Cámara de Diputados reanudará sus actividades con 12 puntos en el orden del día
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El orden del día para la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados ya fue dado a conocer y contiene 12 puntos que deberán ser analizados por los parlamentarios. La sesión de este nuevo periodo parlamentario está previsto para el martes 4 de febrero y entre los puntos más importantes se encuentra el proyecto de protección de datos personales.
La mencionada propuesta legislativa plantea modificaciones al decreto n.° 2274 que reglamenta la ley n.° 6.207 que crea el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), siendo el artículo n.° 20, 43, 85, 86, entre otros para los cuales se plantean cambios. Este proyecto había sido aprobado en general, mientras que su estudio en particular fue postergado en la última sesión ordinaria del pasado 17 de diciembre.
En cuanto a las sanciones, por ejemplo, los proyectistas consideraron un punto importante no discriminar entre personas físicas o jurídicas, “siendo que sus capacidades son muy distintas y generalmente el volumen de datos que manejan las personas jurídicas es muy superior al que manejan las personas físicas”, expresa el documento.
Otro de los puntos a estudiar por los diputados marcados para este martes son el proyecto de ley sobre adopción de adultos mayores, presentado por el legislador Carlos Pereira, y la propuesta para identificar, inscripción y asistencia en la educación básica y superior a estudiantes con altas capacidades.
Otro de los ítems relevantes para el jornada es el proyecto de exoneración de peaje al tránsito automotor para los pobladores de San Bernardino, Altos y Nueva Colombia. Además, hay varias propuestas legislativas de expropiación de inmuebles a ser analizadas y la intención de creación de nuevos Juzgados de Paz en la capital del país.
Diputados estudiará 27 puntos en sesión de este martes
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La Cámara de Diputados tratará 27 puntos en la sesión ordinaria de este martes 22 de setiembre. Entre los proyectos a ser considerados figura en primer lugar la declaración del último domingo del mes de octubre como Día Nacional de la Iglesia Evangélica.
Se analizará también el proyecto de ley que crea y regula la profesión de los paramédicos, presentado por diputados de diferentes bancadas.
Por otro lado, se prevé la consideración del proyecto que instituye el día 9 de octubre de cada año como el Día Nacional del Migrante Paraguayo.
Igualmente, los legisladores retomarán el estudio en particular del proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley de “Vida Silvestre”, presentado por el diputado José Rodríguez.
Otro punto a ser analizado en plenaria es el proyecto de ley que declara en estado de emergencia vial el tramo que une las ciudades de Luque y Limpio.
En el orden 19 se incorporó la consideración del proyecto de ley que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas.
El debate también se centrará en el proyecto de ley que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia, sobre la creación del registro de deudores alimentarios morosos.
Los diputados solicitan datos sobre estudios procesados en un centro privado que tiene contrato con el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social (IPS).FOTO: GENTILEZA
Piden informes a IPS y Salud sobre servicios tercerizados
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Específicamente el pedido abarca cantidad de pacientes atendidos y especialidades médicas de los estudios.
La Cámara de Diputados aprobó sendos pedidos de informes sobre servicios tercerizados de diagnóstico por imágenes prestados por Medicina Profesional Tecnológica (Meprotec), tanto al Ministerio de Salud como al Instituto de Previsión Social (IPS). El primer documento, “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Instituto de Previsión Social (IPS) sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”, solicita datos sobre los estudios realizados mediante este centro de diagnóstico por imágenes, que presta servicios médicos tercerizados a asegurados del IPS y pacientes del Ministerio de Salud Pública.
El segundo proyecto aprobado es el “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”. En este caso el acuerdo de tercerización está vigente desde febrero de 2024.
Específicamente se solicita información sobre la cantidad de pacientes atendidos en los hospitales del IPS, discriminada por especialidades médicas, así como los costos que representa para la previsional la realización de cada estudio, diferenciados según las especialidades. El documento también requiere datos sobre las prestaciones tercerizadas y las condiciones del servicio.
Así también, la solicitud contempla información sobre la cantidad de pacientes atendidos, las especialidades de estudios realizados y los costos que representa para el Ministerio de Salud cada prestación, con el propósito de conocer el alcance de los servicios tercerizados y los recursos destinados a su contratación.
Aprueban hasta 15 años de cárcel para cómplices de fugas de presos
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El proyecto incorpora un agravante severo cuando el responsable del hecho sea un funcionario público o personal que preste servicios en centros penitenciarios.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 294 del Código Penal Paraguayo para endurecer las sanciones por la liberación de personas privadas de libertad. Impulsada por el diputado Yamil Esgaib, la iniciativa completó su estudio en particular durante la sesión ordinaria de este martes y fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional.
El texto aprobado sanciona con hasta cinco años de prisión o multa a quien libere a un interno, lo induzca a la fuga o le preste apoyo logístico para consumarla, extendiendo la punibilidad a la etapa de tentativa. Con este reajuste, el Poder Legislativo busca cerrar los vacíos legales de la normativa vigente e inhibir el auxilio externo que suelen recibir los reclusos de alta peligrosidad.
El proyecto incorpora un agravante severo cuando el responsable del hecho sea un funcionario público o personal que preste servicios en centros penitenciarios con la obligación explícita de evitar la evasión. Para estos casos, en los que exista violación del deber de custodia, la pena privativa de libertad se eleva de 5 a 15 años de cárcel, eliminando la opción de multas sustitutivas.
La exposición de motivos señala que las evasiones registradas en el país responden mayoritariamente a esquemas de corrupción promovidos por organizaciones criminales. según el documento, los grupos delictivos aprovechan la baja expectativa de pena prevista en la legislación actual para cooptar mediante sobornos o amenazas al personal de seguridad y agentes del orden.
Asimismo, la propuesta introduce el concepto de “fuga masiva” como circunstancia agravante, definida como la liberación planificada o simultánea de más de un interno. Tras conseguir el respaldo del pleno en la Cámara Baja, el proyecto pasa a consideración del Senado, donde se evaluará la ratificación del nuevo marco punitivo contra la complicidad penitenciaria.
Diputados instan a garantizar fármacos para la salud mental
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de declaración que insta al Ministerio de Salud Pública a “extremar sus recursos para evaluar las mejores alternativas terapéuticas” frente a la escasez de fármacos destinados al tratamiento de la salud mental.
El proyectista, Arturo Urbieta, fundamentó la existencia de “escasez crítica” de medicamentos utilizados para el tratamiento de la salud mental. Expone que el mismo Ministerio de Salud reconoció a través de un comunicado oficial, esta problemática.
El legislador colorado citó específicamente los casos del haloperidol decanoato y el palmitato de paliperidona, fármacos indicados principalmente para el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
A través de la propuesta, el diputado Urbieta subrayó la necesidad de garantizar la continuidad terapéutica de los pacientes con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos crónicos, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 7018 “De Salud Mental”.
En ese sentido, la declaración insta al Ministerio de Salud a extremar sus esfuerzos para evaluar las mejores alternativas terapéuticas sustitutas disponibles, así como los protocolos clínicos de contingencia necesarios para asegurar la continuidad del tratamiento de los pacientes afectados.