Desde el Ministerio de Justicia manifestaron que los desafíos en torno al control sobre las personas privadas de libertad son constantes teniendo en cuenta el volumen de personas y también la peligrosidad, sobre todo de los vinculados al crimen organizado. Ante esta realidad, se plantean diversas alternativas entre las que se encuentra la necesidad de más centros penitenciarios.
“Estamos proyectando más construcciones de penitenciarías que por sí solo es necesario dentro de un Estado en el que la población crece, la criminalidad también y se debe trabajar en eso, en infraestructuras”, informó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal a la 650 AM.
El día a día en los centros penitenciarios es muy difícil, reconoció Benítez, no obstante, señaló que la institución trata de coordinar acciones en conjunto con otras carteras estatales para abordar la situación penitenciaria en cuanto a la sobrepoblación y el control de los privados de libertad que tienen relación al narcotráfico y al crimen organizado, los que constantemente buscan mecanismos para reagruparse dentro de las cárceles.
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“Tenemos varios blancos con que luchar dentro del sistema penitenciario, pero lo estamos haciendo”, expresó Benítez. Además de este proyecto, también siguen trabajando con fuerza con el Poder Judicial para otorgar mayores medidas alternativas a la prisión como la prisión domiciliaria, en los casos que no exista riesgo, de modo a no optar necesariamente por la prisión preventiva y así evitar que las penitenciarías sigan sumando a personas.
Hay que mencionar que durante el actual Gobierno se habilitaron las cárceles de máxima seguridad, a donde se destinaron a miembros de organizaciones como el clan Rotela, los cuales guardan reclusión en un pabellón especial, en celdas separadas y sin comunicación entre sí. Durante el 2024 se realizaron operativos mediante los cuales se expulsaron del país a líderes del Primer Comando Capital (PCC), quienes eran requeridos por la justicia brasileña.
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Controlan principio de incendio en el penal Martín Mendoza de Emboscada
Este sábado, el Ministerio de Justicia confirmó que se reportó un principio de incendio en el Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada, pero la situación está 100 % controlada. Se presume que se originó por un cortocircuito y se activó el protocolo de evacuación preventiva.
Según el reporte de la cartera estatal, el fuego se inició pasada las 2:00 de esta madrugada y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios de Emboscada, quienes lograron controlar el principio de incendio cerca de las 5:00 de hoy. Además, informaron que no se reportaron heridos ni víctimas que lamentar.
El interventor del establecimiento y el jefe de seguridad coordinaron la activación inmediata del protocolo de emergencia que obligó a la evacuación del área. Así también, convocaron al cuerpo de bomberos de la ciudad, cuyos equipos acudieron al lugar para realizar las tareas de extinción y enfriamiento.
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“Como medida preventiva, se dispuso la evacuación temporal de los sectores de Sanidad, Admisión y Monitoreo, a fin de resguardar la integridad física de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario. El incidente dejó únicamente daños materiales”, expresaron en un comunicado.
El Ministerio de Justicia continuará con los procedimientos institucionales e investiga las causas del hecho y evalúan los daños en la infraestructura del penal. De manera preliminar, no se descarta que el hecho haya sido ocasionado por un cortocircuito en el sistema eléctrico.
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Brasil: Senado dio luz verde al proyecto de reforma de seguridad impulsado por Lula
El Senado de Brasil aprobó ayer martes una reforma constitucional propuesta por el reelegido presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reforzar la lucha contra el crimen organizado mediante un nuevo ministerio de seguridad y un régimen penal más severo.
La inseguridad es la mayor preocupación de los brasileños, según encuestas, y fue uno de los temas centrales de la campaña. El mandatario izquierdista derrotó en el balotaje del 25 de octubre al senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
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Se trata de una victoria más para Lula, que esperaba ese cambio en la Constitución para crear un ministerio dedicado a la seguridad pública, una de las promesas de campaña para su cuarto mandato.
Ampliación por mayoría
Tras su aprobación por amplia mayoría, la reforma queda lista para ser promulgada por el Congreso. Los senadores dejaron fuera del texto la rebaja de la edad de responsabilidad penal, hoy fijada en 18 años, que la oposición quería incluir en la reforma.
Esa propuesta, una de las banderas de Flávio Bolsonaro, la reducía a 16 años en general y a 14 para delitos graves. Los senadores oficialistas se dijeron abiertos a debatir el tema, pero votaron para tratarlo por separado.
El gobierno había enviado la reforma al Congreso en abril de 2025 y la Cámara de Diputados la aprobó en marzo pasado. El texto fortalece el papel del gobierno federal en un área que hoy está mayormente en manos de los estados, y garantiza más recursos para el sector.
Además, endurece el régimen penal para líderes e integrantes de las facciones, bandas armadas que controlan amplias zonas de las ciudades, incluidas favelas de Rio de Janeiro y Sao Paulo. Con la reforma se exponen a prisión en cárceles de máxima seguridad y confiscación de bienes.
Estados Unidos designó este año como organizaciones terroristas a las dos mayores facciones criminales de Brasil, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, pese al rechazo de Lula, que teme eventuales amenazas a la soberanía.
Flávio Bolsonaro afirmó que le había pedido esa designación al presidente Donald Trump, aliado de su padre. Tras el balotaje, el senador se fue clandestinamente de Brasil a Estados Unidos tras tener sus pasaportes cancelados por una investigación sobre posible lavado de dinero.
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El asunto de la inseguridad ganó relevancia tras un operativo policial contra el Comando Vermelho que dejó más de 120 muertos en dos favelas de Río de Janeiro un año atrás. La incursión más letal de la historia del país fue celebrada por la derecha como un “éxito”, mientras que Lula la calificó de “matanza”.
Fuente: AFP
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Un estudio busca mejorar la salud y la rehabilitación en penitenciarías
El proyecto, liderado por el doctor Juan Martens del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través de PROCIENCIA, cuenta con una inversión de G. 2.200 millones y se desarrolla en tres penitenciarías.
La iniciativa integra salud física, salud mental y criminología para generar evidencia que contribuya a mejorar la gestión penitenciaria y los procesos de reintegración social.
La investigación se desarrollará en las penitenciarías de Tacumbú, Emboscada y Coronel Oviedo, establecimientos que concentran el 39 % de la población penitenciaria del país. La propuesta busca generar información útil para orientar decisiones institucionales, mejorar los servicios sanitarios y fortalecer los procesos de rehabilitación y reintegración social.
Para ello, articula tres componentes: salud física, salud mental y criminología.
En el área de salud física, el proyecto contempla acciones de detección temprana y manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. También prevé evaluaciones nutricionales, elaboración de menús equilibrados y medidas de prevención de enfermedades infectocontagiosas, además de acciones vinculadas al Programa Ampliado de Inmunización (PAI).
RESPONDER A DESAFÍOS
Durante la presentación, el D.Sc. Benjamín Barán, ministro presidente del Conacyt, señaló que los proyectos multicéntricos representan una oportunidad para poner el conocimiento científico al servicio de la ciudadanía y responder a desafíos concretos del país.
Así también, destacó que la inversión en ciencia, tecnología e innovación contribuye a formar investigadores, fortalecer las instituciones y producir conocimiento sobre la realidad paraguaya. Asimismo, señaló que los proyectos estratégicos de mayor duración y con recursos específicos amplían las oportunidades para desarrollar investigaciones con capacidad de incidir en distintos ámbitos de la sociedad.
El doctor Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte Suprema de Justicia y consejero del Conacyt por las Universidades Públicas, expresó la disposición institucional de acompañar esta iniciativa y otras propuestas científicas que involucren a investigadores, universidades y magistrados.
A su vez, el doctor Alberto Joaquín Martínez Simón, presidente de la Corte Suprema de Justicia, expresó el interés institucional en acompañar el desarrollo de la investigación científica.
Por su parte, el doctor Roque Orrego, presidente del INECIP, destacó la importancia de que la investigación y el fortalecimiento institucional cuenten con financiamiento público nacional. El apoyo estatal, en este caso, permite desarrollar un trabajo conjunto orientado a mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas.
ALCANCES
El proyecto se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 y plantea la generación de evidencia como un recurso para fortalecer las políticas públicas. Su alcance no se limita a la atención de necesidades inmediatas, sino que también busca dejar capacidades instaladas en los equipos e instituciones que participan en su ejecución.
La iniciativa incorpora igualmente la salud de los funcionarios penitenciarios. Según explicó el doctor Juan Martens, líder de la investigación, ya se iniciaron evaluaciones integrales de salud al personal en la penitenciaría de Coronel Oviedo.
TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN
Otro de los ejes del proyecto es la adecuación e implementación del Sistema de Información Hospitalaria (HIS) en el ámbito penitenciario. La herramienta permitirá organizar la información sanitaria de manera segura y actualizada, además de facilitar la articulación con los sistemas de salud pública del Paraguay.
Durante la presentación, el doctor Juan Martens señaló que uno de los objetivos es avanzar hacia un sistema que permita consultar el historial de las personas privadas de libertad, incluida su trayectoria sanitaria, por parte de los actores autorizados. Contar con información organizada puede facilitar el seguimiento de los casos y aportar elementos para la toma de decisiones.
La incorporación de tecnología se complementa con el fortalecimiento de los procedimientos institucionales. De esta manera, la investigación busca que los datos generados puedan utilizarse para mejorar la atención y la coordinación entre los servicios involucrados.
UNA ALIANZA ENTRE CIENCIA E INSTITUCIONES PÚBLICAS
El proyecto es ejecutado por el INECIP y reúne a instituciones académicas y organismos públicos con experiencia en salud, educación en contextos de encierro, epidemiología, políticas alimentarias y gestión penitenciaria.
Participan la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), la Universidad Nacional de Pilar (UNP), la Universidad Sudamericana, el Ministerio de Justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
La articulación entre estas instituciones permite reunir conocimientos de distintas disciplinas para abordar un problema que no depende de un solo organismo.
La investigación busca, además, aprovechar la experiencia acumulada de los equipos académicos y ponerla al servicio de las necesidades del sistema penitenciario.
La iniciativa busca contribuir al desistimiento criminal, entendido como el proceso mediante el cual una persona se aleja de la actividad delictiva, a través de mejores herramientas de evaluación, atención sanitaria y gestión penitenciaria.
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Avanza la construcción del nuevo barrio Bañado Tacumbú que beneficiará a 2.500 familias
El gobierno paraguayo registra un 75 % de avance en la construcción del nuevo barrio Bañado Tacumbú, una infraestructura diseñada para albergar a 2.500 familias en Asunción.
Para verificar los trabajos en esta futura área urbana, el presidente de la República, Santiago Peña, junto a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y sus equipos técnicos, realizaron un recorrido de supervisión en la zona de obras.
El proyecto beneficiará a unas 10.000 personas aproximadamente, mediante su reubicación en un barrio planificado, ubicado en una zona no inundable, con viviendas, infraestructura urbana y acceso a servicios básicos, según destacaron los técnicos del Ministerio de Obras Públicas.
El nuevo barrio contará con dos Unidades de Salud Familiar (USF), centros de atención en salud mental, protección a mujeres, niños y adolescentes, un Centro de Atención Integral de la Primera Infancia (CAIPI) y un Centro de Día para Adultos Mayores.
También incluirá un Centro Educativo Integral, una comisaría, espacios comunitarios, paradas de transporte público, bicisendas, plazas y áreas verdes.
Además, se contempla el saneamiento de la laguna Yrupé y la construcción de un parque ecológico.
El proyecto forma parte del Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur de Asunción, financiado mediante un préstamo de USD 100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las obras de infraestructura urbana tienen una inversión contractual de G. 181.498 millones, con finalización prevista para marzo de 2027
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