El diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Jorge Ávalos Mariño, manifestó que no se descarta que en la primera sesión ordinaria de la Cámara Baja se concrete la renovación de la mesa directiva. Detalló que la tenencia persiste en reelegir al colorado oficialista Raúl Latorre como presidente de la institución legislativa.
“Esta es una de las posibilidades porque ya sucedió en periodos pasados. La renovación de la mesa se dará siempre y cuando hayan consensos. Creo que es un hecho que el colega Latorre siga como presidente debido a que hay acuerdos sobre su figura para una reelección”, comentó a los medios de comunicación.
El dirigente político de la oposición dejó entrever que la puja por las vicepresidencias desatada a comienzo del presente receso parlamentario, que inició el pasado 21 de diciembre y se extenderá hasta el próximo 2 de marzo, terminó apaciguándose.
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Agregó que la vicepresidencia primera recaería sobre su colega Hugo Meza, líder de la bancada b del oficialismo colorado, mientras que la vicepresidencia segunda será encabezada por su sector que aglomera a varios liberales independientes. No obstante, indicó que aún no designaron un nombre para el cargo.
Por otra parte, rechazó que las negociaciones sobre la renovación de la mesa directiva gire en torno a la designación del próximo representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
“Justamente por este motivo decidimos posponer la designación de nuestro representante ante dicho órgano, a los efectos de tener tiempo, establecer los consensos. A la vez, ver si desde el oficialismo del Partido Colorado existe la intención de ceder ese lugar a la oposición y a partir de ahí ir viendo los nombres”, manifestó.
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Caña dulce podría duplicar su rendimiento, pero sigue sin ley ni presupuesto
La caña dulce producida por pequeños agricultores en el departamento de Guairá sigue siendo una materia pendiente para el gobierno, según precisó a La Nación/Nación Media, Ramona Vargas, representante de Coordinadora Paraguaya de Productores de Comercios Justos (CPPCJ).
Dijo que el proyecto de ley que busca formalizar el rubro y garantizar su trazabilidad fue presentado hace cinco años, pero aún no ha sido incluido en el orden del día de la Cámara de Diputados. Los productores reclaman con urgencia su aprobación para que el sector pueda acceder al Presupuesto General de la Nación (PGN), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y así mejorar su productividad.
“El MAG ya dio su aval técnico al proyecto, pero el proceso legislativo está detenido por falta de voluntad política. Se podría duplicar la productividad de nuestras tierras si contáramos con apoyo estatal para fertilización y maquinaria. Tenemos menos de 5 hectáreas por productor, y esta rentabilidad actual no permite reinvertir en las fincas. Esto perpetúa la pobreza en el sector”, manifestó Ramona Vargas a LN.
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Lo que buscan con el proyecto de Ley de Caña de Azúcar es principalmente formalizar el rubro y garantizar trazabilidad, algo que se requiere tanto para exportar como para asegurar la seriedad en el mercado interno. Vargas mencionó que la mayoría de los demás productos agrícolas sí tienen presupuesto asignado, como la papa o la cebolla, pero la caña dulce no.
“Los pequeños cañicultores de caña dulce orgánica necesitamos urgentemente una ley que nos ampare. Sin esta ley seguimos sin presupuesto y sin apoyo para mejorar nuestros suelos o adquirir maquinaria adecuada para la preparación de tierra”, dijo.
Ramona Vargas comentó que este anteproyecto de ley ya cuenta con varias correcciones hechas por un equipo técnico del gobierno. Incluso, realizaron ya algunas audiencias públicas y luego fue presentado el documento en Diputados. La caña de azúcar representa un pilar clave para la agricultura familiar, generando trabajo para más de 185.000 personas de forma directa e indirecta en todo el país.
Actualmente, los mercados internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea o Asia no compran solo por precio, sino que exigen productos con normas claras, respaldo institucional y trazabilidad. Es decir que, sin una ley como la propuesta, Paraguay pierde competitividad y grandes oportunidades de negocios, según expuso a LN, Ramona Vargas.
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A mediados de junio se definirán dictámenes sobre intervención de Ciudad del Este
El diputado Alejandro Aguilera, integrante de la comisión especial que analizará el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, explicó que a partir que se instale la mesa de trabajo tendrá 15 días de plazo, que se dará en la segunda quincena de junio, para emitir el dictamen que luego se pondrá a consideración del plenario de la Cámara Baja.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, indicó que este lunes 2 de junio, a las 11:00, está prevista la convocatoria a los miembros que integran esta comisión especial para conformar la mesa directiva y marcar la hoja de ruta de trabajo.
Refirió que se estará definiendo la fecha en que se cursará invitación al contralor general de la República, Camilo Benítez, y su equipo de auditores para que expliquen sobre el trabajo que realizaron, así como los motivos que sustentan el pedido de intervención de la municipalidad de Ciudad del Este.
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Igualmente, señaló que se establecerá la fecha que se le cursará invitación al intendente esteño Miguel Prieto, para que pueda realizar su descargo; y luego de escuchar las partes se estará estableciendo los siguientes pasos.
“Lo que haremos en la comisión es estudiar el pedido que hace la Contraloría y si hay elementos suficientes dictamina a favor del pedido. Aunque no recuerdo que en una comisión especial de intervención se haya dado un dictamen único, por lo que puede darse dictámenes en mayoría y en minoría”, explicó.
Explicó que luego será el plenario el que tendrá que votar sobre la intervención o no del municipio. De aprobarse los pedidos de intervención, el Poder Ejecutivo designará al interventor que a su vez tendrá un plazo de 60 días para llevar adelante los trabajos de intervención, mientras que el intendente queda apartado del cargo por ese tiempo.
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Mencionó que, a más de escuchar a las partes, y si los miembros de la comisión así lo consideran, no se descarta que esta mesa de trabajo se traslade hasta Ciudad del Este, para llevar adelante una verificación in situ de las denuncias que existe contra Prieto, o en su efecto, las pruebas que presente el jefe comunal en su defensa.
“Lo que estaremos buscando es analizar sobre las presuntas irregularidades que pudiera haber y que fueron denunciadas. Finalmente, todo lo que se haga será por decisión de los miembros que integran la comisión. No existe una bajada de línea para llevar de una u otra la actuación de la comisión, todo se hará lo que se decida en mayoría en la comisión”, enfatizó.
Finalmente, manifestó que a última hora hubo una modificación en la integración de los miembros de la comisión; ya que finalmente el diputado Miguel Ángel Del Puerto, conformó la delegación presidencial para acompañar al jefe de Estado, Santiago Peña, en su visita de Estado a la India. En su reemplazo fue designado el diputado colorado Jorge Barresi.
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Debatirán proyecto legislativo sobre IA en audiencia pública
La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed, invita a participar de la audiencia pública en que será analizado el proyecto de ley “que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país”. El evento se realizará el miércoles 4 de junio, a partir de las 10:00, en la Sala Bicameral del Congreso Nacional.
La propuesta, presentada por varios diputados, tiene por objeto promover el uso responsable y ético de la inteligencia artificial (IA), garantizando que el marco jurídico vigente en el país proporcione las herramientas necesarias para promoverla.
El proyecto propone que para la promoción de la IA se deben priorizar el respeto de los derechos humanos, la sostenibilidad y la inclusión, con el fin de fomentar el desarrollo económico, social y cultural del país. Sostiene, además, que es fundamental establecer un marco jurídico que garantice su impacto positivo y su adaptación a los valores nacionales.
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“El auge de la IA representa un desafío que trasciende ámbitos específicos, involucrando múltiples sectores que deben ser cuidadosamente observados, planificados y regulados. Las consecuencias de su aplicación pueden ser tanto positivas como negativas, dependiendo del enfoque que adoptemos como sociedad y como Estado”, expresa el documento.
En la actualidad, la Constitución Nacional del Paraguay de 1992, establece, en su artículo 30, que las señales de comunicación electromagnética son dominio público del Estado.
Los impulsores de la iniciativa plantean que el desarrollo y aplicación de la IA deben ser abordados mediante una legislación clara, coherente y alineada con los principios constitucionales. La actividad va dirigida a profesionales del área e instituciones involucradas, así como al público interesado en general.
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Plantean modificar ley de la tercera edad para incluir a personas con discapacidad severa
El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.
La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.
La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.
Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.
“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.
Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.
Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.
Principales modificaciones
Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.
Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.
Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.
González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.
Otro proyecto similar
Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.
Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.
Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.
Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).