La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

El gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, ya concretó la distribución de 202.702 mobiliarios escolares nuevos adquiridos por la Itaipú, representando una cifra del 62 %. En total, se prevé la entrega de 330.000 muebles en instituciones educativas de todo el país.

La dotación de mobiliario escolar se realiza a escuelas con mayores necesidades. Hasta el pasado 13 de junio del 2025, en la zona de Alto Paraná se entregaron 3.183 mobiliarios; en Caaguazú, 2.641 muebles; en Caazapá, 2.492 mobiliarios; en Ñeembucú, 2.317 muebles; y en Itapúa, 1.969 mobiliarios.

Mientras que en San Pedro se entregaron 8.354 mobiliarios; en Central, 145.213 muebles; en Asunción, 29.208 mobiliarios; y en Paraguarí, 7.325 mobiliarios, según la nómina publicada este domingo por la hidroeléctrica.

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El operativo de distribución inició el pasado mes de marzo. En total, ya fueron beneficiadas 719 instituciones. Los mobiliarios escolares nuevos están diseñados para garantizar comodidad y durabilidad, con un riguroso control de calidad y una garantía de tres años. Además, el proceso de distribución se realiza de manera transparente y organizada, asegurando que cada escuela reciba la cantidad adecuada según su matrícula.

El plan de entrega cuenta con el apoyo de los gobiernos municipales, departamentales, el Ministerio de Educación y Ciencias, Itaipú y las Fuerzas Armadas. Estos últimos colaboran en la remoción de mobiliario antiguo, facilitando la llegada de los nuevos mobiliarios escolares y promoviendo el reciclaje de los en desuso.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

“Han pasado 10 años y 11 meses desde que, en 2014, salió del aire el canal NTN24 por orden de Nicolás Maduro”, recordó con una mirada firme al público la periodista venezolana Idania Chirinos, al comenzar su ponencia durante el Foro Madrid, que se desarrolló en Asunción el jueves y viernes pasados.

Chirinos fue una de las invitadas a disertar en uno de los paneles de debate bajo el título “La libertad de expresión bajo amenaza a ambos lados del Atlántico”. En ese marco, remarcó que mientras existan personas que comparten las mismas ideas de defensa de la democracia y la verdad, “siempre existirá la libertad de expresión. Hay que seguir peleando y no ceder nunca”, remarcó ante el auditorio.

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Durante una entrevista con La Nación/Nación Media, la periodista venezolana destacó que el Paraguay sigue siendo un territorio de libertades y auguró que así se mantenga por mucho tiempo.

“Al final, Santiago Peña es presidente de la República por decisión de los paraguayos; lo eligieron como jefe de Estado y cumplirá el periodo constitucional que le corresponde. Esas son las libertades que, por ejemplo, reclamamos en Venezuela; quisiéramos que se respetaran los resultados electorales como los del 28 de julio pasado, cuando Edmundo González fue nombrado presidente de la República por voto de los venezolanos”, expresó.

Asimismo, recalcó que está convencida de que los pueblos deben tener la libertad de elegir a sus líderes y autoridades. En ese sentido, destacó que el presidente Santiago Peña es producto de ello y de la democracia.

Chirinos es directora de Contenidos del Canal Internacional de Noticias NTN24, además de directora y presentadora programa “La Tarde”. Se declara una militante de la Democracia y la libertad plena de Venezuela.

En ese sentido, la periodista venezolana indicó que si bien, ya no están con la señal libre en su país, continúan firmes trabajando, informando todo lo que pasa en Venezuela, convencidos de que lo que sucede en su país es absolutamente grave, bajo el régimen de Nicolás Maduro.

“Hicimos un compromiso con los venezolanos y lo hemos cumplido, de seguir en cobertura permanente de todo lo que ocurre allá. Aun sabiendo que hacer periodismo con el régimen de Maduro, es muy peligroso, con mucho riesgo. Hoy hay 16 periodistas presos, buena parte de ellos después del 28 de julio en las elecciones que ganó Edmundo González Urrutia“, comentó.

Mencionó que en Venezuela un periodista puede ser encarcelado, simplemente por hacer una cobertura desde un ángulo que al régimen le parezca que no es el apropiado; por publicar una declaración que no es conveniente para ellos; por escribir un X que al régimen le moleste. “Pensar distinto en Venezuela es un riesgo absoluto y ejercer el periodismo independiente por supuesto conlleva ese riesgo”, remarcó.

Respecto al desarrollo del Foro Madrid, que tuvo a Asunción como sede de su cuarta edición, señaló que justamente busca enfrentar a ese socialismo, sobre todo a la estructura que tiene el socialismo con el foro de São Paulo, el grupo de Puebla.

“Creo que el Foro Madrid nace precisamente para hacer un contrapeso a estas agrupaciones que promueven el socialismo, el positivismo que se supone que llevan o hacerse por otra parte los perseguidos o las víctimas porque ese siempre es parte del lenguaje”, explicó.

Chirinos remarcó que como ciudadana y como periodistas quiere una región con libertad, una región con una amplia manera de pensar donde se garanticen los derechos humanos, las libertades de expresión, de movimiento, de prensa.

“Quiero una región que me garantice mis derechos civiles y ciudadanos; a tener la libertad de protestar, a pensar distinto y eso en la región no se garantiza en todos lados, no se garantiza en Brasil, no se garantiza en Venezuela. En Colombia está empezando a ser confrontado; bueno, lo confronta el presidente desde hace mucho rato a quien piense distinto a él y con además un ritornelo que ya conocemos, eres un apátria, un sumiso a los Estados Unidos, a sus valores, etc., etc., etc.”. mencionó.

Finalmente, señaló que todo espacio que promueva un pensamiento libre y que permita exponer otra manera distinta de pensar, en contraposición a espacios como el Grupo de Pueblo, el Foro de São Paulo, que promueve simplemente lo contrario, al final son beneficiosos para la población.

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Los senadores del movimiento Honor Colorado, Derlis Maidana y Gustavo Leite, se refirieron a la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República, Horacio Cartes.

“La desestimación de la causa solo nos afirma que estuvimos acertados en todo momento, pero lo más grave de este hecho es que se demuestra cómo se utilizó el aparato del Estado para dañar la reputación y la vida de ciudadanos paraguayos. Con esto no solo se perjudicó a Horacio Cartes, sino que se atentó contra la institucionalidad y el Estado de derecho”, sostuvo Maidana en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.

“Esperemos que nunca más facciones políticas utilicen el poder político como garrote contra los adversarios coyunturales. La lucha por un Paraguay mejor debe ser democrática, transparente y debe unir a los paraguayos; el gobierno no está para fomentar odios como lo hizo en este caso. Esta desestimación es una reivindicación del Estado de derecho y de la institucionalidad de la República”, refirió el legislador.

Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la realizó en carácter personal, aunque con el aval del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre de 2022.

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En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

“Si el Ministerio Público desestima las denuncias quiere decir que no hubo méritos. Para todo el show mediático que se armó es evidente que hubo mala fe y denuncias falsas con la sola finalidad de dañar al expresidente Cartes“, refirió Leite respaldando las afirmaciones de su colega Maidana.

El requerimiento de desestimación fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer. En la solicitud, manifestaron que se conformaron diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con el fin de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.

Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.

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