El Ministerio Público informó sobre la apertura de un sumario administrativo a la funcionaria Jessica Báez, señalada por supuestamente haber pedido USD 300.000 al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes para no filtrar información. Para la familia, esto no es suficiente y lo que correspondería es una investigación penal del hecho.
“Son situaciones sumamente graves, sobre todo lo de esta funcionaria Jessica Báez a la que se le abrió un sumario administrativo, pero de qué sirve eso, para encontrar la excusa de poder echarla de la función pública. Acá tuvo que abrirse una investigación en contra de la misma, es una acusación demasiado grande contra ella”, aseveró el abogado Óscar Tuma.
El representante legal de la familia Gomes, indicó al programa “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, que existen graves sospechas que pesan no solamente sobre Báez, sino también sobre todas las personas que estaban en el Departamento de Inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), durante el gobierno de Mario Abdo.
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“Existen sospechas de que se filtraron informaciones y que se pagaron montos multimillonarios, que se contribuyó a facilitar la huida de algunas personas sindicadas como criminales, en fin, son hechos graves. Por eso, cuando asume el doctor Jalil Rachid en este nuevo Gobierno, directamente hace la movida y revoca su comisionamiento (a Báez) y la envía de vuelta a la Fiscalía”, precisó.
El abogado indicó que las demás personas que trabajan junto con la mencionada funcionaria en la Senad, fueron enviadas al “freezer” en el actual Gobierno, lo cual sería indicio de que existieron comentarios dentro de la mencionada institución sobre comportamientos irregulares de este grupo de personas. “Son hechos graves que no pueden quedar en un sumario administrativo”, ratificó.
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Paraguay fortalece su investigación agrícola
El ingeniero agrónomo Antonio Samudio Oggero, categorizado en el Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SISNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) e investigador del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), representó a Paraguay en la Reunión de Coordinación Técnica sobre Prioridades Estratégicas y Acción Conjunta del programa Atoms4Food, organizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
El encuentro se desarrolló del 8 al 12 de junio de 2026 en Viena, Austria, y reunió a especialistas de América Latina y el Caribe en el marco del proyecto regional ARCAL CXCVIII (RLA5093). Durante la reunión, el investigador participó en espacios de trabajo enfocados en áreas clave como el mejoramiento genético vegetal, el manejo sostenible de suelos y recursos hídricos, la inocuidad alimentaria y el control integrado de plagas.
LA EXPERIENCIA
Además, tuvo la oportunidad de visitar los Laboratorios de Aplicaciones Nucleares del OIEA en Seibersdorf, uno de los centros de investigación más importantes a nivel mundial en el uso de tecnologías nucleares con fines pacíficos. Esta experiencia permitió el intercambio de conocimientos con expertos internacionales y la generación de vínculos de cooperación científica que contribuirán al fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del Paraguay.
Para nuestro país, formar parte de esta iniciativa representa una oportunidad para avanzar en áreas como el mejoramiento genético, el manejo sostenible de recursos naturales, el control fitosanitario y la adaptación al cambio climático, contribuyendo así a una producción agrícola más eficiente, innovadora y sostenible.
El programa Atoms4Food, impulsado por el OIEA en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es una iniciativa estratégica para apoyar a los países en el fortalecimiento de sus sistemas agroalimentarios mediante el uso de técnicas nucleares e isotópicas.
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¿Alivia el cuerpo y el espíritu el hecho de ir a misa?
La práctica de rituales religiosos libera sustancias químicas que fortalecen los vínculos sociales e incluso aumentan el umbral de percepción del dolor, según un estudio realizado en Brasil y el Reino Unido. Varias investigaciones demostraron que algunos opioides producidos de forma natural por el organismo, como la betaendorfina, desempeñan un papel fundamental en el apego social de los animales y en las relaciones sociales de los seres humanos adultos.
Estas “sustancias químicas del bienestar” se liberan cuando adoptamos determinados comportamientos, lo que posteriormente contribuye a que nos sintamos unidos a los demás, explica a la AFP Valerie van Mulukom, coautora de un estudio publicado esta semana en Proceedings of the Royal Society B. En los monos esto ocurre especialmente durante las sesiones de acicalamiento, esenciales para la cohesión del grupo. Sin embargo, en las sociedades humanas de gran tamaño, las interacciones cara a cara no bastan para reforzar los lazos sociales entre cientos o incluso miles de personas.
Una teoría del biólogo evolutivo británico Robin Dunbar sostiene que “desarrollamos ciertos comportamientos que nos permiten producir las mismas sustancias químicas que en las interacciones cara a cara, pero a una escala mucho mayor”, destaca Van Mulukom, investigadora en psicología de la universidad Oxford Brookes (Reino Unido).
“Estos comportamientos incluyen moverse de forma sincronizada (realizando espontáneamente los mismos movimientos), cantar juntos, hacer música juntos o saber que compartimos las mismas creencias”, explica.
En este contexto, ella y sus colegas estudiaron los rituales religiosos en 24 investigaciones de campo realizadas con fieles en el Reino Unido y Brasil.
Repetidos cada semana, “los rituales religiosos reúnen todos estos comportamientos. Cuando se asiste a una misa, por ejemplo, todos se levantan al mismo tiempo, rezan juntos, al final se desean mutuamente la paz, escuchan y cantan juntos”, señala la investigadora.
Conectados con Dios
En el Reino Unido, todos los participantes eran cristianos, aunque pertenecían a distintas confesiones (católica, anglicana, metodista y bautista).
En Brasil, los participantes practicaban el culto de la Umbanda, una religión afrobrasileña que combina el espiritismo, danzas y ritmos rituales africanos con oraciones e imágenes católicas.
Los participantes respondieron un cuestionario antes y después del servicio religioso sobre su sentimiento de pertenencia al grupo, que incluía preguntas como: “Pensando en todas las personas presentes, ¿hasta qué punto confía usted en los demás miembros de este grupo?”
Puesto que es imposible medir directamente la producción de opioides sin recurrir a procedimientos invasivos, y dado que estas sustancias actúan como analgésicos, los investigadores utilizaron un método habitual en los estudios experimentales: emplear el umbral del dolor como indicador indirecto.
Para ello, inflaron lentamente un manguito de presión -como los utilizados para medir la presión arterial- alrededor del brazo de cada participante antes y después del servicio religioso, hasta que este indicara sentir una “molestia importante”.
El resultado fue que, tras el ritual, el sentimiento de vínculo social era mayor que antes, al igual que el umbral del dolor. También aumentó ligeramente el afecto positivo (emociones agradables como la alegría, la serenidad y el placer), mientras que el afecto negativo disminuyó.
“Observamos que cuanto más conectadas con Dios se sentían las personas durante el ritual, más les ayudaba a crear vínculos con los demás”, destaca Van Mulukom.
Más allá de las actividades sincronizadas, “hay algo en las creencias que estas personas integran en su identidad que las une con mayor fuerza”, subraya.
“Del mismo modo que, si participo en una manifestación contra los combustibles fósiles porque coincide con mis creencias y mis principios, probablemente me sentiré más unido a los demás manifestantes que en un concierto, aunque en este último seguramente me mueva y cante de manera mucho más sincronizada con el resto”, concluye la investigadora.
Fuente: AFP.
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Tuma califica de retroceso el proyecto de divorcio exprés: “Tocamos algo que funciona bien”
El abogado Óscar Tuma califica de “retroceso” el proyecto de Ley que plantea el divorcio exprés. Indicó que se está tocando “algo que funciona bien”. El exdiputado cuestionó la iniciativa que se debate en el Senado y advirtió que introduce plazos y requisitos que ya fueron eliminados.
En conversación con el programa “Arriba Hoy” de Gen y Universo 970Am/Nación Media, explicó que la ley actual (vigente desde hace años, de la que él fue proyectista) ya permite el divorcio de común acuerdo de forma rápida, sin plazos mínimos de matrimonio y en una sola presentación ante el juez.
Mencionó que cuando se presentó el proyecto contenía varios errores, partiendo del hecho que se basaba en modificaciones de la Ley del año 1991, la cual ya había sido derogada con otra legislación que había sido proyectista y no tuvieron en cuenta la ley vigente, por lo tanto todo el texto contenía errores.
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“La propuesta establecía plazos, cuando que la ley vigente no contempla plazos. La ley del año 91 establecía que para un divorcio de común acuerdo debía esperar 3 años. Con la Ley vigente no es necesario esperar un día, es decir, al día siguiente del matrimonio ya se pueden divorciar si es que hay común acuerdo. Con la modificación que ellos estaban planteando de vuelta establecía que se tenía que esperar un año; esto es porque se fijaban en la ley derogada”, comentó.
Indicó que los asesores del Senado se le acercaron y se realizó algunas modificaciones al proyecto; pero aun así hoy considera que existen algunas dudas con respecto a la gratuidad del proceso.
“No estamos ante un proceso de espera, la Ley vigente es prácticamente exprés, no tiene casi la intervención de un abogado. Pero el proyecto que plantea habla de la no necesidad de presentación de un abogado. Aclaro que hoy en día para un abogado, un divorcio no representa un dinero importante, porque prácticamente es un trámite administrativo. Acá en la capital no se cobra más de dos millones y medio por divorcio y en el interior tengo amigos abogados que cobran hasta 1 millón por divorcio de común acuerdo”, precisó.
Apunta a la disolución de bienes
Por lo tanto, señaló que la cuestión no es el dinero, el problema es que no se puede divorciar sin plantear la disolución. “Este proyecto plantea que se pueden plantear ante el juez sin abogado para que se resuelva el divorcio. Pero cómo hará con la disolución. Se le está diciendo a la pareja que puede ir ante el juez sin abogado, pero no se le advierte que para la disolución si deben contar con abogados”, acotó.
Explicó que la disolución es un trámite que se realiza abogado de por medio, para la repartición de bienes y otras cuestiones y por más que no existan bienes en común debe llevarse a cabo y tienen que seguirse los trámites. “Entonces, todavía no se está redondeando la idea de lo que se pretende con el proyecto de modificación. Por eso, no veo la necesidad de modificar algo que está funcionando, para generar una complicación mayor para mí”, indicó.
Tuma sostuvo que como abogado incluso como legislador, trabajó siempre en la premisa que cuando se plantean modificaciones a leyes vigentes deben generar una incidencia importante en el sistema legislativo, no solamente hacer cambios que simplemente signifiquen pasar el proceso de espera de 10 días a reducir a 3 días.
“Yo plantearía otros cambios de la ley vigente, como es el tema de disolución. Lo que no pude conseguir en el 2010, porque eso se testó en ambas cámaras, es dividir el divorcio de la disolución, porque lo que dificulta siempre en los divorcios son la disolución que en términos sencillos es saber qué le toca a cada uno. Esto es lo que lleva tiempo, genera conflictos, porque se tienen que tazar los bienes, se tienen que poner de acuerdo, si no hay acuerdo se remata, es un trámite que dura un año y medio con suerte”, concluyó.
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En escándalo de títulos falsos, el MEC interviene tres instituciones y cierra dos facultades
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la intervención de tres instituciones de educación superior y el cierre de dos facultas, por presuntas irregularidades en la emisión de títulos.
El ministro Luis Ramírez confirmó la medida, aunque evitó dar a conocer los nombres de estas instituciones y facultades, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos.
Esta comisión especial pertenece al Senado y fue instalada en junio de 2026 para investigar un esquema de emisión, comercialización y uso de diplomas y certificados universitarios presuntamente irregulares.
Esta dos facultades fueron cerradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debido a una red de falsificación de títulos, considerando que la Fiscalía ya investiga más de 250 diplomas fraudulentos detectados en el sistema educativo.
La causa penal por los títulos falsos del MEC está a cargo de un equipo de fiscales conformado por Teresa Sosa (de la Unidad Penal N° 20) y Juan Leonardi Guerrero (de la Unidad Penal N° 17), bajo la dirección de la fiscala Sosa y la supervisión del fiscal adjunto Augusto Salas.
Tras destaparse el esquema de corrupción incluyen las acciones principales incluyeron allanamientos, cierres y auditorías.
Dentro de estas instituciones de educación superior se encuentra un instituto ubicado en la ciudad de Horqueta (Concepción) vinculado a la verificación de unos 1.800 documentos irregulares.
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De acuerdo a las investigaciones preliminares, las pesquisas apuntan a que los títulos fraudulentos se habrían comercializado por montos que oscilaban entre los G. 6.000.000 y G. 25.000.000, dependiendo de la carrera.
En cuanto a imputaciones, hasta la fecha, más de una docena de docentes y funcionarios públicos han sido imputados por el Ministerio Público por uso de documentos no auténticos y producción de contenido falso.
Modus operandi y casos
El esquema incluía desde diplomas completamente falsificados hasta cartones auténticos de universidades cuyos supuestos egresados jamás cursaron la carrera, según las investigaciones.
Igualmente, los antecedentes muestran firmas irregulares, validación de carreras que no estaban habilitadas al momento del supuesto egreso y la presunta complicidad de funcionarios para inscribir los títulos en el Viceministerio de Educación Superior.
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