El senador opositor Dionisio Amarilla manifestó que sorprendió la decisión tomada por los países de la región como Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Uruguay, de no acompañar la candidatura del canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano para el cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“En política, los números mandan y definen la posibilidad de lograr espacios. Geopolíticamente la cuestión ideológica incide un montón y probablemente esos países no ven a nuestro canciller como una persona sobre quien puedan incidir. Las posiciones ideológicas son las que definen la jugada en este tipo de decisiones”, sostuvo a los medios de comunicación.
Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, mediante sus redes sociales oficiales, afirmó que “la OEA ha perdido a un gran secretario general. Felicitaciones querido presidente Santiago Peña, por no claudicar en la defensa de nuestros principios y valores. Son mucho más importantes que cualquier cargo que el mundo pueda dar”, indicó.
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La elección para definir al sucesor de Luis Almagro para el período 2025-2030 se encuentra fijada para el próximo 10 de marzo. El abrupto cambio de postura de países de la región, que decidieron no acompañar con su voto a Paraguay, terminó motivando al gobierno del mandatario Santiago Peña la decisión de retirar la candidatura de Ramírez Lezcano, quien contaba con el objetivo de recuperar la relevancia política institucional de la OEA.
Mediante esta decisión, el camino se encuentra completamente allanado para que el canciller de Surinam, Albert Ramdin, quien posee una importante ventaja en cuanto a los votos necesarios, pueda liderar la organización internacional.
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Canciller aborda nuevas oportunidades de cooperación con Arabia Saudita y Trinidad y Tobago
El ministro de Relaciones Exteriores Rubén Ramírez Lezcano mantuvo encuentros bilaterales con autoridades de Trinidad y Tobago y Arabia Saudita, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las conversaciones abordaron mecanismos para fortalecer el diálogo político y ampliar la cooperación económica y comercial.
El primer encuentro de la jornada fue con el ministro de Estado para Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita, Adel Ahmed Al-Jubeir, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Durante el encuentro bilateral, ambas autoridades abordaron la profundización de la integración entre ambos países, con miras a fortalecer los lazos bilaterales.
En este sentido, se discutió una posible cooperación en materia de transporte aéreo de cargas. Además, dialogaron sobre la cooperación tanto en el ámbito comercial como en el económico, así como sobre la participación de Paraguay en la Expo 2030, a realizarse en la ciudad de Riad, capital del Reino de Arabia Saudita.
Firma de memorándum
Por otra parte, el canciller Ramírez Lezcano, junto al ministro de Relaciones Exteriores y Asuntos de CARICOM de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, mantuvieron igualmente una revisión de la agenda bilateral. La reunión fue propicia para suscribir un Memorándum de Entendimiento sobre el establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas, como plataforma para facilitar el diálogo periódico entre ambos países.
Asimismo, el mecanismo servirá para revisar el estado actual de las relaciones bilaterales e intercambiar opiniones sobre asuntos regionales e internacionales de interés común.
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La OEA aprueba cita clave de cancilleres el 2 de octubre por el veto electoral en Nicaragua
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el miércoles celebrar una reunión extraordinaria de cancilleres sobre Nicaragua el viernes 2 de octubre, ante la situación política en el país centroamericano. La “reunión de consulta”, un instrumento poco común en la OEA, servirá para examinar “las acciones apropiadas” contra Nicaragua, según la resolución aprobada por consenso por el Consejo Permanente de la organización.
Nicaragua está gobernada con mano de hierro por una pareja presidencial, el exguerrillero izquierdista Daniel Ortega (80 años) y su esposa Rosario Murillo. Ese fuerte control sobre la sociedad aumentó tras las protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, según la ONU.
Debido a la represión desatada tras las movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron y la oposición es prácticamente nula en el país, donde acaba de aprobarse una reforma que prohíbe la participación electoral de los partidos adversos al gobierno.
Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual ha sido reelegido tres veces en cuestionados comicios.
En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó ampliamente sin rivales.
Tras una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murilo a copresidenta, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en 2027.
Pero Ortega anunció recientemente que “en Nicaragua no volverá a haber elecciones” en las que “partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos)” puedan tomar el poder. El parlamento nicaragüense ratificó esa medida.
La presión de EE. UU.
La última vez que la OEA (34 países miembros activos) celebró una reunión de ministros de Relaciones Exteriores fue en 2019, para examinar la situación en Venezuela. Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023, precisamente por la presión diplomática de los países miembros.
La OEA como tal no tiene poder para imponer sanciones, sino que deben ser aplicadas por cada país individualmente.
Estados Unidos decidió tomar el timón de la presión internacional, con una serie de sanciones sobre Ortega, Murillo, familiares suyos y la plana mayor del gobierno nicaragüense.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, calificó recientemente de “absolutamente inaceptable” la situación en el país centroamericano, señalado por la ONU y por organizaciones internacionales por las repetidas violaciones de los derechos humanos.
Ramdin abogó por “acordar colectivamente un conjunto de medidas para ejercer más presión (...), de modo que podamos iniciar un proceso de diálogo. No sé aún en qué forma, ni quién lo encabezaría: podría ser un grupo de Estados miembros”, sugirió en entrevista con periodistas.
Más allá de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, Washington urge a los países miembros a actuar colectivamente como parte de una nueva visión para la OEA, una organización que el nuevo gobierno de Donald Trump ha criticado por su supuesta inoperancia.
El gobierno de Trump resucitó la doctrina Monroe y proclamó su derecho a intervenir en la región cuando considere que sus intereses están en peligro, o que algún país está sometido a una influencia excesiva de un país ajeno al hemisferio. La presencia china en Nicaragua ha sido denunciada repetidamente por el Departamento de Estado.
Fuente: AFP.
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Cinco países piden reunión de cancilleres en la OEA por veto electoral en Nicaragua
Un grupo de cinco países de la Organización de Estados Americanos (OEA) propone que los cancilleres de la región se reúnan el 2 de octubre para examinar “las acciones apropiadas” contra Nicaragua, según un borrador de agenda consultado este lunes por la AFP. Los estados miembros de la organización se reunirán este miércoles a las 10:00 (14:00 GMT) en Consejo Permanente para votar esa fecha, tras semanas de negociación interna.
“La Misión Permanente del Paraguay, en nombre propio y de las Misiones Permanentes de Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú (...) propuso el viernes, 2 de octubre de 2026, como fecha” para esa reunión extraordinaria de cancilleres, explica el borrador. Los jefes diplomáticos de la región deberán “considerar la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas”, explica el texto, en alusión al anuncio del gobierno sandinista de prohibir la participación de la oposición en las elecciones.
La OEA había aprobado el 19 de agosto la celebración de esta “reunión de consulta” de cancilleres, un mecanismo inusual. Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023. La pareja en la silla presidencial, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, acusa a la oposición de ser “traidores a la patria”, y la Asamblea Nacional nicaragüense votó a principios de mes ese veto electoral. La última reunión de cancilleres de la OEA (33 miembros activos) se celebró a finales de 2019, a causa de la situación en Venezuela.
Estados Unidos, que ha ido adoptando este año una amplia batería de sanciones económicas contra la pareja presidencial nicaragüense, el gobierno y entidades clave en el país centroamericano, presiona a la OEA para que tome medidas de aislamiento del régimen Ortega-Murillo. La OEA como tal no tiene poder para imponer sanciones, sino que deben ser puestas en vigor por cada país individualmente.
Desapariciones forzadas
El gobierno de Nicaragua mantiene a por lo menos una treintena de personas en “desaparición forzada”, un arma que utiliza para “aplastar” a la oposición, denunció este martes un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU.
El mandatario Daniel Ortega, un exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, según la ONU.
Desde entonces se registran 161 casos de “desaparición forzada” y la muerte de ocho personas detenidas por motivos políticos, señaló un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, que estima que la cifra de desaparecidos puede ser superior.
Al menos 29 de esas personas continuaban en paradero desconocido al 31 de agosto pasado, detalló el reporte, que asegura que esta práctica constituye un crimen de “lesa humanidad”.
Lo que comenzó como “desapariciones de corta duración” para castigar a los detenidos e intimidar a sus familiares, ha pasado a ser una “práctica estratégica y recurrente de desapariciones prolongadas de meses o años” contra “un conjunto cada vez más diverso de víctimas”, añaden los expertos.
Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, considera que las protestas de 2018 fueron un intento de “golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.
Debido a la represión desatada tras las movilizaciones, miles de nicaragüenses se exiliaron y la oposición es prácticamente nula en el país, donde acaba de aprobarse una reforma que prohíbe la participación electoral de los partidos adversos al gobierno.
Crímenes contra la humanidad
El Grupo de Expertos fue creado en 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar las violaciones y abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018 e identificar a sus responsables.
En el informe “Anatomía de la crueldad estatal”, los investigadores denuncian que las desapariciones fueron ejecutadas mediante la actuación coordinada de varias instituciones y “una cadena de mando que llega hasta los niveles más altos del gobierno”.
Estas desapariciones constituyen “crímenes de lesa humanidad” por “encarcelación”, “tortura”, “actos inhumanos” y “persecución por motivos políticos”, subrayan.
El Grupo pidió al gobierno revelar el paradero de las personas desaparecidas, liberar a los detenidos por motivos políticos e investigar las muertes bajo custodia estatal, que incluyen a Humberto Ortega, hermano del presidente, fallecido en 2024.
Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual ha sido reelegido tres veces en cuestionados comicios. En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó ampliamente sin rivales.
El pasado 1 de septiembre, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional que prohíbe la participación de opositores en comicios por solicitud de Ortega y amplía su mandato de seis a siete años.
Caso Brooklyn Rivera
El informe aborda en particular la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, de 73 años, en mayo pasado. Su fallecimiento se produjo tras casi tres años de detención arbitraria, incluidos dos períodos prolongados de desaparición forzada, señaló el Grupo de Expertos.
A su juicio, las versiones oficiales sobre la muerte de Rivera fueron “médicamente incoherentes en aspectos fundamentales” y no podían ser verificadas debido a la ausencia de una investigación independiente.
El gobierno había informado que Rivera padeció varias infecciones respiratorias y otras complicaciones mientras permanecía hospitalizado y aseguró que recibió atención médica especializada.
Sin embargo, los expertos de la ONU señalaron que durante los 32 meses que permaneció detenido su familia no tuvo acceso a la historia clínica y tampoco se le realizó una autopsia que permitiera establecer la causa de su muerte.
Fuente: AFP.