La intervención de los nuevos fiscales asignados a la causa resultó determinante para que se concediera el sobreseimiento provisional de los encausados en el caso Metrobús. Foto: Pánfilo Leguizamón
Caso Metrobús: rectificación de nuevos fiscales fue clave para sobreseimiento
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La intervención de los nuevos fiscales asignados a la causa resultó determinante para que se concediera el sobreseimiento provisional de los encausados en el caso Metrobús. El nuevo equipo de agentes del Ministerio Público, integrado por Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grissetti, finalmente rectificó la acusación y solicitó la aplicación de la figura del sobreseimiento provisional.
Este hecho marca un contraste notorio con la acusación inicial impulsada por María Estefanía González, quien ya no forma parte del proceso. Los tres fiscales que tomaron el relevo analizaron minuciosamente los cientos de pruebas y solicitaron la rectificación de la acusación.
El equipo de fiscales fundamentó su decisión en la existencia de pericias contrapuestas y en inconsistencias detectadas tras revisar más de 300 pruebas presentadas por la defensa de los implicados, entre ellos Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas del gobierno de Horacio Cartes. Según explicaron, bajo el principio de objetividad, no era viable avanzar a la siguiente etapa procesal sin antes esclarecer estas contradicciones. Al tener elementos probatorios contrapuestos, el Ministerio Público admitió no estar en condiciones de pasar a la etapa procesal siguiente.
Entre las diligencias solicitadas por los fiscales se incluyen una nueva pericia para resolver las discrepancias entre los estudios previos, así como la verificación de autorizaciones municipales en San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción. También se pidió reevaluar los cauces hídricos que pudieron verse afectados por la construcción de las obras.
El juzgado acogió parcialmente estas solicitudes, aprobando 14 de las 15 diligencias propuestas. La última fue descartada por ser considerada demasiado genérica.
Este sobreseimiento provisional no solo refleja la importancia de la labor de los nuevos fiscales, sino que también subraya la necesidad de contar con pruebas sólidas y consistentes antes de avanzar en un proceso judicial de esta magnitud.
Ministra asegura continuidad de obras y avanza plan para regularizar deudas
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La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, transmitió tranquilidad a las empresas constructoras asegurando que los proyectos viales no pararán, pese a las deudas pendientes.
“El primer mensaje importante es que las obras continúan. Están todas en pleno proceso de ejecución, ni una obra paró. Tuvimos dos pedidos de suspensión en más de 200 contratos abiertos y afortunadamente los pagos lograron reactivar y retroceder esos pedidos de suspensión”, dijo a La Tribu 650AM.
Manifestó que se ha pagado entre enero y marzo más de 100 millones de dólares que amortiza la deuda, pero también es parte de pago de la deuda que se está ejecutando en este primer trimestre.
Así también explicó que durante el primer trimestre se mantuvo un flujo importante de pagos y que se trabaja en una herramienta financiera tipo factoring para saldar compromisos del año 2025, por un monto de 150 millones de dólares.
Actualmente el MOPC, el Ministerio de Economía y los gremios se encuentran revisando los documentos finales para formalizar el acuerdo y asegurar la sostenibilidad del sector.
“El ministro de Economía presentó una propuesta el viernes de la semana anterior, el gremio ya presentó sus observaciones. Se ha socializado este documento, entonces ellos presentaron formalmente sus comentarios al instrumento. El MOPC hizo lo propio también al Ministerio de Economía para acercar un documento que esté plenamente acordado”, subrayó.
Justicia otorga sobreseimiento definitivo al senador Hernán Rivas
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La Cámara de Apelaciones hizo lugar el recurso planteado por la defensa del senador Hernán Rivas y dictó el sobreseimiento definitivo de la causa por presunta producción y uso de título falso. La acción fue planteada por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Gulino y Álvaro Cáceres.
El tribunal decidió el sobreseimiento definitivo al legislador de conformidad al artículo 359 inciso 2 del Código Procesal Penal. Explica que dicho articulado menciona que corresponde el sobreseimiento definitivo cuandoa pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible requerir fundadamente la apertura a juicio.
La camarista Bibiana Benítez (preopinante) señaló que ya en el A.I. N° 850 de fecha 10 de octubre del 2025, el juez de Garantía Miguel Palacios concluyó que el hecho punible estipulado en el artículo 251, inciso 1°, del Código Penal Paraguayo (producción mediata de documentos públicos de contenido falso) prescribió, incluso antes de la formulación del acta de imputación por parte del Ministerio Público, la cual ya había llegado tarde.
Al análisis jurídico de la camarista se adhirió su colega Delio Vera, señalando que al declararse la prescripción del hecho de producción de títulos falsono puede ser juzgado por lo segundo, que es el supuesto “uso de documentos de contenido falso”, por lo que se declara su sobreseimiento definitivo de todo el proceso. José Fernández, el tercer integrante del tribunal, votó en disidencia.
Cabe señalar que con este fallo, a través del A.I. N° 102 dictado en la fecha, se rechaza la apelación de los fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero en contra de la prescripción del delito de supuesta falsificación de parte de Rivas.
Posteriormente, mediante el A.I. N° 107 dictado igualmente en la fecha, el Tribunal de Apelación hizo lugar al recurso presentado por la defensa del senador, que anula la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, que el 10 de octubre del 2025 había elevado a juicio oral y público el proceso judicial por el que era investigado.
El Lote 1 de la ruta PY15 ya presenta tramos urbanos con hormigón, mientras continúan los trabajos en accesos y movimiento de suelo con una inversión de G. 485.505 millones financiada por Fonplata. Foto: MOPC
Corredor Bioceánico avanza con pavimento rígido y obras en accesos estratégicos
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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), informó que el Lote 1 del Corredor Vial Bioceánico registra avances, con la implementación de pavimento rígido de hormigón en el tramo urbano de Mariscal Estigarribia, consolidando una de las principales infraestructuras logísticas del país.
De acuerdo con la cartera, el hormigonado abarca 3,2 kilómetros de la doble avenida Héroes del Chaco, que ahora cuenta con calzadas de 7 metros por sentido, pavimento de 20 centímetros de espesor y cordón cuneta integrado. Este avance se suma a los trabajos en el acceso principal a la ciudad, específicamente entre los kilómetros 105 y 100, donde se ejecuta la carpeta asfáltica a lo largo de 5 kilómetros.
La iniciativa, que se desarrolla en cuatro lotes bajo supervisión del MOPC, implica una inversión total de G. 485.505 millones, con financiamiento del Banco de Desarrollo Fonplata. En paralelo, se realizan intervenciones en el ingreso a Mariscal Estigarribia, incluyendo la colocación de base granular.
En cuanto a obras de terraplén y movimiento de suelo, los trabajos se concentran en la intersección de la ruta PY15 con la ruta PY09, entre los kilómetros 102 y 104. A estos se suman otros frentes activos entre los km 125 y 130, así como entre los km 133 y 135.
El MOPC recordó que el Tramo 3 del Corredor Vial Bioceánico abarca 224 kilómetros de la ruta PY15, entre Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo, de los cuales 220 kilómetros corresponden al corredor principal y el resto a accesos, colectoras y travesías urbanas, con impacto directo en la conectividad regional y el comercio internacional.
Deudas heredadas del gobierno de Abdo arrastraron al retraso de los pagos a farmacéuticas y obras
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La deuda del Estado con dos sectores, vialeras y farmacéuticas, ya ascienden a más de USD 1.000 millones, gran parte de estas deudas se vienen arrastrando desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, la mayor parte por intereses generados por los retrasos.
En el programa Fuego Cruzado del canal GEN, representantes de las cámaras de ambos sectores dieron detalles sobre el estado de estas deudas por parte del Gobierno.
Gustavo Masi, miembro de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), explicó que la deuda con la industria de la construcción parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “Cerramos el 2025 con 250 millones de dólares de deudas en certificados y 110 millones de dólares en deudas en intereses atrasados, lo que totalizó la deuda en 360 millones de dólares”, mencionó.
Mencionó además que “la deuda se genera a partir del no pago de los certificados, es importante aclarar que a principios del 2025se dio un fenómeno atípico, lo que estábamos acostumbrados a recibir del plan de caja mensualmente a partir de febrero del 2025 sufrió un declive importante”.
Con respecto a los montos que corresponden a los intereses, argumentó que es un reclamo legítimo que tiene la industria, atendiendo a que está establecido en todos los contratos, “que en el caso del no pago de parte del Gobierno se establecen una tasa de interés como en cualquier situación se requiere”.
Explicó que “se hizo una salvedad, cuando ingresó el nuevo Gobierno existía una deuda muy fuerte con la industria de la construcción, ellos a principio del 2024 salieron a emitir bonos y honraron una parte importante de esa deuda y una vez que se paga el capital se está habilitado a facturar los intereses, porque hasta ese momento siguen corriendo los intereses porque hasta la fecha efectiva del pago”.
Agregó que con eso “se totalizó una deuda de 110 millones que nosotros venimos reclamando desde el principio del 2024, los intereses, y en la actualidad, una vez que honren los 250 millones de dólares se estará hablando de una nueva cifra de intereses por el retraso que se está generando, son 50 millones de dólares aproximadamente más, 160 millones de dólares en intereses, más los 250 millones, que llegarían a los 450 millones aproximadamente”.
Eso solamente para el Ministerio de Obras Públicas, “eso es muy bueno aclarar, estamos cerrando la deuda total, pero estamos hablando de una deuda en torno entre los 500 a 600 millones de dólares con el sector de la construcción de parte de todas las entidades contratantes, llámese Essap, EBY, Ande, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud que también llevó adelante cierto tipo de construcciones que hasta hoy día no fueron honrados”, de acuerdo a las explicaciones de Masi.
En el MOPC existe una deuda de 350 millones de dólares y entre los otros entes del Estado, aproximadamente 200 millones de dólares más.
Programa Fuego Cruzado. Foto: Pánfilo Leguizamón
Deudas de farmacéuticas
Por su parte, la representante de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), Rocío Figueroa, indicó que el Ministerio de Salud Pública no solo adeuda por medicamentos, sino también por otras contrataciones de servicios en todo lo que es equipamientos, análisis clínicos, laboratoriales, el mantenimiento de esos equipamientos para los equipos de diagnósticos.
“Si vamos a hablar de la deuda global, porque todos los gremios ya estamos trabajando juntos para poder cobrar, está en más de 1.000 millones, hoy vamos a tener el número real porque en la última reunión que tuvimos con el ministro Carlos Fernández Valdovinos nos ha pedido que podamos elaborar un documento por objeto de gastos y de todo lo que sería por ejecutar, que son las facturas ingresadas ya al Ministerio de Salud en espera de cobro y las facturas que en teoría van a ejecutarse durante todo el año 2026”, detalló.
Indicó que actualmente, con el corte de marzo de este año la deuda estaba en USD 1.027 millones, sin embargo, se está compilando todos los datos que nos mandaron los presidentes de todas las otras cámaras. “Finalmente creo que va ser un poco más y eso queremos presentar mañana en la mesa de trabajo que se conformó en la Cámara de Senadores con la Comisión de Salud para que ellos también puedan ayudarnos a legar a una solución”, agregó.
Coincidió que estas deudas, “hay una parte heredada, porque hay expedientes que ingresan para ser cobrados en el Ministerio de Salud y los contratos por ejecutarse, es decir, si hay un contrato de 100, se ejecuta 50 queda 50 para que vayan saliendo las ordenes de compra de acuerdo a la necesidad y el consumo, eso no se tuvo en la administración anterior”.
Asimismo, explicó que “cuando el gobierno de Santiago Peña asume, el ministro Fernández Valdovinos pide el corte administrativo para poder hacer la emisión de bonos no se le tuvo en cuenta a los contratos que estaban terminando de ejecutarse y quedó un saldo de 260 millones de dólares, se pagó 300 millones de dólares, quedó un saldo de 260 millones que se pasó para el presupuesto del 2024, se pagó por el presupuesto de salud del 2024, quedó otro monto y así sucesivamente se fue arrastrando y terminamos con más de 800 millones de dólares”.