“No me preocupa, soy sincero. Me tiene sin cuidado lo que se pueda tergiversar o utilizar para las campañitas”, indicó el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, respecto a las forzadas interpretaciones de sus afirmaciones entorno al salario mínimo legal vigente.
“No estoy en el cargo para ser políticamente correcto o desviarme del camino de la misión que nos encargó el presidente de la República, Santiago Peña, que es generar empleos de calidad y hacer que nuestras empresas cada día sean más competitivas y puedan crecer”, dijo en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giménez acudió ayer martes a una radio para una entrevista con el objetivo de exponer los alcances de la nueva normativa 7444/24 que modifica las políticas de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), la cual establece un contrato diferenciado con una posibilidad de pago del 80 % del salario mínimo.
Sin embargo, en un fragmento de la entrevista, el secretario de Estado realizó una declaración más general sobre la eliminación del salario mínimo en algunos países como Suecia y Noruega, sosteniendo que esta medida podría flexibilizar el mercado laboral y atraer más inversiones.
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Este comentario fue utilizado principalmente por los referentes del sector de la oposición y medios de comunicación afines con la finalidad de atacar al Gobierno con discursos de que se pretende atropellar los derechos de los trabajadores, de promover la precarización e incluso instalar una “cuasi esclavitud”.
“Lo que estaba conversando en la entrevista fue sobre algunos beneficios, entre ellos lo del sueldo mínimo que otorga la ley de mipymes. Además esto no es nada nuevo, porque hace décadas hay categorías diferentes donde el empleador y el empleado puede negociar sueldo”, dijo Giménez.
El ministro acotó: “Acá lo que se busca es empujarle a los microempresarios hacia el lado de la formalidad. Los números son contundentes, si se tiene solo el 10 % de las mipymes que pueden pagar un salario mínimo, se tiene que hablar del tema. Si no se puede hablar del tema, no se podrá colocar el problema sobre la mesa, entonces cómo solucionaremos la situación”.
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Senado aborda situación laboral de trabajadores de prensa y reajuste del 5 % del salario mínimo
A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.
La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.
Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.
Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.
Mesa tripartita
En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.
“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.
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El piso congelado del IRP reduce el efecto real de los aumentos salariales
Mientras el salario mínimo volvió a incrementarse un 5 % para compensar parcialmente la inflación, el umbral de ingresos para tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) continúa fijado en G. 80 millones anuales desde 2020. La falta de actualización del mínimo imponible provoca el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que incorpora cada vez a más trabajadores al régimen tributario sin que necesariamente haya mejorado su capacidad económica.
“Nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos”. La célebre frase atribuida a Benjamín Franklin mantiene plena vigencia más de dos siglos después. En Paraguay, sin embargo, la realidad tributaria incorpora un elemento adicional que afecta silenciosamente a miles de asalariados: mientras los salarios se ajustan año tras año para acompañar la inflación, el ingreso mínimo para comenzar a tributar el Impuesto a la Renta Personal (IRP) permanece inalterable desde hace seis años.
Desde el 1 de julio, el salario mínimo aumentó un 5 %, pasando de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 mensuales. Como ocurre cada año, el reajuste busca preservar parcialmente el poder adquisitivo frente al incremento del costo de vida.
Sin embargo, el mínimo para quedar alcanzado por el IRP-Rentas y Prestación de Servicios Personales (IRP-RSP) continúa fijado en G. 80 millones brutos anuales, exactamente el mismo monto establecido para el ejercicio fiscal 2020.
Esta diferencia entre la evolución de los salarios y la inmovilidad del umbral genera un fenómeno ampliamente estudiado en economía pública denominado “arrastre fiscal” o bracket creep. Consiste en que la inflación y los aumentos nominales de los ingresos hacen que cada vez más personas ingresen al sistema tributario, aunque en términos reales mantengan prácticamente el mismo nivel de vida.
Zunilda Trinidad, consultora organizacional y especialista en proyectos de inversión y auditoría, explica que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no tiene atribuciones para modificar ese monto por decisión propia.
“El umbral de G. 80 millones está establecido por la Ley 6380/19. Su modificación requiere un cambio en el marco legal. A diferencia de la legislación anterior, la actual no contempla un mecanismo automático de actualización del mínimo imponible según la inflación”, señala.
En consecuencia, más que una decisión administrativa, la permanencia del umbral responde a la ausencia de una reforma legislativa que adapte el monto a la evolución de los precios.
Cada año el límite vale menos. Aunque nominalmente el mínimo imponible continúa siendo de G. 80 millones, su valor económico se redujo de manera importante desde 2020.
La inflación acumulada durante los últimos seis años disminuyó el poder adquisitivo de ese monto. Si el límite hubiera sido ajustado para mantener el mismo valor real que tenía cuando fue fijado, actualmente se ubicaría aproximadamente entre G. 105 millones y G. 108 millones, según la inflación acumulada del período.
En otras palabras, el umbral vigente conserva apenas alrededor del 76 % del poder adquisitivo que tenía originalmente.
Como consecuencia, numerosos trabajadores que únicamente recibieron incrementos destinados a compensar la inflación hoy superan el límite legal y deben inscribirse en el IRP, aun cuando su situación económica real prácticamente no haya cambiado. ¿Pierde poder adquisitivo el trabajador?
La consultora tributaria Cinthia Ayala Maciel, de Inversiones Paraguay, sostiene que el efecto debe analizarse desde dos perspectivas. En primer lugar, explica que el impacto directo del impuesto suele ser moderado.
“El IRP grava la renta neta y posee una estructura progresiva, con tasas del 8 % y del 10 %. Por ello, quien recién supera el umbral normalmente no enfrenta una carga tributaria elevada”, señala.
Sin embargo, considera que el aspecto más relevante está en los costos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
“La inscripción en el registro, la presentación de declaraciones, la conservación de documentos respaldatorios y, en muchos casos, la contratación de un contador o de servicios de teneduría de libros representan gastos que son prácticamente iguales para quien apenas supera el umbral y para quien obtiene ingresos considerablemente mayores”, explica.
Ese fenómeno provoca que los costos administrativos tengan un peso proporcionalmente mayor sobre los contribuyentes de menores ingresos dentro del propio universo alcanzado por el impuesto.
Menor ingreso disponible. El efecto del arrastre fiscal no implica necesariamente una pérdida automática del poder adquisitivo, pero sí puede reducir el ingreso disponible de los trabajadores.
Una parte de los reajustes salariales destinados a compensar la inflación termina absorbida por el pago del impuesto y por los costos administrativos derivados de cumplir con las obligaciones tributarias.
Un ejemplo permite visualizar el fenómeno. Un asalariado que en 2020 percibía G. 78 millones anuales no estaba alcanzado por el IRP. Si durante los años siguientes únicamente recibió incrementos equivalentes a la inflación, hoy podría superar los G. 100 millones anuales sin haber experimentado una mejora significativa en su capacidad económica. Sin embargo, al mantenerse congelado el mínimo imponible en G. 80 millones, pasa a integrar el universo de contribuyentes.
Especialistas en política fiscal sostienen que este mecanismo modifica gradualmente la carga tributaria sin necesidad de elevar las alícuotas ni crear nuevos impuestos. Basta con que el mínimo imponible permanezca inmóvil mientras los salarios nominales continúan creciendo.
Mientras el salario mínimo sigue ajustándose para intentar preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el piso del IRP permanece congelado desde 2020. En ese contexto, cada nuevo reajuste salarial acerca a más paraguayos al régimen tributario, ampliando la base de contribuyentes mediante el denominado “arrastre fiscal”, un fenómeno que cobra cada vez mayor relevancia en un escenario de inflación acumulada y salarios en constante actualización.
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EE. UU. sanciona al ministro de Fuerzas Armadas cubanas y cúpula de la industria militar
Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas cubanas, general Álvaro López Miera, así como responsables y cinco empresas del sector industrial militar de la isla.
Los sancionados están implicados en “la adquisición y el mantenimiento de armas y equipo militar en el extranjero destinados a las fuerzas militares y de seguridad”, explicó el comunicado del Departamento de Estado.
Estados Unidos considera que Cuba es un Estado que “patrocina el terrorismo” y una “amenaza a la seguridad nacional”, y ha ido aumentando la presión económica y diplomática sobre la isla desde principios de año.
Esta nueva oleada de sanciones llega tras la publicación de un largo informe del Departamento de Estado sobre las actividades militares y diplomáticas de La Habana en todo el mundo desde el triunfo de la Revolución castrista, en especial en América Latina y el Caribe.
Ese informe “relata las continuas asociaciones del régimen cubano con Rusia y China, ambos proveedores de hardware (equipamiento, ndlr) militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad para Cuba”, indica el comunicado.
Las sanciones alcanzan al ministro López Miera y a su viceministro Roberto Legrá, al que se acusa de estar involucrado en la compra de armamento ruso. También abarcan a altos funcionarios del ministerio.
Asimismo, fue sancionada la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar en la embajada en Moscú, que medios de comunicación en el exilio acusan de estar involucrada en el supuesto reclutamiento de cubanos para participar en la guerra contra Ucrania.
Waldo Pérez Cortés, agregado militar en la embajada cubana en Pekín, también está sancionado.
La lista incluye entidades como Tecnoimport, Duna, Unión de Industria Militar (UIM) y la empresa Yuri Gagarin, todas ellas especializadas en la compra y reparación de equipamiento militar.
De acuerdo a la legislación estadounidense, los sancionados no pueden tener bienes ni acceder a servicios financieros ni económicos de ningún tipo en Estados Unidos.
Washington, que tiene a Cuba sometida a un embargo desde 1962, activó este año un bloqueo casi total al suministro de hidrocarburos a la isla.
El gobierno de Donald Trump ha sancionado en los últimos meses casi a la totalidad del gobierno cubano.
También ha presentado cargos contra el líder histórico de la Revolución, Raúl Castro, acusado de haber ordenado, hace tres décadas, el derribo de dos aviones civiles procedentes de Florida, cuando era ministro de Defensa.
- Fuente: AFP
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FF. AA. alista plan de contingencia para El Niño: “Nos preparamos para lo peor”, afirma ministro
El ministro de Defensa, Óscar González, informó hoy sobre los planes de contingencia que el Gobierno lleva adelante ante la inminente llegada del fenómeno climático El Niño, especialmente para departamentos como Alto Paraguay.
“La posibilidad de que llegue El Niño es del 99% y en su peor versión”, alertó este martes en declaraciones a la 1020 AM y advirtió que el fenómeno podría impactar al país en su versión más intensa a finales de agosto.
En el corto plazo hay alta probabilidad de inundaciones pluviales y, para los primeros meses de 2027, se prevén inundaciones fluviales por el aumento del nivel del agua en Brasil.
“Advierten que a partir de los primeros meses del año 2027 podamos tener inundaciones, por causa del aumento del nivel del agua en el Brasil. Y lo que vamos a tener en los próximos meses son inundaciones por culpa de las lluvias”, puntualizó.
El ministro de Defensa afirmó que todo el trabajo del Gobierno está enfocado en reducir al máximo el impacto del fenómeno en la población. “Todo el esfuerzo que se está haciendo es para mitigar los efectos de El Niño, es decir, que la gente sea afectada lo menos posible, porque la naturaleza no se puede controlar”, indicó González.
Asimismo, pobladores de zonas ribereñas “deben ser informados sobre el crecimiento del nivel del río en setiembre u octubre”, añadió.
Por otra parte, coordinan acciones para brindar asistencia en Alto Paraguay. “Estamos realizando todas las coordinaciones y tareas propias para prever una emergencia como esta”, expresó el ministro.
En ese sentido, el viernes pasado participaron de una reunión en Fuerte Olimpo convocada por el gobernador de Alto Paraguay. “Hablamos en forma práctica y útil, capitalizando las experiencias e inconvenientes que tuvimos en la emergencia pasada”, mencionó.
Al respecto, citó el uso de aeronaves, como aviones o helicópteros, y embarcaciones para socorrer a la gente en esa parte del país. “En términos militares, se tiene que planear partiendo de la peor hipótesis y es lo que estamos haciendo”, aseveró. También se realizará una próxima reunión con productores.
Alistan albergues
Las Fuerzas Armadas también están preparando espacios para albergar a damnificados. “El ministro de la SEN tiene la cantidad de familias que van a ser afectadas, y con esa estimación las Fuerzas Militares están preparando los locales de las FF. AA. en donde pueden ser albergadas las personas afectadas”, explicó el ministro González.
El ministro de Defensa descartó solicitar una ampliación presupuestaria para atender los efectos de El Niño. “Cada institución debe afrontar sus tareas con el presupuesto asignado”, subrayó.
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