Por Melissa Palacios y Luis Noguera

El gobierno de Santiago Peña cerró su tercer año con importantes avances en términos económicos, sobre todo lo medible en el ámbito social, la expansión económica y la obtención del doble grado de inversión. Desde el sector productivo, en cambio, valoraron el crecimiento sostenido, el dinamismo aplicado a la entrega de títulos, la apertura de mercados premium, así como la continuidad del proceso de formalización y apertura comercial.

La Nación/Nación Media consultó a referentes de varios sectores sobre el desempeño en la administración del país y el progreso registrado hasta el momento en el actual periodo. Sobre el punto, Daniel Correa, economista y director de DCR Consultora, resaltó que “el logro más importante es social, y es medible: la pobreza total cayó de 19,6 % a 16,0 % entre 2024 y 2025 —213.000 personas menos— y la pobreza extrema pasó de 3,7 % a 2,4 %. El Instituto Nacional de Estadística (INE) es explícito: sin las transferencias, la pobreza habría sido 19,9 %; unas 239.000 personas no cayeron bajo la línea gracias a esos programas”.

Además de lo mencionado, el especialista también citó el éxito registrado en el programa de alimentación escolar denominado Hambre Cero, “que alcanzó cobertura total con más de 1.000.000 de estudiantes, con impacto en nutrición, permanencia escolar y economía local”. Adicionalmente, enumeró cifras en Tekoporã Mbareté, que aumentó 25 % sus transferencias y llega a cerca de 195.000 familias, y la pensión de adultos mayores supera los 360.000 beneficiarios. Esa ampliación simultánea es lo que explica que la caída de la pobreza haya sido más fuerte en el área rural, donde la extrema bajó de 8,2 % a 5,5 %.

También habló de avances en la inversión en infraestructura sanitaria y de servicios básicos: agua potable, saneamiento, atención primaria y vivienda a través de Che Róga Porã. Todo lo mencionado, fue posible gracias a que “la macroeconomía la financió sin desequilibrios” y sobre el punto recordó el “grado de inversión de Moody’s (Baa3) en 2024 y BBB- estable de S&P en diciembre de 2025, inflación de 3,1 % en 2025 frente a niveles superiores al 10 % años antes, crecimiento del 6 % y deuda pública en torno al 40 % del PIB, con el déficit anclado en 1,5 %”.

“La estabilidad no es el logro; es la condición que permitió sostener el gasto social”, concluyó sobre lo mencionado anteriormente, sin dejar de resaltar que la atracción de inversiones es el punto más visible dentro de la gestión del presidente Peña. “El activo más considerable del período es la credibilidad macroeconómica: sin grado de inversión, sin inflación de un dígito bajo y sin regla fiscal creíble, ningún régimen de incentivos atrae capital de largo plazo. La inversión llegó porque el marco se volvió previsible”, afirmó, entre otras cosas.

Desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP), el presidente del gremio, Héctor Cristaldo, señaló en cuanto a los avances registrados para el rubro durante este periodo de gobierno, el crecimiento sostenido durante tres años consecutivos, con el cual Paraguay lidera en la región.

Asimismo, resaltó la continuidad del proceso de disminución de la pobreza, que lleva varios años con una tendencia descendente. Recordó que en 2002 la pobreza en Paraguay se situaba en 57 %, mientras que el último año se ubicó en 16 %.

Otro de los aspectos destacados por el titular de la UGP fue el impulso al proceso de arraigo de los pequeños productores, mediante la dinamización de la entrega de títulos de propiedad a los beneficiarios. Explicó que contar con el título de la tierra permite a los productores formalizarse e integrarse a la economía real y a las cadenas de valor.

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De cara al último tramo de mandato, las medidas o prioridades que debería impulsar el Gobierno para mejorar la competitividad, la inversión y las condiciones de desarrollo del sector, apuntan a desburocratizar y simplificar trámites en las instituciones. “Normativas que no sean un freno al desarrollo sino más bien lo promuevan”, dijo Cristaldo.

A su vez, una política energética previsible y trabajar en la infraestructura que asegure el acceso y la disponibilidad de energía para los emprendimientos de los inversionistas nacionales y extranjeros.

La infraestructura vial será fundamental para dinamizar el flujo de personas, mercaderías y romper con el aislamiento de regiones con alto potencial productivo, acelerar las obras de acceso al Puente de la Integración para dinamizar el comercio con Brasil, y terminar con las demoras que frenan la posibilidad de aumentar nuestras exportaciones.

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, destacó como uno de los principales logros del Gobierno de Peña la apertura de nuevos mercados premium para la carne paraguaya, entre ellos Estados Unidos, Canadá y países del Sudeste Asiático, como Filipinas e Indonesia. La gestión realizada por el presidente de la República, junto con el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), fue lo más importante para el sector, al tratarse de un punto muy anhelado.

“Ese era un tema muy anhelado y lo logramos, y eso es lo que más rescatamos ahora”, afirmó Prieto, al referirse a la apertura de estos mercados.

En cuanto a las necesidades del sector, uno de los principales requerimientos es contar con previsibilidad y, sobre todo, transparencia en toda la cadena de valor, tanto en la industria como en el productor y el consumidor. En ese sentido, recordó que desde el gremio habían reclamado la concentración existente en la industria.

Prieto señaló que actualmente ese escenario está cambiando con la incorporación de nuevos capitales paraguayos y la instalación de tres nuevas plantas, mientras que ahora se anuncia una cuarta, aunque en este caso de capital brasileño, y consideró que el aumento de la competencia beneficia a todo el sector.

Asimismo, planteó la necesidad de seguir aumentando la transparencia en la cadena comercial e implementar determinadas normativas que puedan contribuir al beneficio de todos los actores del sector.

Por otra parte, el presidente de la ARP pidió a los productores tomar las precauciones necesarias ante el fenómeno de El Niño que se viene anunciando. También instó al Gobierno a insistir con la seguridad en el campo, al igual que el apoyo a la infraestructura.

Luis Tavella, presidente de la Federación de micro, pequeñas y medianas empresas (Fedemipymes), consideró que estos tres años fueron positivos para su sector ya que el trabajo en conjunto fue fundamental para la aprobación de la modificación de la Ley de Mipymes.

“Hemos conseguido la aprobación de la ley, no fue fácil, comenzamos todo el proceso de reglamentación y hoy estamos en la parte de implementación en instituciones y algunos municipios. Todavía queda un camino de socialización”, dijo a LN/NM. Además, señaló que es prioridad avanzar en la formalización y bancarización de las empresas, condiciones fundamentales para seguir creciendo.

Sostuvo que el principal avance fue el reconocimiento del Estado hacia el sector y su importancia en la economía. “Hoy hay un reconocimiento al sector, el 98 % son mipymes, el 75 % de la fuerza laboral viene de este sector también, pero el aporte al Producto Interno Bruto no llega ni al 15 %”, agregó.

“Para la última etapa del Gobierno queda terminar de implementar la nueva Ley de Mipymes y su socialización a nivel país, además de la puesta en marcha de los proyectos de Fonamipymes”, dijo.

Asimismo, pidió agilizar la transferencia de los recursos previstos para el sector al Fondo Nacional de las Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas (Fonamipymes), que incluyen aquellos fondos establecidos por ley y las donaciones del Gobierno de Taiwán, para fortalecer y ejecutar los proyectos destinados al rubro. También consideró necesario fortalecer el Viceministerio de Mipymes, que actualmente cuenta con 25 funcionarios para atender a un sector que representa el 98 % de las empresas del país.

Marco Panciotto, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores (Appec), señaló que el Gobierno logró avances importantes en materia de estabilidad macroeconómica, posicionamiento internacional del país, grado de inversión y apertura de mercados. “En el sector pecuario valoramos el trabajo realizado en materia sanitaria, trazabilidad y acceso a nuevos destinos para nuestra producción”, comentó.

Sin embargo, la ganadería paraguaya atraviesa problemas estructurales que requieren atención. “Hemos perdido stock ganadero, disminuyó la faena y en 2026 estamos exportando menos volumen de carne, aunque afortunadamente a mejores precios”, mencionó.

Sostuvo que el balance es positivo en varios aspectos, pero todavía insuficiente desde la perspectiva del productor. “El gran desafío es conseguir que las buenas condiciones del país se traduzcan en más inversión, más producción y mayor rentabilidad en el campo”, acotó.

A su vez, reconoció los trabajos en defensa de los intereses paraguayos dentro del Mercado Común del Sur, particularmente en la discusión sobre una distribución más equitativa de las cuotas de acceso a mercados internacionales.

“Estos avances son importantes porque Paraguay necesita vender su carne en más mercados, con mayor poder adquisitivo y dispuestos a reconocer la calidad de nuestro producto”, aseveró.

Con miras a los últimos años del Gobierno, dijo que comienza una etapa decisiva en la que la prioridad debería ser recuperar la confianza del productor para que vuelva a invertir. Esto implicará mayor previsibilidad en las reglas de juego, estabilidad sanitaria, financiamiento de largo plazo a tasas competitivas, continuar agresivamente con la apertura de mercados, infraestructura, seguridad jurídica y políticas que estimulen la tecnología, nutrición y mejores sistemas de cría y recría.

“Paraguay necesita algo todavía más importante: una estrategia ganadera de largo plazo construida entre el sector público y los productores”, añadió. En tanto, el desafío para los próximos años debería ser recuperar el crecimiento del hato, aumentar la productividad, producir más kilos de carne por hectárea y por animal y lograr que esa mayor productividad se transforme en prosperidad para el productor.

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Con motivo del Día del Niño, el Ministerio Público presentó un informe de los hechos punibles que más afectan a la niñez. La lista encabeza el incumplimiento del deber alimentario, seguido de la violencia sexual, la vulneración del deber de cuidado, el maltrato y hechos asociados a entornos tecnológicos.

El propósito del análisis es dimensionar algunas de las situaciones que requieren investigación penal y una respuesta especializada de las instituciones responsables de la protección de la niñez y la adolescencia.

El estudio revela que entre enero de 2020 y julio de 2026 ingresaron 110.886 causas, correspondientes a los ocho hechos punibles incluidos en el relevamiento. El incumplimiento del deber legal alimentario ocupa el primer lugar, con 48.832 causas. Le sigue el abuso sexual en niños, con 21.839 causas.

En tercer lugar se encuentra la violación del deber de cuidado o educación, con 13.564 causas; seguida de la pornografía relativa a niños y adolescentes, con 13.379, y el maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, con 9.983 causas.

En conjunto, estos cinco hechos suman 107.597 causas y representan aproximadamente el 97 % de las 110.886 causas incluidas en el relevamiento.

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El incumplimiento del deber legal alimentario constituye el hecho con mayor cantidad de registros de toda la serie analizada con 48.832 causas desde el 2020 hasta la fecha. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron otras 4.317 causas.

El punto más alto entre los seis años completos analizados se produjo en 2023, con 8.293 causas, según registro del Ministerio Público.

Uno de los indicadores de mayor sensibilidad corresponde al hecho punible de abuso sexual en niños. Entre enero de 2020 y julio de 2026 fueron registradas 21.839 causas. La evolución anual muestra 2.739 causas en 2020; 2.968 en 2021; 3.814 en 2022; 3.564 en 2023; 3.551 en 2024 y 3.408 en 2025.

El mayor registro entre los años completos analizados se produjo en 2022, con 3.814 causas. Entre enero y julio de 2026 se registraron otras 1.795 causas.

La franja etaria consignada se encuentra entre los 10 y 13 años, mientras que el 84 % corresponde al sexo femenino.

Los registros del Ministerio Público incluyen hechos vinculados directamente con los entornos tecnológicos. La pornografía relativa a niños y adolescentes acumula 13.379 causas entre enero de 2020 y julio de 2026.

Por otra parte, el hecho punible denominado abuso por medios tecnológicos registra 54 causas entre enero de 2020 y julio de 2026.

Asunción, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Central aparecen identificados entre las zonas destacadas en los datos territoriales del Observatorio del Ministerio Público.

En abuso sexual en niños, el 84 % de las víctimas registradas corresponde al sexo femenino; en pornografía relativa a niños y adolescentes, también el 84 %; en abuso por medios tecnológicos, el porcentaje alcanza el 81 %, y en violación de la patria potestad, el 79 %. En abuso sexual en niños y el abuso por medios tecnológicos se ubican entre los 10 y 13 años.

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La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto de ley “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”. La iniciativa tiene por objeto autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el pago de intereses moratorios derivados de obligaciones que no fueron canceladas dentro de los plazos establecidos en los respectivos contratos.

La propuesta normativa fue analizada en la fecha y contó con el acompañamiento de la mayoría del plenario, quedando sancionada la legislación que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su consideración.

De acuerdo a lo expresado por los legisladores, el proyecto autoriza el reconocimiento de intereses moratorios hasta una tasa máxima del 9,9 % anual, así como la emisión y colocación de títulos de deuda del Tesoro Público que permitan captar los recursos necesarios.

Los legisladores utilizaron como base para el estudio y aprobación de la iniciativa el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que aconsejó, en mayoría, la aprobación del documento.

Durante el tratamiento el diputado colorado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, explicó que el proyecto busca autorizar al MOPC a abonar los intereses generados por obligaciones no canceladas en los plazos contractuales.

Indicó que el bloque asesor emitió dos dictámenes: uno en mayoría por la aprobación y otro en minoría por el rechazo. Señaló que la postura favorable se fundamentó en que los retrasos en la cancelación de compromisos generan intereses moratorios que deben ser honrados.

A su turno, el diputado colorado Néstor Castellano, en representación de la Comisión de Presupuesto, informó que dicha instancia se allanó al dictamen de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, con algunas modificaciones de forma y especificaciones adicionales.

Precisó que la propuesta establece que la contabilización de los intereses generados deberá realizarse dentro de los 90 días corridos desde la promulgación de la ley y que la información correspondiente deberá ser comunicada inmediatamente al Congreso Nacional.

Asimismo, mencionó que durante el análisis de la iniciativa, se mantuvieron reuniones con representantes y técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, del Ministerio de Economía y Finanzas y de las empresas constructoras involucradas.

El parlamentario explicó que los contratos contemplaban previsiones de intereses del 10 % al 24 % y que, tras las conversaciones entre las instituciones y el sector empresarial, “se ha consensuado bajar esos intereses al 9,9 %”.

Pese a que se plantearon igualmente posturas contrarias, cuestionando que se establezca por ley una tasa de interés moratoria general para obligaciones derivadas de contratos específicos, indicaron que podrían existir contratos que originalmente contemplaban tasas inferiores al 9,9 %, por lo que consideraron que cada obligación contractual debería ser analizada de acuerdo con sus condiciones particulares.

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La Cámara de Diputados aprobó la declaración que insta al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a impulsar de manera prioritaria los estudios de factibilidad, diseño y posterior construcción de una conexión vial estratégica interdepartamental que conecte los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central”, durante la sesión plenaria de esta semana.

A través del documento se insta al MOPC a impulsar de manera prioritaria los estudios de factibilidad, diseño y las gestiones técnicas, financieras, ambientales y administrativas necesarias para la posterior construcción de esta conexión vial estratégica.

El trazado contempla la vinculación de los distritos de Arroyos y Esteros, Tobatí y Caacupé, en el departamento de Cordillera; Pirayú y Yaguarón, en Paraguarí; e Itá, Guarambaré, Ypané y Villeta, en Central, con el objetivo de mejorar la conectividad territorial y contribuir a la descongestión del tránsito en el Área Metropolitana de Asunción.

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La declaración también insta a la cartera de Estado a informar oportunamente sobre los avances de los estudios de factibilidad, las previsiones presupuestarias y las demás acciones orientadas a la ejecución del referido proyecto.

La propuesta fue presentada por varios diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que de acuerdo a la exposición de motivos, la iniciativa responde a la necesidad de atender el colapso vial que afecta de manera recurrente al Área Metropolitana de Asunción y a sus principales accesos.

En ese contexto, menciona que municipios como Limpio, Mariano Roque Alonso, Asunción, Luque, Fernando de la Mora, Villa Elisa y San Lorenzo “soportan a diario una saturación de tráfico, que degrada la calidad de vida de la ciudadanía y genera pérdidas millonarias en horas de trabajo y consumo ineficiente de combustible”.

Señala que uno de los factores que incide en esta situación es el tránsito de transporte de carga pesada por las zonas urbanas metropolitanas. De acuerdo con los proyectistas, alrededor de 1.000 camiones de gran porte, por semana, atraviesan el Gran Asunción para trasladar productos agrícolas, industriales y comerciales hacia los principales puertos de exportación e importación, situados en la ribera del río Paraguay.

La propuesta plantea establecer un corredor que permita conectar de forma directa la producción proveniente del interior con el polo logístico y portuario de Villeta, evitando el ingreso del tránsito de larga distancia y de carga pesada al núcleo urbano metropolitano.

También se destaca que la futura infraestructura podría contribuir a reducir costos logísticos y tiempos de traslado, favorecer el ordenamiento territorial y vial mediante la descongestión de arterias de alto tránsito, mejorar la seguridad vial al disminuir la circulación de vehículos pesados en zonas urbanas densamente pobladas e impulsar el desarrollo socioeconómico e industrial de los municipios del interior de los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central.

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