El diputado colorado, Orlando Arévalo, presentó hoy martes permiso por tiempo indefinido como integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La solicitud de permiso del legislador se da luego de que el órgano constitucional haya resuelto por unanimidad no volver a sesionar hasta tanto se concretara la salida del vicepresidente primero del colegiado, uno de los representantes de la Cámara de Diputados, ante el órgano juzgador de jueces y fiscales. El legislador presentó el pedido de permiso ante la titular del JEM, Dra. Alicia Pucheta de Correa, hasta tanto se esclarezcan los supuestos hechos comunicados al Ministerio Público en su contra.
En la nota señala que durante el permiso se dedicará a demostrar que los supuestos hechos comunicados por un magistrado investigado por el JEM, de una “manera fuera de los preceptos que rigen el ordenamiento procesal y que son neta y puramente con otros fines, antes que sean supuestos hechos punibles, en total detrimento a lo que debería ser la función de un juez penal de Garantías”, según el documento.
El JEM había mencionado que entre sus pares existe una grave preocupación, ya que la credibilidad de la institución está en juego, luego de que el juez especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, diera a conocer supuestos hechos de corrupción que salieron a la luz tras la extracción de datos del celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
El Jurado de Enjuiciamiento es el órgano constitucional que investiga y juzga la conducta de los magistrados judiciales, fiscales y defensores públicos por mal desempeño.
Entretanto, la oposición en la Cámara Baja comenzó a preparar el libelo acusatorio en contra del legislador Arévalo.
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JEM enjuicia a jueza y camaristas de Encarnación por presunto mal desempeño
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició por presunto mal desempeño en sus funciones a la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rosana Aurora Verón de Arca, así como a los camaristas del fuero civil Luis Alberto García Cabrera y Patricia Elena Bustamante Acuña. La acusación contra los magistrados fue presentada por la Municipalidad de Nueva Alborada.
Asimismo, los integrantes del JEM decidieron no solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de los enjuiciados. Por lo tanto, los mismos seguirán en sus cargos hasta que se dicte una resolución, la cual podría derivar en la destitución o en una sanción leve.
Los miembros del órgano juzgador señalaron que la jueza Verón de Arca violó la ley al ordenar el embargo ejecutivo de una cuenta corriente de la Municipalidad de Nueva Alborada. En relación con la actuación de los integrantes del Tribunal de Alzada enjuiciados, estos confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia, por lo que también habrían actuado de forma irregular.
Del mismo modo, el Jurado sostuvo que “se puede visualizar el presunto mal desempeño en las funciones de la jueza, así como de los camaristas, debido a que los bienes públicos son inembargables”.
Jueza con otra acusación
El segundo caso que enfrenta la jueza civil Rosana Aurora Verón es más grave. La acusación fue presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
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JEM debe estudiar acusaciones contra dos juezas por suspender y anular remates de forma irregular
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tendrá que estudiar si corresponde investigar y enjuiciar a dos juezas del fuero civil y comercial de Itapúa, luego de que fueran acusadas por presunto mal desempeño en sus funciones al suspender y anular remates en violación de la ley.
El primer caso se acusó en el 2024 y se relaciona con el presunto mal desempeño de la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero. De acuerdo con la denuncia presentada por el rematador Raúl Sosa Navarro ante el órgano juzgador, se había fijado la fecha y hora para una subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río SAECA c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva”.
Sin embargo, al revisar el expediente, el denunciante encontró una providencia firmada por la magistrada en la que suspendía la subasta. Dicha resolución respondía a una solicitud de Daniela Tosetto Casaril, sucesora de Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado adjuntando el acta de defunción.
El escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Benítez, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el art. 167 del Código de Organización Judicial”.
Otro caso
El segundo caso corresponde a la acusación presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, contra la jueza en lo civil y comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se recomiende la suspensión de la magistrada en sus funciones.
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JEM evalúa investigar a jueza de Encarnación por anular remate sin fundamento
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en su sesión de este jueves, podría estudiar si corresponde iniciar una investigación preliminar por presunto mal desempeño en sus funciones contra la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón, quien fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial llevado a cabo en noviembre del 2025. El caso corresponde al expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
La acusación fue presentada por el presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia, ante el JEM. El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se recomiende la suspensión en sus funciones de la cuestionada magistrada.
La acusación de Estigarribia señala: “En el expediente judicial referido fui designado como rematador público a los efectos de llevar adelante la subasta de derechos y acciones hereditarios pertenecientes al señor Miguel Moskalik Duarte. Procedí a la publicación de los edictos correspondientes, dejando expresa constancia en los mismos de que el comprador debía abonar el importe íntegro de su compra conforme al régimen legal vigente”.
Refiere además que “el 5 de noviembre del 2025, en el horario fijado judicialmente, se llevó adelante el acto público de subasta con todas las formalidades legales correspondientes y bajo las facultades conferidas por las leyes procesales vigentes. Al acto concurrió la ejecutante, la abogada Gladys Noemí Bianchetto Sandoval y Yeniel Iglesias Romero, desarrollándose normalmente la puja entre los postores presentes”.
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Indica igualmente que, luego de diversas posturas, la ejecutante resultó inicialmente adjudicataria, por lo que debía proceder al pago íntegro y al contado del precio ofertado. Sin embargo, ella manifestó no poseer la totalidad del dinero necesario para perfeccionar la compra e intentó completar el pago mediante transferencias parciales y pagos fragmentados, inclusive provenientes de terceros, sin llegar a integrar el monto total.
Ante dicho incumplimiento, y luego de aguardarse un tiempo prudencial conforme a las facultades del rematador, se procedió a reanudar la subasta. Resultó finalmente adjudicatario el señor Yeniel Iglesias Romero por la suma de G. 20 millones, por constituir la mejor postura existente en ese momento.
La acusación expresa que, llamativamente, la magistrada dictó el A.I. N° 268 de fecha 22 de mayo del 2026, resolviendo hacer lugar al incidente de nulidad y declarar nulo el remate. El denunciante califica la conducta de la jueza como “manifiestamente arbitraria” y apartada de las constancias objetivas del expediente, incurriendo en una valoración parcial, antojadiza e infundada de los hechos.
Sostiene que la jueza prescindió del análisis integral de las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan los remates, especialmente en lo relativo al pago al contado y a las consecuencias del incumplimiento del adjudicatario inicial, extremo que fue reconocido en los autos por la propia incidentista.
También refiere que la resolución cuestionada atribuye irregularidades graves al rematador sin que exista prueba concluyente, suficiente ni objetiva de una conducta dolosa o fraudulenta. Afirma que la jueza arribó a conclusiones sustentadas únicamente en apreciaciones subjetivas. Estigarribia recuerda que, conforme al artículo 487 del Código Procesal Civil, el rematador judicial es el único responsable de recibir el dinero proveniente de la compra, la seña o las sumas entregadas por los postores, para luego depositarlo en la cuenta judicial correspondiente. Por ello, critica que la jueza considerara la recepción del dinero por parte del rematador como una irregularidad invalidante.
Finalmente, el escrito menciona que esta actuación no es un hecho aislado, sino que la magistrada ya cuenta con cuestionamientos previos por desconocimiento e incorrecta aplicación de normas legales. La acusación alega la transgresión del artículo 168 del Código de Organización Judicial; los artículos 476, 484, 485, 487 y 492 del Código Procesal Civil; el artículo 558 del Código Civil; y el artículo 3 del Código de Organización Judicial.
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Luque: cae político sospechoso de liderar una red criminal de transferencias de bienes y lavado
Un precandidato a concejal fue detenido a primeras horas de este martes en Luque en el marco de cinco allanamientos simultáneos realizados como parte del operativo Copia Fiel 2.0. En los procedimientos también resultó detenida otra persona, cuya identidad aún no fue precisada.
El precandidato a la concejalía de Luque, Roberto Cubilla, fue identificado como el líder de una red criminal dedicada al traspaso fraudulento de inmuebles y vehículos de lujo. Los allanamientos se llevaron a cabo en prosecución a la operación realizada hace 6 meses, con el fin de entender cómo hacían las conexiones con los criminales, explicó el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado.
“Era coordinador de todas las transferencias dentro del contexto de los bienes muebles e inmuebles, coordinaba con los escribanos y los funcionarios de Registros Públicos y organizaciones criminales”, precisó el jefe policial en diálogo con el programa “Así son las cosas” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
Es la segunda vez que se realiza este procedimiento, investigando un presunto lavado de dinero. El año pasado se habían allanado varias escribanías, donde se había detectado un esquema irregular de transferencia de bienes del diputado fallecido Eulalio ‘Lalo’’ Gomes.
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“Alexander Gomes (hijo de Lalo Gomes) era el encargado de realizar las transferencias a diferentes personas, entre ellas a una persona fallecida. Lo que hacía era facilitar los trámites para hacer las transferencias. El objetivo era ocultar los bienes, no poner a la venta, no vender en forma fraudulenta. También está ligado a grupos criminales”, detalló el comisario.
En esta ocasión, lo que la Fiscalía hizo fue llegar hasta el “cerebro” de este esquema criminal de lavado de dinero y transferencia irregular de bienes. Roberto Cubilla fue detenido en su domicilio y es investigado por asociación criminal, transferencia irregular de inmuebles y lavado.
Se presume que el detenido estaría como cabeza de este esquema criminal, de una red de escribanos involucrados en un esquema de lavado de dinero y de transferencia irregular de bienes del diputado Lalo Gomes.
Entre las irregularidades se detectó la falsificación de documentos, incluso el uso de personas fallecidas para lograr estas transferencias. Las autoridades detectaron a 17 personas involucradas directa e indirectamente en este esquema criminal.
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