El Gobierno de la República del Paraguay emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales, en la que responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por el nuevo atentado en contra de la libertad de expresión de una referente de la oposición en la República Bolivariana de Venezuela.
El pronunciamiento se da luego de conocerse la manera violenta en la que fue detenida la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, mientras encabezaba una manifestación pública en repudio a las intenciones del dictador Nicolás Maduro de juramentar como presidente del país caribeño, este viernes 10 de enero.
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Desde la presidencia de la República del Paraguay expresan que esta nación “condena y repudia el secuestro de la señora María Corina Machado, representante de la oposición venezolana, al término de un acto pacífico de manifestación ciudadana, llevado a cabo esta tarde en Caracas”, expresaron a través de la cuenta oficial en X.
Igualmente, mencionan que, desde el Gobierno de Paraguay, “hacen responsable al régimen dictatorial de Nicolás Maduro por este nuevo atentado en contra de la libertad de expresión de una referente de la oposición, quien habría sido víctima de un inaceptable episodio de violencia política en su país”, continúa el comunicado.
Finalmente señalan que la República del Paraguay “hace un llamado al respeto al derecho de manifestación pacífica en la República Bolivariana de Venezuela”.
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Movimiento Renovación Gremial exige seguridad y el esclarecimiento de amenazas a abogados
En el marco de una denuncia por sicariato realizada por tres profesionales del derecho del departamento de Itapúa, el Movimiento Renovación Gremial, liderado por Enrique Berni, expresó su repudio ante las amenazas recibidas por los afectados. Asimismo, dicho gremio manifestó su firme respaldo a los abogados y exigió el pleno esclarecimiento de los hechos.
El comunicado emitido a la opinión pública señala: “Repudiamos enérgicamente las amenazas denunciadas contra colegas abogados del departamento de Itapúa, por constituir un grave ataque contra el libre ejercicio de la profesión, el Estado de derecho y la administración de justicia”.
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Igualmente, el documento refiere: “Expresamos nuestra solidaridad con los colegas afectados y con sus familias, e instamos a las autoridades competentes a garantizar su seguridad, investigar con celeridad los hechos, identificar a los responsables y evitar que estos actos queden impunes”.
Con esto, el Movimiento Renovación Gremial reafirma su compromiso con la abogacía libre, independiente y protegida, sosteniendo que, frente a cualquier forma de violencia o intimidación, el silencio no es una opción. Cabe destacar que varios gremios de Itapúa también repudiaron las presuntas amenazas de sicariato denunciadas por los abogados Marcus Becker, Francisco Zayas y un tercer profesional, quienes intervienen en una causa judicial en el nordeste de dicho departamento.
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Detuvieron al hombre que agredió a su expareja en plena vía pública en Limpio
La Policía Nacional logró detener al hombre que fue denunciado por agredir brutalmente a su expareja en plena vía pública, en la ciudad de Limpio. Todo empezó a raíz de un reclamo, pero la situación se agravó. La víctima relató que esta persona ya había tenido comportamientos violentos, pero nunca llegó a golpearla.
Según el reporte policial, el hecho de agresión se registró frente a la vivienda de la joven de 19 años, ubicada en el barrio El Progreso, de la citada ciudad. Todo quedó grabado en imágenes de cámaras de seguridad de la zona y los vecinos que se percataron de lo ocurrido llamaron al sistema 911.
El sujeto, identificado como Ángel Galeano Miranda, de 24 años, llegó hasta la casa de su expareja y ella salió a recibirlo; él le reclamó por haber salido la noche anterior y por haber dejado a su hija en la casa de su madre. Fue ahí cuando empezó a golpearla y ella intentó defenderse.
Finalmente, la tiró al suelo y la golpeó en reiteradas ocasiones hasta que fue socorrida por los vecinos. "Intenté ponerme por él, pero como es más fuerte me echó y caímos los dos. En ese momento me golpeó. Es la primera vez que me golpea, pero siempre me maltrató, fue verbal”, detalló Sandra Giménez, en entrevista con C9N.
Agregó que la salvaron dos vecinas que descendieron de un bus. Estas empezaron a gritar, lo que hizo que el hombre tomara su moto y huyera del sitio. “Pasaron varios hombres y muchachos, pero no fueron capaces de ayudarme, solo miraban lo que estaba pasando y fueron dos mujeres las que me socorrieron”, puntualizó.
Afirmó que con ayuda de su actual pareja fue hasta la comisaría para radicar la denuncia y sus vecinos le entregaron imágenes de cámaras de seguridad. El hombre se presentó ante la comisaría para denunciar a la mujer, pero fue detenido por el hecho de violencia y fue puesto a disposición del Ministerio Público.
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Pindó solicita profundizar investigación sobre posible nexo entre atentado y grupos armados
La empresa Agroganadera Pindó S.A. emitió un comunicado en el cual realiza un exhorto a las correspondientes autoridades del Estado para investigar si el ataque ocurrido en el puesto policial en Canindeyú guarda relación con estructuras criminales que invadieron su propiedad, hecho que vienen denunciando desde hace más de 10 años.
En su pronunciamiento señalan que el ataque armado contra el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, del distrito Ybyrarobaná, que dejó dos policías y un civil fallecidos, evidencia el fortalecimiento de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Ante esto, solicitaron al Estado paraguayo investigar si existe alguna vinculación entre ese atentado y las estructuras delictivas denunciadas en la causa judicial impulsada por la firma.
Recordaron que la empresa agroganadera desde hace más de diez años viene denunciando ocupaciones ilegales en el establecimiento conocido como Estancia Pindó, así como la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural, deforestación y otras actividades atribuidas al crimen organizado.
“La utilización de la violencia como mecanismo para consolidar el control territorial constituye un elemento de especial preocupación, pues evidencia una forma de actuación destinada no solamente a ocupar ilegalmente un inmueble privado, sino también a impedir mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de sus legítimos propietarios y de las personas que trabajan en el establecimiento. ¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder", menciona parte del documento.
Consolidación de grupos armados
Asimismo, recuerdan que en todos estos años se denunció la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú.
“Hoy, un puesto policial fue atacado con un nivel de organización y violencia que demuestra la capacidad operativa de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, remarca el pronunciamiento.
No obstante, aclaran que este análisis no pretende afirmar que los responsables del ataque al puesto policial sean necesariamente las mismas personas investigadas en la causa Pindó. Teniendo en cuenta que esa determinación corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales.
“Sin embargo, resulta jurídicamente legítimo advertir que ambos escenarios presentan características que justifican una investigación exhaustiva sobre eventuales vínculos, considerando la presencia de organizaciones criminales, el uso de armamento, la ocupación prolongada de territorios y las actividades ilícitas detectadas en la misma región”, acota el comunicado.
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Condenan a 25 años de cárcel a un hombre por abuso sexual de sus dos hijas menores
- Ciudad del Este. Agencia regional
El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Édgar Lezcano e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel, dictó condena de 25 años de prisión para un hombre de 57 años, por agresión sexual a sus hijas menores de edad. El fiscal que defendió la acusación es Vivian Andrea Coronel.
El juicio oral concluyó este miércoles 22 de julio en el Poder Judicial de Ciudad del Este.
De acuerdo a los hechos juzgados en juicio, los abusos sexuales se registraron de forma sistemática desde el año 2023 hasta diciembre de 2024, en un inmueble ubicado en el km 30 Acaray del distrito de Minga Guazú.
El hombre comenzó abusando de su hija de 12 años, a través de manoseos hasta llegar a actos más agresivos contra una niña. Luego hizo lo mismo con su otra hija, de 6 años.
El hoy condenado hacía que la mamá de sus hijas saliera a la calle a vender yuyos con la finalidad de quedar a solas con sus víctimas. Asimismo, mantenía a los integrantes de su familia bajo un régimen de sometimiento.
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En ese contexto, el hermano de las víctimas era agredido físicamente por enfrentar a su padre al enterarse de los hechos, mientras que la madre también era víctima de violencia cuando cuestionaba a su pareja.
La denuncia llegó al Ministerio Público el 29 de diciembre del 2024, a través del 147 de Fono Ayuda, dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. A partir de allí, la Unidad Especializada de la Niñez inició la investigación que derivó en el procesamiento y luego la condena en juicio culminado hoy.
Durante el juicio oral, el soporte digital (DVD) de la Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, fue una de las pruebas determinantes.
En el ámbito pericial, los diagnósticos médicos e inspecciones ginecológicas de los profesionales forenses Hugo Céspedes y Martín Alfaro, además de informes psicológicos del Centro de Atención a Víctimas sumaron evidencias para la condena.
La fiscal presentó las declaraciones testimoniales de vecinos del sector donde ocurría el hecho, del hermano de las víctimas y del personal policial interviniente.