Los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) han resuelto este martes, por unanimidad, no volver a sesionar hasta tanto se concrete la renuncia del vicepresidente primero del colegiado, Orlando Arévalo, uno de los dos representantes de la Cámara de Diputados ante el órgano juzgador de magistrados.
Desde la institución señalaron que los integrantes han llegado a un acuerdo de no dar cuórum a las sesiones ordinarias o extraordinarias del JEM hasta tanto el parlamentario no se aparte de su representación o la Cámara Baja resuelva cambiar a su representante. A la vez, exigen que el mismo se someta a la justicia para esclarecer los hechos.
Siga informado con: Becas del Gobierno: evaluación socioeconómica inicia en Central y Asunción
Mencionan que entre sus pares existe una grave preocupación, ya que la credibilidad de la institución está en juego, luego de que el juez especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, diera a conocer supuestos hechos de corrupción que salieron a la luz tras la extracción de datos del celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, había ordenado la apertura de una causa penal y designó a un equipo de trabajo para investigar la denuncia formulada por el juez Legal. La pesquisa está a cargo de los agentes fiscales Francisco Cabrera, María Verónica Valdez y Néstor Coronel, bajo la coordinación de la fiscal adjunta Soledad Machuca.
Le puede interesar: Patente vehicular: Opaci, intendentes y diputados tratarán llegar a un acuerdo
Dejanos tu comentario
Jueza fue denunciada por mal desempeño en sus funciones
Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato desalojo, para que el legítimo propietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta industrial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.
La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la territorial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encarnación).
Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguridad jurídica, que genera incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolución previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia territorial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordenamiento jurídico.
Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene competencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfrazado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.
“Esta acción es un claro ejemplo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconcebible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdicción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un intérpretes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como caos jurídico, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña.
“La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tribunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.
Leé también: Víctimas de la mafia de pagarés volvieron a manifestarse frente a la Corte
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera transparente y justa, asegurando que se respeten los principios de independencia judicial y debido proceso.
Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y eficiencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.
Dejanos tu comentario
Jueza fue denunciada por mal desempeño en sus funciones
Avícola Itapúa SA ha presentado una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Segundo Turno de Presidente Franco, Abog. Cynthia Rossana Pineda Morel, por mal desempeño de sus funciones, atendiendo que, en violación de la ley, ha dictado recientemente una resolución que deja sin efecto otra resolución previa emitida por un juez del mismo grado, que aprobaba una subasta y ordenaba el inmediato desalojo, para que el legítimo propietario –Avícola Itapúa SA– pueda finalmente gozar de la posesión de la planta industrial que actualmente está siendo explotada y usurpada por el anterior propietario.
La denuncia sostiene que la resolución de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo vulnera la competencia en grado, sino además la territorial (el juicio principal está en la jurisdicción de Encarnación).
Este caso es un claro ejemplo de una violación a los principios básicos de la seguridad jurídica, que genera incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial paraguayo. Al dejar sin efecto una resolución previamente dictada por un colega de igual jerarquía y fuera de la competencia territorial, se crea un precedente peligroso que puede afectar negativamente la estabilidad y predictibilidad del ordenamiento jurídico.
Además de ser llamativa la intervención de la jueza en un juicio en el cual no tiene competencia de grado ni territorial, llama la atención la excesiva celeridad en resolver el disfrazado juicio autónomo de medida cautelar de urgencia solicitando dejar sin efecto el desalojo, ya que en menos de una hora de promovido el mismo, el asunto ya estaba resuelto.
“Esta acción es un claro ejemplo de la falta de coherencia y uniformidad en la aplicación de la ley, además resulta inconcebible e inaceptable en nuestro derecho positivo que un juez de igual grado, clase y jurisdicción, mediante una supuesta ‘medida de urgencia’ autónoma suspenda una orden judicial de desalojo dada por un interpartes en otro juicio, en lo que en doctrina se conoce como CAOS JURÍDICO, lo que produce inseguridad jurídica”, afirmó la abogada de Avícola Itapúa SA, Ana Inés Peña. “La jueza hoy denunciada se extralimitó en sus funciones y se atribuyó facultades propias de un Tribunal de Alzada, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que es fundamental para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en nuestro país. La conducta de la jueza Cynthia Rossana Pineda Morel no solo pone en riesgo la confianza de los inversores, sino de todos los ciudadanos en general en nuestro sistema judicial”, advirtió la abogada de Avícola Itapúa SA.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá investigar y resolver esta denuncia de manera transparente y justa, asegurando que se respeten los principios de independencia judicial y debido proceso.
Avícola Itapúa SA espera que esta denuncia contribuya a fortalecer la integridad y eficiencia del sistema judicial paraguayo, garantizando así la seguridad jurídica y el Estado de derecho en nuestro país.
Dejanos tu comentario
Concejales sesionan este miércoles para designar al nuevo intendente de Asunción
La Junta Municipal de Asunción, encabezada por Luis Bello, convocó para este miércoles a una sesión extraordinaria con la finalidad de designar al intendente que completará el mandato del renunciante Óscar “Nenecho” Rodríguez. Con 24 ediles en el ente municipal, se requieren de 13 votos para designar al nuevo jefe comunal.
La sesión está fijada para las 10:00. Como primer punto, la plenaria deberá analizar la renuncia de Rodríguez, presentada el viernes 22 de agosto. De acuerdo a fuentes municipales, sería electo Bello, quien actualmente se desempeña como presidente de la Junta Municipal de Asunción.
Lea también: TSJE oficializa llamado de elecciones en Ciudad del Este
De esta manera, la intendencia quedará nuevamente en manos del movimiento Honor Colorado. Mientras que en el cargo de titular de la Junta Municipal sería designado Jesús Lara, quien es militante de la disidencia colorada.
La elección de Bello surge mediante un acuerdo entre oficialistas, tres disidentes y un opositor. De concretarse estas perspectivas, se truncarán las aspiraciones de la oposición que impulsa la candidatura del concejal Álvaro Grau del Partido Patria Querida (PPQ).
Dejanos tu comentario
Instan a acompañar al próximo intendente de Asunción para que dé respuestas
Con la renuncia de Óscar Rodríguez a la Intendencia de Asunción, ahora instan a acompañar al nuevo intendente que será electo por la Junta Municipal, y cumplirá el periodo 2021-2026, que recaería en el concejal municipal, Luis Bello, de Honor Colorado. El diputado Rodrigo Gamarra sostuvo que este es el momento de dar respuestas a la ciudadanía, tras este proceso de intervención y la salida de Rodríguez.
“Lo que corresponde ahora es acompañar al nuevo intendente que será electo entre los concejales, de modo que el resto del período se dedique a corregir y dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía, no a alimentar shows mediáticos”, dijo para La Nación/Nación Media.
Leé también: De la mano de Prieto, María Portillo asume “desafío” de administrar CDE
En este contexto, sostuvo que la principal preocupación debe ser avanzar en los proyectos y la administración municipal, y no dar espacio a los shows mediáticos. “Esa es la diferencia entre quienes creemos en las instituciones y aquellos que viven del circo político, los que defendieron el saqueo de (Miguel) Prieto y buscando “justicia en TikTok” en lugar de dar soluciones reales e institucionales”, cuestionó.
Informe final de la intervención
Por otra parte, el diputado explicó que el informe final presentado por el interventor de Asunción, Carlos Pereira, ya queda en el ámbito del Ministerio del Interior, y que la Comisión de Intervención queda automáticamente desactivada con la renuncia de Rodríguez a la Intendencia.
“El procedimiento cambia porque la misión fundamental de la intervención era determinar si correspondía o no la destitución del intendente. Con la renuncia, ese proceso político perdió sentido, por lo que el informe queda en el ámbito del Ministerio del Interior como cierre administrativo y ya no corresponde su tratamiento en la Comisión ni en el plenario”, indicó.
Remarcó que “es importante destacar que el interventor Carlos Pereira ya presentó cinco denuncias penales en base a su informe, y esas están en manos del Ministerio Público, eso significa que lo jurídico sigue su curso en la Fiscalía, mientras que lo político se cerró con la renuncia”.