La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) compartió los números alcanzados en el 2024, en todo lo vinculado al ámbito de las compras públicas en Paraguay. Los datos más recientes reflejan montos significativos en licitaciones, adjudicaciones y órdenes de compras de la Tienda Virtual, destacando el impacto positivo de la digitalización y la transparencia en los procesos.
Mediante un informe de gestión durante el 2024, señalan que el monto total de las licitaciones alcanzó 32,3 billones de guaraníes, el valor más alto en los últimos 10 años. Este hito supera significativamente los registros previos, consolidando un crecimiento sostenido desde 2020.
Asimismo, mencionan que las adjudicaciones de este año acumularon 27,1 billones de guaraníes, marcando otro hito histórico en la gestión pública, en comparación con los 24 billones de guaraníes del 2023, denotando un crecimiento del 9%.
Tienda Virtual
En cuanto a las transacciones realizadas a través de la Tienda Virtual, el informe destaca que los datos muestran un crecimiento del 46% en el último año. En 2024, el monto acumulado de las órdenes de compras alcanzó 321.576 millones de guaraníes, en comparación con los 220.928 millones de guaraníes registrados en 2023. En términos de cantidad, se procesaron 14.294 órdenes de compras en 2024, superando las 11.734 órdenes de compras registradas en 2023.
Destacan además, que el avance sostenido en los procesos de licitación del Estado subraya la importancia de continuar invirtiendo en la digitalización y modernización del sistema de compras públicas. Por tanto, estos datos reafirman el compromiso de la DNCP con la competencia, la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.
Sobre estos logros alcanzados el director nacional de Contrataciones Públicas Dr. Agustín Encina, destacó que desde la administración actual pusieron especial énfasis en la implementación de la nueva Ley 7.021/22, así como en la celeridad y transparencia en los procesos de contratación. “Lo que buscamos es no solo ser un ente de control, sino también un elemento que dinamice la economía paraguaya desde el propio Estado”, indicó.
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Paraguay hará reconocimiento público de responsabilidad del caso Santiago Leguizamón
La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.
Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.
El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.
La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.
Cumplimiento de compromisos
Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.
Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.
“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.
La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.
El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.
También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.
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Pindó solicita profundizar investigación sobre posible nexo entre atentado y grupos armados
La empresa Agroganadera Pindó S.A. emitió un comunicado en el cual realiza un exhorto a las correspondientes autoridades del Estado para investigar si el ataque ocurrido en el puesto policial en Canindeyú guarda relación con estructuras criminales que invadieron su propiedad, hecho que vienen denunciando desde hace más de 10 años.
En su pronunciamiento señalan que el ataque armado contra el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, del distrito Ybyrarobaná, que dejó dos policías y un civil fallecidos, evidencia el fortalecimiento de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Ante esto, solicitaron al Estado paraguayo investigar si existe alguna vinculación entre ese atentado y las estructuras delictivas denunciadas en la causa judicial impulsada por la firma.
Recordaron que la empresa agroganadera desde hace más de diez años viene denunciando ocupaciones ilegales en el establecimiento conocido como Estancia Pindó, así como la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural, deforestación y otras actividades atribuidas al crimen organizado.
“La utilización de la violencia como mecanismo para consolidar el control territorial constituye un elemento de especial preocupación, pues evidencia una forma de actuación destinada no solamente a ocupar ilegalmente un inmueble privado, sino también a impedir mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de sus legítimos propietarios y de las personas que trabajan en el establecimiento. ¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder", menciona parte del documento.
Consolidación de grupos armados
Asimismo, recuerdan que en todos estos años se denunció la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú.
“Hoy, un puesto policial fue atacado con un nivel de organización y violencia que demuestra la capacidad operativa de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, remarca el pronunciamiento.
No obstante, aclaran que este análisis no pretende afirmar que los responsables del ataque al puesto policial sean necesariamente las mismas personas investigadas en la causa Pindó. Teniendo en cuenta que esa determinación corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales.
“Sin embargo, resulta jurídicamente legítimo advertir que ambos escenarios presentan características que justifican una investigación exhaustiva sobre eventuales vínculos, considerando la presencia de organizaciones criminales, el uso de armamento, la ocupación prolongada de territorios y las actividades ilícitas detectadas en la misma región”, acota el comunicado.
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DNCP suspende llamado de bacheo procampaña en Fernando de la Mora
El organismo de control frenó el millonario llamado para bacheos al detectar indicios que ameritan una investigación sobre el proceso licitatorio promovido por la comuna fernandina.
El presidente de la Junta Municipal y candidato liberal a la intendencia de Fernando de la Mora, Luis Fernando Franco Vergara, en plena campaña electoral inició una operación de emergencia vial que dio vía libre a un llamado por G. 12.000 millones, de los cuales prevén ejecutar G. 4.000 millones de manera acelerada.
La inexistencia de un dictamen técnico sobre los bacheos a resolver, denuncias de irregularidades procedimentales y una serie de dudas del Pliego de Bases y Condiciones, motivaron la investigación y suspensión de llamado por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones y Públicas.
Tras publicaciones periodísticas de un acelerado llamado por G. 12.000 millones para bacheos por “emergencia vial” en Fernando de la Mora, de los cuales pretenden liberar G. 4.000 millones en plena campaña electoral y de la mano de uno de los candidatos a la intendencia por el Partido Liberal, actual presidente de la Junta Municipal Luis Fernando Franco, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó la investigación y suspensión del proceso.
La Resolución Número 1896/26 de la DNCP de investigación y suspensión fue emitido ayer y se sustenta en una serie de objeciones denunciadas como indicios de irregularidades. Iniciando por la inexistencia de un dictamen técnico que avale la contratación, el apurado llamado es cuestionado por los plazos y la omisión de pasos que son clave en el proceso de presentación de ofertas para la realización del acta de apertura.
La convocatoria sin planificación técnica, económica y presupuestaria como varios otros cuestionamientos al Pliego de Bases y Condiciones, frenaron el millonario y acelerado llamado proselitista que viene impulsando desde la junta, el candidato liberal a la intendencia, Luis Fernando Franco.
La decisión se produce apenas un día después de que La Nación divulgara cuestionamientos al acelerado impulso que recibió el llamado para obras viales en plena campaña electoral municipal. La licitación fue promovida luego de que la Junta Municipal declarara una emergencia vial por 60 días a pedido de su presidente y candidato liberal a la intendencia, Luis Fernando Franco Vergara.
Según la publicación, la declaración de emergencia fue aprobada sin que se hiciera público un diagnóstico técnico detallado que justificara el alcance de las obras. Una semana después, el intendente Alcides Riveros promulgó la resolución que habilitó el proceso licitatorio por G. 12.000 millones.
De ese monto, G. 4.000 millones estaban previstos para ejecutarse este año y el saldo durante los ejercicios 2027 y 2028, pese a que la emergencia vial declarada tenía una vigencia de solo 60 días. Asimismo, el proceso fue cuestionado por la escasa documentación técnica publicada, ya que no se precisó la cantidad de calles a intervenir ni un relevamiento integral del estado de la infraestructura vial.
Ahora, con la apertura formal de la investigación por parte de la DNCP, el proceso queda sujeto a revisión administrativa. El organismo deberá determinar si durante la convocatoria existieron incumplimientos a la normativa de contrataciones públicas o irregularidades que ameriten otras medidas sobre la licitación.
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Itaipú transfirió USD 239 millones al Estado en el primer semestre
La Itaipú Binacional cerró el primer semestre de 2026 con transferencias por USD 239 millones al Estado paraguayo, recursos que fueron destinados al financiamiento de las finanzas públicas, el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y el desarrollo de programas ejecutados por gobiernos locales.
De acuerdo con los datos divulgados por la entidad, los desembolsos corresponden a los conceptos establecidos en el Anexo C del Tratado de Itaipú, que incluyen royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Del total transferido entre enero y junio, USD 131 millones correspondieron a royalties, mientras que USD 66 millones fueron generados por la cesión de energía paraguaya. A su vez, la ANDE recibió USD 42 millones en concepto de resarcimiento por las cargas de administración y utilidades del capital.
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Solo durante junio, los pagos por royalties alcanzaron USD 22 millones, mientras que la compensación por cesión de energía sumó otros USD 10 millones. En el mismo periodo, la ANDE percibió alrededor de USD 1,7 millones por resarcimiento.
Los recursos provenientes de la hidroeléctrica continúan representando una fuente relevante de ingresos para el sector público. Parte de los fondos generados por royalties son canalizados al Presupuesto General de la Nación (PGN), contribuyendo al financiamiento de programas, inversiones y obligaciones del Estado.
Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administra la distribución de estos recursos hacia las gobernaciones y municipalidades, que utilizan dichos fondos para la ejecución de obras de infraestructura, servicios básicos y proyectos de desarrollo local.
Por otra parte, la compensación por cesión de energía también beneficia a los gobiernos subnacionales y al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), mecanismo que financia programas vinculados a la alimentación de estudiantes en instituciones educativas públicas.
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