El proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal ya se encuentra en pleno estudio entre los legisladores de la Cámara de Diputados. Al respecto, el legislador colorado Rodrigo Gamarra señaló que cualquier decisión que impacte en la jubilación de los trabajadores del sector público, debe construirse con ellos, permitiendo una amplia participación.
Por ello, en conversación con La Nación Nación Media, celebró que el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, haya convocado a una audiencia públicia en la que se tuvo una alta participación de representantes de los distintos sectores afectados. Señaló que las audiencias públicas, son espacios que permiten ir puliendo las diferencias y las falencias que pudieran tener la propuesta normativa.
El legislador colorado indicó que entiende que la propuesta del Poder Ejecutivo nace de una visión responsable y de largo plazo, orientada al bien común y especialmente a paliar errores del pasado que hoy ponen en riesgo el futuro y la sostenibilidad del sistema.
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Señaló que esa es una preocupación legítima, sobre la necesidad de establecer un sistema que garantice que los jóvenes de hoy, también puedan jubilarse mañana.
“El espíritu de buscar orden y equilibrio es positivo para la macroeconomía del país. Ahora bien, sobre la postura de los docentes y posibles modificaciones, y el rechazo que manifiesta el sector docente, considero que su voz es fundamental. Cualquier decisión que impacte en su jubilación debe construirse con ellos, no sin ellos. Celebro por eso las audiencias públicas, pues son el espacio para pulir falencias”, remarcó.
Igualmente, enfatizó que su posición es clara, al estar a favor de los maestros. “La labor docente es el cimiento sobre el cual se construye el futuro de Paraguay, y cualquier reforma que afecte su previsión social debe ser tratada con la máxima sensibilidad y responsabilidad. No podemos hablar de educación sin tener en cuenta la realidad diaria y el bienestar de quienes dedican su vida a enseñar”, remarcó.
El diputado Gamarra sostuvo finalmente, que a su criterio, el proyecto de reforma debe asegurar y blindar los derechos adquiridos. “No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad del camino para quienes ya cumplieron con sus años de servicio, debe construirse un consenso y poner a la luz todos los riesgos existentes actualmente y las posibles soluciones; al final la justicia debe ser el límite de la sostenibilidad”, acotó.
Es importante recordar que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó ante la Comisión Permante un proyecto de ley para reformar el Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público.
La propuesta se planteó con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema previsional frente al elevado déficit que arrastra la Caja Fiscal, que en 2025 cerró con USD 380 millones.
Anticipándose a lo que este déficit podría significar a futuro, el incimplimiento del pago de los haberes jubilatorios; desde el gobierno están planteando algunas principales medidas que incluyen modificaciones a la ley vigente.
- Establecer una edad mínima de jubilación, algo que actualmente no existe para varios sectores (como docentes), con un esquema de acceso gradual desde los 57 años.
- Homogeneizar el cálculo de haberes jubilatorios sobre el promedio de los últimos cinco años de aportes.
- Actualizar los haberes de forma uniforme según la variación del salario mínimo legal vigente.
- Ajustar el esquema de aportes al sistema:
- Tablas de sustitución que incentivan aportes más prolongados para mejorar los beneficios.
- El Gobierno descartó aumentos de impuestos como solución al déficit.
Según el Ejecutivo, estas reformas evitarían un desbalance de casi USD 9.820 millones en la próxima década si no se toman medidas.
En tanto, gremios docentes mantienen un firme rechazo a la versión del proyecto impulsado por el Gobierno, especialmente porque consideran que no responde a la realidad laboral ni a los derechos ya adquiridos. Los principales puntos cuestionados son:
- Edad mínima de jubilación: rechazan que se establezca un límite de 57 años, que eliminaría la jubilación por años de aporte sin tope etario.
- Incremento del aporte estatal insuficiente:
- Retroactividad: cuestionan que se apliquen cambios a quienes están cerca de retirarse.
- Reclaman mayor transparencia e instalación de una mesa técnica con el MEF y el Legislativo.
- Denuncian que el proyecto traslada el ajuste hacia los trabajadores y no atiende las causas reales del déficit.
- Amenaza de movilización: En consecuencia insisten en advertir que de aprobarse el proyecto de ley esta semana y seguir el mismo curso en el Senado, corre en riesgo el inicio de las clases el próximo 23 de febrero.
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