El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, participó de una reunión interinstitucional sobre el uso de tobilleras electrónicas, encuentro impulsado por el ministro del Interior, Enrique Riera y donde también participaron representantes del Poder Judicial. Las autoridades abordaron sobre la posibilidad de que más personas puedan disponer de los dispositivos electrónicos.

“Coincidimos plenamente en celebrar que se haya abierto la aplicación de los dispositivos electrónicos de control a todos los hechos punibles, eso nos da una enorme herramienta para poder ofrecer a los jueces de ejecución penal y de Garantías la posibilidad de acuerdo al criterio que ellos vayan aplicando”, explicó Nicora.

El secretario de Estado detalló que esto permitirá que las personas que tienen procesos abiertos, puedan litigar con el fin de acceder a una prisión domiciliaria, con la utilización de las tobilleras, de modo a generar garantías para la seguridad de las personas. “Muchas veces ese es el temor, la sociedad necesita sentirse protegida”, expresó.

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En primera instancia, las tobilleras solo estaban disponibles para casos de violencia familiar o contra la mujer, sin embargo, con esta ampliación, se permite que personas procesadas por otros hechos, también puedan acceder al dispositivo. Esto enmarcado en una política del Gobierno para reducir el hacinamiento penitenciario, optimizar la gestión del sistema judicial mediante la implementación de tecnología.

Por su parte, el ministro Riera valoró la importancia de coordinar esfuerzos entre instituciones del sistema de justicia. Anunció la creación de una “Mesa por la Justicia”, enfocada en unificar las bases de datos entre organismos como la Policía Nacional, la Corte Suprema, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y el Ministerio de Justicia.

Otras autoridades presentes fueron el director general del Sistema 911, Hernán Escobar; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, junto a los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes.

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En el marco de la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, se encuentra en el país de visita oficial Javier Samper, director de EL PAcCTO 2.0 (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) una iniciativa de la Unión Europea, que está llevando a cabo importantes reuniones con autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Ministerio de Justicia y otras instituciones públicas.

Le acompaña en este recorrido, la agregada de Cooperación de la Unión Europea, Maddalena Massucci, quien junto a Samper visitaron en primer orden al ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, con quien abordó la cooperación bilateral y el fortalecimiento de los lazos para la lucha contra el crimen organizado transnacional y narcotráfico.

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El encuentro que se concretó en la sede institucional propició el abordaje de las estrategias de cooperación técnica interinstitucional orientadas a fortalecer las capacidades nacionales en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

De acuerdo al informe oficial emitido desde la Senad explican que EL PAcCTO 2.0 promueve la seguridad y justicia en América Latina, apoyando a los países de la región en el desarrollo de políticas públicas que abarquen toda la cadena penal: policial, judicial y penitenciaria.

“La Senad reafirma su compromiso de seguir articulando esfuerzos con socios estratégicos internacionales para consolidar un sistema de seguridad más eficaz, moderno y coordinado”, concluye el comunicado.

Igualmente, el director de EL PAcCTO 2.0, mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, con quien charló sobre el fortalecimiento de los vínculos institucionales para avanzar en prioridades estratégicas del país.

También evaluaron los aspectos clave sobre la inteligencia penitenciaria, el régimen de máxima seguridad y las acciones proyectadas en el ámbito de seguridad, ligados a la Presidencia Pro Tempore Mercosur.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de potenciar capacidades operativas y técnicas dentro del sistema penitenciario, así como generar sinergias para detectar y desarticular redes criminales que operan desde los centros de reclusión.

En este encuentro estuvieron presentes además el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, y el director de Asuntos Internacionales, Sergio G. Velilla.

Desde el Ministerio de Justicia resaltaron que la visita de Javier Samper constituye un paso relevante en la articulación de esfuerzos regionales para el combate contra estructuras criminales complejas que afectan a toda la región.

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El Ministerio de Justicia avanza en la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria, que busca dejar atrás el hacinamiento, el desorden y la violencia que históricamente caracterizaron al sistema carcelario. Así lo afirmó el ministro Rodrigo Nicora, quien destacó la transformación estructural y operativa que ya se aplica en los centros penitenciarios de Emboscada y Minga Guazú, considerados los más modernos del país.

“Tenemos un modelo nuevo, el modelo paraguayo, con una gestión mucho más ordenada, planificada y enfocada en la reinserción social”, expresó Nicora, al tiempo de precisar que los nuevos recintos están divididos en ocho módulos independientes, con capacidad para 1.237 personas cada uno. “El que está en el módulo uno no sabe quién está en el otro, porque están completamente separados y clasificados por nivel de peligrosidad”, explicó.

Nicora sostuvo que Paraguay está migrando gradualmente hacia un modelo que toma como referencia experiencias exitosas de países como Brasil y Argentina, adaptadas a las necesidades locales, además de guiarse por los estándares establecidos en los acuerdos de los que nuestro país forma parte. Como parte de este proceso, también destacó la creación de un Instituto Técnico Superior para la formación profesional de agentes penitenciarios, avalado por el Ministerio de Educación.

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El ministro subrayó que estos centros de alta seguridad albergan únicamente a personas ya condenadas, como medida para evitar el hacinamiento. Además, los internos participan en programas de reinserción social dentro de un entorno controlado y tecnológicamente vigilado. “Las penitenciarías están equipadas con más de 400 cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial, lo que permite un monitoreo constante y preciso del flujo de personas. Se activan alarmas ante movimientos irregulares”, detalló a la 650 AM.

Otro cambio clave es la implementación obligatoria de uniformes, regida por la resolución n.° 479. Esta medida, lejos de ser simbólica, responde a criterios de seguridad y control interno. “Cada color de uniforme identifica a qué módulo pertenece cada persona privada de libertad, y las cámaras están configuradas para reconocer tanto los colores como los rostros”, indicó.

A esto añadió, “lo que estamos haciendo es subir la vara. Nuestro objetivo es que este modelo quede instalado como legado, con estándares más altos, más orden y más humanidad en el sistema penitenciario”, concluyó el ministro.

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Este jueves, desde el Ministerio de Justicia informaron que en los nuevos centros penitenciarios las Personas Privadas de su Libertad (PPL), deberán llevar uniformes obligatorios para que pueden ser distinguidas dentro de la población. Los colores de los trajes serán amarillo y rojo.

Según informó el ministro Rodrigo Nicora, se trata de una medida que busca dar mayor seguridad, equidad y orden dentro de estos penales como avanzar a la modernización del sistema penitenciario. Además, aclaró que el uso de estos uniformes será de carácter obligatorio.

“Seguimos construyendo un sistema penitenciario más justo, humano y eficiente con la implementación del uso obligatorio de uniformes en los nuevos centros penitenciarios de Minga Guazú y “Martín Mendoza” de Emboscada“, expresaron desde la institución.

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Explicaron que mediante la resolución ministerial n.º 479. que dispone que cada PPL recibe un kit completo con uniformes diferenciados según régimen, estos son: amarillo para los de régimen convencional y rojo para los de régimen cerrado especial.

“La entrega de planificación escalonada continuará hasta superar más de 1.200 reclusos en ambos penales. Esta medida fortalece la seguridad, promueve la equidad y dignifica la vida intramuros”, aclararon.

La actividad de entrega de uniformes estuvo acompañada por autoridades de la institución esta tuvo el apoyo de UNOPS Paraguay, en el marco de un plan que busca cubrir a toda la población penitenciaria de los nuevos centros.

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