El planteamiento se dio en contra de la resolución que dispuso su convocatoria para una audiencia disciplinaria por las chicanas en el marco de la causa conocida como Tajy, en la cual es investigado por el presunto perjuicio de más de G. 306 millones durante su administración municipal.

Con la resolución de la Sala Penal, integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón quedó firme el trámite para la realización de una audiencia disciplinaria fijada en una instancia previa.

Los magistrados apuntaron que la convocatoria “no genera agravio irreparable al imputado”, esto teniendo en cuenta que “su conducta procesal podrá debatirse ampliamente durante la audiencia disciplinaria”. Esta audiencia se da porque Prieto se representa a sí mismo en este proceso.

El ministro Alberto Martínez Simón actuó como preopinante, y expuso las argumentaciones del por qué no corresponde la apelación, señalando que “aunque la resolución fue dictada por un Tribunal de Apelaciones y puede ser revisada por la máxima instancia judicial, en este caso no corresponde la apelación porque el supuesto perjuicio alegado por Prieto no tiene carácter irreparable”.

Este criterio fue acompañado por los ministros Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, por lo que la decisión fue adoptada de manera unánime. Miguel Prieto está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal

El juez penal de Garantías Yoan Paúl López fijó para el 14 de octubre a las 09:00 la audiencia preliminar para el senador y exministro del Interior Rafael Filizzola, acusado de lesión de confianza por un perjuicio de G. 1.200 millones en la remodelación de comisarías y construcción de baños en el caso conocido como “comisarías de oro”.

En la citada diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público, tal como lo sostiene el Ministerio Público, el cual considera que cuenta con suficientes elementos de prueba para que el caso se discuta en una audiencia oral.

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Semanas atrás, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la capital, resolvió revocar la resolución por la cual el juez había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro, en el caso conocido como “comisarías de oro”.

La Cámara hizo lugar al recurso de apelación planteado por la fiscal Silvia Margarita González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción n.º 3, y dejó sin efecto el A.I. N.º 371, de fecha 6 de mayo de 2026.

De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola continúa vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal. Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteado durante la tramitación de la causa.

Según el tribunal, esta concatenación de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción. El proceso se origina en la investigación sobre la cons­trucción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana, durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjui­cio patrimonial de aproxima­damente G. 1.200 millones.

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Durante el gobierno de Santiago Peña, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) concretó la captura, expulsión y extradición de 12 criminales de alto perfil vinculados a estructuras transnacionales del crimen organizado. Entre los entregados a las autoridades extranjeras destacan figuras de alto rango e integrantes estratégicos vinculados al narcotráfico y a graves delitos conexos.

En la nómina figuran miembros relevantes de organizaciones como el Comando Vermelho —como Andrés Vraga y Aldair Ovelar, alias “Careca”—, del Primer Comando da Capital (PCC) —entre ellos Hugo Hilario, alias “HG”, y Tiago Godoy Marttin—, así como Federico Santoro Vasallo, considerado un operador clave de la estructura liderada por Sebastián Marset.

Asimismo, la nómina de entregados a la justicia exterior contempla a jefes narcotraficantes y piezas clave de otras temibles redes internacionales. Sobresalen los casos del brasileño Marlon Castillo Batista, así como de Hernán Bermúdez, operador de “La Barredora” y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, las intervenciones permitieron la captura de peligrosos prófugos requeridos por homicidios, tales como Orlando Vendramini, Alessandro Meneghela, Rafael De Oliveira Azambuja, Alisson Valentim y Marcos Campinha Panissa, este último buscado durante más de tres décadas por las autoridades de su país.

Las expulsiones y extradiciones coordinadas por la Senad comenzaron a fines de 2023 con la entrega de Andrés Vraga y continuaron de manera sostenida durante los años 2024, 2025 y 2026. Este despliegue operativo constante culminó recientemente, el pasado 30 de septiembre de 2026, con la puesta a disposición de las autoridades del criminal Aldair Ovelar, un alto mando del Comando Vermelho que afronta una condena superior a los 40 años de prisión en su país de origen.

Con el cierre de estas operaciones, la Senad reafirma el fortalecimiento de las alianzas estratégicas internacionales en la lucha contra la delincuencia transnacional organizada. La institución antidroga remarcó que mantendrá los controles rigurosos y las labores de inteligencia para evitar de forma contundente que el territorio paraguayo sea utilizado como refugio o plataforma logística por estructuras criminales de la región.

El gobierno de Bolivia desconoció este jueves al fiscal general interino y anunció que será detenido después de que asumió el Ministerio Público en reemplazo de Roger Mariaca, arrestado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Luis Montaño fue nombrado de forma provisional ante la “ausencia definitiva” de su antecesor, según un comunicado de la Fiscalía General.

El miércoles Mariaca fue arrestado por policías en la ciudad de Santa Cruz (este), dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. El Ministerio de Gobierno lo señala de haber protegido al narco uruguayo Sebastián Marset, capturado y expulsado a Estados Unidos en marzo.

“Quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales, que de manera ilegal e ilegítima está haciendo usurpación de funciones, autodeclarándose como fiscal general”, dijo en rueda de prensa José Luis Gálvez, vocero de la presidencia. El gobierno acusó al fiscal interino de tratar de destituir a los responsables de la investigación sobre Mariaca.

“Esta persona (Montaño) está siendo buscada y va a ser detenida”, añadió el portavoz. Ni la justicia ni la policía se han pronunciado sobre el fiscal encargado. El gobierno tampoco precisó si existe una orden de captura vigente en su contra. El miércoles también fueron detenidos otros tres fiscales, seis empleados del Ministerio Público y otras cuatro personas que intentaron retirar decenas de fajos de dinero del domicilio de Mariaca a bordo de una ambulancia.

El fiscal general había sido designado en octubre de 2024 por el Congreso, con votos del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que llevó al poder a los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). El legislativo tendrá el viernes una sesión de urgencia para analizar el caso de Mariaca y buscará nombrar a un nuevo jefe del Ministerio Público.

Fuente: AFP.