El director del Sistema 911, Hernán Escobar, ratificó que existe un contrato abierto de hasta 1.000 tobilleras electróni­cas tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ampliar el uso de estos dispo­sitivos a nivel nacional.

“Lo que nosotros habíamos solicitado el 18 de julio a la Corte es que esto se amplíe a todo el paaís y en todas las etapas procesales. Así como a todo el ámbito de aplicación de la ley y la Corte, ayer fue eso lo que nos otorgó”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recordó que con recursos de la Itaipú Binacional se invir­tió en el equipamiento de la Policía Nacional con la adqui­sición de 600 patrulleras, 1.000 motocicletas y ahora está en proceso de entrega los chalecos. “Y una de las par­tes es la parte de Comunica­ción, nosotros le dotamos a la Policía un nuevo sistema de comunicación. Hoy tenemos la posibilidad de ver en tiempo real en Asunción y en Central dónde están las patrulleras”, subrayó.

En cuanto a la dotación de tobilleras, Escobar mencionó que hoy diez dispositivos están colocados en seis hombres y cuatro mujeres. Según mani­festó, las tobilleras podrían tener 2.900 usuarios posibles dentro del sistema penitencia­rio, aunque aclaró que son los jueces los que deben otorgar el uso. Con ello se podría des­comprimir el sistema peniten­ciario que está muy cargado, conforme expresó.

“El contrato que hicimos con el llamado por licita­ción pública fue a un servi­cio, o sea, nosotros pagamos por equipos activos. Signi­fica que hoy el Ministerio del Interior paga por diez y a medida que vaya subiendo va a pagar por la cantidad que tiene activo hasta completar 1.000”, añadió.

El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, comunicó este jueves la apertura de un sumario administrativo para Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, acusados por planillerismo. Ambos son sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.

“Desde que asumí, digo y sostengo que no vamos a tolerar ningún hecho de planillerismo, provenga de donde provenga, pero también damos a los funcionarios la posibilidad de la defensa que se encuentra consagrada en nuestra Constitución Nacional“, comentó Núñez.

Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.

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Iván Ramiro percibe un salario de G. 13.500.000 mientras que su hermana Iris Rebeca recibe un sueldo de G. 8.00.000. “Vamos a recabar todos los datos, se pedirá el informe del trabajo periodístico que será la función del juez sumariante para determinar quiénes son los culpables, si ambos estaban en alguna comisión, si estaban a cargo de algún senador o si estaban sobre un régimen especial”, dijo el parlamentario.

Núñez detalló que el sumario tendrá una duración aproximada de 30 días y se verá la suspensión del cobro de salario para ambos. “Con manos firmes se instruye un sumario y que tenga una celeridad para que la ciudadanía sepa que sucede con los recursos públicos“, sentenció.

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El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.

“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.

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El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.

Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.

- Reformas

La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.

- Innovaciones

Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.

Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.

También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.

Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.

- Concesiones (artículo 31)

1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.

2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.

3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.

4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.

5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.

6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.

- Provisión de flotas

La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).

El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).

- Tarifas

1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.

2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.

3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.

4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.

5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).

Fuente: MOPC

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Pobladores de distintos barrios de la ciudad de Luque llegaron hasta la sede municipal para reclamar información sobre el proyecto de autopista elevada. Piden una audiencia pública para mayor socialización del plan que afectará a varias familias.

“Nosotros estamos aquí hoy solicitándole a la Junta Municipal que nos puedan ayudar a canalizar nuestro pedido de informe sobre este proyecto”, señaló Romi Cabral al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La vocera del grupo de vecinos manifestó que se enteraron vía redes sociales del inminente inicio de la obra.

Dijo que se está proyectando la construcción de un viaducto de aproximadamente 4 kilómetros que va a atravesar la ciudad de Luque, por lo que exigen más datos sobre el punto.

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“Estamos en un ambiente de incertidumbre, de desconfianza porque no nos informan, no nos pasan ningún proyecto en bruto para que nosotros podamos conocer el alcance que va a tener referente a lo que es el impacto económico y medioambiental”, sostuvo.

La joven considera que las autoridades deben prestar mayor atención a otras necesidades más urgentes de los luqueños.

“No estamos ajenos a que haya progreso, queremos progreso en nuestra ciudad, queremos progreso en nuestro país. Pero primero queremos saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo ellos van a canalizarle a las personas. O cómo ellos van a reubicarle a las personas que van a ser directamente afectadas”, puntualizó.

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