El Ministerio de Desarrollo Social denunció ante la Fiscalía el supuesto hecho punible de adquisición fraudulenta de subvenciones a nombre de personas ya fallecidas.

El caso se refiere a personas desconocidas que estaban cobrando la pensión destinada a los adultos mayores, pero a nombre de personas que ya habían fallecido, según la denuncia presentaao por el abogado Alberto Lezcano, director general de Auditoría Interna.

Según el escrito, los casos fueron detectados gracias a los controles efectuados por funcionarios de esta auditoría en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná.

En uno de los casos, en la ciudad de Carayaó, departamento de Caaguazú, se detectó que la señora María Magdalena González de Medina, falleció en Argentina, hace varios años. Tras una verificación en la casa de la señora, una familiar confirmó que la señora falleció el 13 de agosto de 2018, en Buenos Aires, y que no contaba con los documentos.

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Según la verificación realizada en el Sistema Integrado de Pensión para las Personas Adultas Mayores (SIPPAM), al 19 de mayo pasado, la cuenta seguía activa.

Teniendo en cuenta estos datos, según los cálculos realizados se cobró en forma indebida más de G. 48 millones.

En otro caso, en Alto Paraná, afecta a Félix Cantalicio Díaz, de Hernandarias, quien según los datos falleció en el 2018, en su domicilio y que no procedieron a gestionar el acta de defunción. El registro arroja que la cuenta seguía activa, y que el monto cobrado irregularmente alcanzaría más de G. 45 millones.

Otro de los casos detectados, registra que la señora De las Nieves Paredes Vda. de Urbina falleció en abril de este año, pero en mayo, la cuenta continuaba activa.

Las sospechas recaen sobre personas innominadas, familiares o personas de confianza, quienes no comunicaron el fallecimiento y siguieron utilizando las tarjetas de débito para realizar el cobro irregular.

Atendiendo a las instrucciones recibidas del ministro Tadeo Rojas, el abogado Lezcano solicita la investigación de estos hechos por parte de los fiscales, que se solicite informes al Banco Nacional de Fomento (BNF), así como se pidan datos a la Policía Nacional a fin de identificar a los responsables de estos hechos irregulares.

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El vicepresidente primero del Senado, Ramón Retamozo, en ejercicio de la presidencia de la Cámara Alta, firmó la resolución 2.837, por la cual convoca a sus pares a una sesión extraordinaria el próximo viernes 13 de junio, a las 9:00. Los únicos puntos a ser analizados serán dos proyectos de Ley que modifica algunos artículos del Código Electoral.

El plenario analizará dos iniciativas legislativas que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. En primer término está el proyecto de Ley “Que modifica el artículo 130 de la ley N° 834/1996 ‘que establece el Código Electoral’, modificado por la ley N° 2.858/2006”, presentado por varios diputados.

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El objetivo principal de esta propuesta es permitir a la Justicia Electoral realizar un corte técnico-administrativo, a fin de que los ciudadanos inscriptos hasta una fecha determinada por resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puedan integrar el Registro Cívico Permanente.

Asimismo, el proyecto establece un cronograma electoral que incluye la fecha de cierre de inscripciones, así como los plazos y etapas para la presentación de tachas, reclamos, sustanciación y resolución.

Con esta medida se busca asegurar que el padrón utilizado en las internas partidarias, principalmente en años de elecciones municipales y nacionales, refleje con mayor precisión la realidad electoral, dado que las candidaturas se inscriben a inicios de año, cuando aún no se concluyó la validación final del registro del año anterior.

Además, se posibilitará el cruce de datos con los padrones partidarios para las elecciones internas, la formalización de precandidaturas y la determinación, por departamento, del número de bancas correspondientes a la Cámara de Diputados y a las Juntas Departamentales.

Este lunes, la comisión de Legislación Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana, analizó la propuesta y finalmente emitieron dictamen en mayoría por la aprobación sin modificaciones del proyecto. Mientras que un segundo dictamen en minoría fue por el rechazo y se registró además un voto por la aprobación con modificaciones.

Como segundo tema a ser analizado en la extraordinaria está el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la ley N° 834/1996 ´Que establece el código electoral’, modificado por leyes N° 4743/2012 y 6167/2018”, presentado por varios diputados.

La propuesta busca formalizar el reconocimiento anticipado de movimientos internos, permitiéndoles gestionar previamente su Identificador Tributario y cuenta bancaria. La propuesta establece que las declaraciones de ingresos y gastos de campaña (DIGC) y de intereses económicos vinculados (DIEV) se presenten solo en formato digital y de manera individual por cada candidato.

Asimismo, obliga a publicar estos documentos en el portal del TSJE en un plazo de 10 días hábiles y crea una unidad especializada para fiscalizarlos. Refuerza la apertura de cuentas bancarias con plazos y sanciones en caso de incumplimiento.

También impone sanciones por falsedad en las declaraciones, incluyendo la inhabilitación electoral por 10 años, y sustituye a la Subsecretaría de Tributación por la DNIT como entidad responsable del control tributario.

Sobre este punto, la comisión de Legislación, igualmente ya emitió dos dictámenes; en mayoría aconseja la aprobación con modificaciones, considerando las sugerencias que presentaron las autoridades del TSJE y de sus asesores técnicos. También se dictaminó por el rechazo en minoría.

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La comisión de Defensa Nacional, Seguridad Interna y Orden público de la Cámara de Diputados convocó al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, para brindar información acerca de cómo está avanzando el anteproyecto de modernización del transporte público.

Al respecto, el diputado colorado Pedro Ortiz, quien preside esta mesa de trabajo, destacó que el Gobierno está encarando con mucha responsabilidad esta problemática del transporte público que afecta a una mayoría de la ciudadanía. Informó que el viceministro estuvo igualmente acompañado de sus asesores jurídicos y técnicos.

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“Nos brindó una información sobre el avance de este anteproyecto que será muy importante para nuestro país. Notamos que el viceministro está muy convencido de lo que nos ha manifestado, sobre una realidad nacional que estamos necesitando. Por lo que creo que el Gobierno nacional está encarando con mucha responsabilidad esta problemática que es el transporte público”, expresó.

A su turno, el viceministro Fernández señaló que próximamente se presentará al Congreso el proyecto de Ley, que busca ser una legislación moderna y que actualice el servicio brindando una mejor calidad al ciudadano.

Informó a los legisladores de la mesa asesora sobre los desafíos que están encarando con el estudio de este anteproyecto. Mencionó que la reforma del sistema de transporte público contempla varios ejes, entre ellas la revisión de la norma vigente que es la Ley 1590/2000, la cual consideran insuficiente para muchos desafíos que hoy son necesarios cambiar con el objetivo de la calidad del servicio.

“Lo que estaremos haciendo es presentar una reforma de la norma que sea moderna, que actualice y que tenga el foco en la calidad del servicio al ciudadano. Esta norma está contando con varios elementos innovadores, sobre cómo trabajar con un nuevo sistema de transporte público”, explicó.

Asimismo, señaló que esta reforma está contemplando los procesos de licitación para los operadores, igualmente contempla la forma que será financiado el sistema, desde el punto de vista de la trazabilidad de los fondos y que tiene que ver con la participación ciudadana.

“Planteamos la creación de un foro de participación ciudadana, para que el ciudadano tenga un empoderamiento en forma real y que vía online comente lo que sucede en el transporte público. Estamos en el proceso de generar nuevas áreas metropolitanas y una serie de acciones relacionadas con la gobernanza del sistema, con instancia de coordinación y planificación. Son varios focos de la reforma, pero el foco central es generar un sistema nuevo, moderno y su principal guía sea la calidad del servicio”, concluyó.

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El programa Hambre Cero en las Escuelas ya logra beneficiar a 1.040.000 niños a nivel nacional, confirmó este lunes el ministro Tadeo Rojas, titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), luego de la reunión del presidente de la República, Santiago Peña, con el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), que preside el secretario de Estado.

“En el 2024 anunciamos que para el presente año estaremos cubrieron el 100 % del país, mencionamos que llegaríamos a aproximadamente 980.000 niños, pero hoy podemos anunciar de que estamos llegando a 1.040.000 alumnos en todo el país, quienes se han ido sumando mediante traslados de escuelas subvencionadas a escuelas públicas y algunos que han vuelto a reincorporarse al ámbito educativo habiendo concluido su sexto grado para el séptimo, octavo y noveno", sostuvo Rojas, través de una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga.

Añadió que los recursos del programa impulsado por el gobierno de Peña están garantizados con miras a un potencial aumento de estudiantes rumbo al 2026, tal como sucedió este año, en el que se tuvo un incremento de beneficiarios.

“El presidente Peña fue claro en indicar que los recursos tienen que ser asegurados para la provisión de la alimentación escolar. Estamos tranquilos y convencidos de que recursos para la cobertura de la alimentación escolar no va a faltar”, remarcó.

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Agregó que la meta superada expone una “visión de que realmente el programa de alimentación está teniendo un impacto muy importante que es lo que esperábamos en el ámbito educativo y por supuesto también en el sector económico. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las empresas cumplan en tiempo y forma con sus contratos y que puedan percibir lo que le corresponde”, manifestó.

Asimismo, informó que el presupuesto aprobado para el ejercicio 2026 supera los USD 375 millones. Señaló también que trabajarán junto con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para asegurar el correcto uso del Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), herramienta aplicada para salvaguardar la eficiencia, transparencia y rapidez del proceso administrativo.

Por su parte, el presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, ratificó el respaldo del bloque a las gestiones impulsadas por el Poder Ejecutivo, sobre todo a lo relacionado con el control del programa.

“Estamos trabajando para que esto sea lo más transparente posible, como administrador de contratos debemos cuidar esos aspectos. Se está desarrollando el programa con normalidad en todos los departamentos, un servicio en forma como se merecen nuestros niños, hoy para el Consejo de Gobernadores, Hambre Cero es una prioridad“, puntualizó.

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