“Histórico. ¡Un paso hacia la renovación!”, expresó el senador Basilio Núñez, presidente del Congreso Nacional, ante el anuncio realizado este miércoles por la magistrada Alicia Pucheta, actual titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), sobre la nominación del ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Garay, para presidir el siguiente periodo del órgano extrapoder.
“La postulación del Prof. Dr. Garay Zucolillo al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es un cambio inédito. Por primera vez, un miembro del PoderJudicial asume este cargo”, refirió el legislador en una publicación en la red social X. “Felicitamos al presidente de la República, Santiago Peña, por esta iniciativa por proponer por intermedio de su representante Alicia Pucheta, un cambio sin precedentes siempre conlleva expectativas positivas.
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“Como políticos del sector oficialista, debemos estar abiertos a la innovación y la renovación. Esa es la clave del éxito del Partido”, agregó Núñez. “Sabemos que este camino conlleva un gran compromiso y que los ciudadanos tienen alta expectativa. Estamos comprometidos con la transparencia y la justicia”.
El pasado 5 de febrero, César Garay fue ratificado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como su representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, además de ser electo como el vicepresidente segundo. En aquella sesión plenaria ordinaria, César Diésel fue nombrado como nuevo presidente y Carolina Llanes como vicepresidenta primera, cargo que asumirán hasta febrero de 2026.
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JEM admite acusación por mal desempeño contra jueces de Central
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá estudiar si corresponde iniciar un enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones contra los jueces de Sentencia de Central, Dina Marchuk, Julio Granada y Letizia de Gásperi. La acusación fue presentada por Graciela Beatriz Pintos Orué y Óscar López, padres de Axel Fabián López Orué, un joven que había sido condenado a 12 años de cárcel en un caso de supuesta coacción sexual y otros delitos, cuya sentencia fue posteriormente anulada por un Tribunal de Apelación.
La acusación, que ya fue admitida por el órgano juzgador de magistrados, refiere que los citados magistrados desconocieron la ley y demostraron una clara ignorancia en la aplicación de la Constitución Nacional. Según los denunciantes, esto quedó en evidencia durante el juicio oral, en el que se dictó la condena de 12 años sin contar con elementos de prueba suficientes, incurriendo en una abierta violación de las garantías constitucionales y procesales que tutelan el debido proceso.
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Del mismo modo, la acusación señala que los jueces admitieron de forma irregular pruebas que ya habían sido rechazadas previamente, vulnerando el desarrollo legal del juicio. Ahora, los integrantes del JEM deberán evaluar si corresponde iniciar el enjuiciamiento formal contra los tres magistrados. De ser así, también tendrán que definir si el proceso se realizará con la suspensión de sus funciones o si, por el contrario, se rechaza la acusación presentada.
Igualmente otro hecho irregular que habría cometido el Tribunal de Sentencia es que el joven Axel López estuvo con arresto domiciliario 8 años 4 meses y fue privado de libertad 4 meses 11 días a hasta que se anuló la condena y volvió a recuperar su libertad.
Juicio suspendido
Por pedido de la abogada Noelia Núñez, querellante en el presente proceso penal, se pospuso el nuevo juicio oral y público que debe enfrentar el joven Axel López. La citada profesional del derecho presentó un certificado médico justificando su pedido de posponer la audiencia oral.
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Crean comisión para investigar al IPS y al Ministerio de Salud
La comisión especial queda habilitada para iniciar las tareas de investigación, seguimiento y esclarecimiento de las irregularidades detectadas en ambas instituciones sanitarias.
- HOY.COM.PY
La Cámara de Senadores oficializó la designación de los legisladores que integrarán la comisión especial de investigación encargada de indagar presuntos actos punibles de corrupción detectados en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
A través de la Resolución N.º 2944, firmada ayer 2 de setiembre, se estableció que el equipo estará conformado por los senadores Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland, Natalicio Esteban Chase Acosta, Antonio Carlos Barrios Fernández, Lizarella Valiente de Rodríguez, Lilian Graciela Samaniego González y Esperanza Martínez de Portillo. La resolución cuenta además con el refrendo del secretario general, Antonio Z. Sánchez O.
Esta medida se fundamenta en la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto el pasado 12 de agosto de 2026 mediante la Resolución N.º 1903, norma por la cual se creó formalmente dicha instancia legislativa. Con la conformación definida, la comisión especial queda habilitada para iniciar las tareas de investigación, seguimiento y esclarecimiento de las irregularidades detectadas en ambas instituciones sanitarias.
SOLICITUD PARA LA CREACIÓN
La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judi cial que investiga irregularidades y adendas en contratos adjudicados a la firma Neighpart SA para la instalación de quirófanos modulares que no se concluyeron. De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la previsional. El caso derivó en la imputación de los expresidentes del IPS Jorge Brítez y Vicente Bataglia.
ACUSADOS
La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado. Asimismo, el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025 realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional. En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado paraguayo debido a la gran cantidad de irregularidades.
Entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Hay mucha tela que cortar”, puntualizó Basilio Núñez.
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Oposición traba integración de comisión para investigar casos de corrupción en IPS y Salud
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, recriminó la falta de interés por parte de la oposición para integrar la comisión especial de investigación de la Cámara Alta con la finalidad de dar seguimiento a las denuncias de presuntos hechos de corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS) y en el Ministerio de Salud Pública.
“No se conforman porque hay bancadas de la oposición que no envían la lista de sus representantes, yo no puedo actuar de niñero para los colegas. Se le puede dar a la oposición para que presidan la comisión, pero si no se anotan cómo le daremos”, indicó el legislador, este miércoles, a los medios de comunicación, antes de la sesión del Senado.
La creación de una comisión especial de investigación fue propuesta desde la bancada del movimiento Honor Colorado, que además ya definió la nómina de sus representantes, que son los senadores Natalicio Chase, Antonio Barrios y Lizarella Valiente.
La solicitud para la creación del bloque surge en el marco de la causa judicial que investiga irregularidades y adendas en contratos adjudicados a la firma Neighpart S.A. para la instalación de quirófanos modulares que no se concluyeron.
De acuerdo a la investigación fiscal, las obras fallidas ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones a la previsional. El caso derivó en la imputación de los expresidentes del IPS, Jorge Brítez y Vicente Bataglia.
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La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.
Asimismo, el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025 realizado por la Contraloría General de la República (CGR) y entregado el pasado lunes al Congreso Nacional. En el documento se expone que el IPS es la institución más desordenada del Estado paraguayo debido a la gran cantidad de irregularidades.
Entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). “Hay mucha tela que cortar”, puntualizó Núñez.
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Titular del Congreso insta a dialogar sobre el “problema estructural” en la salud pública
“Debemos sentarnos a dialogar, hay un problema estructural en la salud que no se solucionará de la noche a la mañana”, indicó el presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, ante las renuncias de decenas de médicos especialistas que se presentan este lunes, tras la huelga en reclamo de un aumento salarial y la desprecarización laboral.
“Los aproximadamente 12.000 médicos en el sector de la salud pública, desde luego que tienen que ser reivindicados, pero tenemos que diferenciar quiénes son especialistas y los que se reciben recién, de los médicos que no hicieron residencia”, indicó el legislador a los medios de comunicación en el Palacio Legislativo.
El legislador mencionó que “es grave lo que está sucediendo, el ser médico es un apostolado, yo no puedo renunciar teniendo un paciente pediátrico, se le dejará sin asistencia a ese paciente. El pedido que realizan es adecuado si se tiene los recursos, pero si no tenemos qué haremos, de dónde se sacará, ya tenemos un 3,1 % de déficit. Si vamos a reivindicar a los médicos también debemos hacerlo con otros personales como las enfermeras, bioquímicos, radiólogos, ahora se suman los docentes”.
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En el marco de la huelga general iniciada el pasado lunes 24 y finalizada ayer viernes 28 de agosto, los médicos requirieron al gobierno la adquisición de mayores insumos y medicamentos, el pago por los feriados, así como el nombramiento de los profesionales contratados.
El punto más conflictivo sobre el cual aún no se llegó a un acuerdo radica en el aumento directo de G. 3.000.000 por vínculo, solicitando pasar de los G. 5.000.000 actuales a un total de G. 8.000.000 por cada contrato de 12 horas semanales. Los gremios argumentan que, desde 2012, su poder adquisitivo cayó de 2,8 a 1,7 salarios mínimos. “Nosotros vamos a escuchar a todo el personal de salud y al docente, será integral para que ningún sector se quede sin nada”, comentó.