senado busca blindar por ley el Registro de Estudiantes para erradicar títulos falsos
La Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos del Senado ya baraja varias alternativas o proyectos con el objetivo de erradicar el esquema que afecta al ámbito educativo e impulsar que el Registro Único del Estudiante (RUE) tenga fuerza de ley. Entre las propuestas figuran la creación de un protocolo formal para derivar los casos de fraude directamente a la Fiscalía.
“Estamos construyendo muchas ideas como, por ejemplo, la creación de un protocolo formal de derivación al Ministerio Público en casos de evidencias y responsabilidad penal. El Registro Único del Estudiante de Educación Superior, hoy se encuentra en vigencia por resolución del Ministerio de Educación y Ciencias, pero pensamos que su aplicación debe ser por ley“, afirmó el senador Patrick Kemper, presidente de dicha comisión, este martes al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El legislador refirió que, mediante estas reformas, se podría erradicar entre un 70 a 90 % la expedición de títulos universitarios falsificados en el país. “Si el El Registro Único del Estudiante de Educación Superior es aplicado por ley se blindará que no se encuentre sujeto a un gobierno o ministro de Educación. Yo particularmente pienso que esto solucionará el 70, 80 o 90 % del problema”, dijo.
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El Registro Único del Estudiante de Educación Superior es un sistema digital que registra la trayectoria académica, facilita la emisión de títulos y centraliza los datos de los universitarios. “Mediante dicha propuesta, el MEC tendrá en tiempo real, cada 6 meses o 1 año, toda la información del estudiante, como, por ejemplo, en qué carrera estuvo, qué materias cursó, su carga horaria, calificaciones, entre otros. Esto se deberá hacer año por año. A la vez, nuestra comisión, como primer producto, deberá generar un informe o una suerte de libro institucional digital que pueda servir para corregir ciertas situaciones”, puntualizó.
Las afirmaciones de Kemper surgieron tras concretarse ayer lunes la presentación de una denuncia impulsada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ante la Fiscalía contra 550 usuarios no autorizados que operaban en el sistema de la cartera estatal que realizaron 130.000 acciones irregulares en la plataforma de registro de títulos; así como la concreción de sumarios contra 283 funcionario del MEC.
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Títulos falsos: senadores citarán a ministros de la Corte y al fiscal general
El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.
“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.
El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.
Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.
Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.
“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.
Denuncia ante Fiscalía
Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.
“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.
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Núñez sepulta discurso de copamiento, reflotando el historial de la corrupción opositora en la CGR
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso del discurso de copamiento por parte del oficialismo colorado que pretende instalar la oposición en el proceso de la próxima elección del contralor y subcontralor general de la República. Con el fin de refutar “la maniobra”, el senador recordó el extenso historial de corrupción que salpicó a representantes de dicho sector político que estuvieron al frente del órgano extrapoder.
“Ante las declaraciones del senador Eduardo Nakayama, que llama a la oposición a hacer el vacío si el cartismo propone a un contralor y subcontralor afiliados a la Asociación Nacional Republicana, vale recordar la historia reciente de la Contraloría: De los últimos 5 contralores impulsados por la oposición, 3 afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, manifestó.
Para sostener su postura, Núñez detalló cronológicamente los casos de los excontralores de extracción opositora que terminaron ante la justicia. “El excontralor Daniel Fretes del Partido Liberal Radical Auténtico, quien estuvo al frente de la institución durante los años 1995 al 2000 fue condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación criminal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Organizó una máquina de lavar dinero”, indicó.
El legislador acotó: “El excontralor Óscar Rubén Velázquez Gadea también fue representante del Partido Liberal y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos durante los años 2010 al 2015. También fue condenado a 4 años de cárcel (confirmado por la Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso de la secretaria vip”..
A la vez, el parlamentario recordó el caso del excontralor José Enrique García Ávalos, quien fue representante del tercer espacio opositor entre los años 2016 y 2019. “Él también fue condenado en el 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado por el caso Ivesur. Enfrentó múltiples causas por enriquecimiento ilícito y lavado”, refirió.
“Prioricemos el interés nacional”
Núñez indicó que dichos antecedentes ocasionaron que la ciudadanía perdiera la confianza hacia la institución encargada de fiscalizar, vigilar y controlar el buen uso de los fondos, bienes y recursos del Estado.
“La Contraloría perdió credibilidad con estos antecedentes. Hoy necesitamos romper ese ciclo: un proceso de selección transparente, meritocrático y basado en trayectoria técnica, no en color político ni pactos. No se trata de copar la institución, sino de elegir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la confianza ciudadana”, sostuvo en sus redes sociales oficiales.
Agregó que “rechazamos los bloqueos por cálculo electoral. Paraguay merece una Contraloría independiente y eficaz. Prioricemos el interés nacional por encima de las maniobras de sectores retardatarios de la oposición”.
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Metrobús: Corte rechaza chicanas de Wiens y confirma a los jueces
La defensa del imputado recusó sin fundamentos a dos integrantes de la Cámara Especializada en Delitos Económicos.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar las recusaciones promovidas por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y confirmó la competencia de los camaristas Paublino Escobar Garay y Camilo Torres Leguizamón para continuar interviniendo en el proceso penal que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del fallido proyecto metrobús.
La decisión fue adoptada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos, quienes concluyeron que los planteamientos presentados por la defensa carecían de fundamentos legales suficientes para apartar a los integrantes de la Cámara Especializada en Delitos Económicos. Con esta resolución, el máximo tribunal despeja uno de los principales obstáculos que mantenían demorado el análisis de la causa en segunda instancia.
ARGUMENTOS SIN REQUISITOS
Las recusaciones fueron promovidas por el abogado Federico Huttemann, representante legal de Wiens, quien solicitó el apartamiento de los camaristas Paublino Escobar Garay y Camilo Torres Leguizamón. Según la resolución de la Corte, los argumentos expuestos no reunían los requisitos previstos por la legislación para justificar la separación de los magistrados del conocimiento del expediente.
Con esta estrategia procesal, la defensa buscaba dejar momentáneamente sin integración a la Cámara de Apelaciones encargada de estudiar el caso, lo que habría generado una postergación en la resolución de los recursos pendientes y, en consecuencia, un retraso en el avance del proceso penal.
SE FORMULA LA IMPUTACIÓN
La causa contra el exministro se inició el pasado 13 de febrero, cuando los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti formularon imputación en su contra por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas, atribuyéndole responsabilidad en calidad de autor por supuestas irregularidades vinculadas al proyecto metrobús durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El requerimiento fiscal fue recibido por el Juzgado Penal de Garantías a cargo del magistrado Humberto Otazú el 4 de marzo. Sin embargo, cinco días después la defensa presentó una serie de incidentes procesales cuestionando la validez de la admisión de la imputación, recursos que quedaron pendientes de resolución.
Tras el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema, el expediente volverá a manos de la Cámara Especializada en Delitos Económicos, integrada por los camaristas Camilo Torres, Paublino Escobar y José Waldir Servín, quienes deberán pronunciarse sobre la legalidad de la admisión de la imputación y permitir que la investigación continúe conforme a las etapas previstas en el proceso penal.